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Opinión
20 Mar 2011 - 1:00 am
Partido de cínicos
Por: María Elvira Samper
SI UN CONCEPTO RESUME BIEN EL comportamiento de los conservadores es el de 'cinismo', definido por el diccionario de la RAE como "desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables".
Se rasgan las vestiduras, dicen que son borregos, que tienen curules, no reclinatorios, pero arrodillados estuvieron durante los “años dorados” de Uribe a cambio de prebendas y cuotas burocráticas. Y qué ferias y fiestas hicieron en entidades que estuvieron a cargo de sus fichas —Superintendencia de Notariado, Incoder, Fondelibertad, Inco, Estupefacientes, etc.— y ahora que el Gobierno destapa esas ollas podridas y los órganos de control investigan, las directivas azules chillan por supuesta persecución política. Cínicos que son.
El turno le tocó ahora al Fondo de Seguridad y Convivencia del Interior, Fonsecon, que el gobierno Uribe también usó para enguatar las rodilleras azules. El ministro Vargas Lleras le puso un torniquete a esa vena rota por el uso indebido de recursos. Lo denunció desde julio de 2007 la revista Cambio, cuando descubrió que entre 2005 y 2006 más de $25.000 millones del Fondo habían ido a parar a la remodelación y/o construcción de 88 alcaldías, objeto que no correspondía a lo establecido por la ley: seguridad y orden público.
“La plata se está yendo a politiquería”, dijo entonces el exministro conservador Fernando Londoño y señaló a su sucesor, Sabas Pretelt, y al sucesor de su sucesor, Carlos Holguín, también conservadores y ambos muy generosos con sus regiones. Según cifras del Ministerio, durante la gestión de Pretelt (2004-2006), los mayores beneficiarios del Fondo fueron Bolívar, cuna del ministro, con $18.000 millones, y Norte de Santander, fortín de su viceministro Hernando Angarita, con $8.700 millones. Y en el período de 2006, que correspondía a Holguín (2006-2008), al Valle, su tierra, se destinaron cerca de $7.000 millones que fueron distribuidos entre Tuluá, Palmira y Buenaventura.
La Contraloría advirtió sobre las irregularidades, pero nada pasó. El Fondo siguió funcionando como la caja menor del Ministerio para “oxigenar” la política. Si en 2005, cuando empezó la construcción de las primeras sedes municipales, la inversión fue de $2.043 millones; entre 2006 y 2007 superó los $23.000 millones (un pico de asignación de recursos a mediados de 2007 coincidió con la aprobación de la ley de transferencias), y en 2008 pasó de $18.000 millones. Pero el récord fue en 2009 con $32.000 millones, durante la gestión del azul Fabio Valencia Cossio. Según un informe de Lasillavacía.com, en agosto de ese año esos recursos fueron destinados a 52 alcaldías —el 25% de las 217 favorecidas entre 2005 y 2009—, precisamente durante el período clave para la aprobación del referendo reeleccionista. La plata de Fonsecon sirvió para aceitar la reelección. Lo mismo que las notarías.
Los congresistas sugerían las alcaldías de mandatarios de su cuerda y en sus cotos de caza electoral patinaban los proyectos en el Ministerio y una junta encabezada por el titular del Viceministerio decidía. Entre los conservadores beneficiados, Hernán Andrade —presidente del Congreso y miembro de la Comisión Primera cuando empezaba el debate de la reelección—, Eduardo Enríquez Maya, Myriam Paredes, Juan Manuel Corzo y Pedrito Pereira. Para completar la faena y en llave con sus alcaldes-mancorna, algunos terminaron señalando también a los contratistas y/o interventores de las obras. Si no que le pregunten, por ejemplo, a la senadora Paredes.
Denunciar persecución política cuando los investigan por posible manejo indebido de dineros públicos —corrupción—, se llama cinismo: “Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”.
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