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Uno de cada tres concejales sobra en España
La cruzada por la transparencia del actual Gobierno es total. Y no le queda más remedio si quiere empezar a cumplir con el déficit. Recordarán cómo hace unos meses el equipo de Rajoy aprobóla denominada Ley de Transparencia que, supuestamente, debería servir para "que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero".
Pues algo ha debido fallar, porque Moncloa ha decidido dar un paso más. En próximas fechas se van a implantar nuevos controles regulatorios sobre las administraciones locales y una mayor transparencia, que no solo determinará el sueldo de alcaldes y concejales, sino que obligará a publicarlo. La Ley de Presupuestos fijará cada año los baremos en función de las características del municipio.
Sin embargo, y para su desgracia, no todos los concejales que ejercen su cargo a día de hoy tendrán que someterse a este control. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de anunciar una reducción del 30% en el número de concejales por tramos de población.
Sim embargo esto choca con otro dato conocido recientemente por el que el número de funcionarios públicos en España creció un 5,3% durante la crisis, especialmente en el ámbito de la administración central, +5,9%.
Esta profunda reforma de las administraciones públicas va encaminada, sobre todo, a los Ayuntamientos, a los que se va a imponer una "nueva estructura" y una clarificación de las competencias locales, de manera que "los pequeños municipios reciban servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". La polvareda que va a levantar esta medida está por ver, pero parece que le compensa al equipo de Rajoy. Las estimaciones que manejan los asesores del presidente indican que esta reforma supondrá un ahorro en torno a 3.500 millones de euros.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado, además, la reducción de esa "pléyade" de entidades locales y mancomunidades que "ejercen una multiplicidad de competencias que multiplican los recursos públicos". Al igual que el Estado ha acometido la supresión de 80 empresas públicas, las autonomías deben deshacerse de algunas de las suyas. En total, y dependiendo de cada Administración, unas 4.000.
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