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Fachada del Consejo Superior de la Judicatura en Paloquemao / Archivo
Trece magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura están en la mira de la Contraloría por su presunta responsabilidad fiscal en la pérdida de $3.421 millones en lo que se ha denominado como el carrusel de las pensiones.
Según la investigación, magistrados titulares nombraban a sus auxiliares cuando estaban ad portas de pensionarse para que súbitamente su pensión se duplicara o hasta triplicara. Una práctica descubierta por el organismo de control que ya empieza a cobrar forma en materia de responsabilidades.
La noticia fue revelada por la W Radio durante este lunes en horas de la mañana y en esencia compromete a los magistrados y exmagistrados Julia Emma Garzón, Marta Patricia Zea, Jorge Iván Bravo, Henry Villarraga, Álvaro Rojas, Jesús Herrera, Temístocles Ortega, Petrona Perafán y Margot Castellanos, entre otros.
Esto significa que estos funcionarios y exfuncionarios deberán responder ante la Contraloría por el presunto detrimento patrimonial endilgado.
En los próximos días estas 13 personas tendrán que justificarle a la Contraloría sus acciones, los ascensos cuestionados, los nombramientos bajo la lupa y las súbitas ganancias en sus salarios cuando estaban a pocos meses de pensionarse.
De ser encontrados culpables, podrían embargarse sus pensiones, aparentemente irregulares, y devolver con sus propios recursos lo que ha desembolsado el Estado.
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