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Comentario del Director:
Siendo jefe de prensa de la Asamblea Departamental de Risaralda, me atreví a cuestionar la Ordenanza que confería Facultades al Gobernador Tamayo para Comprometer las Vigencias Futuras y ello me ocasiono la perdida del Contrato, dos años después el tiempo nos da la razón.
Ahora toca esperar que pasa con la responsabilidad política de los honorables diputados, quienes, estudiaron y analizaron el proyecto de ordenanza, presentado por el Gobernador y con su voto ayudaron al desbarajuste del departamento.
Miércoles 12 de septiembre 2012
Consejo de Estado produce histórica decisión que pone orden en finanzas territoriales.
Un fallo de la sección Primera del Consejo de Estado les puso freno a las decisiones de las Asambleas que permiten que los gobernadores empeñen la plata de sus departamentos autorizando el uso de vigencias futuras.
Al confirmar un fallo del Tribunal Contencioso del Casanare que tumbó una ordenanza de la Asamblea del mismo departamento, el Consejo de Estado señaló que disponer de los ingresos futuros de las entidades territoriales por fuera de los casos específicos que ordena la ley va en contra de la Constitución.
La Contraloría calificó el fallo de "trascendental", pues frena el gasto de unos quince billones de pesos que en diferentes regiones habían sido dispuestos a través de la figura de las vigencias futuras excepcionales.
Al confirmar un fallo del Tribunal Contencioso del Casanare que tumbó una ordenanza de la Asamblea del mismo departamento, el Consejo de Estado señaló que disponer de los ingresos futuros de las entidades territoriales por fuera de los casos específicos que ordena la ley va en contra de la Constitución.
La Contraloría calificó el fallo de "trascendental", pues frena el gasto de unos quince billones de pesos que en diferentes regiones habían sido dispuestos a través de la figura de las vigencias futuras excepcionales.
En cuanto a los Planes Departamentales de Agua, los Sistemas Integrados de Transporte Masivo y los Colegios en Concesion, las vigencias futuras ordinarias que no se ven afectadas por este fallo, son aquellas que se planifican y se inician a ejecutar de manera efectiva dentro del periodo del respectivo Alcalde o Gobernador.
Como consecuencia de esta decisión, también es claro que no son ejecución presupuestal, acorde con la ley, los traslados presupuestales a instrumentos fiduciarios o a otras personas jurídicas de derecho publico o privado, sin que se cuente con la respectiva aprobación del plan y del proyecto, y por lo demás sin que se hayan celebrado sus contratos con fundamento en traslados presupuestales y apropiaciones aprobadas según las normas presupuestales orgánicas, claramente aplicables a todo negocio jurídico.
El incremento se dio entre el 2008 y el 2011, según informe de Fitch Ratings. Antioquia, Cundinamarca y Santander concentran la mayor parte del saldo.
Los departamentos del país deben a los bancos (en préstamos, bonos, letras y otros papeles similares) 3 billones de pesos.
Estas acreencias, que se conocen como endeudamiento directo, se aceleraron en los últimos tres años, del 2008 al 2011, en 55 por ciento.
San Andrés, Arauca y Cundinamarca encabezan el escalafón de los que tienen un mayor porcentaje de deuda con relación a lo que producen sus economías. Así, San Andrés debe el 2,6 por ciento del valor de toda su producción.
Le siguen Arauca (2,1 por ciento) y Cundinamarca (1,9 por ciento).
En pesos, el que adeuda la mayor tajada es Antioquia, con 671.243 millones de pesos, seguido por Cundinamarca, con 530.283 millones.
“La deuda directa regional se está incrementando, pero aún sigue siendo moderadamente sostenible.
Está concentrada en Cundinamarca, Santander y Antioquia, que tienen el 44,5 por ciento del total”, señala Andrés de la Cuesta, uno de los analistas de Fitch Ratings, firma calificadora de riesgos.
En Arauca, llama la atención que es una de las regiones que históricamente han recibido más regalías por ser zona petrolera y, sin embargo, aparece en primer lugar, como el departamento con mayor deuda por habitante.
Así, en el 2011, si se repartieran los ingresos y las deudas entre los ciudadanos, a cada uno, según las cuentas de Planeación Nacional, le hubieran correspondido 2,1 millones de pesos por cuenta de las regalías del petróleo, mientras que por deuda financiera, cada uno tendría que pagar 494.705 pesos, de acuerdo con Fitch.
“Arauca ha sido muy rico, pero los recursos no se han manejado como debe ser.
Recibí el departamento con una deuda de 130.000 millones de pesos, la salud está intervenida por la Superintendencia; la ESE que presta los servicios a cinco municipios de los siete que hay está intervenida también.
Estamos en medio de un plan de mejoramiento que nos puso el Ministerio de Hacienda; hay un déficit de más de 30.000 viviendas y el país nos está exigiendo el desarrollo regional. Eso nos condujo a acudir al Gobierno Nacional”, señala el gobernador Facundo Castillo.
El mandatario le propuso al Gobierno “disponer de los recursos que tenemos ahorrados en el Faep, que son 700.000 millones de pesos, y que el Gobierno ponga en una relación dos a uno (es decir, ellos pondrían $ 1,4 billones)”.
La deuda directa no incluye los grandes compromisos presupuestales que han hecho las regiones para cubrir inversiones a través de las llamadas vigencias futuras, que en el 2011 sumaban 18,1 billones de pesos, según la Auditoría General.
Tampoco contempla el abultado monto por pasivo pensional que tienen los entes territoriales.
Desde esa perspectiva, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dice encontrarse maniatado.
“No tengo capacidad de endeudamiento ni para este ni para el próximo año.
No solo encontré un departamento sobreendeudado, sino con vigencia futuras comprometidas hasta el 2029. Estamos tratando de mejorar las rentas propias”.
Martha Morales Manchego
Redacción de Economía y Negocios
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