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Confirman detención domiciliaria contra funcionarios de la Nueva EPS
Por: REDACCIÓN JUSTICIA |
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Aunque no son peligro para la sociedad, detención es necesaria para asegurar comparecencia.
La Juez sexta penal de conocimiento ratificó medida de aseguramiento domiciliaria en contra de Javier Agudelo Valencia, vicepresidente de Salud; Adriana Páez Lizarazo, gerente de Recobros y Cuentas Médicas; Henry González Ramírez, coordinador de Autorizaciones; Claudia Helena Sánchez, gerente Operativa de Salud y Mónica Ximena García.
“No se vulneraron los derechos fundamentales, la captura fue legal y fue emitida por un juez de garantías”, dijo.
Además señaló que: “no hubo vulneración al derecho de la dignidad humana. Se cumplieron los requisitos necesarios para imponer la medida de aseguramiento domiciliaria para que los imputados comparezcan en el proceso”.
Los procesados están siendo investigados por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada, en calidad de coautores.
La anterior decisión es la respuesta al recurso de apelación interpuesta por la defensa luego de que la juez 29 de garantías les dictara medida de aseguramiento domiciliaria y legalizara la captura.
La defensa había solicitado que se revocara la medida de aseguramiento y que se les concediera libertad a los procesados. En su argumentación señalaron que la Fiscalía no señaló en su totalidad cada uno de los hechos por los que eran investigados.
Por su parte, el representante de la Fiscalía indicó que sí se hizo inferencia a la necesidad de la medida de detención domiciliaria y que fue claro en la responsabilidad de cada uno de ellos.
Para el ente acusador existen falsedades evidenciadas en el CTC (Comité Técnico Científico) en 6 mil 243 recobros de tutelas que ocasionaron un perjuicio al estado. La juez les concedió el beneficio de detención domiciliaria.
Entre las pruebas recopiladas por la Fiscalía se encuentran bases de datos del Fosyga y del CTC, cruzadas con las autorizaciones de la Nueva Eps, 41 mil recobros gestionados por tutela pero cobrados por el CTC por más de 67 mil millones. Así como actas de reunión, reportes de entrega y gestión de cobros.
Los investigadores tienen evidencias de que los capturados habrían falsificaron actas en las que supuestamente se aprobaba la prestación del servicio o del medicamento que en realidad había sido ordenado a través de la tutela. Por tratarse de servicios prestados por orden judicial, la EPS solo tenía derecho a cobrar entre el 50 y el 85 por ciento del procedimiento y terminaba cobrando el 100 por ciento del recobro.
REDACCIÓN JUSTICIA
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