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Tema del dia
Tema del dia |9 Ago 2012 - 9:41 pm
Apuesta para reducir el crimen
Una marihuana estatal
Por: Diego Alarcón Rozo
El proyecto con el que el gobierno uruguayo pretende controlar el consumo y la cadena de producción de la droga ya hace curso en el Parlamento.
El proyecto de regulación de la marihuana ha generado manifestaciones a favor en Montevideo. / EFE Para el gobierno de Mujica este fue el punto clave. La prohibición irresuelta estaba trayendo más desgracias que fortunas al país, donde su alrededor de tres millones de habitantes comenzaban a padecer los peores gajes de un negocio ilegal y generador de violencia. “Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma”, dijo en su momento el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, respondiendo a las inquietudes que genera un tema a todas luces espinoso.
En diálogo con El Espectador, Julio Calzada, secretario ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, relató que el proyecto vino después de un análisis juicioso, que exploraba las alternativas que tendría el gobierno para combatir los problemas derivados del tráfico ilegal, teniendo como meta el año 2015. Los estudios, de los que participaron consejeros extranjeros, mostraban que el país comenzaba a dirigirse hacia los días más difíciles que el comercio de droga había obligado a experimentar a otras naciones de la región. “Vimos como nosotros parecíamos estar en el mismo rumbo que Brasil tuvo hace años y que desató grandes crisis de seguridad, en ciudades como Río de Janeiro, por ejemplo”, comenta Calzada.
La seguridad es la meta. Calzada es consciente de que aun aplicando de forma adecuada todos los esfuerzos estatales para el combate del comercio ilegal, la oferta —que genera unos US$75 millones al año— podría ser controlada sólo en un 10%, mientras que el 90% restante continúa expandiéndose, generando metástasis de violencia y criminalidad. La propuesta no es un proyecto de ley exclusivo para regular la marihuana, sino que forma parte de un conjunto de normas que apuntan a mejorar la seguridad, con aumento de penas en los casos de corrupción policial, de cargos relativos al tráfico de pasta base de cocaína y de mayores castigos a los menores que delinquen. “Es una regulación, es no dejar al fumador en banda para que muera con los traficantes de la pasta base, es una alternativa al tipo esclavizado con una necesidad”, explicó Mujica, cuestionado por el apartado que se robó la atención de todo el proyecto.
“No es un salto al vacío”, dice Julio Calzada. “El proyecto no ha estado muy lejos de otras iniciativas, como las adoptadas por Holanda en el año 78, estableciendo los llamados “coffee shops” para el consumo, ni de las aplicadas en los 17 estados de Estados Unidos que regulan el consumo o la producción de marihuana, ni de los clubes de cannabis de España”.
El gobierno uruguayo ha trazado sus propias cuentas. El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados. En Uruguay hay cerca de 150.000 consumidores, con un promedio de gramo y medio diario, lo que exigiría una producción 81 toneladas al año. La ley permitiría una venta máxima de 40 cigarrillos mensuales a los consumidores, quienes a su vez se inscribirían en un registro para el control. El precio de la marihuana contemplaría un impuesto, que daría fondos para tratamientos de rehabilitación y un centro de control de calidad. Adicionalmente, José Mujica ha abierto la posibilidad de que un mercado abierto de marihuana logre desviar la atención que tiene la cocaína como sustancia ilegal y reduzca su consumo.
El resultado de todos estos cálculos resulta previsible para Calzada, para quien la aplicación de esta ley podría invertir las cifras: “el Estado controlaría el 90% del comercio de la marihuana. Somos realistas y no hablamos de la totalidad: el contrabando existe”.
El proyecto está en manos del Parlamento, como una de las iniciativas que han surgido para controlar la violencia y la seguridad. El secretario ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay considera que debates de este tipo que se vienen dando en la región hablan de “un ambiente para reflexionar y dar pasos adelante en nuevas políticas”.
Reformas a las leyes antidrogas en América Latina
Argentina. En 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional la imposición de sanciones penales al consumo de drogas. Este año la Cámara de Diputados estudia la despenalización del cultivo de marihuana para consumo personal y la reducción de penas para ofensas menores.
Ecuador. En la Constitución de 2008 se dice que el consumo de drogas es un problema de salud pública y determina que “en ningún caso se permitirá su criminalización”. Se aprueba una amnistía para las mulas.
Brasil. En 2006 se hizo una despenalización parcial de la posesión de droga para uso personal. La prisión fue sustituida por medidas educativas.
México. En 2009 se despenalizó la tenencia de pequeñas cantidades de droga para uso personal.
Chile. En 2007 se descriminalizó el consumo personal en privado. En público se aplican sanciones. Se acaba de presentar en el Congreso un proyecto para legalizar el cultivo y consumo personal y terapéutico de la marihuana.
Diego Alarcón Rozo | Elespectador.com
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