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Entrevista a Albert Ordóñez, uno de los dirigentes de las protestas estudiantiles en Valencia
“La represión no nos detendrá en nuestra defensa de la educación pública”
“La represión no nos detendrá en nuestra defensa de la educación pública”
| 37 detenidos y numerosos heridos en una semana de movilizaciones estudiantiles contra los recortes educativos |
Valencia ha sido esta última semana una ciudad sin ley. Pero sin ley para los funcionarios de la policía nacional y sus responsables políticos, que han reprimido con una saña y brutalidad sin precedentes a los estudiantes que protestaban por los recortes educativos del Gobierno Valenciano. Uno de los dirigentes de la contestación, Albert Ordóñez -presidente de la Federació Valenciana d’Estudiants de Enseñanzas Medias, detenido por la policía en los primeros días de la protesta- ha explicado que la represión “no nos detendrá en la defensa de una enseñanza pública, laica, de calidad y gratuita”. Ordóñez, de 21 años, es estudiante de grado medio de Integración Social y miembro del Consejo Escolar del País Valenciano.¿Cuál es el balance represivo tras la semana de movilizaciones que arrancó el pasado miércoles en el Instituto Luis Vives de Valencia?
37 detenidos (casi todos ellos puestos en libertad con cargos), de los que siete son menores; numerosísimas multas impuestas, que pueden oscilar entre 150 y 600 euros, por presuntos desórdenes públicos, manifestación ilegal y otros supuestos delitos. A ello hay que agregar multitud de heridos y contusionados. Hemos constatado agresiones policiales a periodistas, fotógrafos, a médicos que se disponían a prestar asistencia o a un anciano ciego. En fin, a todo el que se ponía en su camino. También arrasaron terrazas, entraron en el Instituto Luis Vives y usaron material ilegal –como punzones- en las detenciones. Y pelotas de goma en la represión. Además, en algunos momentos han dejado campar a sus anchas a estudiantes de extrema derecha.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los estudiantes?
En términos generales, defendemos una educación pública, laica, gratuita y de calidad. También planteamos propuestas más concretas, como la recuperación de los 11 representantes de estudiantes en el Consejo Escolar; la remuneración de las prácticas de grado medio y superior con el salario mínimo interprofesional; y, por último, la eliminación de la ley de autoridad del profesorado. Además, hablamos de una situación alarmante en el sector educativo valenciano: centros sin calefacción, sin luz, sin estufas, en barracones y masificados. Los recortes están resultando insoportables en un sistema educativo agónico, a causa de la mala gestión del Gobierno Valenciano.
Por otra parte, ¿Cómo se produce tu detención?
Me detienen el pasado jueves. Primero, la policía me identifica. Cuando intentaba organizar una sentada en frente del Instituto Luis Vives, un agente me tira al suelo. Le cogí del brazo y la gorra para no caer al suelo, pero en ese momento me propinó varios puñetazos en la boca. Los compañeros me rescataron entonces y pude volver a la manifestación. Luego hubo una carga policial. Cuando me acerqué a preguntar por las razones de la detención de los compañeros, me cogieron como responsable político de la concentración. A continuación, me ingresaron en el furgón policial.
¿Qué ocurrió entonces?
En el vehículo de la policía permanecí dos horas, mientras nos trasladaban a los calabozos de la Comisaría de Àngel Guimerà. Una vez encerrados, cuando les pedimos agua nos la negaron, con el argumento de que “esto no es un hotel”. Una luz potente se encendía y apagaba cada hora para despertarnos. Por supuesto, la policía no se identificaba. Llevaban los rostros cubiertos con máscaras como si fuéramos terroristas. Después nos trasladaron a otros calabozos, esta vez, en la comisaría de Zapadores, donde estuvimos hasta las cuatro de la madrugada. A las 8 personas encerradas en una celda se nos negó comida y agua. Además, el médico que me vio por primera vez me trató como a un delincuente.
¿Qué organizaciones promueven las movilizaciones del Luis Vives? ¿Qué acciones se plantean próximamente?
En los institutos, principalmente la Federación Valenciana de Estudiantes de Enseñanzas Medias; en cuanto a las universidades, tres organizaciones encabezan la protesta: Acontracorrent, Sindicat d’Estudiants dels Païssos Catalans (SEPC) y el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). El 29 de febrero hemos convocado una huelga general en la enseñanza educativa y la universidad, con el fin de parar todo el sector educativo. Un día antes, para calentar motores, tenemos previsto ocupar algunos edificios.
El jefe superior de la policía en la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, os ha calificado como “el enemigo”, y la delegada del Gobierno espera que lo ocurrido quede en una “anécdota”. ¿Qué les dirías?
Somos estudiantes pacíficos que luchamos por nuestros derechos. Si considera “enemigos” a quienes como nosotros trabajan por la gente, a lo mejor es que necesita ir al psicólogo. Y a la delegada del Gobierno le contestaría que las jornadas de lucha estudiantil para nada son una “anécdota”. Si así las considera, que vaya acostumbrándose a las “anécdotas”. Lo que deberían hacer los cargos políticos con responsabilidad sobre los agentes es presentar su dimisión, debido a las cargas policiales totalmente desproporcionadas.
¿Opinas que con las cargas policiales el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno lanzan un mensaje?
La primera de las cargas es ya un aviso para navegantes. “Preparaos para lo que va a pasar”, vienen a decirnos. Pero no van a amedrentarnos en la defensa de nuestros derechos. En nuestro objetivo de ser un ejemplo para la clase obrera de tomar las riendas de la calle y de la democracia. Además, han fallado en su maniobra porque en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Zaragoza y otras muchas ciudades españolas se han organizado movilizaciones de solidaridad. Tampoco contaban con que periodistas de medios rusos, franceses, italianos, colombianos, chilenos o argentinos se pusieran en contacto con nosotros.
El martes 21 os reunisteis con la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, sin que aceptara vuestras reivindicaciones. ¿Cuál es el siguiente paso?
Continuar en la lucha. Vamos a permanecer, de momento, hasta la jornada de huelga general del día 29 de febrero. Y si la Conselleria de Educación no acepta nuestras propuestas continuaremos en la calle hasta que dé su brazo a torcer. El miércoles 22 hay prevista otra concentración en la puerta del Instituto Luis Vives y después una marcha hasta la Delegación del Gobierno.
Valencia, estado policial
Por Enric Llopis
“Españoles, Franco ha vuelto”, sentenciaba un cartel de la manifestación contra la reforma laboral del pasado domingo en Valencia. Y no le faltaba razón, a tenor de las inusitadas estampas de violencia policial y represión brutal y encarnizada, protagonizadas por agentes antidisturbios contra los estudiantes movilizados en las calles de Valencia, que protestan aún hoy por los recortes en el sistema educativo aplicados por el ejecutivo autonómico.
Los acontecimientos han adquirido en la última semana una velocidad de vértigo. Pero la situación ha vuelto a la calma desde el martes 21. El miércoles se convocó una concentración frente a la puerta del Instituto Luis Vives, foco de las primeras cargas policiales, y desde allí una manifestación hasta la Delegación del Gobierno. La noche del martes, varios miles de personas se concentraron frente a la Delegación para protestar por la actuación de la policía y un grupo numeroso de personas, además, se desplazó hasta la sede del PP en Valencia, sin que los agentes actuaran.
La tranquilidad de las últimas horas permite hacer balance de la represión: 37 personas detenidas (puestas ya en libertad con cargos), de las que 7 son menores, numerosos heridos y contusionados, multas entre 150 y 600 euros (no sólo a los estudiantes, sino también para meros transeúntes) de las que se desconoce el total de afectados y, sobre todo, una resaca de golpes, palizas, insultos y vejaciones por parte de la policía, de las que ningún cargo político, empezando por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha asumido responsabilidades.
¿Por qué se concentran y manifiestan los estudiantes? ¿Qué ha motivado la espectacular cacería por las calles de Valencia? La Federació Valenciana d’Estudiants de Enseñanzas Medias, principal promotor de las movilizaciones junto con otras sindicatos universitarios, denuncia en un comunicado “la situación alarmante del sector educativo valenciano: centros sin calefacción, sin estufas, sin luz, en barracones y masificados; los recortes están resultando agónicos”. El presidente de la Federació, Albert Ordóñez, también detenido y ahora en libertad, subraya la apuesta de los estudiantes por una educación, pública, laica, de calidad y gratuita.
De las agresiones y la impunidad policial no se ha librado casi nadie: estudiantes, en primer lugar, pero también viandantes de todas las edades, periodistas, fotógrafos, una persona que se identificó como médico, un diputado (Joan Baldoví, del grupo Compromís), un anciano ciego, entre otros muchos. A los detenidos se les acusa de delitos como supuestos desórdenes públicos, atentado a la autoridad y manifestación ilegal. Pero hay testimonios, junto a la proliferación de vídeos y fotografías en las redes sociales, que pretenden aclarar lo que realmente ha ocurrido estos días.
Testimonios como el de Luis Zari. Asegura que dos policías le golpearon y, una vez reducido en el suelo, empezaron a insultarle cuando “trataba de proteger a un chaval de 14 años, al que pegaban los antidisturbios”. Denuncia, además, la “impunidad” y la “manipulación” mediática. Y revela lo que le contó un compañero de celda: “además de los porrazos que recibió todo el mundo, le llevaron en un furgón a un cuarto oscuro donde le golpearon en el estómago y le insultaron, antes de llevárselo a la comisaría”. También recuerda que cuando fue detenido “se llevó golpes un joven que pasaba por la zona y que iba seguramente a comprarse unos zapatos”.
J.R., estudiante de Historia, fue detenido el primer día de las protestas frente al Instituto Luis Vives, “en una carga aleatoria junto a otras cinco personas”. Permaneció cerca de hora y media encerrado en un coche policial, “con un calor insoportable”, mientras los agentes departían amigablemente fuera del auto. Tras pasar por tres calabozos diferentes, “donde no me dieron ni agua”, participa, unos días después, en una asamblea de estudiantes contra los recortes y destaca “cómo a partir de pequeñas chispas, en este caso, las concentraciones de estudiantes, puede prender el malestar latente en el conjunto de la sociedad”.
Pocas veces unos hechos han despertado una repulsa tan generalizada en el País Valenciano. Centros educativos, sindicatos de todos los colores, partidos políticos de la oposición, organizaciones de padres y madres de alumnos, universidades, asociaciones vecinales, colectivos de periodistas, ONG como Amnistía Internacional, han coincidido en la condena, de una manera u otra, de lo ocurrido. En medio de este clamor contra la impunidad, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores por las cargas de la policía.
El PP y las instituciones que gobierna observan los acontecimientos, sin embargo, desde otra perspectiva. La delegada del Gobierno, Sánchez de León, afirmaba hace unos días su esperanza de que los hechos se quedaran en una “anécdota” y hablaba de “actuaciones proporcionadas” de la policía. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció “algunos excesos”; el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, lamentaba las “violentas protestas” y expresaba su temor por un supuesto “efecto llamada”. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tirando de manido argumentario, denunciaba en la COPE una “estrategia predeterminada de la izquierda radical”.
Sin embargo, los estudiantes mantienen la iniciativa en unas movilizaciones que ahora se hallan en fase creciente. Las cargas policiales han actuado como certero catalizador de la protesta, de manera que las organizaciones estudiantiles mantienen el protagonismo y, además, han logrado sumar a su causa numerosas voluntades: sus padres y madres, primero; y también ciudadanos en general, apoyados por partidos políticos y organizaciones sociales. Las próximas convocatorias y, singularmente, la huelga general en el sector educativo anunciada para el 29 de febrero, permitirá calibrar la correlación de fuerzas.
La mecha prendió hace una semana tras la carga violenta contra un grupo de estudiantes que cortaron la calle frente al Instituto Luis Vives de Valencia. Ubicado en un lugar muy céntrico de la ciudad, casi pegado al Ayuntamiento y muy cerca de la Estació del Nord, el centro educativo (sin calefacción en las aulas debido a los recortes) se ha convertido en el foco, material y simbólico, de lo que en las redes sociales algunos denominan “la primavera valenciana”. Otro punto neurálgico lo constituye la Facultad de Geografía e Historia, en pleno Campus Universitario de la Avenida Blasco Ibáñez, donde los estudiantes celebran asambleas permanentes.
La carga principal se produjo el pasado jueves, después de que estudiantes, acompañados de padres y madres, cortaran las calles del centro de Valencia en respuesta a las embestidas policiales del día anterior. Es precisamente el jueves 16 de febrero el día que se produce el estallido y comienza la escabechina, la “cacería del estudiante”, por las calles de Valencia. Adolescentes de 15 y 16 años corren junto a universitarios delante de los agentes antidisturbios mientras un helicóptero de la policía sobrevuela la ciudad. Se producen entonces detenciones selectivas de dirigentes estudiantiles y activistas destacados del 15-M. En una postal que recuerda la época de los temidos grises, aparecen las pelotas de goma y los punzones.
La tensión incrementa y en la comisaría de la Calle Zapadores la policía retiene el sábado 18, mediante un cordón, a 150 personas (la mayoría de ellos, menores) sin permitir a sus familiares que se acerquen. Más cargas. El lunes 20 de febrero se producen 7 horas de persecuciones y agresiones ininterrumpidas por toda la ciudad. Incluso dentro de la estación. La gente se refugia dentro de los comercios en un ambiente de pánico generalizado.
Más detenciones. A partir del día siguiente, dado que las protestas alcanzan relieve mundial (los portavoces estudiantiles reciben llamadas de medios rusos, franceses y latinoamericanos), las redes sociales son un hervidero y la indignación se generaliza, el Ministerio del Interior decide retroceder y la policía desaparece de la calle. Y así hasta hoy, cuando el desenlace de la historia está por escribir. Pero el primer capítulo, el de la dignidad y la lucha contra los recortes sociales, ya lo han escrito los estudiantes en la calle.
37 detenidos (casi todos ellos puestos en libertad con cargos), de los que siete son menores; numerosísimas multas impuestas, que pueden oscilar entre 150 y 600 euros, por presuntos desórdenes públicos, manifestación ilegal y otros supuestos delitos. A ello hay que agregar multitud de heridos y contusionados. Hemos constatado agresiones policiales a periodistas, fotógrafos, a médicos que se disponían a prestar asistencia o a un anciano ciego. En fin, a todo el que se ponía en su camino. También arrasaron terrazas, entraron en el Instituto Luis Vives y usaron material ilegal –como punzones- en las detenciones. Y pelotas de goma en la represión. Además, en algunos momentos han dejado campar a sus anchas a estudiantes de extrema derecha.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los estudiantes?
En términos generales, defendemos una educación pública, laica, gratuita y de calidad. También planteamos propuestas más concretas, como la recuperación de los 11 representantes de estudiantes en el Consejo Escolar; la remuneración de las prácticas de grado medio y superior con el salario mínimo interprofesional; y, por último, la eliminación de la ley de autoridad del profesorado. Además, hablamos de una situación alarmante en el sector educativo valenciano: centros sin calefacción, sin luz, sin estufas, en barracones y masificados. Los recortes están resultando insoportables en un sistema educativo agónico, a causa de la mala gestión del Gobierno Valenciano.
Por otra parte, ¿Cómo se produce tu detención?
Me detienen el pasado jueves. Primero, la policía me identifica. Cuando intentaba organizar una sentada en frente del Instituto Luis Vives, un agente me tira al suelo. Le cogí del brazo y la gorra para no caer al suelo, pero en ese momento me propinó varios puñetazos en la boca. Los compañeros me rescataron entonces y pude volver a la manifestación. Luego hubo una carga policial. Cuando me acerqué a preguntar por las razones de la detención de los compañeros, me cogieron como responsable político de la concentración. A continuación, me ingresaron en el furgón policial.
¿Qué ocurrió entonces?
En el vehículo de la policía permanecí dos horas, mientras nos trasladaban a los calabozos de la Comisaría de Àngel Guimerà. Una vez encerrados, cuando les pedimos agua nos la negaron, con el argumento de que “esto no es un hotel”. Una luz potente se encendía y apagaba cada hora para despertarnos. Por supuesto, la policía no se identificaba. Llevaban los rostros cubiertos con máscaras como si fuéramos terroristas. Después nos trasladaron a otros calabozos, esta vez, en la comisaría de Zapadores, donde estuvimos hasta las cuatro de la madrugada. A las 8 personas encerradas en una celda se nos negó comida y agua. Además, el médico que me vio por primera vez me trató como a un delincuente.
¿Qué organizaciones promueven las movilizaciones del Luis Vives? ¿Qué acciones se plantean próximamente?
En los institutos, principalmente la Federación Valenciana de Estudiantes de Enseñanzas Medias; en cuanto a las universidades, tres organizaciones encabezan la protesta: Acontracorrent, Sindicat d’Estudiants dels Païssos Catalans (SEPC) y el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). El 29 de febrero hemos convocado una huelga general en la enseñanza educativa y la universidad, con el fin de parar todo el sector educativo. Un día antes, para calentar motores, tenemos previsto ocupar algunos edificios.
El jefe superior de la policía en la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, os ha calificado como “el enemigo”, y la delegada del Gobierno espera que lo ocurrido quede en una “anécdota”. ¿Qué les dirías?
Somos estudiantes pacíficos que luchamos por nuestros derechos. Si considera “enemigos” a quienes como nosotros trabajan por la gente, a lo mejor es que necesita ir al psicólogo. Y a la delegada del Gobierno le contestaría que las jornadas de lucha estudiantil para nada son una “anécdota”. Si así las considera, que vaya acostumbrándose a las “anécdotas”. Lo que deberían hacer los cargos políticos con responsabilidad sobre los agentes es presentar su dimisión, debido a las cargas policiales totalmente desproporcionadas.
¿Opinas que con las cargas policiales el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno lanzan un mensaje?
La primera de las cargas es ya un aviso para navegantes. “Preparaos para lo que va a pasar”, vienen a decirnos. Pero no van a amedrentarnos en la defensa de nuestros derechos. En nuestro objetivo de ser un ejemplo para la clase obrera de tomar las riendas de la calle y de la democracia. Además, han fallado en su maniobra porque en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Zaragoza y otras muchas ciudades españolas se han organizado movilizaciones de solidaridad. Tampoco contaban con que periodistas de medios rusos, franceses, italianos, colombianos, chilenos o argentinos se pusieran en contacto con nosotros.
El martes 21 os reunisteis con la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, sin que aceptara vuestras reivindicaciones. ¿Cuál es el siguiente paso?
Continuar en la lucha. Vamos a permanecer, de momento, hasta la jornada de huelga general del día 29 de febrero. Y si la Conselleria de Educación no acepta nuestras propuestas continuaremos en la calle hasta que dé su brazo a torcer. El miércoles 22 hay prevista otra concentración en la puerta del Instituto Luis Vives y después una marcha hasta la Delegación del Gobierno.
Valencia, estado policial
Por Enric Llopis
“Españoles, Franco ha vuelto”, sentenciaba un cartel de la manifestación contra la reforma laboral del pasado domingo en Valencia. Y no le faltaba razón, a tenor de las inusitadas estampas de violencia policial y represión brutal y encarnizada, protagonizadas por agentes antidisturbios contra los estudiantes movilizados en las calles de Valencia, que protestan aún hoy por los recortes en el sistema educativo aplicados por el ejecutivo autonómico.
Los acontecimientos han adquirido en la última semana una velocidad de vértigo. Pero la situación ha vuelto a la calma desde el martes 21. El miércoles se convocó una concentración frente a la puerta del Instituto Luis Vives, foco de las primeras cargas policiales, y desde allí una manifestación hasta la Delegación del Gobierno. La noche del martes, varios miles de personas se concentraron frente a la Delegación para protestar por la actuación de la policía y un grupo numeroso de personas, además, se desplazó hasta la sede del PP en Valencia, sin que los agentes actuaran.
La tranquilidad de las últimas horas permite hacer balance de la represión: 37 personas detenidas (puestas ya en libertad con cargos), de las que 7 son menores, numerosos heridos y contusionados, multas entre 150 y 600 euros (no sólo a los estudiantes, sino también para meros transeúntes) de las que se desconoce el total de afectados y, sobre todo, una resaca de golpes, palizas, insultos y vejaciones por parte de la policía, de las que ningún cargo político, empezando por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha asumido responsabilidades.
¿Por qué se concentran y manifiestan los estudiantes? ¿Qué ha motivado la espectacular cacería por las calles de Valencia? La Federació Valenciana d’Estudiants de Enseñanzas Medias, principal promotor de las movilizaciones junto con otras sindicatos universitarios, denuncia en un comunicado “la situación alarmante del sector educativo valenciano: centros sin calefacción, sin estufas, sin luz, en barracones y masificados; los recortes están resultando agónicos”. El presidente de la Federació, Albert Ordóñez, también detenido y ahora en libertad, subraya la apuesta de los estudiantes por una educación, pública, laica, de calidad y gratuita.
De las agresiones y la impunidad policial no se ha librado casi nadie: estudiantes, en primer lugar, pero también viandantes de todas las edades, periodistas, fotógrafos, una persona que se identificó como médico, un diputado (Joan Baldoví, del grupo Compromís), un anciano ciego, entre otros muchos. A los detenidos se les acusa de delitos como supuestos desórdenes públicos, atentado a la autoridad y manifestación ilegal. Pero hay testimonios, junto a la proliferación de vídeos y fotografías en las redes sociales, que pretenden aclarar lo que realmente ha ocurrido estos días.
Testimonios como el de Luis Zari. Asegura que dos policías le golpearon y, una vez reducido en el suelo, empezaron a insultarle cuando “trataba de proteger a un chaval de 14 años, al que pegaban los antidisturbios”. Denuncia, además, la “impunidad” y la “manipulación” mediática. Y revela lo que le contó un compañero de celda: “además de los porrazos que recibió todo el mundo, le llevaron en un furgón a un cuarto oscuro donde le golpearon en el estómago y le insultaron, antes de llevárselo a la comisaría”. También recuerda que cuando fue detenido “se llevó golpes un joven que pasaba por la zona y que iba seguramente a comprarse unos zapatos”.
J.R., estudiante de Historia, fue detenido el primer día de las protestas frente al Instituto Luis Vives, “en una carga aleatoria junto a otras cinco personas”. Permaneció cerca de hora y media encerrado en un coche policial, “con un calor insoportable”, mientras los agentes departían amigablemente fuera del auto. Tras pasar por tres calabozos diferentes, “donde no me dieron ni agua”, participa, unos días después, en una asamblea de estudiantes contra los recortes y destaca “cómo a partir de pequeñas chispas, en este caso, las concentraciones de estudiantes, puede prender el malestar latente en el conjunto de la sociedad”.
Pocas veces unos hechos han despertado una repulsa tan generalizada en el País Valenciano. Centros educativos, sindicatos de todos los colores, partidos políticos de la oposición, organizaciones de padres y madres de alumnos, universidades, asociaciones vecinales, colectivos de periodistas, ONG como Amnistía Internacional, han coincidido en la condena, de una manera u otra, de lo ocurrido. En medio de este clamor contra la impunidad, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores por las cargas de la policía.
El PP y las instituciones que gobierna observan los acontecimientos, sin embargo, desde otra perspectiva. La delegada del Gobierno, Sánchez de León, afirmaba hace unos días su esperanza de que los hechos se quedaran en una “anécdota” y hablaba de “actuaciones proporcionadas” de la policía. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció “algunos excesos”; el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, lamentaba las “violentas protestas” y expresaba su temor por un supuesto “efecto llamada”. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tirando de manido argumentario, denunciaba en la COPE una “estrategia predeterminada de la izquierda radical”.
Sin embargo, los estudiantes mantienen la iniciativa en unas movilizaciones que ahora se hallan en fase creciente. Las cargas policiales han actuado como certero catalizador de la protesta, de manera que las organizaciones estudiantiles mantienen el protagonismo y, además, han logrado sumar a su causa numerosas voluntades: sus padres y madres, primero; y también ciudadanos en general, apoyados por partidos políticos y organizaciones sociales. Las próximas convocatorias y, singularmente, la huelga general en el sector educativo anunciada para el 29 de febrero, permitirá calibrar la correlación de fuerzas.
La mecha prendió hace una semana tras la carga violenta contra un grupo de estudiantes que cortaron la calle frente al Instituto Luis Vives de Valencia. Ubicado en un lugar muy céntrico de la ciudad, casi pegado al Ayuntamiento y muy cerca de la Estació del Nord, el centro educativo (sin calefacción en las aulas debido a los recortes) se ha convertido en el foco, material y simbólico, de lo que en las redes sociales algunos denominan “la primavera valenciana”. Otro punto neurálgico lo constituye la Facultad de Geografía e Historia, en pleno Campus Universitario de la Avenida Blasco Ibáñez, donde los estudiantes celebran asambleas permanentes.
La carga principal se produjo el pasado jueves, después de que estudiantes, acompañados de padres y madres, cortaran las calles del centro de Valencia en respuesta a las embestidas policiales del día anterior. Es precisamente el jueves 16 de febrero el día que se produce el estallido y comienza la escabechina, la “cacería del estudiante”, por las calles de Valencia. Adolescentes de 15 y 16 años corren junto a universitarios delante de los agentes antidisturbios mientras un helicóptero de la policía sobrevuela la ciudad. Se producen entonces detenciones selectivas de dirigentes estudiantiles y activistas destacados del 15-M. En una postal que recuerda la época de los temidos grises, aparecen las pelotas de goma y los punzones.
La tensión incrementa y en la comisaría de la Calle Zapadores la policía retiene el sábado 18, mediante un cordón, a 150 personas (la mayoría de ellos, menores) sin permitir a sus familiares que se acerquen. Más cargas. El lunes 20 de febrero se producen 7 horas de persecuciones y agresiones ininterrumpidas por toda la ciudad. Incluso dentro de la estación. La gente se refugia dentro de los comercios en un ambiente de pánico generalizado.
Más detenciones. A partir del día siguiente, dado que las protestas alcanzan relieve mundial (los portavoces estudiantiles reciben llamadas de medios rusos, franceses y latinoamericanos), las redes sociales son un hervidero y la indignación se generaliza, el Ministerio del Interior decide retroceder y la policía desaparece de la calle. Y así hasta hoy, cuando el desenlace de la historia está por escribir. Pero el primer capítulo, el de la dignidad y la lucha contra los recortes sociales, ya lo han escrito los estudiantes en la calle.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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