A dos días de la celebración mundial del periodista, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, principalmente en las regiones. Una vez más esta es la lamentable conclusión a la que llegó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en su informe anual, que publicará este sábado y conoció EL Espectador. El año pasado hubo 158 agresiones a periodistas, de las cuales 29 fueron agresiones físicas y sicológicas y 80 amenazas que terminaron en atentados a infraestructura.
También se registraron 31 casos de agresiones a periodistas por parte de miembros de la fuerza pública. El más grave es sin duda la muerte del periodista Guillermo Quiroz, el 27 de noviembre en el hospital María Reina de Sincelejo, Sucre, tras haber caído siete días antes de un carro de la policía en circunstancias que aún falta esclarecer. Eran conocidas las diferencias y altercados entre Quiroz y la policía.
La impunidad y la autocensura son los factores que más afectan el ambiente para ejercer el oficio, de acuerdo con el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, presentado por el Proyecto Antonio Nariño (PAN) a finales de 2012.
El resultado del PAN señala que durante 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas por razones de su oficio: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, quien murió el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba, y el de John Félix Tirado Castañeda, de la emisora Ondas del Urrá, el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle.
Esto quiere decir, según la FLIP, que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. También señalan que las investigaciones por las interceptaciones ilegales del DAS a periodistas entraron en un letargo que no parece mostrar avances. Aún así el documento destaca ciertos avances como la declaración del caso de Jineth Bedoya como crimen de lesa humanidad, así como en los de Orlando Sierra y Jaime Garzón, ambos en etapa de juicio. También el año pasado la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva.
Esta fundación sostiene que aunque el tema de seguridad sigue siendo el principal desafío para la libertad de expresión, crece la preocupación por el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura, y citan la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá Luis Agustín González, por el delito de injuria, tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. O el anuncio de denuncia penal contra la columnista de este diario Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta corporación, que terminó en retractación.
Otro de los casos que mejor ilustran el acoso judicial según la FLIP es el del periodista Héctor Mario Rodríguez, editor general de primerapagina.com. Rodríguez fue denunciado por los accionistas de la petrolera Alange Energy (hoy Petro Magdalena) por el delito de pánico económico en marzo de 2012. La celebración del Día del Periodista está opacada por este informe, que revela la difícil realidad que vive el oficio.
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