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Concepto del presidente del Consejo de Estado sobre altas pensiones
Por: REDACCIÓN JUSTICIA |
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"Se deben respetar derechos adquiridos", opina al respecto el magistrado Gustavo Gómez.
El saliente presidente del Consejo de Estado asegura que de prosperar una inconstitucionalidad de la norma que regula las pensiones de congresistas y magistrados y de reordenarse la reliquidación de las mesadas ya liquidadas, que superan los 25 salarios mínimos, el país tendría que enfrentar costosas demandas ante tribunales internacionales.
¿Por qué el Consejo de Estado pidió a la Corte Constitucional espacio para participar en la audiencia sobre pensiones?
Por la necesidad de que se respeten los derechos adquiridos y para cuando se presenten pensiones extraordinarias o mal liquidadas o tendenciosas, demandarlas.
¿No están impedidos por ser beneficiarios de regímenes especiales?
No estamos actuando en un proceso judicial de nuestra competencia, sino en defensa del orden jurídico y de la justicia contenciosa. El Consejo de Estado es un juez centenario que ha respetado la Constitución, y es responsable de que exista un sistema jurídico responsable de controlar la administración pública. Tenemos una larga tradición en definir conflictos entre ciudadanos y Estado.
¿Cuál es la posición del Consejo de Estado frente a la demanda que busca tumbar los regímenes especiales de congresistas y magistrados?
Lo que no se puede pretender es que por vía de un juez extraño se resuelva un problema que la misma autoridad y organismos de control no han querido resolver.
¿Carece de facultad la Corte Constitucional para limitar las pensiones millonarias?
La instancia constitucional no es hábil para eso. Si lo hace, el país entra en una senda peligrosa de autoritarismo. No solo es que legisle, sino que estaría atentando contra derechos que el Estado ha reconocido. Implicaría recursos ante cortes internacionales y nosotros tenemos una situación complicada en esas instancias.
¿Una decisión de ese tribunal violaría la Constitución?
No puedo decir que viole o no la Constitución. Lo que quiero decir es que el camino para recomponer eso no son acciones de inexequibilidad. Hay tratados que obligan a Colombia a respetar los derechos adquiridos. Entonces, cómo le van a quitar a un tipo que tiene una pensión, legal o ilegal, por vías diversas su valor. A esa persona se le viola su derecho a la defensa y tiene que buscar la protección internacional porque aquí no habría un juez que lo proteja.
¿Quién debe resolver la constitucionalidad de esas mesadas?
Las pensiones y su valor no las determinan los jueces, sino las leyes y los decretos del Ejecutivo. Si eventualmente estas pensiones están mal concebidas, deben demandarse ante jueces. Es posible que se rebajen o se encajen pecuniariamente.
¿Y no viola la Constitución que unos pocos privilegiados reciban mesadas millonarias?
Esos son problemas políticos que los jueces no podemos arreglar. Colombia es el país con más inequidad de Latinoamérica. Tenemos una concentración de riqueza que desplaza a un 80 por ciento de los ciudadanos hacia la pobreza. O sea, 'la calentura no está en las sábanas'. Las pensiones extraordinarias obedecen a situaciones que la misma democracia ha generado.
¿Quién puso esos valores?
Pues los congresistas, con leyes.
¿Quién reglamentó su pago?
Pues los presidentes que han elegido los ciudadanos.
¿Qué propone el Consejo de Estado?
Si alguien tiene una pensión onerosa y no cotizó para obtenerla, pues lo correcto es que se le obligue a aportar de acuerdo con los principios del acto legislativo del 2005 y la Ley 100 de 1993. Pero no he visto la primera demanda en términos de este encaje. Si usted tiene una pensión de 20 millones de pesos y no aportó para esa cifra, tiene que aportar y encajar la cifra. Son recursos jurídicos que existen y no he visto el primero.
¿Cómo se puede acabar con los regímenes especiales?
Hay por lo menos 15 regímenes de pensiones y en materia de congresistas el panorama es intrincado. Afortunadamente, las normas que se han expedido desde 1993 han venido simplificando estos regímenes.
¿Cómo califica las advertencias de la Contraloría sobre la inminencia de una bomba en materia de pensiones si no se corrigen estas situaciones?
El valor de esas pensiones y su cobertura es muy reducido. Poco a poco se ha venido restringiendo. Hay más bomba financiera con el 50 por ciento del presupuesto nacional que se gasta en Defensa, en los gastos suntuarios de las autoridades públicas. Pensemos en Cumbre de las Américas, ¿cuánto se gastó? En la defensa fallida de la Haya, ¿cuánto se gastó?. En obras públicas recontratadas y no realizadas, concesiones que se han pagado y vuelto a pagar y no pasa nada. Lo que se debe ambientar es una gran reforma en pensiones que facilite que el régimen mayoritario que tiene Colombia, que es el de los fondos, tenga una mayor cantidad de ganancias. Entonces, extendamos la edad de jubilación y el momento de las pensiones.
REDACCIÓN JUSTICIA
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