jueves, 23 de agosto de 2012

LOS 70 CONGRESISTAS QUE SE BENEFICIARIAN DE LA REFORMA A LA JUSTICIA...

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Política |4 Jun 2012 - 8:43 am

Conflicto de intereses parlamentario

Los 70 congresistas que se beneficiarían de la reforma a la justicia

Por: Alfredo Molano Jimeno y Juan David Laverde

Unos 39 tienen procesos de pérdida de investidura y los demás por parapolítica.

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El Observatorio Nacional Permanente de la Justicia denunció que “es inmoral” que 70 parlamentarios con procesos abiertos  en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado participen en el trámite de la controvertida reforma a la justicia.(Lea más sobre la reforma a la justicia).
El diálogo con El Espectador, la directora de esta organización, María Del Pilar Arango, aseguró que después de hacer una depuración en las listas públicas de investigaciones por parapolítica o demandas de pérdida de investidura, se pudo establecer que existen 70 legisladores que resultarían beneficiados de aprobarse este acto legislativo. (Lea sobre los inamovibles de la reforma).
En palabras castizas, Arango señaló que estos congresistas son juez y parte en esta reforma que busca en su criterio quitarle dientes a la justicia. “Están legislando en causa propia.  Ellos se amparan en una ley que estableció que cuando se adelanten reformas constitucionales no aplicará el conflicto de intereses. Pero en este caso es absurdo”. (Lea por qué califican de "aberrante" la reforma).
María del Pilar Arango no duda en afirmar, tal  como lo había advertido la Misión de Observación Electoral (MOE),  es una reforma política disfrazada de reforma judicial. “Les debería dar vergüenza a los parlamentarios esto que está ocurriendo”.
El polémico acto legislativo, que está a un solo debate de aprobarse, tiene en total a 18 senadores y 16 representantes a la Cámara con investigaciones por el escándalo de la parapolítica. Así mismo, existen 16 senadores y 23 representantes a la Cámara que tienen procesos activos por pérdida de investidura en el Consejo de Estado.
En los casos de Dilián Francisca Toro, Armando Benedetti, Óscar Mauricio Lizcano, Jaime Cervantes Valero  y  Eduardo Agatón Diazgranados tienen expedientes en ambos tribunales.  Con cifras en mano, el Observatorio Nacional Permanente de la Justicia pretende advertirle a la ciudadanía lo que está ocurriendo en el Congreso de la República y las repercusiones que esta reforma puede tener en las distintas investigaciones que se adelantan contra 70 parlamentarios.
“El mensaje para la sociedad es de un acto inmoral y antiético que pretende acabar con las investigaciones. Eso no es un buen ejemplo para el país. Se están llevando la justicia por los cachos”, concluyó María del Pilar Arango.
Esta es la lista de congresistas  que, según el Observatorio Nacional Permanente de la Justicia,  tienen impedimentos éticos para participar del debate de la reforma a la justicia.
Por su parte, Camilo Macera, de MOE, advirtió que uno de los mayores problemas que se está presentando con la reforma a la justicia  es que se erradicó  el conflicto de intereses tanto para votar el acto legislativo como para las leyes que la reglamentarán. El hecho de que éste afecte las normas juzgamiento ya hace que exista un impedimento, al menos ético, para participar del trámite de la norma.   De alguna forma lo que ésta pasando es que están legislando para beneficiar sus propios procesos. 

A su vez, Mecera denunció que otro de los problemas del acto legislativo que reformaría a la rama jurisdiccional es que establece limitaciones para la instauración de la denuncia contra aforados,  “ya que se incluyó un apartado que obliga a que el denunciante se presente personalmente, y en este contexto, quien se presente pone en riesgo su integridad física. Esto lo que hace es desincentivar las denuncias”.

Para la Moe, otro de los puntos es negativos de dicho proyecto es aquel que se establece que para los parlamentarios la medida de aseguramiento funcionaría a partir de la formulación de acusación. 

“Ningún ciudadano tienen un beneficio como ese, dado que desde la imputación se puede solicitar la medida de aseguramiento, que tiene por objeto proteger a las víctimas y la manipulación de las pruebas. ¿Cómo puede ser que ese momento, que es el de la recolección probatoria, no se pueda aplicar la medida de aseguramiento?”, afirmó Macera.
 

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