EL CONGRESO COLOMBIANO NO ESTA CON EL PUEBLO QUE LOS ELIGIO DEFIENDE SUS PROPIOS INTERESES

Proyectos de ley que perjudican a los usuarios

La Asociación de Hospitales de Risaralda, AHR, observa con preocupación que a pesar de las amplias jornadas de discusión y el clamor de los diferentes actores para la realización de una reforma que solucione los problemas estructurales del sector, afloran en el panorama nacional propuestas que van en contravía de las soluciones de fondo y que por el contrario, agudizarían los problemas bien conocidos y sufridos por toda la comunidad.

Mientras se hacen manifestaciones de diferente índole por parte de la sociedad civil para que la salud sea considerada un derecho fundamental, siguiendo incluso el pronunciamiento de la Corte Constitucional proferido en la sentencia T-760 de 2008, en contravía se lanza un proyecto de acto legislativo que pretende elevar a categoría de derecho fundamental la sostenibilidad fiscal del país, lo que en otras palabras quiere decir que todos los demás derechos fundamentales (salud, vivienda, educación) quedarían supeditados a la disponibilidad de recursos.

“De ser aprobada dicha sostenibilidad financiera como un derecho fundamental, si un colombiano tiene un problema de salud que implique la negación de su atención y recurre a la tutela (hasta ahora su única esperanza para lograr el servicio), el juez se enfrentará a un dilema jurídico: aprobar el tratamiento de manera condicionada dependiendo de que hayan recursos o no. Peor panorama se presentará para las personas que sufran patologías de alto costo y las consideradas como huérfanas, ya que su atención quedará supeditada vía reforma Constitucional a una disponibilidad financiera, lo cual derrumba completamente los principios definidos en la Sentencia T-760, que contempla la salud como derecho fundamental autónomo, es decir, que no se requiere estar en peligro la vida para recibir la atención adecuada”, afirmó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda.

Lo que se vislumbra para la salud de los colombianos no es nada alentador, mientras que gobiernos como el brasilero buscan una reforma al sistema donde se respeten los derechos fundamentales, en contraste, el gobierno colombiano concreta los apartes de la Ley ordinaria que actualmente se tramita en comisiones séptima del legislativo; en donde existe una franca limitación del derecho a la salud con principios encaminados a salvaguardar las finanzas del Estado.

“Simultáneamente con la Ley ordinaria, se tramita en el Congreso otro proyecto de ley estatutaria presentado por el gobierno nacional que “regularía” el derecho a la salud, y la pregunta inmediata que debería surgir en todo observador es ¿Cómo se va a regular el derecho a la salud?. Hacerlo es determinar en una ley de qué se pueden enfermar los colombianos, y ¿Acaso las personas deciden de qué enfermarse?. Lo más grave es que ya sabemos cuál será el patrón de regulación, la disponibilidad financiera planteada en el proyecto de acto legislativo ya señalado en la primera parte de este artículo”, comentó Zuluaga.

Como si fuera poco, el proyecto de Ley ordinaria 01 presentado por la senadora Dilian Francisca Toro, y que recibió el aval y las felicitaciones del presidente Juan Manuel Santos, a la vez que un mensaje de urgencia que obliga al Congreso de la República a acelerar su trámite y aprobación, complementa una especie de triada en contra de la salud de los colombianos.

“El cúmulo de problemas de este proyecto es tal, que sólo basta con enunciar algunos apartes del mismo para dimensionar su inconveniencia para el país: no reconoce la salud como un derecho fundamental, no resuelve las debilidades estructurales del sistema, presenta confusión de términos y conceptos frente a componentes tan importantes como salud pública, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención, en varios artículos intenta quitarle la obligatoriedad a las aseguradoras del régimen subsidiado de contratar con la red pública hospitalaria un porcentaje mínimo, facilita la integración vertical de las EPS así como la doble intermediación”, agregó la funcionaria.

Este proyecto oficialista, muestra grandes falencias, hasta el punto que muchos de sus artículos son copia fiel de los decretos emitidos durante la emergencia social, muchos de ellos, declarados inexequibles por la Corte Constitucional.

 De forma paralela al avance de los proyectos en el Congreso, el gobierno realizó un trabajo a través de mesas técnicas en Bogotá, donde quienes participaron entre ellas la AHR tuvieron que detener las discusiones porque surgía una gran duda ¿Qué se hará con los resultados y propuestas que se generen en las mesas? porque la realidad muestra, hasta ahora, que los textos de los proyectos radicados, no reflejan las conclusiones ni soluciones de los expertos.

Solución propuesta

Para la AHR la solución consiste en lo siguiente: "Nuestra propuesta es simple: ante los serios reparos al rumbo que está tomando la reforma, démonos tiempo; quitémosle el mensaje de “urgencia” al proceso, sentémonos todos los sectores involucrados y representantes de la comunidad, pensemos y diseñemos un sistema que tenga como objetivo central garantizar el derecho fundamental a la salud. Con este punto de partida, revisemos los demás temas pendientes por organizar como la rectoría del sistema, su diseño de competencias (quien hace que cosas), responsabilidades del Estado y de todos los actores. Es necesario que se analicen e intervengan todas las fugas que existen en el sistema en búsqueda de eficiencia y no restringir el derecho a la salud como herramienta para disminuir los gastos actuales en el sector”, explicó.