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(Foto: Helmer Parra - EL NUEVO DÍA)
Marzo 18, 2012 - 00:00
Magistrados auxiliares resultaron flojos: Henry Villarraga Oliveros
A propósito de la apertura de investigaciones por el 'carrusel de pensiones' en la Judicatura
A finales del año pasado, durante su visita a Ibagué para el Conversatorio Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria, EL NUEVO DÍA entrevistó al magistrado Henry Villarraga Oliveros. La denuncia sobre el carrusel de magistrados auxiliares en el Consejo Superior de la Judicatura, cuando aún la Contraloría General de la República no había abierto el proceso por las onerosas pensiones en ese alto tribunal, es uno de los temas de los que el jurista tolimense habló durante unos 20 minutos de la charla, en uno de los salones del Hotel Estelar Altamira.
EL NUEVO DÍA: ¿Usted es el campeón del carrusel de magistrados auxiliares en la Judicatura, como dicen los medios que han denunciado esta situación?
HENRY VILLARRAGA OLIVEROS: Eso es un total vilipendio que hacen contra quienes tenemos la posibilidad de hacer nombramientos dentro del marco de la Constitución y la ley. Aquí lo que se quiere es estigmatizar una Sala o una Corporación, porque todos los nombramientos que a nosotros se nos señala, también lo hacen los demás. Lo malo es que lo hacen Henry Villarraga, Pedro Sanabria, Julia Emma Garzón, Ovidio Claros; eso es lo malo, porque es la Institución que han querido acabar, pero no sabemos por qué.
END: ¿Quiénes son todos los demás?
HVO: Por qué no mira si esos mismos nombramientos los han hecho el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el propio Procurador General, el Fiscal General.
END: Pero la denuncia pública es que ustedes en el Consejo Superior de la Judicatura han favorecido amigos designándolos temporalmente en cargos para aumentar jugosamente las pensiones...
HVO: Pemítame aclararle que para ser magistrado auxiliar se tienen los mismos requisitos de un magistrado de Tribunal, se requiere ser abogado y mínimo contar con ocho años de experiencia. La Ley 931, en su artículo 2o, dice que está prohibido que cualquier particular o servidor público, por cuestiones de edad - oígame bien - pueda ser discriminado para no ser nombrado. Y cuál es el problema central, es que yo no pueda nombrar a una persona o juez que lleva hoy más de 10 años al servicio de la rama judicial, pero que tenga un ítem, que sea mujer de 50 años o hombre mayor de 55; parece que fuera un sida o una enfermedad infectocontagiosa desde el punto de vista de la función pública, para quienes llegando a la tercera edad, no puedan ser tomadas en cuenta para un ascenso.
END: ¿O sea que que no hay nada irregular?
HVO: Si eso fuera así, tendríamos que entrar a investigar a todos los magistrados de los tribunales de este país, porque al secretario, escribiente u oficial mayor, siendo abogado, lo nombran de juez. Esto es una cadena, mi querido amigo. Entonces, el que está ganando el sueldo de secretario, por haber sido nombrado juez y pudiera salir pensionado con el sueldo de juez, estaría en las mismas condiciones que yo. Nadie me puede decir que no he tenido en cuenta a los mejores jueces del Tolima, que no tienen la capacidad, idoneidad y experiencia, que es lo que me exige la ley para nombrarlos. Yo los he nombrado porque reúnen los requisitos y no lo voy a dejar de hacer porque me diga usted, los medios masivos de comunicación.
END: Entonces es puro cuento lo del carrusel y que los funcionarios nombrados duraron en los cargos entre 10 días y tres meses con un promedio de sueldo de 17 millones de pesos...
HVO: Cuál carrusel, si es que a mí lo único que me interesa es que cumplan los requisitos. Si la gente que llevo allá no aguanta el trabajo, es porque cada magistrado auxiliar, si usted no lo sabía, tiene que producir, para nosotros poder rendir, 10 providencias semanales. Muchos de ellos dicen: 'prefiero salud que el sueldo, me voy'. Unos duran dos, tres o cuatro meses, otros no han aguantado y otros han terminado en la clínica; yo he tenido gente infartada, que cree que llegar a la Sala Disciplinaria es a 'mamar gallo', a no hacer nada, pero resulta que la más alta corte que produce más providencias judiciales en este país, se llama la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
END: Le insisto, ¿no son un abuso esos nombramientos tan cortos en la Judicatura que causan después onerosas pensiones?
HVO: Le recuerdo que el mismo presidente Santos, en el encuentro de la Jurisdicción Constitucional, hace un poco más de un mes en la Universidad Externado, le decía a la Corte Constitucional, que por favor le suplicaba que unificara la jurisprudencia, que eso le estaba costando una vena rota al país, que las pensiones de la rama judicial estaban costando 12 billones de pesos, y que esas mismas interpretaciones, no la norma, la aplicaban a todo el sector público, que eso le iba a costar más de 51 billones de pesos. Lo que significa, si ustedes lo leen y analizan, no con esa perversidad que lo están haciendo - de buena o mala fe, no lo sé -, lo que dijo el presidente es que el problema es de interpretación.
END: Perdóneme, pero finalmente son ustedes los que realizan esos nombramientos temporales, de personas que después buscan pensiones millonarias...
HVO: En el estudio que yo hago, y es mi defensa, una persona por nombrarla un mes no adquiere esos derechos, porque la norma que daba esos derechos fue derogada y tan solo el artículo 48 de la Constitución, en el parágrafo 3o, habló de un régimen de transición que estaba vigente hasta el 2010. Qué significa, que eso que estaba previsto, quien lo vino a introducir no fue el Consejo Superior de la Judicatura, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Constitucional, ni la Corte Suprema, fue el Ejecutivo y el Legislativo cuando reformó en el 2005 la Constitución y allí introdujo una norma que le dio un régimen de transición a la rama judicial. ¿Se lo creó Henry Villarraga? No.
Además de eso, están haciendo una interpretación que dice ¿por qué la Caja Nacional de Previsión o el Seguro Social no dan las pensiones a estas personas? Precisamente, porque nosotros tenemos la misma concepción, para que les den la pensión se requiere cotizar, y sobre los últimos 10 años que haya cotizado, el promedio de eso.
END: Entonces, ¿Quién es el culpable, quién originó el carrusel de pensiones en la Judicatura?
HVO: Nosotros nombramos jueces y tratamos de mantener y darle permanencia a la gente, pero si la gente no aguanta... Claro, ellos van a tratar y aprovechar a través de una tutela, o a través de un proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de obtener la pensión. Y quiénes están otorgando la pensión, pues el Contencioso Administrativo, mi querido amigo. A José Gregorio Hernández, que no tenía ni siquiera la edad de 50 años, le dieron por vía de jurisprudencia, con dos salvamentos de voto, la pensión con 17 millones de pesos, y fue el Consejo de Estado.
Y el juez constitucional ha sido la Corte Constitucional, quienes han abierto una vena, que era lo que decía el presidente Santos cuando advertía: 'señores, por favor, sean consecuentes, no hagan eso que van a llevar a la quiebra al Estado. Entonces, no es el Consejo Superior de la Judicatura; no estigmaticen de una manera irregular lo que nosotros hacemos, o por haber nombrado a una persona que no aguantó sino tres meses.
END: ¿Como el doctor José Darío Ramírez?
HVO: Lamentablemente ese hombre, tengo que decirle con mucha gallardía, me dijo: 'doctor no aguanto más, esto es mucho trabajo'. Ese es uno de los casos que le cuento.
"Confunda, pero no ofenda"
END: ¿Por qué magistrados de la Judicatura, como José Alfredo Escobar o usted, son tan polémicos?
HVO: Confunda pero no ofenda, le pido ese favor. El doctor José Alfredo Escobar responde por sus propios actos y hace parte de la Sala Administrativa; y yo respondo por los míos. Dígame de qué se me reprocha para ser indigno de pertenecer a la Corporación, porque yo no tengo nada que ocultar de mi pasado, de mi conducta, de mis providencias.
END: Entonces, a qué se debe que en sectores de opinión usted no caiga bien...
HVO: Sabe, mi estimado periodista, ¿qué es lo único malo que tengo? Soy un hombre pobre, un hombre humilde, que no le pedí permiso a la clase política del Tolima para llegar a este cargo. Qué soy un hombre irreverente, claro que sí, ya que no le he hecho genuflexiones a nadie para estar en esta posición. Fui un hombre litigante en este departamento y nadie tiene cómo pararse y decir este abogado me quitó un peso, no me cumplió, o no hizo; me precio de ser uno de los mejores abogados de Tolima, hasta el día que me sacó la guerrilla, porque hago parte de la masa de desplazados de este país.
Yo no tengo pasados delincuenciales, ni disciplinarios, ni creo que tenga algún reparo; de pronto por mis actividades políticas pude haberme granjeado algunos malquerientes; tal vez a algunas personas pude haber ofendido con mi lengua en esas contiendas, pero de ahí a que cualquier ciudadano me señale por alguna conducta irregular, siquiera que mancille la moral, pues no lo voy a permitir que se me cuestione, porque lo único que yo tengo es la dignidad y el buen nombre que he construido a lo largo de esta vida que tengo.
END: ¿De qué se arrepiente?
HVO: No me arrepiento de nada, no me arrepiento del origen que tengo, soy hijo del celador del pabellón de carnes del municipio de Purificación y con orgullo lo digo. ¿De eso debo arrepentirme o darme pena? ¿Es eso lo que me quieren cobrar?, ¿que me hice a pulso?, ¿que vengo de una universidad proletaria?
Las investigaciones por el 'carrusel'
La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones.
Los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.
La contralora general de la República, Sandra Morelli, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, que "en términos jurídicos no podemos equiparar la función nominadora (de nombrar magistrados auxiliares), con el abuso del derecho para móviles distintos a los de ejercer la función pública”.
“La Contraloría no actúa ni por móviles políticos ni actúa sin base en pruebas”, ha señalado al defender la apertura del proceso.
Morelli decidió ordenar el embargo de bienes de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura investigados. Una decisión que se produjo casi de forma simultánea con la apertura de investigación preliminar en contra de casi la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Tal investigación se originó en cuatro denuncias, una de ellas anónima y en la que el presidente de la Comisión de Acusaciones (Germán Blanco) aseguró que hay la presunción de que el carrusel de pensiones "no sería exclusivo" del Consejo Superior de la Judicatura, sino que habría pasado en todas las cortes.
Origen del 'carrusel' e intereses en denuncias
El Procurador Alejandro Ordóñez, en declaraciones a El Espectador, tildó como ignorantes a las personas que piensan que una circular expedida por su despacho dio origen al carrusel de pensiones.
"Hay una gran dosis de ignorancia, porque lo único que hace la Procuraduría es cumplir con sus funciones constitucionales y legales, a la Procuraduría le corresponde defender la ley", dijo Ordóñez.
De la misma forma, el Procurador Ordóñez manifestó que nunca se ha originado el carrusel de pensiones por la circular expedida.
"La Procuraduría lo único que hace es recordar y conminar a las autoridades a que cumplan los precedentes; es una obligación legal expresamente se estableció la obligatoriedad de autoridades administrativas de proferir decisiones", manifestó el Procurador.
Según el mismo Ordóñez, intereses económicos se estarían moviendo detrás de los presuntos carruseles de las pensiones que han sido denunciados. Advirtió que no es una coincidencia que cuando en el Congreso se va a debatir una reforma pensional, surjan discusiones que pretenden poner en duda los derechos adquiridos por los ciudadanos.
“Me da la impresión de que hay intereses económicos de que allí lo que se pretende, so pretexto de combatir esos excesos; es crear un ambiente que buscaría el desmonte del régimen de prima media para favorecer a los fondos. Hay toda una discusión en ese sentido”, afirmó el jefe del Ministerio Público.
El Procurador manifestó que “daría la impresión que detrás de esto hay otra cosa; no estoy diciendo que no se investigue, si hay delitos que se investigue, es necesario que existan sanciones si se han conferido derechos pensiónales ilegales, pero si hay agendas subterráneas que digan con toda claridad de qué se trata, que lo han de frente al país, pero que no pretenda deslegitimar algo que tiene suficiente fundamento constitucional y más de varios centenares de decisiones judiciales”.
Por otra parte, la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, había negado rotundamente que haya sido responsable del "carrusel de pensiones" e insinuó que todo esto se derivó de una circular que emitió el procurador Alejandro Ordóñez, en donde conmina al Seguro Social y a Cajanal a pensionar a los magistrados auxiliares de acuerdo con el último salario devengado.
La magistrada agregó que el Congreso de la República es el que debe legislar para poner un “tatequieto” a esta situación que ha generado un presunto detrimento patrimonial al Estado.
EL NUEVO DÍA: ¿Usted es el campeón del carrusel de magistrados auxiliares en la Judicatura, como dicen los medios que han denunciado esta situación?
HENRY VILLARRAGA OLIVEROS: Eso es un total vilipendio que hacen contra quienes tenemos la posibilidad de hacer nombramientos dentro del marco de la Constitución y la ley. Aquí lo que se quiere es estigmatizar una Sala o una Corporación, porque todos los nombramientos que a nosotros se nos señala, también lo hacen los demás. Lo malo es que lo hacen Henry Villarraga, Pedro Sanabria, Julia Emma Garzón, Ovidio Claros; eso es lo malo, porque es la Institución que han querido acabar, pero no sabemos por qué.
END: ¿Quiénes son todos los demás?
HVO: Por qué no mira si esos mismos nombramientos los han hecho el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el propio Procurador General, el Fiscal General.
END: Pero la denuncia pública es que ustedes en el Consejo Superior de la Judicatura han favorecido amigos designándolos temporalmente en cargos para aumentar jugosamente las pensiones...
HVO: Pemítame aclararle que para ser magistrado auxiliar se tienen los mismos requisitos de un magistrado de Tribunal, se requiere ser abogado y mínimo contar con ocho años de experiencia. La Ley 931, en su artículo 2o, dice que está prohibido que cualquier particular o servidor público, por cuestiones de edad - oígame bien - pueda ser discriminado para no ser nombrado. Y cuál es el problema central, es que yo no pueda nombrar a una persona o juez que lleva hoy más de 10 años al servicio de la rama judicial, pero que tenga un ítem, que sea mujer de 50 años o hombre mayor de 55; parece que fuera un sida o una enfermedad infectocontagiosa desde el punto de vista de la función pública, para quienes llegando a la tercera edad, no puedan ser tomadas en cuenta para un ascenso.
END: ¿O sea que que no hay nada irregular?
HVO: Si eso fuera así, tendríamos que entrar a investigar a todos los magistrados de los tribunales de este país, porque al secretario, escribiente u oficial mayor, siendo abogado, lo nombran de juez. Esto es una cadena, mi querido amigo. Entonces, el que está ganando el sueldo de secretario, por haber sido nombrado juez y pudiera salir pensionado con el sueldo de juez, estaría en las mismas condiciones que yo. Nadie me puede decir que no he tenido en cuenta a los mejores jueces del Tolima, que no tienen la capacidad, idoneidad y experiencia, que es lo que me exige la ley para nombrarlos. Yo los he nombrado porque reúnen los requisitos y no lo voy a dejar de hacer porque me diga usted, los medios masivos de comunicación.
END: Entonces es puro cuento lo del carrusel y que los funcionarios nombrados duraron en los cargos entre 10 días y tres meses con un promedio de sueldo de 17 millones de pesos...
HVO: Cuál carrusel, si es que a mí lo único que me interesa es que cumplan los requisitos. Si la gente que llevo allá no aguanta el trabajo, es porque cada magistrado auxiliar, si usted no lo sabía, tiene que producir, para nosotros poder rendir, 10 providencias semanales. Muchos de ellos dicen: 'prefiero salud que el sueldo, me voy'. Unos duran dos, tres o cuatro meses, otros no han aguantado y otros han terminado en la clínica; yo he tenido gente infartada, que cree que llegar a la Sala Disciplinaria es a 'mamar gallo', a no hacer nada, pero resulta que la más alta corte que produce más providencias judiciales en este país, se llama la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
END: Le insisto, ¿no son un abuso esos nombramientos tan cortos en la Judicatura que causan después onerosas pensiones?
HVO: Le recuerdo que el mismo presidente Santos, en el encuentro de la Jurisdicción Constitucional, hace un poco más de un mes en la Universidad Externado, le decía a la Corte Constitucional, que por favor le suplicaba que unificara la jurisprudencia, que eso le estaba costando una vena rota al país, que las pensiones de la rama judicial estaban costando 12 billones de pesos, y que esas mismas interpretaciones, no la norma, la aplicaban a todo el sector público, que eso le iba a costar más de 51 billones de pesos. Lo que significa, si ustedes lo leen y analizan, no con esa perversidad que lo están haciendo - de buena o mala fe, no lo sé -, lo que dijo el presidente es que el problema es de interpretación.
END: Perdóneme, pero finalmente son ustedes los que realizan esos nombramientos temporales, de personas que después buscan pensiones millonarias...
HVO: En el estudio que yo hago, y es mi defensa, una persona por nombrarla un mes no adquiere esos derechos, porque la norma que daba esos derechos fue derogada y tan solo el artículo 48 de la Constitución, en el parágrafo 3o, habló de un régimen de transición que estaba vigente hasta el 2010. Qué significa, que eso que estaba previsto, quien lo vino a introducir no fue el Consejo Superior de la Judicatura, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Constitucional, ni la Corte Suprema, fue el Ejecutivo y el Legislativo cuando reformó en el 2005 la Constitución y allí introdujo una norma que le dio un régimen de transición a la rama judicial. ¿Se lo creó Henry Villarraga? No.
Además de eso, están haciendo una interpretación que dice ¿por qué la Caja Nacional de Previsión o el Seguro Social no dan las pensiones a estas personas? Precisamente, porque nosotros tenemos la misma concepción, para que les den la pensión se requiere cotizar, y sobre los últimos 10 años que haya cotizado, el promedio de eso.
END: Entonces, ¿Quién es el culpable, quién originó el carrusel de pensiones en la Judicatura?
HVO: Nosotros nombramos jueces y tratamos de mantener y darle permanencia a la gente, pero si la gente no aguanta... Claro, ellos van a tratar y aprovechar a través de una tutela, o a través de un proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de obtener la pensión. Y quiénes están otorgando la pensión, pues el Contencioso Administrativo, mi querido amigo. A José Gregorio Hernández, que no tenía ni siquiera la edad de 50 años, le dieron por vía de jurisprudencia, con dos salvamentos de voto, la pensión con 17 millones de pesos, y fue el Consejo de Estado.
Y el juez constitucional ha sido la Corte Constitucional, quienes han abierto una vena, que era lo que decía el presidente Santos cuando advertía: 'señores, por favor, sean consecuentes, no hagan eso que van a llevar a la quiebra al Estado. Entonces, no es el Consejo Superior de la Judicatura; no estigmaticen de una manera irregular lo que nosotros hacemos, o por haber nombrado a una persona que no aguantó sino tres meses.
END: ¿Como el doctor José Darío Ramírez?
HVO: Lamentablemente ese hombre, tengo que decirle con mucha gallardía, me dijo: 'doctor no aguanto más, esto es mucho trabajo'. Ese es uno de los casos que le cuento.
"Confunda, pero no ofenda"
END: ¿Por qué magistrados de la Judicatura, como José Alfredo Escobar o usted, son tan polémicos?
HVO: Confunda pero no ofenda, le pido ese favor. El doctor José Alfredo Escobar responde por sus propios actos y hace parte de la Sala Administrativa; y yo respondo por los míos. Dígame de qué se me reprocha para ser indigno de pertenecer a la Corporación, porque yo no tengo nada que ocultar de mi pasado, de mi conducta, de mis providencias.
END: Entonces, a qué se debe que en sectores de opinión usted no caiga bien...
HVO: Sabe, mi estimado periodista, ¿qué es lo único malo que tengo? Soy un hombre pobre, un hombre humilde, que no le pedí permiso a la clase política del Tolima para llegar a este cargo. Qué soy un hombre irreverente, claro que sí, ya que no le he hecho genuflexiones a nadie para estar en esta posición. Fui un hombre litigante en este departamento y nadie tiene cómo pararse y decir este abogado me quitó un peso, no me cumplió, o no hizo; me precio de ser uno de los mejores abogados de Tolima, hasta el día que me sacó la guerrilla, porque hago parte de la masa de desplazados de este país.
Yo no tengo pasados delincuenciales, ni disciplinarios, ni creo que tenga algún reparo; de pronto por mis actividades políticas pude haberme granjeado algunos malquerientes; tal vez a algunas personas pude haber ofendido con mi lengua en esas contiendas, pero de ahí a que cualquier ciudadano me señale por alguna conducta irregular, siquiera que mancille la moral, pues no lo voy a permitir que se me cuestione, porque lo único que yo tengo es la dignidad y el buen nombre que he construido a lo largo de esta vida que tengo.
END: ¿De qué se arrepiente?
HVO: No me arrepiento de nada, no me arrepiento del origen que tengo, soy hijo del celador del pabellón de carnes del municipio de Purificación y con orgullo lo digo. ¿De eso debo arrepentirme o darme pena? ¿Es eso lo que me quieren cobrar?, ¿que me hice a pulso?, ¿que vengo de una universidad proletaria?
Las investigaciones por el 'carrusel'
La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones.
Los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.
La contralora general de la República, Sandra Morelli, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, que "en términos jurídicos no podemos equiparar la función nominadora (de nombrar magistrados auxiliares), con el abuso del derecho para móviles distintos a los de ejercer la función pública”.
“La Contraloría no actúa ni por móviles políticos ni actúa sin base en pruebas”, ha señalado al defender la apertura del proceso.
Morelli decidió ordenar el embargo de bienes de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura investigados. Una decisión que se produjo casi de forma simultánea con la apertura de investigación preliminar en contra de casi la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Tal investigación se originó en cuatro denuncias, una de ellas anónima y en la que el presidente de la Comisión de Acusaciones (Germán Blanco) aseguró que hay la presunción de que el carrusel de pensiones "no sería exclusivo" del Consejo Superior de la Judicatura, sino que habría pasado en todas las cortes.
Origen del 'carrusel' e intereses en denuncias
El Procurador Alejandro Ordóñez, en declaraciones a El Espectador, tildó como ignorantes a las personas que piensan que una circular expedida por su despacho dio origen al carrusel de pensiones.
"Hay una gran dosis de ignorancia, porque lo único que hace la Procuraduría es cumplir con sus funciones constitucionales y legales, a la Procuraduría le corresponde defender la ley", dijo Ordóñez.
De la misma forma, el Procurador Ordóñez manifestó que nunca se ha originado el carrusel de pensiones por la circular expedida.
"La Procuraduría lo único que hace es recordar y conminar a las autoridades a que cumplan los precedentes; es una obligación legal expresamente se estableció la obligatoriedad de autoridades administrativas de proferir decisiones", manifestó el Procurador.
Según el mismo Ordóñez, intereses económicos se estarían moviendo detrás de los presuntos carruseles de las pensiones que han sido denunciados. Advirtió que no es una coincidencia que cuando en el Congreso se va a debatir una reforma pensional, surjan discusiones que pretenden poner en duda los derechos adquiridos por los ciudadanos.
“Me da la impresión de que hay intereses económicos de que allí lo que se pretende, so pretexto de combatir esos excesos; es crear un ambiente que buscaría el desmonte del régimen de prima media para favorecer a los fondos. Hay toda una discusión en ese sentido”, afirmó el jefe del Ministerio Público.
El Procurador manifestó que “daría la impresión que detrás de esto hay otra cosa; no estoy diciendo que no se investigue, si hay delitos que se investigue, es necesario que existan sanciones si se han conferido derechos pensiónales ilegales, pero si hay agendas subterráneas que digan con toda claridad de qué se trata, que lo han de frente al país, pero que no pretenda deslegitimar algo que tiene suficiente fundamento constitucional y más de varios centenares de decisiones judiciales”.
Por otra parte, la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, había negado rotundamente que haya sido responsable del "carrusel de pensiones" e insinuó que todo esto se derivó de una circular que emitió el procurador Alejandro Ordóñez, en donde conmina al Seguro Social y a Cajanal a pensionar a los magistrados auxiliares de acuerdo con el último salario devengado.
La magistrada agregó que el Congreso de la República es el que debe legislar para poner un “tatequieto” a esta situación que ha generado un presunto detrimento patrimonial al Estado.
Publicada por
EDWIN BALLESTEROS
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