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Judicial
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Mauricio Santoyo exjefe de seguridad de Álvaro Uribe
Ante el Consejo de Estado, el general (r) Mauricio Santoyo presentó una demanda en contra de la Nación por un un valor de 207 millones de pesos.
En la argumentación jurídica, el militar en retiro manifestó que debe ser indemnizado por los daños y perjuicios que le causó la sancón disciplinaria interpuesta en su contra por la Procuraduría General de la Nación.
El oficial en retiro exige una indemnización de 113 millones por perjuicios morales y el pago de otros 93 millones de pesos por el reintegro de los sueldos que dejò de percibir desde el momento de su destitución.
Al mismo tiempo que le solicitó al alto tribunal revocar la sanción disciplinaria en su contra emitida por el Ministerio Público por su participación en las interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos y activistas adscritos a Asfades.
En este caso la Procuraduría le pidiô al Consejo de Estado que levante la suspensiòn de los efectos de la sanción y que decida si es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o esa misma corporación la competente para fallar el caso de fondo.
El pasado lunes, ante la Corte del Distrito de Virginia el general Santoyo aceptó los cargos que lo relacionaban de tener nexos con grupos paramilitares en Colombia. (Ver General (r) Mauricio Santoyo se declaró culpable en Corte de EE.UU.)
Sin embargo, el oficial no reconoció en ningún momento el delito de narcotráfico, por el cual era solicitado en extradición por una Corte de EE.UU.
La pena que purgaría el oficial retirado está entre los 10 y 15 años.
La sanción al general Santoyo
En octubre de 2000, la Fiscalía General empezó a investigar la desaparición de dos miembros de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), que el nombre Santoyo cayó bajo la lupa de las autoridades colombianas. Mientras Santoyo era el jefe del Gaula de la Policía en Medellín (de julio de 1996 a diciembre de 2001), la sala de inteligencia de esa entidad hizo más de 1.800 interceptaciones ilegales, entre esas a las líneas de los activistas de Asfaddes.
Santoyo ya no estaba en el Gaula para la época en que los integrantes de Asfaddes desaparecieron. Sin embargo, el tema de las ‘chuzadas’ le valió una destitución en 2003 por parte de la Procuraduría. Según el Ministerio Público, el entonces teniente coronel Santoyo Velasco consintió que hombres a su cargo tramitaran ante las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las interceptaciones telefónicas con autorizaciones de fiscales falsificadas.
Para sancionar a Santoyo, la Procuraduría tuvo en cuenta varias cosas. Los fiscales cuyos nombres figuraban en las órdenes de interceptación declararon que esas firmas no eran las suyas y las pruebas de grafología lo confirmaron. Un sargento del Gaula reconoció haber entregado los documentos apócrifos a EPM y varios otros fueron enviados desde el fax del Gaula. Y se comprobó que en la sala de inteligencia del Gaula sí se enlazaron líneas privadas.
Evidencias en mano, la Procuraduría destituyó al secretario de seguridad del entonces presidente Uribe y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años, al igual que a nueve subordinados suyos. Sin embargo el exjefe de Estado, al conocer el fallo, emitió un comunicado: “Por los mismos hechos, por los cuales la Procuraduría impone la sanción, la Fiscalía General absolvió al Coronel Santoyo en agosto 29 de 2003 por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación”.
Uribe Vélez señaló que, como Santoyo había apelado la determinación disciplinaria, la Presidencia de la República iba a esperar el fallo definitivo. En noviembre de 2004 la Procuraduría ratificó la decisión. Santoyo salió del esquema de seguridad de Uribepero siguió vinculado a la Policía mientras se conocía el resultado de la apelación del oficial ante el Consejo de Estado.
En 2006, el alto tribunal reversó la decisión de la Procuraduría, basándose en que los delitos ya habían prescrito. Santoyo había exigido en su apelación que fuera reintegrado y llamado al curso de ascenso, es decir, para general. Y así ocurrió en 2007, tras obtener el visto bueno de la junta de generales de la Policía y del Congreso.
Durante la ceremonia de ascenso En 2008 el general (r) Santoyo Velasco fue enviado a Italia como agregado de la embajada. Uribe nunca dudó de la naturaleza legal de sus actos, y en entrevistas como la que le dio a RCN Radio en febrero de 2007 expresó: “Yo defiendo al coronel Santoyo”, criticando además la sanción disciplinaria: “Dijo la Procuraduría que era su hecho del año, haber destituido al jefe de seguridad de la Presidencia”. En la ceremonia de ascenso de Santoyo, manifestó un “sentimiento de gratitud” hacia su trabajo.
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