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Fiscalía investiga 14 Gobernadores por diferentes delitos
Un informe de la Fiscalía General de la Nación señala que 14 de los 32 Gobernadores del país tienen investigaciones preliminares por diferentes delitos, dos de ellos por el llamado escándalo de la parapolítica. Todos los procesos contra los mandatarios departamentales se encuentran en etapa de indagación.
Según el informe del ente acusador, el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo es investigado preliminarmente como presunto responsable de los delitos de irregularidades en contratos, relacionados con educación y prestaciones a docentes en Yondó y otra por la denuncia de injuria y calumnia que le interpuso Luis Alfredo Ramos.
El Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, es investigado preliminarmente por la indebida utilización de información privilegiada, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como calumnia por hechos relacionados con una visita realizada al Hospital San Vicente de Arauca, según las denuncias.
A Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar, se le indaga por celebración indebida de contratos con unas iglesias; mientras que a Juan Carlos Becerra, gobernador de Boyacá por violación del ordenamiento jurídico en la designación de los cuatro alcaldes miembros del Consejo Directivo de la Corporación Regional del Departamento.
Víctor Isidro Ramírez, gobernador del Caquetá, responde por dos casos, el primero, por lesiones personales, las cuales causó con su vehículo que estrelló por fallas mecánicas y el segundo por el delito de prevaricato por acción al encargar a un secretario del despacho de la Gobernación sin permiso o autorización.
Nelson Ricardo Mariño, gobernador del Casanare, tiene seis investigaciones preliminares por celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de Yopal, por un monto superior a los cuatro mil millones de pesos. También por enriquecimiento ilícito, corrupción en la administración pública y contra la libertad, integridad y formaciones sexuales.
Los Gobernadores de césar, Luis Alberto Gnecco y de Chocó Luis Gilberto Murillo son investigados por el desacato de tutelas, el primero por un desacato y el segundo por nueve, quien además responde por una denuncia de inhabilidad permanente por una sanción disciplinaria de la Procuraduría por peculado cuando fue director de la CAR Chocó.
De otra parte Alejandro José Lyons, gobernador de Córdoba, es investigado porque supuestamente financió una campaña política con dineros destinados a los docentes y el gobernador de Guainía, Oscar Armando Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en documento público.
Luis Miguel Cotes Habeych, gobernador del Magdalena, es investigado por el escándalo de la parapolítica en relación con los distritos electorales de alias ‘Jorge 40´, también es investigado por prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial, prevaricato por acción y actos de corrupción por hechos relacionados con grupos paramilitares.
Segundo Raúl Delgado, gobernador de Nariño, es indagado por la supuesta venta irregular de acciones de la sociedad terminal de transporte de Pasto, mientras que julio Cesar Guerra Tulena, gobernador de Sucre, tienen tres investigaciones preliminares, relacionadas con la contratación departamental.
Finalmente el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, es indagado por celebración indebida de contratos con una firma fantasma para la presunta sobrefacturación en la compra de unas motos, también por irregularidades en procesos de contratación por la construcción de a primera etapa del Malecón Turístico de la Virginia.
De otra parte es investigado por el delito de prevaricato por acción y peculado, por el supuesto desvío de recursos de inversión social para mejoras del palacio departamental y porque se habría reunido con Carlos Mario Jiménez, alias ‘macaco’ para apoyar su candidatura a la Gobernación en el año 2005.
Según el informe del ente acusador, el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo es investigado preliminarmente como presunto responsable de los delitos de irregularidades en contratos, relacionados con educación y prestaciones a docentes en Yondó y otra por la denuncia de injuria y calumnia que le interpuso Luis Alfredo Ramos.
El Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, es investigado preliminarmente por la indebida utilización de información privilegiada, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como calumnia por hechos relacionados con una visita realizada al Hospital San Vicente de Arauca, según las denuncias.
A Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar, se le indaga por celebración indebida de contratos con unas iglesias; mientras que a Juan Carlos Becerra, gobernador de Boyacá por violación del ordenamiento jurídico en la designación de los cuatro alcaldes miembros del Consejo Directivo de la Corporación Regional del Departamento.
Víctor Isidro Ramírez, gobernador del Caquetá, responde por dos casos, el primero, por lesiones personales, las cuales causó con su vehículo que estrelló por fallas mecánicas y el segundo por el delito de prevaricato por acción al encargar a un secretario del despacho de la Gobernación sin permiso o autorización.
Nelson Ricardo Mariño, gobernador del Casanare, tiene seis investigaciones preliminares por celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de Yopal, por un monto superior a los cuatro mil millones de pesos. También por enriquecimiento ilícito, corrupción en la administración pública y contra la libertad, integridad y formaciones sexuales.
Los Gobernadores de césar, Luis Alberto Gnecco y de Chocó Luis Gilberto Murillo son investigados por el desacato de tutelas, el primero por un desacato y el segundo por nueve, quien además responde por una denuncia de inhabilidad permanente por una sanción disciplinaria de la Procuraduría por peculado cuando fue director de la CAR Chocó.
De otra parte Alejandro José Lyons, gobernador de Córdoba, es investigado porque supuestamente financió una campaña política con dineros destinados a los docentes y el gobernador de Guainía, Oscar Armando Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en documento público.
Luis Miguel Cotes Habeych, gobernador del Magdalena, es investigado por el escándalo de la parapolítica en relación con los distritos electorales de alias ‘Jorge 40´, también es investigado por prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial, prevaricato por acción y actos de corrupción por hechos relacionados con grupos paramilitares.
Segundo Raúl Delgado, gobernador de Nariño, es indagado por la supuesta venta irregular de acciones de la sociedad terminal de transporte de Pasto, mientras que julio Cesar Guerra Tulena, gobernador de Sucre, tienen tres investigaciones preliminares, relacionadas con la contratación departamental.
Finalmente el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, es indagado por celebración indebida de contratos con una firma fantasma para la presunta sobrefacturación en la compra de unas motos, también por irregularidades en procesos de contratación por la construcción de a primera etapa del Malecón Turístico de la Virginia.
De otra parte es investigado por el delito de prevaricato por acción y peculado, por el supuesto desvío de recursos de inversión social para mejoras del palacio departamental y porque se habría reunido con Carlos Mario Jiménez, alias ‘macaco’ para apoyar su candidatura a la Gobernación en el año 2005.
autor: Mauricio Beltrán
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