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LINTERNA ROJA
Comentario del Director: TODOS EN COLOMBIA SOMOS DISCIPLINABLES, desde el mas Humilde de los ciudadanos hasta el mas encopetado de los Magistrados de las Altas Cortes, se presume que los Honorables Magistrados deben estar mas versados y manejar el concepto jurídico, mejor, que los Honorabales Jueces de la República y su alta investidura de Magistrados, les obliga a estar permanentemente actualizados en los cambios juridicos que de el país ,a través de sus Reformas Constitucionales.
Desconocer Adjudicaciones Agrarias, otorgadas al Ministerio de la Defensa, en el año 88 con los requisitos de Ley, y teniendo en cuenta que los territorios forman parte de los sitios estrategicos utilizados por las Autoridades Legalmente constituidas en Colombia para Avisorar, prevenir, Frenar el Transito de la Insurgencia por la Cordillera, o simplemente tener centinelas que avisen en forma rápida y expedita el TRANSITO CORDILLERAL DE LA INSURGENCIA y prevenir a tiempo Ataques perversos contra la Población Civil, le deben de indicar a los Honorables Magistrados que no DEBEN TOMAR DECISIONES DE FONDO A LA LIGERA y muchos anteponiendo una Legislaciòn Indígena que es muy clara en su contenido y de la cual no se pueden Deribar derechos que puedan LESIONAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, como seria el Evitar del gobierno este accionar, con un Simple Comunicado de Prensa expedido por LA CORTE CONSTITUCIONAL, y no con el Estudio Juicioso que diera lugar a Motivar una Providencia que dejara satisfecho al Gobierno Nacional, Al Ministerio Público y a todos los Ciudadanos en General.
Comentario del Director: TODOS EN COLOMBIA SOMOS DISCIPLINABLES, desde el mas Humilde de los ciudadanos hasta el mas encopetado de los Magistrados de las Altas Cortes, se presume que los Honorables Magistrados deben estar mas versados y manejar el concepto jurídico, mejor, que los Honorabales Jueces de la República y su alta investidura de Magistrados, les obliga a estar permanentemente actualizados en los cambios juridicos que de el país ,a través de sus Reformas Constitucionales.
Desconocer Adjudicaciones Agrarias, otorgadas al Ministerio de la Defensa, en el año 88 con los requisitos de Ley, y teniendo en cuenta que los territorios forman parte de los sitios estrategicos utilizados por las Autoridades Legalmente constituidas en Colombia para Avisorar, prevenir, Frenar el Transito de la Insurgencia por la Cordillera, o simplemente tener centinelas que avisen en forma rápida y expedita el TRANSITO CORDILLERAL DE LA INSURGENCIA y prevenir a tiempo Ataques perversos contra la Población Civil, le deben de indicar a los Honorables Magistrados que no DEBEN TOMAR DECISIONES DE FONDO A LA LIGERA y muchos anteponiendo una Legislaciòn Indígena que es muy clara en su contenido y de la cual no se pueden Deribar derechos que puedan LESIONAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, como seria el Evitar del gobierno este accionar, con un Simple Comunicado de Prensa expedido por LA CORTE CONSTITUCIONAL, y no con el Estudio Juicioso que diera lugar a Motivar una Providencia que dejara satisfecho al Gobierno Nacional, Al Ministerio Público y a todos los Ciudadanos en General.
Siempre recuerdo un principio general de Derecho: " EL BIEN COMUN ESTA POR ENCIMA DEL BIEN PRIVADA" en este caso, la Seguridad de todo Colombia, estara por encima de las reclamaciones "Dudosas" de una pequeña comunidad indigena, que esta siendo desconocida por otro grueso de su misma comunidad, que se pronuncio publicamente por los malos manejos y vulneraciòn de los Derechos,de otros indigenas del mismo territorio,respecto de su propia etnia, lo cual fue visto por todos los Colombianos por la televisiòn Colombiana. y de acuerdo a lo visto por TV estos terrenos estan sembrados con plantas de Marihuana y Coca, entonces legalizar, estos productos para bien indigena, no seria equitativo, hagamos, que se LEGALICE LA COCA Y LA MARHUNA EN TODO EL PAIS, y todos contentos...
Judicial |3 Ago 2012 - 5:48 pm
Polémica por sentencia de las bases militares
Procurador le solicitó a la Corte aclarar fallo sobre devolución de tierras a indígenas
Por: Elespectador.com
El jefe del Ministerio Público manifestó que es menester esclarecer las dudas sobre la sentencia de las bases militares en Guaviare.
Foto: David Campuzano
El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.El jefe del Ministerio Público hizo un fuerte llamado de atención al considerar que se presentaron serias dudas en torno al auto 173 de 2012, por lo que manifestó además que dichas aclaraciones no se pueden hacer mediante un comunicado de prensa como en efecto hizo el alto tribunal, sino mediante una providencia motivada por los diferentes cuestionamientos que se han hecho sobre este fallo.
"El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado le solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos Autos de Cumplimiento, que aclare mediante Auto motivado y no mediante comunicado de prensa" precisó mediante un comunicado.
En este sentido señaló que existen serias dudas en varias entidades estatales así como en la opinión pública por dicho fallo más aún después de conocerse el comunicado de prensa en la cual se presentaron algunas contradicciones que generaron dudas sobre las decisiones de fondo de dicha sentencia.
Según el Procurador es necesario que se explique el punto en el cual se "ordena al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del resguardo Jiw de Barrancón – Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis meses".
Señalando que en el comunicado emitido en la noche del pasado jueves se indica que la orden no se refiere al retiro de dos bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de seis hectáreas de territorio colectivo ocupadas actualmente en la forma descrita, en el departamento del Guaviare.
"Al Ministerio de Defensa le fueron adjudicadas 250 hectáreas en la zona, mediante Resolución No. 571 del 31 de mayo de 1988, expedida por el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, que puede ocupar, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas. Tal decisión nada tiene que ver con otros territorios del país”, se precisa en el comunicado presentado por la Corte Constitucional.
Por último, el Jefe del Ministerio Público informó a la Corte Constitucional que ordenará la conformación de “una comisión técnica que verifique en el área la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados".
Elespectador.com
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