MADRID (Reuters) - Los bancos y cajas españoles han comunicado al Gobierno su voluntad de paralizar los desahucios en casos de especial vulnerabilidad, un anuncio que coincide con la reunión que el Ejecutivo mantendrá el lunes con el principal partido de la oposición para buscar una solución normativa urgente a este problema ante la alarma social que ha generado.
La presión social contra los desahucios - uno de los problemas más graves que ha dejado la crisis en el país - se ha intensificado en los últimos días a raíz de un segundo caso de suicidio y antes de la reunión clave de PP y PSOE, que intentarán de alcanzar esta tarde un acuerdo político que cambie la ley hipotecaria y paralice los desalojos que han dejado sin hogar a cientos de miles de familias.
"La AEB trasladó al secretario de Estado de Economía (...) el compromiso de las entidades miembros de la AEB (Asociación Española de Banca), por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad", dijo la Asociación Española de Bancos.
Según este organismo, la comunicación a Economía se hizo el pasado 8 de noviembre, "tras un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica".
Poco después, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) anunció que suspendía "la ejecución de desahucios a colectivos especialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades".
"Esta iniciativa se suma a los esfuerzos que, de manera independiente y desde el comienzo de la crisis, han desplegado las entidades para evitar los desahucios", dijo la nota.
Además de quedarse sin casa, la actual ley hipotecaria en España no contempla de forma general que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, con lo que los desahuciados están obligados además a continuar pagando su crédito.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, señaló el lunes en una rueda de prensa que PP y PSOE buscarían un acuerdo para "paralizar la elevada cantidad de desahucios en personas y en familias que se encuentran en situación de una gran vulnerabilidad social" que pudiera aplicarse en todas las entidades financieras.
Fuentes del PP citadas por RNE señalaron el lunes que el Ejecutivo podría aprobar el cambio normativo, que sustituiría a una ley que data del siglo pasado, en la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes.
AFECTADOS, JUECES Y POLICÍA
A las voces de asociaciones de afectados por los desahucios se han sumado en los últimos días las de jueces y la de un sindicato de policías que ha decidido apoyar a los agentes que por motivos de conciencia se nieguen a acudir a un desahucio.
Un centenar de personas integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se congregaron el lunes ante la sede del Partido Popular en Madrid en contra de las ejecuciones hipotecarias, que han ascendido a casi 400.000 desde 2008, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
De esas casi 400.000 ejecuciones, casi 170.000 han terminado en desahucios, de acuerdo con el CGPJ.
"Llevo cuatro años en el paro, y nos van a echar de la calle el día 20 de este mes. Tengo una hija y somos cinco en casa, todos estamos en paro. ¿Como voy a mantener mi familia con 426 euros?", dijo a Reuters Ángel Moran, pintor de 59 años.
"Es difícil ser optimista de nada ahora mismo, los políticos no cambian nada", añadió, rodeado de pancartas en las que se leía "Derecho a techo".
El viernes Amaia Egaña, una ex edil socialista, se suicidó cuando iban a desahuciarla en su casa de Baracaldo, una tragedia que conmocionó tanto a la opinión pública, como a poderes públicos e incluso a entidades bancarias.
Un informe de la abogada general de la Unión Europea Julianne Kokott elevado al Tribunal de Justicia del bloque dictaminó que la legislación española de desahucios contradice la normativa europea de protección de derechos al consumidor.
Aunque el informe no tiene carácter vinculante, obligará al alto tribunal de la UE a pronunciarse al respecto.
Reuters – Hace 3 horas
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