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Corte ratifica fallo en contra de Mónica Vanegas
La Corte Suprema de Justicia no admitió el proceso de casación interpuesto por la gerente de Megabús, Mónica Vanegas Betancur, y ratificó el fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira de condenarla a un año de prisión y uno más de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Además deberá pagar una multa de $169.400 mil pesos más los intereses legales por perjuicios materiales.
El fallo afirma que "la actora no demuestra la configuración de alguno de los errores invocados, sino que sus afirmaciones se reducen a simples e intrascendentes discordancias con la estimación de los elementos de persuasión consignada en el fallo de segundo grado, aspecto para el que es improcedente acudir a este mecanismo excepcional y especialísimo de impugnación", se afirma en el auto emitido el pasado 16 de marzo con ponencia del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca.
Ahora el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira le notificará la condena, así como a la junta directiva de Megabús para que proceda a removerla del cargo.
Los hechos
Como se recordará, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira revocó un fallo del Juzgado Sexto Penal del Circuito en el que, en primera instancia, absolvió a Vanegas de cualquier culpa por pérdida de un dinero público.Se trata de un proceso penal que data del año 2002 en contra de Vanegas, cuando era directora del Área Metropolitana Centro Occidente, y de otros dos ex funcionarios de esta entidad que si quedaron condenados por la presunta indebida apropiación de recursos.
Los dineros en cuestión, tasados en 166 millones de pesos, se perdieron y estaban destinados a la compra de predios para la construcción de la segunda etapa de la Avenida Belalcázar.
El proceso llegó a manos del Juzgado Sexto Penal del Circuito que exoneró a la gerente de Megabús pero condenó a los otros dos funcionarios implicados, Jorge Enrique Zuleta y Esperanza de Jesús Gómez. Ese fallo determinó no sólo la inocencia de Vanegas, sino que condenó a la Contraloría a indemnizarla por los perjuicios que le causó la investigación que dicho ente de control adelantó en su contra.
La decisión fue apelada por el Procurador Delegado en lo Penal, Otoniel Arango que tuvo eco en el Tribunal. El caso lo denunció el ex gerente del Área metropolitana, Carlos Augusto Orozco, quien denunció el hecho ante la Contraloría Departamental de Risaralda, entidad que inició el proceso de investigación y lo llevó a los estrados judiciales.
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