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Los nuevos Derechos Ciudadanos
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Carlos Arturo Liévano
Gonzalo Hugo Vallejo
El Diario del Otún
Los actuales procesos territoriales, económicos y socio-culturales, requieren un compromiso de los poderes públicos de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, incorporando, a su vez, los nuevos derechos urbanos.
Este catálogo de derechos urbanos como síntesis entre valores universalistas y prácticas políticas territoriales, es una contribución a la renovación de la cultura política, legitimación de las demandas comunitarias locales las cuales requieren de una reformulación de derechos y deberes ciudadanos que permitan desarrollar una praxis democrática por la justicia en la ciudad.
El desarrollo legitimador y legalizador de estos derechos dependerá de un proceso interactivo donde confluyan tres componentes: cultural, social y político-institucional. Algunos de estos derechos aparecen como una novedad política y no tienen aún el suficiente arraigo social. Frente a los nuevos desafíos, es tarea prioritaria de los intelectuales orgánicos, los gestores y líderes comunitarios, como fuerza sociocultural comprometida llena de coraje y audacia, definir los contenidos y las motivaciones de estos derechos.
- Derecho al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales o a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al re-alojo en la misma área si ésta se transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitats vulnerables, degradados o marginales. Las autoridades locales protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de iniciativas oficiales o privadas.
- Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es el espacio público. La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados. El espacio público es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, factor de redistribución social y un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas, a su vez, de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía.
- Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Por ejemplo, cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante la forma, el diseño, la calidad de los materiales.
- Derecho a la ciudadanía como receptora y perceptora de principios y valores (felicidad, solidaridad, justicia, tolerancia, equidad. Derecho a la ciudadanía como práctica divergente y disensual.
- Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, participar o confrontarse. Para los “excluidos” o marginados la integración grupal, muchas veces conflictiva por naturaleza, es indispensable para conseguir su reconocimiento.
- Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. La accesibilidad de cada zona es indispensable para la convivencialidad.
- Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos. En la ciudad la articulación de los centros viejos y nuevos, el acceso y la recualificación de los centros históricos no sólo del centro de la ciudad, sino también de las áreas periféricas, la creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición social, son elementos consubstanciales de la democracia urbana.
- Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía. Las políticas públicas deben desarrollar políticas ciudadanas en y desde la marginalidad; legalizar y equipar los asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social, promover formas originales de participación ciudadana que se adapten a las características de aquellas poblaciones vulnerables. Los proyectos de infraestructura, de comunicación o económicos que se realizan en las periferias, o los proyectos comerciales o inmobiliarios, deben ser siempre constructores de ciudad, es decir, deben incorporar programas de vivienda y de urbanización básica así como elementos de monumentalidad.
- Derecho a una gobernanza racional. Los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno que combine la pluridimensionalidad, la heteronomía y la proximidad. La gestión pública requiere ámbitos de planificación y programación, de gestión de servicios y de redistribución de recursos. Se debe tener en cuenta más a las personas que a los kilómetros cuadrados.
- Derecho a innovación política. se deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. No es funcional ni justo que sea cual sea el tamaño de la población y la capacidad de su gobierno local, tengan todos ellos las mismas formas de organización y competencias.
Es preciso un marco político-legal flexible que permita a los gobiernos locales o a los ciudadanos proponer (o imponer en algunos casos vía referéndum o consulta popular), nuevas formas de elección, nuevos mecanismos de participación, nuevas competencias o nuevos instrumentos de gestión o de planificación.
Hay que adoptar experiencias exitosas en materia de planeamiento estratégico, presupuesto participativo, descentralización, justicia municipal, etc. Las relaciones entre la Administración y los actores públicos y privados, deben incorporar cada vez más formas contractuales, sometidas a la veeduría ciudadana y no únicamente modelos jerárquicos o compartimentados.
- Derecho al acceso y al uso social de las tecnologías de información y comunicación. Se debe proteger y garantizar este derecho y también la utilización de las TIC (tecnologías de información y comunicación) para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés público y general.
- Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir áreas de refugio, reubicación o integración para aquellos ciudadanos o grupos vulnerables que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de las múltiples violencias tanto oficiales como privadas. Estas áreas-refugio forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.
- Derecho de protección ante instituciones políticas, organizaciones públicas o privadas y empresas prestadoras de servicios. Se trata de defender a los ciudadanos en sus intereses como usuarios y consumidores. Esta protección deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Muchas veces la complejidad del consumo social aumenta la dependencia ciudadana respecto a las empresas prestadoras de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en calidad de mercados oligopólicos. Se deben fortalecer las ligas de consumidores.
- Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos. La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre todo cuando la “inseguridad” afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes gremiales y/o institucionales. La justicia municipal preventiva y eficaz y la seguridad como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada, es hoy día una demanda inaplazable.
- Derecho al empleo y al salario ciudadano. El ámbito urbano-regional debe garantizar un papel social que proporcione ingresos económicos al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (p.ej. servicios de proximidad, ecología urbana, etc.) es en este ámbito donde se pueden experimentar y gestionar algunas formas de “salario ciudadano” y de “formación continuada para todos”. El espacio urbano puede ser un marco de gestión de estas políticas entre gobiernos de proximidad y organizaciones sindicales y sociales.
- Derecho a la calidad del medio ambiente. Legitimar y legalizar el derecho a una calidad de vida integral y el derecho a preservar nuestro hábitat como un legado para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso sostenible de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).
- Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales. Nadie puede sufrir discriminación por sus creencias, hábitos culturales u orientaciones sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione. Todo tipo de vínculo personal libremente consentido (p.ej. parejas homosexuales), merecen igual protección. No hay un modelo de vida personal o familiar que tenga derecho a más protección que otro.
- Derecho a la participación. Los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.), deben participar o acceder a todo tipo de eventos donde se traten cuestiones que afecten directamente a sus comunidades.
Derecho a igual movilidad y acceso a la información similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas prestadoras de servicios. Se debe garantizar el derecho a la movilidad completa en los espacios políticos y económicos en los que se encuentran inmersos los ciudadanos.
Derecho a constituir redes y asociaciones. Estas deben actuar “glocalmente” (pensar globalmente y actuar localmente) y deben ser reconocidas a escala local, regional, nacional e internacional.
→ Texto basado en las obras de Jordi Borja: “Urbanismo en el siglo XXI” 2004) y “la ciudad conquistada” (2005).
→ Grupo Socioambiental Needrua
→ gonzalohugova@hotamil.com
Se debe garantizar el derecho a la movilidad completa en los espacios políticos de la ciudad.
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