Daniel Quintero Calle, director de la fundación Piensa Verde.
Las multinacionales y los empresarios colombianos dedicados al negocio de la minería resultarían ‘premiados’ a causa de un traspié jurídico que tendrá efectos a partir del próximo 11 de mayo.
Desde ese día en Colombia 'resucitará' el viejo Código Minero de 2001, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional que hace dos años declaró inexequible el Código aprobado en 2010, dando al Congreso un plazo de dos años para implementar otro marco legal.
El problema es que el plazo está por cumplirse y el proyecto de un nuevo Código Minero no ha empezado a debatirse ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes.
La fundación Piensa Verde alertó las implicaciones de este “inminente retroceso jurídico” que se dará en Colombia.
Daniel Quintero Calle, director de la fundación, dijo que en temas ambientales "el primer efecto es que las multinacionales podrán volver a aspirar a prórrogas de 30 años y no de 20 como lo ordenaba la norma de 2010. Además, los actuales concesionarios recuperarán una posición preferente sobre cualquier otro proponente a la hora de definirse el beneficiario de la prórroga".
El tema contractual es apenas uno de varios cambios en las reglas de juego pues "también se revive una amenaza al medio ambiente". Según Quintero, el artículo 35 del viejo código permite adelantar labores de exploración y explotación en playas y en zonas de interés cultural, arqueológico e histórico.
"Si bien condiciona a las multinacionales a permisos de las autoridades correspondientes, se fomenta la corrupción porque las mismas autorizaciones empiezan a 'valer oro'. Esos sitios son intocables y punto”, recalcó.
Además, alertó que mientras el Código Minero de 2010 protegía a los páramos y humedales, luego de caerse en la Corte, quedan nuevamente expuestos sitios como Santurbán.
“Los interesados van a intentar crear un limbo jurídico a sabiendas de que el Plan de Desarrollo volvió a blindar esos recursos naturales", aseguró Daniel Quintero Calle.
Pero quizá el tema que más influyó para activar esta alarma es el relacionado con que se abre la posibilidad de fomentar el trabajo infantil en labores de exploración y explotación minera. Quintero recordó que "la norma de 2010 (artículo 9) establecía que era causal de caducidad del contrato vincular laboralmente a personas menores de 18 años. Al quedar vigente el código de 2001, esa causal desaparece".
La Fundación Piensa Verde enviará esta semana una carta al Ministerio de Minas, al Ministerio de Medio Ambiente y al Congreso de la República exponiéndole esta "amenaza jurídica" como la ha denominado Quintero Calle.
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