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Judicial |4 Ago 2012 - 9:00 pm
Trece magistraturas, Procuraduría y Defensoría del Pueblo por proveer
Agitada baraja de candidatos
Por: María del Rosario Arrázola
Las cortes, la Defensoría y la Procuraduría se renuevan y los poderes políticos se mueven.
Imagen de la plenaria del Congreso, que tendrá que tomar decisiones en los próximos días. / Archivo La primera disputa viene de tiempo atrás. Con la renuncia de Juan Carlos Henao en la Corte Constitucional para ocupar la rectoría de la Universidad Externado, se abrió una vacante trascendental. Nadie duda de la importancia que hoy tiene esta corporación en el ordenamiento jurídico colombiano. Es más, cruciales debates como el aborto, los derechos de las parejas del mismo sexo, la objeción de conciencia u otras controversias de la sociedad contemporánea necesariamente pasan por la Corte Constitucional.
De ahí la importancia de la primera vacante. Desde su creación en 1991, la composición de la Corte Constitucional ha guardado un equilibrio entre posiciones filosóficamente de vanguardia y puntos de vista tradicionales. Pero hoy esa correlación de fuerzas que antaño pasaba por el bipartidismo liberal-conservador se manifiesta en mayorías de una u otra tendencia. Sin duda alguna, Juan Carlos Henao era un garante de la línea de avanzada. Por eso su salida constituye un desafío para que quien lo reemplace persista en esa tendencia.
El próximo miércoles, ante el Senado tendrá que sustentar su aspiración la terna de escogidos para reemplazarlo. Se trata del exministro de Justicia Carlos Medellín, hijo del exmagistrado del mismo nombre, muerto en el holocausto del Palacio de Justicia; Martha Sáchica, hija del exmagistrado Luis Carlos Sáchica, y Luis Guillermo Guerrero, quien desde hace 12 años oficia como magistrado auxiliar de la misma Corte Constitucional. El primero, políticamente hablando, es de origen liberal. Los dos restantes, de esencia conservadora.
Los tres tienen merecimientos para ser elegidos antes del 15 de agosto, pero quien escoge es el Congreso, donde el fracaso de la reforma a la justicia dejó una revoltura de la que está por verse su evolución. En apariencia y según como quedaron acomodadas las directivas de las comisiones, aún prevalece la aplanadora de la Unidad Nacional planteada por el presidente Santos, pero es evidente que las grietas en su relación con el uribismo purasangre pueden dejar sorpresas y es mucho lo que está en juego en la Corte Constitucional.
Con otro detalle. En breve también dejará su cargo el recién escogido integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Humberto Sierra Porto. Un magistrado que durante sus ocho años de gestión en la Corte Constitucional dejó importantes posiciones de corte liberal, entre las que se destaca su ponencia negativa al referendo reeleccionista de 2010, que neutralizó la posibilidad del expresidente Álvaro Uribe para aspirar a un tercer mandato. En otras palabras, son dos cambios en la Corte Constitucional a corto plazo.
“La responsabilidad del Senado en esta tarea es histórica. Si no se conserva el equilibrio de fuerzas y tendencias de pensamiento, lo que puede venir es una progresiva sustitución del orden constitucional”, comentó una fuente consultada. Es claro que hoy en el plano político se vive un pulso entre posturas de cambio social y posiciones radicales por soluciones de fuerza. Entre una y otra tendencia, lo primordial es que la sociedad quede debidamente representada y no se impongan posiciones hegemónicas en la concepción del derecho.
El otro frente no es menos importante. Hay cinco vacantes por proveer en la Corte Suprema de Justicia que, si se evalúa el pasado reciente, fue una corporación vital en temas tales como el escándalo de la parapolítica. Pero así no se exprese en decisiones contrarias, es evidente que la línea de conducta colectiva de esta corporación está cambiando. Los más reconocidos antagonistas del expresidente Uribe ya no están y aunque las investigaciones persisten, lo que predomina es la distensión con el Gobierno.
Sin mucha resonancia, en los círculos judiciales se habla sin tapujos de que quien lidera el nuevo estilo de menos confrontación sin bajar la guardia es el expresidente de la Corte Francisco Ricaurte. Pero ese es precisamente uno de los que van de salida. Fue un interlocutor clave en la reforma a la justicia y cuatro años más en su magistratura iban a ser buena recompensa. Pero la reforma fracasó y ahora suena con insistencia para una de las vacantes en el Consejo de la Judicatura y, en los últimos días, para dirigir la Defensoría del Pueblo.
Se rumora con mucha insistencia que su reemplazo en la Corte podría ser uno de sus magistrados auxiliares, pero como hay cinco vacantes, suenan nombres. Jezael Giraldo, quien renunció al Consejo de la Judicatura pero ahora quiere volver a la Suprema; el magistrado del Tribunal de Cartagena Gustavo Malo, quien lleva varios intentos por acceder al alto tribunal; el jurista Éider Patiño, con experiencia como delegado de la Procuraduría ante la Corte Suprema. Y el candidato de siempre: el investigador de la parapolítica, Iván Velásquez.
También es mucho lo que está en juego. La parapolítica, el caso Dirección de Estupefacientes, el juicio al exministro Andrés Felipe Arias o los episodios pendientes de la yidispolítica, además de la jurisprudencia necesaria en las instancias de casación. Con una ventaja frente a la recomposición de la Corte Constitucional. En la Suprema, al menos no directamente, no hay intervención del Congreso. Con una preselección del Consejo de la Judicatura, quienes van a decidir son los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Algo parecido a lo que debe suceder en el Consejo de Estado, donde hay tres cargos por proveer. Los de Rafael Ostau de Lafont y María Noemí Hernández y el de Ruth Stella Correa, hoy ministra de Justicia. Escogen los propios consejeros, pero en un organismo en el que se deciden los grandes pleitos entre el Estado y los particulares, pasando por los litigios electorales o las grandes peleas con los poderosos del sector privado, es difícil pensar que así sea remotamente no se impongan consideraciones políticas a la hora de escoger.
¿Y qué decir del Consejo de la Judicatura? Entre otros aspectos, por su elevado nivel de politización era un organismo que tenía los días contados. Lo salvó el fracaso de la reforma a la justicia. Pero eso no quiere decir que no tenga mucho poder. La sola posibilidad de nominar en distintos cargos del Poder Judicial o administrar los dineros de esta Rama ya significa mucho. Y por lo pronto hay dos cargos pendientes, uno de los cuales, se dice, va a ser para el saliente magistrado de la Corte Suprema, el laboralista Camilo Tarquino.
Él ha dicho que no está buscando esa magistratura, pero los rumores persisten. Y lo único claro es que no sólo él sino otros magistrados creen que así como Nilson Pinilla o Jorge Iván Palacio pudieron ser magistrados de la Corte Suprema y después de la Corte Constitucional, mientras no exista una inhabilidad que lo prohiba están en pleno derecho de aspirar a seguir administrando justicia desde las altas cortes. Incluso al margen de la edad de retiro forzoso, un tema que también iba a quedar solucionado en la fallida reforma a la justicia.
De colofón, a la vista está la vacante más importante y la que seguramente moverá todo el Estado: la Procuraduría. El actual jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, claramente busca su reelección y depende del Congreso para seguir ejerciendo el poder disciplinario. Los analistas sostienen que ya está reelegido. Pero se le puede quemar el pan en la puerta del horno. Por ahora requiere que el Gobierno, la Corte Suprema o el Consejo de Estado lo postulen, aunque los analistas sostienen que de todos modos está detrás de todos los cambios en todas las corporaciones.
Los cuatro defensores en 20 años
La Defensoría del Pueblo surgió con la Constitución de 1991 y para dirigirla fue designado como su primer titular el abogado Jaime Córdoba Triviño, quien venía de ocupar la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, y después de su paso por la Defensoría fue vicefiscal y magistrado de la Corte Constitucional.
En 1996 fue reemplazado por el abogado José Fernando Castro Caycedo, quien detentó el cargo hasta el año 2000. Luego fue electo congresista y falleció en 2008. Cuando concluyó su período como defensor del Pueblo, le entregó el cargo al exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz.
No obstante, Cifuentes dejó el cargo en 2003 para ocupar una posición internacional y en su reemplazo entró el abogado Vólmar Pérez, quien regentó el cargo entre 2003 y 2012. Su período concluye en septiembre, razón por la cual el Congreso se apresta a elegir a su sucesor de terna aportada por el jefe de Estado.
Los procuradores de los últimos 30 años
La historia reciente de la Procuraduría General de la Nación es accidentada. En 1982 la ocupó Carlos Jiménez Gómez, quien terminó denunciando al entonces presidente Belisario Betancur por los hechos del Palacio de Justicia. Lo reemplazó en 1986 el liberal Carlos Mauro Hoyos.
En enero de 1988, Hoyos fue asesinado por el narcotráfico. Lo relevó Alfredo Gutiérrez Márquez, quien renunció a los pocos meses. Entró en su reemplazo Horacio Serpa, quien tampoco duró porque migró a la política. Alfonso Gómez Méndez lo hizo hasta 1990.
Luego estuvo Carlos Gustavo Arrieta hasta 1994. Lo sustituyó Orlando Vásquez, quien terminó preso por el 8.000. Tras un breve período de Eduardo Montoya, fue procurador Jaime Bernal. Luego, en dos períodos, Edgardo Maya. Y ahora Alejandro Ordóñez, quien busca reelección.
María del Rosario Arrázola | Elespectador.com
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