Manuel (izq.), Miguel y Guido Nule, junto a su socio Mauricio Galofre. /Archivo - El Espectador
Argumentando que la Fiscalía les hizo “conejo” al revocarles el principio de oportunidad (un acuerdo para que no los investigaran más, a cambio de información clave), a pesar de que como consecuencia de sus delaciones se abrieron múltiples expedientes dentro del denominado carrusel de la contratación en Bogotá, los primos Nule y su socio Mauricio Galofre están determinados a que sus confesiones y pruebas entregadas a la Fiscalía les sean devueltas y que ese material no pueda ser utilizado por la justicia.
Con este contexto instauraron una acción de tutela en contra de la resolución 00789 del 8 de mayo de 2012, expedida por la Fiscalía, mediante la cual se cayó la negociación del principio de oportunidad que había sido otorgado dos meses atrás por la entonces fiscal interina Martha Lucía Zamora. El documento primero fue interpuesto en el Tribunal Superior de Bogotá, pero hoy es revisado por la Corte Suprema de Justicia. Las 30 páginas que contienen la petición fueron conocidas por El Espectador.
Al citar una entrevista con este diario del pasado 16 de junio, en la que Germán Pabón —primer fiscal del caso del carrusel— reconoció que Manuel, Miguel y Guido Nule se autoincriminaron y que su información fue valiosa para abrir procesos penales en contra del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, el exsubdirector jurídico de esa entidad Inocencio Meléndez, el excongresista Germán Olano y, por supuesto, el exalcalde Samuel Moreno, el abogado de los Nule, Hernán Gonzalo Jiménez, hizo un recuento detallado sobre cómo les fueron vulnerados los derechos a sus clientes.
En esencia, lo que plantea es que los Nule rindieron numerosos interrogatorios entre diciembre de 2010 y mayo de 2011 y aportaron pruebas documentales para ponerles nombres y apellidos a los cómplices del mayor desfalco al Distrito. Es más, como consecuencia de esos acuerdos en ciernes con la Fiscalía, aceptaron el delito de peculado por el que finalmente fueron condenados. Sin embargo, sostuvo el abogado Jiménez, la administración del fiscal Eduardo Montealegre les cambió las reglas de juego y, aunque no critican que les hubieran quitado los beneficios judiciales, sí exigen que la Fiscalía elimine de los expedientes que abrió sus delaciones y las evidencias documentales aportadas.
En palabras castizas, si la tutela prospera, todos los casos del carrusel en los que participaron los primos Nule como testigos podrían caerse como un castillo de naipes. Siendo más específicos, el abogado Jiménez recordó que sus clientes entregaron tres grabaciones realizadas por Miguel Nule con el excongresista Germán Olano, el abogado Álvaro Dávila e Inocencio Meléndez. Audios que dieron pie a mediados del año 2010 para que la justicia indagara qué había pasado con los dineros de los bogotanos durante la administración del hoy detenido exalcalde Samuel Moreno Rojas.
Según la tutela, a los Nule y a su socio Mauricio Galofre se les violó el derecho a no autoincriminarse, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad del juez, a la defensa y a la confianza legítima, razón por la cual sin rodeo alguno solicitan que los interrogatorios efectuados a Miguel, Manuel y Guido Nule, así como a su socio Galofre, sean borrados de todos los expedientes y se ordene a la Fiscalía emitir un acto complementario a la resolución que tumbó su negociación como amparo a los derechos supuestamente violados por la administración del fiscal Montealegre.
Montealegre, sin embargo, explicó en su momento que el principio de oportunidad con los Nule y con Galofre se había esfumado porque éstos estaban faltando a su palabra y habían dejado de entregar la información necesaria para desentrañar las redes de corrupción que se habían formado en Bogotá y otras zonas del país. Para que la Fiscalía llegara a esta determinación, fue clave el hecho de que los Nule no hubieran reintegrado los dineros de los que se habían apropiado ilegalmente, y Montealegre señaló incluso que la decisión podría reversarse si los Nule comenzaban a colaborar efectivamente con la justicia, restituían los bienes y reparaban a las víctimas del multimillonario desfalco que protagonizaron.
Mientras esta nueva petición vuelve a agitar el ya sacudido expediente del carrusel de la contratación, ayer en la tarde el empresario Emilio Tapia finiquitaba un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la justicia, mientras recibe una pena que se calcula en 13 años de prisión domiciliaria. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había formalizado este acuerdo.
En Twitter: @jdlaverde9
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