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En un debate de control político en el Congreso, la representante a la Cámara Ángela María Robledo le exigió al Gobierno y a la guerrilla asumir la responsabilidad y acabar con este fenómeno si se quiere una paz estable y duradera.
La realidad es dramática: en territorios de guerra rurales donde hay bases militares se registra una seria explotación sexual a menores de edad. “Tenemos evidencia de que algunos miembros de la Fuerza Pública abusan de niñas y adolescentes en zonas de conflicto (...) es preocupante que la presencia de la Fuerza Pública se convierta en un factor de riesgo para los menores”.
Es la delicada denuncia que hizo ayer la representante a la Cámara Ángela María Robledo, del Partido Verde, durante un debate en el Congreso, en el que presentó datos del Instituto de Medicina Legal que señalan que el 89% de la totalidad de las presuntas víctimas de violencia sexual por parte de las Fuerzas Armadas son niñas y adolescentes menores de 17 años.
Pero sin duda, uno de los datos más alarmantes presentados en el debate es el que posiciona a a policías o militares en el primer lugar del rango de victimarios por presunto abuso sexual en el marco del conflicto armado, con un 54% sobre el número de víctimas; seguidos por los miembros de grupos guerrilleros (19%). Las bandas criminales son responsables del 12% de dichos delitos y el narcotráfico del 9%.
“Tenemos evidencia de que algunos miembros de la Fuerza Pública abusan de niñas y adolescentes en zonas de conflicto. La explotación sexual por parte de estos funcionarios a niñas y adolescentes no son hechos aislados, son crímenes generalizados que deben tener una responsabilidad y sanción tanto de los involucrados como de los jefes máximos”, enfatizó la congresista.
Respaldada por un informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, Robledo se refirió a casos en los que se han vistos implicados miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía. Por ejemplo, en abril de 2010, en Arauca, una adolescente de 14 años fue violada, según se informó, por un efectivo del Ejército. Otra menor de 13 años fue violada cerca de su escuela, presuntamente por miembros de las Fuerzas Militares. En octubre de 2010, en Arauca, dos niñas fueron violadas en repetidas ocasiones por un oficial de las Fuerzas Militares de Colombia, quien más tarde mató a una de las niñas y a sus dos hermanos.
El mismo informe, muestra otros casos concretos de este tipo de violencias por parte de todos los grupos armados: “A menudo se las obliga (a las niñas) a mantener relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si quedan embarazadas. En algunas ocasiones también se las obliga a usar métodos anticonceptivos inapropiados y perjudiciales para la salud (…) En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados (…)”.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, “Las niñas reclutadas por los grupos armados no estatales o vinculadas a ellos con frecuencia son víctimas de graves y repetidos actos de violencia sexual. En 2009, se recibió información de que las Farc obligaron a abortar a niñas embarazadas en Cauca. En 2010, en Putumayo, un grupo de cuatro hombres provistos de armas pertenecientes a un grupo armado no estatal no identificado agredieron sexualmente a dos jóvenes de 17 años”.
“En agosto de 2010, en Meta, una adolescente de 14 años fue muerta por miembros del ERPAC después de ser torturada, violada y mutilada por sus agresores, quienes le cortaron los senos. Como consecuencia de ello, la familia de la víctima se desplazó. En marzo de 2011, en Nariño, una joven de 17 años fue violada, torturada, obligada a limpiar un lugar público desnuda y a comer excrementos por miembros de Los Rastrojos, quienes finalmente la mataron delante de la comunidad y advirtieron de que ese sería el procedimiento de represalia que seguirían contra quienes presentasen denuncias”.
“El conflicto armado también ha puesto a los niños en peligro de sufrir explotación sexual. En mayo de 2009, en Putumayo, miembros de Los Rastrojos ofrecieron dinero a las estudiantes de una escuela para niñas a cambio de mantener con ellas relaciones sexuales. En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados”.
Es una realidad de la guerra que el país desconoce. Y lo más doloroso, dice Ángela María Robledo, es que el Estado no garantiza derechos y en muchas ocasiones los viola. “Hay una responsabilidad política innegable del Estado y del Gobierno en esta guerra. Pues en muchos casos ellos también son victimarios o no generan condiciones para frenar esta situación que pareciera que no indigna a los gobernantes de este país. Asumir esta responsabilidad, junto con la que debe asumir también la guerrilla de las Farc es un paso fundamental para una paz duradera. Las víctimas que hemos escuchado en todas las regiones piden más verdad que justicia”, puntualizó la congresista. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estaba citado al debate pero no asistió.
Redacción Ipad | Elespectador.com
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