CORTE CONSTITUCIONAL OFICINA DE COMUNICACIONES OLA DE DENUNCIAS CONTRA CONGRESISTAS QUE FIRMARON REFORMA JUDICIAL...

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Comentario del Director:

Los periodistas, tienen la obligaciòn de informar en forma: Objetiva, Veraz y oportuna, todos los asuntos que tengan que ver con el devenir del Estado Colombiano y con el Desarrollo armonico de sus Instituciones.

Hasta el presente los comentarios e informaciones de prensa no se han desvirtuado con Evidencias lògicas, se han limitado a inculpaciones mutuas y tratar de hacer ver ante la opiniòn pùblica que son Montajes o Persecuciones politicas.

Lo cierto del caso es que la visiòn que tenemos todos los Colombianos, es que: " El Congreso de la Repùblica, las Asambleas Departamentales, y los Concejos Municipales deben operar es para regular las actuaciones entre el Gobierno y los Ciudadanos, entre los Ciudadanos, buscando que los Ciudadanos de colombia se desarrollen integralmente, logrando salir de la Pobreza Absoluta y tener por fin una Vida Digna. y no para que se Legisle o Administre buscando favorecer los intereses de Congresistas, Diputados y Concejales."

República de Colombia Corte Constitucional Presidencia Oficina de Comunicaciones Boletín de noticias 26 de junio de 2012 EL TIEMPO OLA DE DENUNCIAS CONTRA CONGRESISTAS QUE FIRMARON REFORMA JUDICIAL Gobierno radicó objeciones mientras que partidos se unen para hundir del todo la enmienda. Los 162 congresistas que le dieron el sí a la reforma de la justicia no solo tienen ya abierta una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Penal admitió una demanda contra ellos, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas (RedVer), sino que desde otros sectores están exigiendo que asuman la responsabilidad política que les toca. Precisamente, el Polo Democrático quiere preguntarle al país si deben ser inhabilitados. "No se puede hundir la reforma para lavarles la cara a los responsables. El Polo apoya el referendo revocatorio. La declaratoria de hundimiento se pasa por la faja a la opinión pública y a la oposición. El Polo va a pedir que se inhabilite políticamente a los autores de ese atentado, desde las urnas", dijo la presidenta del partido, Clara López. En la Corte hay en este momento al menos 100 procesos contra representantes a la Cámara y senadores por casos de corrupción o vínculos con grupos armados ilegales. La denuncia de la Red de Veedurías incluye a los ministros del Interior, Federico Renjifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y a los secretarios de la Cámara y del Senado. Según el director de la Red, Pablo Bustos, en la reforma judicial los congresistas "tuvieron la posibilidad de hacer lo que le queda imposible a cualquier preso del país para cambiar sus procesos". Por otro lado, la Corte Suprema estudia si admite otra demanda contra los 12 miembros de la comisión de conciliación de la reforma judicial. Esta denuncia, por concierto para delinquir y falsedad en documento, fue instaurada por el abogado José Castro Fresneda. La Procuraduría también hizo saber que a esa dependencia llegaron quejas disciplinarias contra los congresistas que apoyaron la reforma, y que esas solicitudes serán evaluadas para determinar si hay lugar a investigaciones. Extras en Congreso serán para hundir reforma Tras reunirse, por separado, con los partidos de la Unidad Nacional, el presidente Juan Manuel Santos pidió este lunes hundir la reforma judicial, porque algunas de sus partes "tienen la capacidad de desestabilizar el andamiaje de la administración de justicia". Dos soldados del Batallón Guardia Presidencial, que hicieron las veces de mensajeros, llevaron el documento de 68 páginas a la Secretaría del Senado, donde quedó radicado de manera formal para que sirva como base de la discusión que se le dará en las sesiones extras, que tendrán lugar este miércoles y jueves. Antes de enviar el documento al Capitolio, el Gobierno convocó a los jefes de los partidos de la coalición a Palacio y les explicó, uno a uno, la necesidad de hundir la totalidad del proyecto. Todos estuvieron de acuerdo en sepultar el 'monstruo' en el que terminó convertida la reforma. Aunque el Gobierno aseguró en el texto de objeciones que no tiene reparo alguno sobre puntos como la descongestión judicial, afirmó que se detectaron "graves deficiencias de procedimiento y contenido" que "han tendido un manto de ilegitimidad sobre todo el articulado". Para la Casa de Nariño es claro que "el procedimiento de aprobación de los textos de la reforma se hizo de espaldas a la voluntad de las cámaras, en flagrante exceso de las facultades de conciliación y, por qué no, en un ejercicio abusivo de competencias que podría calificarse como desviación de poder". Las objeciones sustentan los reclamos que hizo Santos el pasado jueves, cuando anunció que devolvería la reforma al Congreso por cuatro puntos: se le quita a la Fiscalía la facultad para investigar a algunos aforados; extiende la doble instancia hasta los procesos electorales; altera el régimen de pérdida de investidura, borrando la muerte política, y suprime la transición para eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El presidente del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, compartió el paso que dio Santos este lunes y afirmó que "en un acto de justicia le hicieron la eutanasia a la reforma". Esta postura fue respaldada por el presidente de la Cámara y jefe del liberalismo, Simón Gaviria, quien desde el viernes pidió hundir la reforma en una carta al Jefe de Estado. Aseguró que "la citación a extras del Congreso" es para cumplir con esto. Los senadores liberales expidieron este lunes un comunicado en apoyo del archivo de la iniciativa, pero no lo firmaron los liberales Jesús Ignacio García y Luis Fernando Duque, dos de los conciliadores. El codirector de Cambio Radical, el representante Germán Varón, dijo que la revocatoria de la reforma se debe hacer integralmente. Y no es para meno que el Gobierno quiera contar con el respaldo del Congreso. Finalizando el texto de las objeciones reconoció que "la sospecha de ilegitimidad que pende sobre el proyecto ha provocado, incluso, el levantamiento de propuestas populares que buscan alternativas jurídicas para revertir esta iniciativa". Según voces del Capitolio, también busca frenar el referendo antirreforma. Mientras tanto, el uribismo insiste en una constituyente, pues considera insuficiente que Santos haya objetado la reforma. El senador Juan Carlos Vélez, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció que el 20 de julio llevará al Congreso un proyecto de ley para impulsarla. El miércoles comenzarán las reuniones con este fin Dos, en sonajero para Minjusticia El Gobierno seguía anoche sin definir el nombre del sucesor de Juan Carlos Esguerra en el Ministerio de Justicia. Seguía sonando el exministro Fernando Carrillo, actual director de la Defensa Jurídica de la Nación y uno de los cerebros de la fórmula jurídica para meter al congelador la reforma judicial. También se mencionaba a Mónica de Greiff, quien estuvo en la terna para Fiscal. Una 'cirugía' postergada por casi 10 años 1. En el 2003 En este año, el gobierno Uribe, con el ministro Fernando Londoño, empieza a mover la idea de la reforma judicial. Finalmente no despega en el Congreso. 2. Del 2005 al 2008 Los ministros Sabas Pretelt, Carlos Holguín y Fabio Valencia también mueven la reforma. En pleno escándalo de la 'parapolítica', no hay ambiente para ella. 3. En el 2009 En diciembre del 2009, siendo Fabio Valencia ministro del Interior y de Justicia, el gobierno Uribe conformó una comisión de expertos para proponer los cambios en la justicia. 4. En el 2010 El gobierno de Santos retoma el informe de los expertos y plantea la reforma judicial con 3 ejes: descongestión, fin de la Judicatura y solución al choque de trenes por tutela. 5. En el 2011 En julio, el Gobierno presenta el proyecto. La legislatura termina con un proyecto que no toca la tutela, que mantiene la Sala Disciplinaria y del que se retiran las cortes. 6. En el 2012 El proyecto, con mucha polémica, llega a su octavo debate. En la conciliación, los congresistas reviven gabelas a su favor que desatan el escándalo y la tienen en el aire. 'AL OBJETAR LA REFORMA ACTUAMOS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN': SANTOS Defendió su decisión y dijo que apartes del texto que aprobó el Congreso lo dejaron "horrorizado". En la tarde de este lunes, el Gobierno radicó en el Congreso un texto de 70 hojas con las objeciones a la reforma de la justicia. Horas después, el presidente Juan Manuel Santos se declaró "horrorizado" con los 'micos' que el Congreso de la República aprobó la semana pasada, en el marco de la reforma. Durante un acto realizado en la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá, al que fue invitado con motivo de la presentación del libro América Latina: una agenda de libertad 2012, Santos relató que estaba en Brasil cuando se enteró de las irregularidades aprobadas. Dijo que mientras se dirigía de Brasil a Bogotá pidió a sus asesores, por teléfono, desde el avión, que se buscaran todas las herramientas legales y constitucionales posibles para impedir que el acto legislativo se promulgara y entrara en vigencia. También habló de la cantidad de consultas que ha hecho con expertos durante los últimos días y al final se declaró tranquilo y confiado, porque aseguró que la manera como el Gobierno ha procedido en este caso se soporta en el derecho. "Y lo hice a conciencia de que mucha gente iba a decir que este acto puede tener cuestionamientos legales; lo hice a conciencia porque sé que las bases jurídicas que utilizamos son sólidas y porque el derecho no puede ir en contra de la lógica", aseguró. De igual forma, defendió la decisión de citar el Legislativo a sesiones extras para que se debatan sus objeciones frente a la reforma. "Encontramos una base jurídica solida diciendo esto es legal", explicó. Al encuentro asistió el expresidente del gobierno español José María Aznar, también presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), quien resaltó la "senda exitosa de los países latinoamericanos en este momento". Qué dice el texto de las objeciones ELTIEMPO.COM conoció el documento, en el cual advierte que hay una "duda de ilegitimidad" sobre el trámite de la iniciativa, "por lo que resulta inconveniente que la reforma sea enmendada por el Congreso". Uno de los apartados del texto de objeciones, radicado por dos soldados del Batallón Guardia Presidencial ante la Secretaría del Senado, indica que "la duda ilegitimidad que se tiende sobre el proyecto afecta no solo las normas objetas, sino todo el proyecto, por lo que, con esas condiciones, resulta inconveniente que la reforma sea enmendada por el Congreso". Esto concuerda con lo revelado por EL TIEMPO, en el sentido de que el Gobierno y los partidos de la Mesa de Unidad Nacional llegaron al acuerdo de hundir en su totalidad el proyecto en la sesiones extras que se convocaron para este miércoles y jueves. ( "Se observan serias deficiencias jurídicas y de conveniencia que atentan gravemente contra el orden constitucional y la seguridad jurídica de los colombianos", precisa el texto de objeciones.  El editorial de EL TIEMPO del pasado domingo está en esta misma línea, ya que sugirió hundir toda la reforma de la justicia. IGLESIA PIDE AL CONGRESO 'NO LAVARSE LAS MANOS' CON REFORMA JUDICIAL Hizo un llamado a los parlamentarios que la aprobaron a dar la cara a asumir responsabilidades. La Conferencia Episcopal, a través de la Oficina para las Relaciones con el Estado, rechazó la forma en la que fue aprobada la reforma de la justicia y conminó a los congresistas que la promovieron a "dar la cara y a asumir una responsabilidad política". "En varias ocasiones, el Episcopado recordó que el fin principal de la Reforma debía ser el establecimiento de una justicia pronta y eficaz, capaz de tutelar los derechos e intereses de todos los ciudadanos, especialmente de los más pobres y desfavorecidos", dijo el padre Pedro Mercado, encargado de la Oficina para las Relaciones del Clero con el Estado. La Iglesia asegura que en el texto aprobado por el Congreso se incorporaron temáticas ajenas al auténtico bienestar e interés general del pueblo colombiano. "(La Reforma) contiene medidas que debilitan seriamente los controles penales, disciplinarios y de pérdida de investidura de los congresistas. No fue fruto del consenso que debía existir, sobre diversas materias, entre los poderes públicos. Contiene disposiciones que afectan el principio de separación de poderes, así como la autonomía e independencia de la Rama Judicial, particularmente en aquello que se refiere al autogobierno administrativo, técnico, de planeación y presupuestal", afirma el Episcopado. El padre Mercado comentó que "las medidas tendientes a hacer más pronta y eficaz la justicia colombiana, finalidad primordial de la Reforma, no parecen haber recibido la atención suficiente por parte del poder legislativo". La Iglesia rechazó también el comportamiento de los congresistas que conciliaron la Reforma y les pidió que asuman su responsabilidad política. "Todos quieren lavarse las manos y echarse las culpas; deben poner la cara y admitir sus errores", señaló Mercado al afirmar que el Episcopado espera que dicha iniciativa no entre en vigencia. Al contrario, pide que sea replanteada en un consenso que involucre a los diferentes actores de la sociedad. "La gravedad de cuanto ha sucedido debe impulsar a nuestros líderes a actuar con más rigor político y respeto de la Constitución. Igualmente, debe servir a la ciudadanía para tomar conciencia de la urgente necesidad de asumir un papel más participativo y protagónico en las decisiones del Estado", concluye el pronunciamiento del clero colombiano. LISTO ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y CONGRESO PARA HUNDIR REFORMA JUDICIAL Ya se radicaron las objeciones. El objetivo es que en las sesiones extras se evalúen. El Gobierno ya radicó ante el Congreso las objeciones a la refroma de la justicia para que sean evaluadas por el Congreso. Entre tanto, los partidos de la Mesa de Unidad Nacional acordaron este lunes con el Gobierno hundir definitivamente la reforma de la justicia en las sesiones extras que se convocaron para este miércoles y jueves. La información fue confirmada a ELTIEMPO.COM por los voceros de las colectividades, quienes coincidieron en que "hundir toda la reforma" es una "necesidad" para el país. El codirector de Cambio Radical, el representante Germán Varón Cotrino, confirmó que "es una necesidad para el país entender que la revocatoria de la reforma se debe hacer de la manera más pronta y en su totalidad". En el acuerdo están Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Verde y parte de 'la U', pues de esta última colectividad falta un pronunciamiento oficial apoyando la medida. El jefe liberal, Simón Gaviria, quien desde el viernes pidió hundir la reforma en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, aseguró que "la citación a extras del Congreso" es para adoptar esa determinación. Efraín Cepeda, jefe del conservatismo, explicó que la intención es llegar con una sola postura el miércoles a las extras, por eso se está "analizando la situación". CONTRALORÍA PEDIRÁ SUSPENSIÓN DE GERENTE DE LA JUDICATURA Sería responsable de inconsistencias en el manejo presupuestal para modernización del sector. El exfiscal Diógenes Villa, quien según un parágrafo transitorio de la reforma de la justicia quedaría a cargo del manejo administrativo de todo el aparato judicial, ante la desaparición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sería apartado de su cargo de director administrativo de la rama por solicitud de la Contraloría. Según la Contraloría, una revisión de los resultados de los planes de descongestión y modernización desde el 2008 muestra que estos no solo no son satisfactorios, sino que reflejan desgreño y falta de transparencia: en los últimos 9 meses Villa ha invertido en descongestión 486.000 millones de pesos, sin que el volumen de procesos represados esté disminuyendo en porcentajes significativos. Las presuntas inconsistencias en el manejo presupuestal para modernización del sector ascienden a 13.000 millones de pesos. La contralora Sandra Morelli pidió a la Judicatura suspender a Villa, al auditor de la rama judicial, Julián Mahecha, y al director administrativo de contabilidad, Benjamín Enrique Polo García". El Consejo Superior de la Judicatura también ha estado en la mira de la Contraloría por cuenta del escándalo del carrusel de pensiones. CORTE ADMITE DENUNCIA A CONGRESISTAS QUE VOTARON REFORMA DE JUSTICIA Inició una investigación preliminar contra los congresistas que la aprobaron. La denuncia admitida fue presentada el viernes pasado por el abogado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas (Redver). El caso le correspondió al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Luis Guillermo Salazar Otero, quien dio inicio a una investigación preeliminar contra los 162 senadores y representantes a la Cámara, los ministros de El Interior, Federico Renjifo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra; y los secretarios de la Cámara de Representantes y del Senado. Las irregularidades, según Bustos, tienen que ver con el desconocimiento "criminal" del Reglamento del Congreso y de la Constitución en el trámite de la reforma. "Ahí lo que podemos observar es que hubo un deseo de vulnerar la Carta Política para beneficios de unos pocos. En sus manos tuvieron la posibilidad de hacer lo que le queda imposible a cualquier preso del país para cambiar sus procesos", señaló Bustos. CONSEJO DE ESTADO PIDE EL INMEDIATO ARCHIVO DE REFORMA DE LA JUSTICIA Solicita que, para este fin, no se utilicen mecanismos no previstos en la Constitución. El Consejo de Estado y magistrados de tribunales le solicitaron este lunes al presidente Juan Manuel Santos, al Senado y a la Cámara de Representantes el inmediato archivo de la reforma de la justicia. "Se ordene el inmediato archivo de la Reforma Constitucional a la Justicia, que atenta contra los principios y valores de la Constitución, al igual que a los controles jurídicos de la conducta de los congresistas, que son un activo básico de la democracia y le pertenecen al pueblo colombiano", señala una carta abierta firmada por el Consejo de Estado, el Tribunal Superior de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Asonal y el Observatorio de la Justicia. Los magistrados insisten en que se debe respetar la integridad, la autonomía e independencia de la Rama Judicial y llama la atención para que, al momento de archivarla, no se utilicen mecanismos que atenten contra la Carta Magna. "Comedidamente sugerimos evitar las vías de hecho constitucionales  que conducen a procedimientos no previstos en la Carta y que en cambio de aclarar, enrarecen la intangibilidad y respeto que todas las autoridades públicas debemos a nuestra Constitución" Así mismo, en la comunicación reiteran el rechazo a la reforma. "La Rama Judicial en su conjunto reafirma ante la opinión pública su rechazo a cualquier procedimiento que pretextando la congestión judicial, sea empleado para vulnerar la dignidad del juez colombiano". SEPULTURA CONSTITUCIONAL Editorial Lo mejor es barajar y comenzar de nuevo, luego de que Gobierno y Congreso afinen las herramientas legales para sepultar el acto legislativo. El país vive un momento excepcional. La cuota inicial de esta situación anómala corrió por cuenta de los congresistas encargados de la conciliación de la reforma de la justicia. Su desprecio por la Carta Política hizo que el Gobierno transitara por caminos inéditos al objetar el acto legislativo y convocar a sesiones extras al Congreso para dejarlo sin validez, previo acuerdo con los partidos de la Unidad Nacional. Una emergencia que no tuvo por qué haber ocurrido. Aquí hay que hacer memoria y recordar que el propósito inicial de la reforma era garantizar una administración efectiva de justicia para el ciudadano. Propósito en las antípodas de lo finalmente aprobado, luego de que se juntara la dudosa astucia de unos parlamentarios con la errática ambigüedad del Gobierno. Recordemos las palabras del ministro Esguerra en este diario cuando el proyecto de acto legislativo hacía su tránsito en el Congreso. Explicaba que, detrás de esta iniciativa, estaba el objetivo de lograr un funcionamiento de la justicia "más amable, fácil y expedito; garantizar los recursos humanos, técnicos y económicos adicionales para el cumplimiento de sus tareas, y superar la congestión". No obstante los 'micos' que dieron al traste con ella, algunos artículos fieles al fin original de la reforma sobrevivieron; de ahí que, en un comienzo, desde este espacio se haya sugerido rescatar lo poco bueno que se mantuvo tras los ocho debates y la polémica conciliación. Hoy, la situación obliga a revisar tal alternativa. Al abandonar el acto legislativo su cauce constitucional, lo mejor es darle la estocada, hundirlo todo, como lo plantea el documento con las objeciones radicado ayer por el Gobierno. La razón es que si aquel sobrevive boqueando, con parte de su articulado vigente, quedará servido para la libre interpretación de jueces y magistrados en eventuales fallos, que podrían traer consecuencias impredecibles, cuando no nefastas. Por inconstitucional e inconveniente, no es esta una norma que pueda quedar a disposición de la hermenéutica jurídica. De ahí que, ante dicho panorama, lo mejor es barajar y comenzar de nuevo, luego de que Gobierno y Congreso afinen las herramientas legales para que al acto legislativo se le pueda dar una sepultura dentro de la Constitución. Entre tanto, quien sustituya a Esguerra tendrá la urgente tarea de formular una nueva reforma, que asuma las buenas intenciones de la original y evite que tome otra ruta durante su tránsito por el Legislativo. Igual de prioritario es que ponga a funcionar las herramientas con las que ya cuenta el Estado para hacer más eficiente y eficaz el sistema penal acusatorio. Deberá concentrarse en la implementación de la recién expedida ley de seguridad ciudadana y en lograr la reglamentación, sobre todo en casos de delitos menores, del acto legislativo que desmonopolizó la acción penal, paso importante para la descongestión de los despachos. Según cifras del programa 'Cómo vamos', en cuatro de las principales ciudades del país, más del 50 por ciento de sus habitantes considera baja la probabilidad de que un delito sea sancionado. De ahí que lograr que la gente confíe más en el sistema penal -elemento clave en la disuasión del delito- no da espera. En este empeño deberá también fortalecer las entidades con funciones de policía judicial y disminuir los obstáculos que desincentivan la denuncia. Y es que, en medio de la polvareda, surge, de nuevo, como principal perjudicada la ciudadanía, que una vez más ve aplazada la promesa de un sistema judicial eficiente. Derecho fundamental que la codicia de unos congresistas no puede arrebatar. EN EL 'LIMBO' CONSTITUCIONAL Por: Pedro Medellín Torres No hay otro camino. Invocar la Razón de Estado para evitar el caos judicial y dejar la reforma en el limbo constitucional, mientras se encuentra una mejor alternativa. Así Benedicto XVI haya dicho que el limbo no existe. Finalmente, el presidente Santos decidió bloquear la reforma de la justicia. La excesiva voracidad y la impudicia de una mayoría de congresistas para imponer cambios que califica como "inaceptables para el país y para el Gobierno" lo pusieron contra la pared. Y, pese a que no tiene los medios jurídicos para "objetar" una enmienda constitucional como la que se acaba de aprobar, hizo valer su peso institucional como Jefe de Estado para intentar su bloqueo. O, por lo menos, para enviar un fuerte mensaje institucional sobre la inconveniencia de ella. Sin embargo, Santos sabe que el peso institucional no es suficiente. Porque, para ser rigurosos, el cambio normativo surtió los trámites establecidos en la Constitución Política, incluso con el conocimiento y la aprobación del Gobierno. Solo faltaba su promulgación en el Diario Oficial para que el nuevo ordenamiento entre a regir. Y si a algún legislador o a un ciudadano interesado le da por interponer una acción de cumplimiento que obligue al Gobierno a la publicación de la reforma, a los jueces no les quedaría otra alternativa que darle curso a la solicitud. Así, si por cualquier razón la reforma se publicara, se producirán dos hechos que consolidarían todavía más el engendro jurídico. Por una parte, se instaura la figura de derechos adquiridos: los congresistas gozarán de privilegios disciplinarios y penales, mientras los magistrados verán ampliar sus periodos y la edad de retiro forzoso. Y, por otra, en aplicación del principio de favorabilidad constitucional, las excarcelaciones que se concedan o las prescripciones judiciales que se produzcan no podrán ser modificadas. Otra cosa es que en el examen de constitucionalidad se compruebe un vicio de trámite o la interferencia de un interés particular que haya alterado el curso del proyecto y lo tumbe. Pero, para tumbar la reforma aprobada, no hay otro camino. La fórmula que hasta ahora se ha planteado el Gobierno (citar a sesiones extraordinarias al Congreso para que estudie las "objeciones" del Presidente al texto aprobado) no es posible porque viola el ordenamiento jurídico. El artículo 375 de la Constitución, que regula las enmiendas constitucionales, establece muy claramente que cualquier reforma debe ser discutida y aprobada en dos periodos consecutivos de sesiones ordinarias y esa exigencia ya se cumplió. No cabe ningún trámite en sesiones extras. Cualquier discusión o votación adicional que mantenga o modifique el texto carece de validez jurídica. Y cualquier legislador que actúe en una u otra dirección estará prevaricando. El problema es que aquí vamos rumbo a una fractura institucional. El vacío creado por una reforma constitucional aprobada conforme a lo establecido, pero que no puede entrar a regir por inconveniente, abre el camino para que los promotores de una asamblea constituyente encuentren eco y que, en aras de una "verdadera reforma de la justicia", modifiquen todo lo que se les ocurra. Y en un país en el que las mafias, los grupos armados ilegales y las redes de corrupción han demostrado tener una efectiva capacidad de elección, una asamblea constituyente será como un gran huracán. Que se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Con los instrumentos vigentes, a Santos no le queda otro remedio que darle curso a la reforma. A menos que se decida a invocar la Razón de Estado, que desde 1521 ha servido para justificar el uso de "cualquier instrumento excepcional de parte de un sujeto con poder político, que actúe impulsado por la necesidad de conservar el comando personal y garantizar el orden en la sociedad". No hay otro camino. Invocar la Razón de Estado para evitar el caos judicial y dejar la reforma en el limbo constitucional, mientras se encuentra una mejor alternativa. Así Benedicto XVI haya dicho que el limbo no existe. ¿LA REFORMA CONSTITUCIONAL ESTÁ MUERTA? Por: Jorge A. Caicedo El resultado de esta reforma, favorable a las altas cortes y a la élite gobernante del país, se puede convertir en un plebiscito revocatorio del mandato del Congreso porque la opinión pública está en su contra. La objeción del Presidente de la República a la reforma de la justicia presenta un debate al no estar entre sus funciones oponerse a un acto legislativo, pues no hay una norma que lo autorice ni en la Constitución ni en la Ley 5 de 1992, que regula las objeciones en materia de proyectos legislativos. La razón del Presidente para devolverla es que la reforma se extralimita al quitarle a la Fiscalía la labor de investigar a funcionarios aforados, porque al promulgarla inmediatamente se caen mas de 1.500 procesos, entre ellos los más famosos: los del exministro Andrés Felipe Arias, el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno y el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo. De acuerdo con el artículo 16 del acto legislativo, se crea una sala encargada de la investigación de altos funcionarios. Existe una providencia recientemente aprobada por la Sala Penal de la Corte Suprema según la cual, cuando se cambia de juez en la etapa de investigación, se viola el principio de inmediación y, como consecuencia, se genera la nulidad del juzgamiento. Posiblemente, el señor fiscal Eduardo Montealegre y el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra desconocían esta jurisprudencia de la Corte al declarar al respecto por Radio Caracol que todo seguiría igual (¿?). Siguiendo dentro del marco de las posibilidades y de la buena fe, los congresistas también desconocían la jurisprudencia (¿?). Legislaron sin darse cuenta a favor de sus compañeros de bancada en los procesos en contra porque la jurisprudencia es nueva y no ha sido publicitada (¿?). Además, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, expresa que la firmó sin leerla y fue una grosería sacar al Ministro de Justicia de la conciliación de la ley. Esta acción presidencial está conforme al rechazo del pueblo colombiano, tanto de ideas de izquierda, que no cree en los interrogantes, como de derecha, que analiza la reforma 36 de la Constitución, la cual le abre las puertas al secretariado de las Farc para aspirar a cargos públicos: la talanquera que pone es muy débil.  De todas maneras, la intención del Gobierno en cuanto a la reforma de la justicia fue hacerla más asequible al pueblo, pero se convirtió en un intercambio de prebendas: los congresistas no pierden la investidura; se crea una élite por encima de la justicia colombiana y los magistrados quedan enquistados en el poder. Se configuran un "hoy por nosotros", un "salimos de la cárcel con tu ayuda", un te "aumentamos el periodo y la edad de jubilación", un "mañana también". Está escrito. El resultado de esta reforma, favorable a las altas cortes y a la élite gobernante del país, se puede convertir en un plebiscito revocatorio del mandato del Congreso porque la opinión pública está en su contra. EL ESPECTADOR ¿QUIÉNES ESTÁN AL FRENTE DEL REFERENDO? Por: Jahel Mahecha Castro Según la Registraduría, tendrían sólo seis meses para la recolección de firmas. En distintas ciudades del país se empezó el lunes la recolección de firmas. Miles de personas se acercaron voluntariamente a mostrar su voz de apoyo Las organizaciones ciudadanas detrás de la iniciativa para hundir la reforma le presentaron a la entidad los integrantes del comité que liderará el proceso de convocatoria. También aclararon que el apoyo de Navarro Wolff, del Representante Iván Cepeda y demás integrantes del Polo Democrático, le ha dado fuerza a la recolección de firmas, pero no son quienes llevan las riendas de la propuesta. Según Pablo Bustos, director de la Red Ver e integrante del comité promotor, la iniciativa surgió desde las asociaciones ciudadanas, un mes antes de que se aprobara la reforma a la justicia. “Dentro del proceso surgieron varios encuentros dentro de un espacio que se llamó Coalición a la Justicia. Allí hicimos varias reuniones con varios ponentes y miembros de distintas fuerzas políticas. Dentro de ellas estuvieron liberales, integrantes de la U, del Polo y otros”. Bustos sostuvo que la idea del referendo tuvo resonancia en el Congreso en gran parte por el apoyo del Representante Germán Navas Talero. “Él promovió la idea, la aceptó con un buen agrado y la presentó varias veces en sus intervenciones”. Sin embargo, explicó que apoyo político ha sido reciente y ninguna fuerza política hace parte del comité. “La selección de las personas ha sido un consenso de todos aquellos que han tenido representatividad, un trabajo y una capacidad de convocatoria”. El Registrador, Carlos Ariel Sánchez, dijo a El Espectador que espera el avance de las iniciativas, ya que ha crecido el número de personas que han descargado el formulario para la recolección de firmas. Según el funcionario, el proceso debe tener en cuenta que “con el cinco por mil de las firmas se constituye el comité promotor. Este comité formula el referendo y arrancan la recolección de las firmas. Los seis meses arrancan desde la promulgación de la norma. Pero esto no impide que se efectúe la recolección desde ya”. Por su parte, el director del Centro de Estudios Constitucionales Plural y líder del comité, Armando Novoa, manifestó que la recolección de firmas es una fase preliminar que servirá para inscribir el Comité de promotores. “Aunque no tenemos certeza de si la reforma va a ser archivada o no, vamos a seguir con todo el empeño en la recolección de firmas”, dijo Novoa. Pese a que no hay una cifra oficial sobre las firmas que por el momento se han recogido, los progresistas estiman que ya se superaron las 30 mil, pero necesitarán 120 mil más para lograr el objetivo. Lo cierto es que la indignación ciudadana ha sido tal que hasta en las redes sociales se ha reprochado fuertemente los goles que el Congreso metió a último minuto y que el Gobierno intenta remediar. Un intento fallido En la tarde de hoy se tenía prevista una reunión del comité promotor y el Registrador Carlos Ariel Sánchez para intercambiar opiniones sobre el desarrollo de la recolección de firmas. Sin embargo, la cita fue cancelada porque, según el comité, el Registrador no se presentó y no se permitió que la totalidad del colectivo participara en el encuentro. “El registrador y la organización electoral parecen más deberse a la burocracia que a la democracia”, señaló Pablo Bustos y advirtió que interpondrá una queja disciplinaria contra el funcionario ante la Procuraduría. Pese a la negativa, el comité continuará durante toda la semana con la recolección de firmas.  A continuación, conozca el perfil de los 9 integrantes del Comité promotor. María del Pilar Arango Hernández Abogada de la Universidad Santo Tomás, con especialización en derecho comercial del Externado de Colombia. Durante 20 años ha ejercido como juez civil. Actualmente es juez del circuito de Bogotá y preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Es Directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia. Armando Novoa García Abogado, Director del Centro de Estudios Constitucionales Plural. Fue uno de los presidentes de la Comisión Especial Legislativa creada por la Asamblea Constituyente, que deliberó entre julio y diciembre de 1991. Ha sido defensor de la Constitución del 91, y le ha dado un seguimiento a la actividad y al debate público de las reformas constitucionales. Óscar Enrique Ortiz González Abogado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, tiene una especialización en derecho público y participó en el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Fue Director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es autor de la figura de pérdida de investidura de los concejales, así como del proyecto que obligó a los alcaldes a rendir cuentas dos veces al año. Pablo Antonio Bustos Sánchez Abogado con estudios en Filosofía de la U. de los Andes, Magister en Filosofía de la U. Javeriana y de Criminología en la U. Simón Fraser, Canadá. Durante 20 años ha digido la organización RED VER, Red de Veedores y Veedurías Ciudadanas de Colombia, contra la corrupción política. María Teresa Garcés Lloreda Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Público en La Sorbona (París). Fue viceministra de Comunicaciones en el gobierno de Belisario Betancur y gerente encargada de la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE) en 1983. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por la Alianza Democrática M-19 en 1991. Hizo parte de la lista al Senado del Partido Visionarios con Antanas Mockus en 2006. Luis Fernando Otálvaro Calle Representó a los trabajadores judiciales en la comisión interinstitucional de la rama judicial del poder público. Actualmente es el Presidente de Asonal, la agremiación de los jueces y trabajadores del sistema judicial. Gustavo Bolívar Moreno Libretista y productor de televisión se hizo reconocido con las series de televisión: “Sin tetas no hay paraíso”, “Pandillas, guerra y paz”, fue asesor del ex ministro Enrique Parejo González en el concejo de Bogotá. Actualmente lidera el movimiento anticorrupción “Manos Limpias”. Gloria María Borrero Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, abogada de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho administrativo. Andrés López Joven estudiante de derecho, miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que lidera debates académicos de justicia y constitucionales desde la organización estudiantil “Desde las aulas”. EL ESPECTADOR SE ABRE PASO CONSULTA PARA REVOCAR CURUL A CONGRESISTAS QUE VOTARON REFORMA La idea es que el próximo 30 de septiembre el pueblo diga si está de acuerdo con la permanencia de estos legisladores en el Congreso. Una nueva iniciativa surgió este lunes alrededor de los congresistas que votaron a favor de la conciliación de la reforma a la justicia, pese a que estaba plagada de ‘micos’. (Lea más de los ‘micos’). El Polo Democrático Alternativo le consultará al pueblo colombiano sobre la revocatoria e inhabilitación de los legisladores que votaron afirmativamente el acto legislativo. La presidenta del PDA, Clara López Obregón, dirigió este lunes una comunicación a la Organización Electoral informando que su colectividad hará uso de la consulta de los partidos, convocada para el próximo 30 de septiembre, para consultar a los electores si están de acuerdo con la revocatoria de los congresistas que votaron a favor del “esperpento” de reforma de la justicia que tanta indignación ciudadana ha generado en el país. De igual forma, se planteará conocer la opinión de los electores y electoras respecto de la imposición de una inhabilidad a los mencionados congresistas, así como a sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad, para que no se puedan presentar y salir nuevamente elegidos en las siguientes elecciones. “La revocatoria planteada no cobija a los 26 congresistas que actuaron con dignidad al votar negativamente la cuestionada sustracción de los congresistas de la mano de la justicia pero sí busca que tampoco puedan llegar nuevamente al Congreso los de siempre, en cuerpo ajeno a través de su parentela, como lo han hecho los condenados por parapolítica”, explicó A su turno, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, convocó a una jornada paralela de recolección de firmas para impulsar el comité promotor del referendo revocatorio de dicho acto legislativo. “Invito a todos los colombianos para que con nuestra firma hundamos este esperpento que nos han querido imponer unos cuantos que sólo buscan satisfacer sus intereses personales”, señaló Cepeda. El congresista indicó que el único mensaje claro en estas sesiones extras convocadas por el presidente Santos debe ser el de hundir la Reforma, y recordó que si el Congreso insiste en mantenerla viva, el Referendo Revocatorio tomará la fuerza necesaria para derogarla. UNIDAD NACIONAL SE INCLINA POR HUNDIR REFORMA A LA JUSTICIA A la iniciativa que promovió el liberalismo, su sumaron conservadores, Cambio Radical y verdes. Falta conocer respuesta de La U. El Mira también es partidario. De a poco la mesa de unidad nacional se está inclinando por la idea de hundir la totalidad de la reforma a la justicia que tantas críticas ha suscitado en la opinión nacional. A la idea del Partido Liberal de archivar todo el proyecto y no sólo las objeciones del presidente Juan Manuel Santos, se sumó el Partido Verde, el Partido Conservador y Cambio Radical. Ante la iniciativa de Simón Gaviria Muñoz, entregada desde el pasado viernes al presidente Juan Manuel Santos (Lea más de la carta), este lunes el Partido Verde a través de un comunicado consideró que la reforma “atenta contra el orden institucional establecido en la Constitución de 1991 y atenta contra uno de los principios fundacionales del partido que es el Respeto y defensa de la Constitución Política; con esta reforma perdemos todos”. “El Partido Verde respalda la convocatoria a sesiones extraordinarias pero no para que allí se discuta si una parte de la reforma es buena y otra mala, sino para que sea hundida en su integridad sin vacilaciones”, cita la misiva verde. A su turno, el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda Sarabia, se sumó a quienes son partidarios de darle ‘sepultura’ a la totalidad del acto legislativo. “Si encontramos que la reforma está toda contaminada pues también estamos listos para que se hunda y miraremos sí hay espacio político para tramitar una nueva”, aseguró el legislador. En ese sentido, el vocero de Cambio Radical, el representante Germán Varón Cotrino, manifestó que “toda la reforma debe ser hundida” “Aunque hay uno temas que pueden ser de utilidad y que se hunda solo parcialmente el proyecto, esto puede generar problemas que dejen al país en un limbo jurídico durante un tiempo y esto puede resultar más grave”, sostuvo. De momento, de los partidos de la mesa de unidad nacional del presidente Juan Manuel Santos, sólo resta conocer la respuesta de La U, partido que sin embargo, respaldo la convocatoria a sesiones extras que hizo el Jefe de Estado. Otros partidos Entre tanto, el presidente de Mira, el senador Carlos Alberto Baena, anunció que su movimiento está de acuerdo con la convocatoria a sesiones extras del Congreso de la República, pero siempre y cuando sea para hundir el proyecto de Reforma a la Justicia y no para objetar algunos artículos. “Si la Presidencia de la República está pensando en objetar algo, debe objetar todo el acto legislativo, e iniciar el trámite de un nuevo proyecto democrático y transparente”. REFERENDO CONTRA REFORMA A LA JUSTICIA COSTARÍA $140 MIL MILLONES La Registraduría necesitaría al menos cuatro meses para preparar la votación de dicha convocatoria. En medio del llamado a referendo en contra de la reforma a la justicia que están promoviendo un grupo de ciudadanos, la pregunta que queda es cuánto le costaría al país dicha iniciativa. Según las cuentas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esa idea le vale al Estado cerca de $140 mil millones. Así lo dio a conocer el registrador Carlos Ariel Sánchez quien indicó que al menos cuatro meses tomaría preparar la logística de esa ‘elección’ a favor o en contra del acto legislativo. En el mismo sentido, se aclaró que lo primero que deben hacer quienes quieran hundir la reforma por esta vía es conformar el comité promotor. “Deben presentar a la Registraduría la pregunta que se va a hacer para que ésta sea la que va a figurar en los formularios de recolección de firmas”, explicó. Y continuó: “para que se pueda convocar al referendo deben tener el 5% del censo electoral, lo que quiere decir alrededor de un millón 600 mil firmas”. De momento, a la Registraduría no llegado ni ha sido radicado un referendo o iniciativa ciudadana para revocar la reforma a la justicia. Más información entregada por la Registraduría sobre el referendo 1. ¿Qué es un referendo? Hay referendos aprobatorios y derogatorios. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente. 2. ¿Se pueden realizar varios referendos en un mismo día? Sí. El Artículo 39 de la Ley 134 de 1994 permite celebrar hasta tres referendos en una misma fecha. 3. ¿Se puede celebrar un referendo el mismo día de una elección ordinaria? No. El artículo 39 de la Ley 134 de 1994 señala que la votación de un referendo no podrá coincidir con ningún otro acto electoral. 4. ¿Cuántos votos se necesitan para que un referendo sea válido? La decisión que adopta el pueblo mediante el referendo es obligatoria siempre y cuando haya participado una cuarta parte (el 25%) de los ciudadanos que componen el censo electoral. 5. ¿Cuántos ciudadanos componen el censo electoral? Con corte a 21 de marzo de 2012, el censo electoral colombiano estaba compuesto por 31.147.177 ciudadanos. El 25% equivale a 7.786.795 personas, que serían el umbral mínimo para que un referendo que se hiciera con corte del censo a ese día fuera aprobado. 6. ¿Cómo pueden ser los votos en un referendo? Los ciudadanos que decidan acudir a las urnas pueden votar por el “sí” o por el “no”, con relación a si se aprueba la ley o proyecto de acto legislativo y también pueden votar en blanco. Así mismo pueden presentarse votos nulos y tarjetas no marcadas. 7. ¿Qué votos se tienen en cuenta para el cálculo del umbral? Si se realizan varios referendos en un mismo día o si un referendo tiene varias preguntas, cada referendo y cada pregunta deberán alcanzar su propio umbral (25% del censo electoral) para que la decisión del pueblo sea obligatoria. Para calcular el umbral se tienen en cuenta todos los votos válidos, es decir los votos por el “sí”, los votos por el “no” y los votos en blanco. No se tienen en cuenta los votos nulos ni los votos no marcados. 8. ¿Tiene efectos distintos abstenerse de votar, votar de manera negativa y votar en blanco? Si la persona vota por el “sí", por el “no” o vota en blanco, su voto contribuye a que la iniciativa alcance el umbral (25% del censo electoral), a diferencia de quien se abstiene de votar. La Corte Constitucional, en la sentencia C-551 de 2003, señaló que la abstención "es una posibilidad que goza de protección constitucional en los referendos constitucionales". 9. ¿Si se celebran varios referendos en un mismo día, una persona puede votar por todos, o debe escoger alguno? Un ciudadano podría votar por uno, dos o tres referendos, de acuerdo con su elección. Por ejemplo, podría votar en uno de materia afirmativa, en otro de manera negativa y en otro abstenerse de votar si así lo desea. En todo caso, cada pregunta de cada referendo debe alcanzar su propio umbral. 10. ¿Cómo se garantiza que los votos de un referendo no ayuden a alcanzar el umbral de otro referendo? La Registraduría Nacional del Estado Civil debe diseñar mecanismos que permitan diferenciar los votos de cada referendo sometido a consideración popular. La diferenciación puede darse mediante la implementación de distintos colores para las tarjetas electorales y/o la utilización de urnas separadas. 11. ¿Quién fija la fecha para un referendo nacional? El artículo 34 de la Ley 134 de 1994 señala que expedidas las certificaciones por la Registraduría del Estado Civil correspondiente, sobre el número de apoyos requerido, así como el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, convocará el referendo mediante decreto, en el término de ocho días. 12. ¿Cuánto tiempo requiere la Registraduría Nacional del Estado Civil para preparar la realización de un referendo de carácter nacional? Para la realización del referendo celebrado en octubre de 2003 la Registraduría Nacional del Estado Civil necesitó cuatro meses. La entidad requiere al menos de cuatro meses para poder programar toda la logística necesaria, y a este plazo deben sumarse los términos establecidos en las normas de contratación estatal, de acuerdo con la modalidad de contratación que se adopte. 13. ¿A partir de cuándo entra en vigencia la decisión adoptada en el referendo? El artículo 49 de la Ley 134 de 1994 señala que el acto legislativo o la ley aprobada por referendo entra en vigencia a partir del momento de la publicación en el Diario Oficial, a menos que en la misma se establezca otra fecha. La publicación deberá hacerse a los 8 días siguientes a la aprobación de los resultados por la organización electoral. 14. ¿Cuánto tiempo pasa entre el momento en que se celebra un referendo y el momento en que se aprueban los resultados por parte de la organización electoral? El proceso de escrutinio comienza el mismo día de la jornada electoral y la declaración de resultados nacionales compete al Consejo Nacional Electoral, que además debe resolver todas las reclamaciones que eventualmente se presenten. No existe un término fijo para la declaración de resultados y el tiempo puede variar dependiendo de las reclamaciones que se presenten. 15. ¿Qué certificaciones debe expedir el Registrador Nacional en materia de referendos? La Ley 134 de 1994 en sus artículos 24, 27 y 34 se refiere a las certificaciones que debe expedir el Registrador Nacional para el trámite de todos los referendos. Estas certificaciones se refieren a que las firmas válidas entregadas por el comité promotor como apoyo a la iniciativa superen el 5% del censo electoral y que se dio cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana. REFORMA A LA JUSTICA: ¿UNA PUERTA PARA QUE LA CPI INTERVENGA? Cerca de 2 mil procesos penales quedarían en la inpunidad entre ellos, los de los exministros Andrés Arias, Sabas Pretelt y Diego Palacio. Desde la Fiscalía se dice que alrededor de 1.200 procesos contra aforados constitucionales tendrán que pasar a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema de Justicia. Mientras sigue sin definirse el futuro de la reforma a la justicia que hacía trámite en el Congreso de la República y por la que ya rodó la cabeza del ministro Juan Carlos Esguerra, por los pasillos de la Fiscalía circula un documento conocido por El Espectador en el que la reforma es calificada como “algo inaudito y vergonzoso”, y se pregunta que si de prosperar el cuestionado acto legislativo no se daría pie a la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia. Esto debido a que, de acuerdo con los autores del texto, de aprobarse la reforma a la justicia, cerca de 2 mil procesos penales quedarían en el limbo y de ahí a pocos pasos de la impunidad, entre ellos, los de los exministros Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y los generales en retiro Lelio, Suarez Tocarruncho y Miguel Maza Márquez. La manzana de la discordia es el artículo 16 de la reforma, uno de los más cuestionados por los críticos del acto legislativo y que crea las salas de Investigación y Calificación y de Investigación y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia que se encargarían de investigar a los aforados, es decir: ministros, defensor del pueblo, consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, gobernadores, directores de departamentos administrativos, generales, almirantes y embajadores, entre otros. Es decir, se quedarían con una de las funciones que hoy tiene la Fiscalía. “Esto significa que alrededor de 1.200 procesos contra aforados constitucionales, que fueron delegados por Viviane Morales, tendrán que pasar a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tan solo tres magistrados para primera instancia y otros tres para segunda. En otras palabras, la labor que hoy adelantan 12 fiscales delegados, la tendrán que desarrollar y adelantar tres magistrados (…) Además que la Corte Suprema no cuenta con una planta que pueda investigar todos los procesos”, reza el documento. El texto denuncia que aún no se han creado las reglas de juego que facilitarían el traslado de los procesos de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes –la otra entidad habilitada para investigar aforados– a la Sala de Investigación y Calificación. No se sabe cuándo se elegirán los magistrados que conformarán la mencionada Sala ni cómo será el empalme. De aprobarse la reforma a la justicia y sin respuesta para estas preguntas, los procesos quedarían en el limbo y se daría pie para que los acusados soliciten la nulidad de sus procesos. “Es decir que, ni más ni menos, que acusados como el exministro Andrés Felipe Arias, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, o los congresistas vinculados con la parapolítica, que se encuentran recluidos, podrían presentar un recurso de Habeas Corpus solicitando su libertad, como sucedió con el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, con el argumento de que no se sabe quién es la autoridad que los tiene privados de su libertad y que se les están vulnerando sus derechos”, denuncian los autores del documento. Éstos, palabras más, palabras menos, dicen que de aprobarse la reforma a la justicia se votaría al traste lo hecho por la Fiscalía en algunos de los casos más sonados e, incluso, se heriría de muerte todo el sistema de investigación consagrado por la ley 906 de 2004. Aunque hoy la defensa de Bernardo Moreno, el abogado Jaime Granados, anunció que “no quiere aprovecharse del debate por la reforma a la justicia” y confirmó que retiró la solicitud de libertad para el exsecretario general de la Presidencia, investigado por su presunta participación en el escándalo de las chuzadas, nadie asegura que esta actitud vaya a ser la excepción y no la regla. Pero la controversia no cesa allí. Los autores del documento también se fueron lanza en ristre contra el artículo 16 de la reforma en el que reza: “Estos aforados podrán ser privados de la libertad con posterioridad al proferimiento de la resolución de acusación en firma en su contra, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito”, lo que los diferenciaría de los demás ciudadanos que pueden ser asegurados después de la imputación de cargos en su contra. Al respecto, los autores del documento, se preguntan: “¿No se está violando el principio de igualdad al otorgar a los aforados la posibilidad de que esta sólo sea impuesta cuando exista resolución de acusación o al terminar la investigación, a diferencia de lo que ocurre frente al colombiano de a pie? ¿Será que ahora sí se aplicará el adagio popular de que la justicia es para los de ruana? ¿Quién le pondrá la cara a la comunidad internacional por este horror? El malestar contra la reforma a la justicia crece y el texto que circula por la Fiscalía es apenas una muestra de ello. Además de las iniciativas ciudadanas que están llamando a un referendo para acabar con ella, el domingo se conoció una carta firmada por el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, y el presidente del sindicato de la Rama Judicial, Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, donde se solicita: “Se ordene el inmediato archivo de la Reforma Constitucional a la Justicia, que atenta contra los principios y valores antes enunciados, al igual que a los controles jurídicos de la conducta de los congresistas, que son un activo básico de la democracia y le pertenecen al pueblo colombiano”. La contrarreforma sigue su curso. LA REFORMA A LA JUSTICIA, EN MANOS DE LOS CONJUECES Son ellos quienes podrían revisar el cambio en la Constitución, en caso de que la Reforma a la justicia llegue a la Corte Constitucional. Si los actuales magistrados de la Corte Constitucional se declaran impedidos, se haría un sorteo para elegir a los nueve conjueces que entrarían a decidir. No se sabe aún si el Gobierno va a hundir por completo la reforma a la justicia que los ministros –exceptuando el tema de los ‘micos’– duraron meses promoviendo en el Congreso. Lo que podría ser un hecho es que los actuales magistrados de la Corte Constitucional se declaren impedidos para conocer la iniciativa. Fuentes cercanas al alto tribunal le dijeron a este diario que esa posibilidad se escucha con fuerza en los diferentes pasillos de la Corte. De ser así, serán los conjueces quienes entren a examinar qué tan compatible es la reforma con el espíritu de la Constitución del 91. El Espectador le presenta la lista de los 18 conjueces que figuran en la lista de la Corte Constitucional, de los cuales nueve, por sorteo, tendrían la misión de analizar la polémica reforma a la justicia. Todos tienen una amplia trayectoria en el campo del Derecho; pero no todos, sin embargo, han dejado saber recientemente su posición con respecto a la reforma que se llevó a cabo en el Congreso, con el supuesto propósito de modificar la justicia. 1. Luis Fernando Álvarez Londoño - Cargo actual: sacerdote jesuita, director de posgrados de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana. - Egresado: filósofo, teólogo y abogado de la Universidad Javeriana. - Posgrados: derecho internacional, derecho canónico. - Cargos ocupados: exmagistrado del Tribunal Andino de Justicia; exdirector del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana; exdecano Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana; conjuez de la Corte Suprema. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: En entrevista con El Espectador, octubre 15 de 2009: • “(Yo cambiaría) el sistema de elección (de los magistrados). Las ternas, en el caso de la Corte Constitucional, son constituidas por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y quienes eligen son los congresistas, entonces, ¿cómo puede uno decir que no están politizadas si el procedimiento de elección sale de los políticos?”. • “A la administración de justicia en Colombia le falta independencia de lo político”. - Decisiones judiciales: En la Corte Constitucional ha tratado temas como la pensión de sobreviviente y el derecho a la pensión en medio de un proceso de liquidación de empresa estatal. 2. Rodolfo Arango Rivadeneira - Cargo actual: profesor del departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. - Egresado: Derecho de la Universidad de los Andes. - Posgrados: estudios en derecho constitucional, civil y comparado. Magíster en filosofía. Doctorado en filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. Está haciendo estudios de postdoctorado con Universidad de Kiel (Alemania). - Cargos ocupados: Director de la maestría en filosofía de la Universidad de los Andes; magistrado auxiliar de la Corte Constitucional; asesor gubernamental para el proyecto de reforma constitucional 1990-1991 de la Presidencia. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: Columna en El Espectador, 14 junio 2012:  “La reforma constitucional a la justicia en 2012 será conocida en la historia como la reforma del ‘plato de lentejas’”. • “Más ventajas personales a cambio de relajar el control judicial a los desmanes de los legisladores. La presión de los congresistas, luego de años de juicios por parapolítica, ha acabado haciendo mella en el diseño institucional”. • “El 2012 será recordado como el año del desmonte de una concepción republicana —basada en la limitación y control del poder público— en la justicia, todo a cambio de poder burocrático (retorno a la cooptación) y de ventajas salariales (más período y más edad). El último bastión del Estado constitucional social y democrático de derecho, la justicia independiente, ha caído”. - Decisiones judiciales: Participó en la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el Estatuto de Desarrollo Rural en 2009, por no haberse realizado las consultas previas con comunidades indígenas y grupos étnicos. 3. Alfredo Beltrán Sierra - Cargo actual: litigante. - Egresado: abogado de la Universidad Libre. - Posgrados: Especialización en Derecho Constitucional. Maestría en Derecho Procesal. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. - Cargos ocupados: asesor del Ministerio de Obras Públicas y Transporte; magistrado del Tribunal Superior de Bogotá; magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; magistrado de la Corte Constitucional de 1998 a 2006 (fue también presidente). - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: Artículo de El Espectador, junio 24 de 2012: • “Lo que hizo Santos fue no promulgar la reforma a la justicia, es decir, no publicarla en el diario oficial. Pero el presidente del Congreso podría ordenarlo”. Caracol Radio, junio 22 de 2012: • “Lo que está haciendo el presidente es inventar una norma sobre una jurisprudencia de la Corte Constitucional”. • “Tanto el Gobierno como el Congreso se quieren evitar un referendo que ponga al descubierto la ‘monstruosidad’ de la reforma a la justicia”. Artículo de El Espectador, octubre 4 de 2009: • “Como juez, la Corte Constitucional no puede pensar en las encuestas sino en la Carta. De la misma manera, cuando los magistrados se posesionaron del cargo juraron que se atenían a la Constitución, no a lo que indiquen los sondeos de opinión”. - Fallos en la Corte Constitucional: • Se opuso a declarar constitucional el acto legislativo 02 de 2004 con el cual se permitió la reelección presidencial. (C- 1040 de 2005). • Como presidente de la Corte aprobó que entre los requisitos para adopción se mantuviera el término “moral” y que la definición de pareja sea aquella “formada por el hombre y la mujer”. (C-814/01). 4. Manuel José Cepeda Espinosa - Cargo actual: independiente. Vocero de la comisión de reforma a la Justicia Penal Militar. - Egresado: abogado de la Universidad de los Andes. - Posgrados: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Maestría en Derecho Procesal. Especialización en Derecho Constitucional. - Cargos ocupados: asesor para asuntos constitucionales de la Presidencia; consejero presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y para el desarrollo de la Constitución Política de 1991; embajador de Colombia ante la Unesco; magistrado de la Corte Constitucional (2001 – 2009); exdecano de Derecho de la Universidad de los Andes. - Decisiones judiciales: Apoyó la sentencia C-355/06, con la que se despenalizó el aborto en tres excepciones: violación, riesgo para la vida de la madre o vida del bebé en peligro. 5. Jaime Córdoba Triviño - Cargo actual: Independiente. Miembro de la comisión de reforma a la Justicia Penal Militar. - Egresado: abogado de la Universidad Nacional. - Posgrados: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Maestría en Derecho Procesal. Especialización en Derecho Penal. - Cargos ocupados: defensor del Pueblo; conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; vicefiscal general de la Nación; magistrado de la Corte Constitucional (2001-2009). - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: Diario El País de Cali, enero 16 de 2012: • "La discusión dentro de la Judicatura refleja la poca interacción que hay entre la Sala Administrativa y las otras Cortes de la Rama. (Una reforma a la justicia) va más allá de eliminar esta corporación, lo que se debe pensar es en reformarla por vía administrativa. - Fallos en la Corte Constitucional: Salvó voto en la sentencia con la cual la Corte Constitucional declaró exequible la reelección presidencial en 2004. (C- 1040 de 2005). 6. Gustavo Cuello Iriarte - Cargo actual: Decano de la Fundación Universitaria Los Libertadores. - Egresado: abogado de la Universidad Javeriana. - Posgrados: Doctorado en Ciencias Jurídicas. Especialización en Derecho Comercial y en Derecho Laboral. - Cargos ocupados: presidente del Consejo Superior de la Judicatura; representante del Partido Conservador en las Mesas de Reforma a la Administración de Justicia (2004). 7. Juan Carlos Henao Pérez - Cargo actual: rector de la Universidad Externado de Colombia. - Egresado: Abogado de la Universidad Externado de Colombia. - Posgrado: Doctorado en Derecho. Especialista en Derecho y en Derecho Público Interno. - Cargos ocupados: magistrado auxiliar del Consejo de Estado; asesor del despacho del Procurador General de la Nación; magistrado de la Corte Constitucional. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: El Tiempo, agosto 14 de 2011: El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, dice que, en general, el proyecto de reforma de la justicia que le presentó el Gobierno al Congreso "es positivo" y que muestra el interés real del Gobierno en la justicia. Se declara partidario de cambiar el sistema de elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y considera "sensata" la propuesta de que sean elegidos por las cortes. Dice que no es buena la injerencia política. No toma partido sobre si se debe eliminar o reformar ese organismo. - Decisiones judiciales: Apoyó la sentencia C-577 de 2011, en la que se le pidió al Congreso que se regule y se defina el matrimonio para parejas del mismo sexo. 8. José Roberto Herrera Vergara - Cargo actual: Independiente. - Egresado: Abogado del Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario (1974). - Posgrados: Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. - Cargos ocupados: Secretario general de la Procuraduría; conjuez del Tribunal Superior de Bogotá; conjuez del Consejo de Estado; magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. - Fallos: hizo parte de la comisión de la verdad del Palacio de Justicia. 9. Rafael Ostau de Lafont - Cargo actual: Independiente. - Pregrado: Abogado de la Universidad Externado. - Posgrado: especialización en Derecho Administrativo, Comercial, Derecho Público Comparado, Argumentación Jurídica y candidato al Doctorado en Derecho. - Cargos que ha ocupado: Asesor especial de la Presidencia, presidente del consejo de estado. - Decisiones judiciales: reforma al código contencioso administrativo. 10. Ligia López Díaz - Cargo actual: Independiente. - Pregrado: abogada de la Universidad Externado de Colombia. - Posgrados: doctora en Finanzas Públicas e Impuestos. - Cargos que ha ocupado: Consejera de Estado (2001-2009). - Fallos: principalmente relacionados con finanzas públicas. 11. Diego López Medina - Cargo actual: Independiente. - Pregrado: abogado y filósofo de la Universidad Javeriana. - Posgrados: LLM y doctorado en Derecho de la Universidad de Harvard. - Cargos que ha ocupado: Docente de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: Foro orgaizado por Ámbito Jurídico y la Universidad de los Andes en abril pasado: • “Los congresistas desconfían de la Corte Suprema de Justicia por las decisiones tomadas en contra de algunos de sus miembros, incluidos expresidentes del Legislativo”. • “Al referirse a la iniciativa, López advirtió que el Congreso busca una “recusación institucional” a la Sala Penal. Además, cuestionó que exista una segunda instancia de juzgamiento para congresistas, pues quienes los juzgan son los miembros más destacados y con más expriencia en el poder judicial. 12. Edgardo José Maya Villazón - Cargo actual: independiente. - Pregrado: abogado de la universidad Externado. - Posgrado: en varias ramas del derecho. - Cargos que ha ocupado: magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; presidente y magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; procurador General de la Nación durante 8 años. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: Hizo parte de un conversatorio sobre la reforma el 13 de septiembre del año pasado, aunque no se tiene el récord de lo que dijo. - Decisiones judiciales: como procurador pidió a la Corte la inexequibilidad de la segunda reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. Sancionó al exministro Fernando Londoño y lo inhabilitó durante 12 años. 13. Gabriel Melo Guevara - Cargo actual: independiente. - Pregrado: abogado Universidad Javeriana. - Cargos que ha ocupado: Concejal de Bogotá; gobernador de Cundinamarca; ministro de comunicaciones. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: El Siglo, septiembre 7 2011, columna de opinión: “Las reformas judiciales apenas arañan la superficie del problema y si el país no entiende que situaciones críticas, como la de nuestra justicia, exigen soluciones fuera de lo tradicional, estamos condenados a no tener justicia. Y si no hay justicia no hay país”. “La acumulación de fracasos nos obliga a buscar salidas audaces. Podría, por ejemplo, habilitarse a juristas de probadas calificaciones para que actúen como jueces, en los casos que se les asignen, utilizando su montaje profesional y supervisados por antiguos magistrados de reputación impecable. O asignarles a los consultorios jurídicos de las universidades el trámite de procesos de cuantías menores, incluyendo el proyecto de sentencia, que sería revisada y expedida en firme por magistrados designados para esa función específica. O incorporar a cada despacho el número de jueces y magistrados auxiliares que sea necesario para ponerlo al día, con una logística ágil que permita iniciar labores sin demora”. “Si esperamos hasta cuando el sistema que condujo a la congestión se vuelva por sí solo descongestionador, la justicia seguirá cojeando más y llegando menos”. 14. Rafael Romero Sierra - Cargos que ha ocupado: magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 15. Augusto Trujillo Muñoz - Cargo actual: columnista de este diario. - Pregrado: historiador y abogado de la Universidad Nacional. - Posgrados: Estudiante de Doctorado. - Cargos que ha ocupado: exsenador, profesor universitario. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: El Espectador, octubre 13 de 2011, columna de opinión: “El proyecto de reforma a la administración de justicia es una especie de tinglado alegórico. No éste que cursa actualmente en el congreso. Casi todos los que el país ha conocido durante los últimos años”. “Aunque la administración de justicia no está politizada, las altas cortes sí. Y eso se debe a que la constitución del 91 les atribuyó funciones políticas”. “Es preciso, entonces, retirárselas. Tales atribuciones contaminaron la proverbial asepsia de las altas cortes, cuyo ejemplo sirvió durante años para consolidar una administración de justicia imparcial y respetable. A pesar de otras críticas que se formularon entonces, la constituyente del 91 encontró una cúpula judicial desprovista de intereses partidarios”. “Por eso creyeron que vincular las cortes existentes al proceso de elección de algunos funcionarios era una forma de hacer más transparente su proceso de elección. Sin embargo, en la práctica, ocurrió lo contrario”. “Así como una auténtica reforma política debe comenzar por el congreso y no por los concejos, una verdadera reforma a la administración de justicia debe comenzar por las altas cortes y no por los juzgados. En el primer caso, por ejemplo, es conveniente separar la función constituyente de la legislativa. En el segundo lo es eliminar la cúpula múltiple del poder judicial. Habrá que ampliarlo en su base pues, de seguro, faltan jueces, pero no es allí donde está el nudo gordiano del problema”. “El proyecto de reforma que cursa en el congreso es inane. Se puede ahogar en su trámite parlamentario y no pasa nada, como tampoco pasará nada si se aprueba. El congreso que, pese a todas las críticas, sigue siendo un escenario clave para la deliberación democrática, tiene la última palabra. En todo caso, en la administración de justicia faltan jueces…pero sobran magistrados”. 16. Rodrigo Uprimny Yepes - Cargo actual: hace parte del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia. Columnista de este diario. - Pregrado: abogado de la Universidad Externado. - Posgrados: Doctor en Economía Política. Magíster en Socioeconomía. - Cargos que ha ocupado: magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante 11 años; durante varios meses ejerció la magistratura como magistrado encargado; ha sido también perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: La Silla Vacía, 7 de junio de 2012, columna de opinión: “La llamada reforma judicial me despierta sentimientos muy encontrados, pues un ajuste constitucional a la justicia es necesario, ya que el sistema judicial colombiano, aunque tiene enormes virtudes, presenta profundas deficiencias, algunas de las cuales tienen origen constitucional. La reforma tiene además algunas cosas buenas, como la apertura a la colegiatura de abogados o la supresión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido un desastre. Pero el trámite de esta reforma ha sido muy errático, lo cual le resta mucha legitimidad. Además, los textos aprobados tienen graves ausencias (como la falta de regulación de la tutela contra sentencias) y tienen implicaciones muy riesgosas para el Estado de derecho en Colombia. En otras columnas o blogs he expresado mis críticas a la manera como se ha desarrollado el debate de esta reforma. También he cuestionado la falta de sustento empírico de la reforma y la carencia en el gobierno de una visión clara de qué es lo que pretende con la reforma. Igualmente he intentado mostrar elementos que le restan legitimidad, o al menos estética, a esta reforma, como la idea de ampliar el período de los magistrados que ya están en ejercicio, o las tentativas de algunos congresistas de usar la reforma para blindarse de las investigaciones judiciales. No soy pues un fanático ni un admirador de esta reforma y realmente preferiría que se volviera a tramitar con mayor seriedad. Pero dado que todo indica que se va a aprobar la próxima semana, quisiera centrarme en tres propuestas, que me parecen muy problemáticas, pero que pueden corregirse, si el Congreso y el Gobierno tienen la voluntad política de hacerlo, pues existen fórmulas técnicas buenas para enfrentar esos problemas. Aún es tiempo de realizar esos ajustes”. Fallo: denunció por inconstitucionalidad la ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. 17. Alejandro Venegas Franco - Cargo actual: vicerrector Universidad del Rosario. - Pregrado: abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. - Posgrados: Maestría de Derecho de Seguros. - Cargo que ha ocupado: conjuez de la Corte Constitucional; conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. - Pronunciamientos que pueden relacionarse con la reforma a la justicia: Hizo parte de las discusiones previas a la presentación del proyecto de reforma a la justicia y habló, principalmente, de acceso a la justicia. No ha mencionado nada en los últimos meses. 18. Edgardo Villamil Portilla - Cargo actual: profesor, independiente. - Pregrado: abogado de la Universidad Nacional. - Posgrado: Maestría en Derecho y en Economía. Especialización en Derecho Penal, Derecho Laboral y seguridad social. - Cargos que ha ocupado: magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá; profesor de pregrado de la Universidad Nacional, y de posgrado de las Universidades Autónoma de Colombia, Colegio Mayor Nuestra eñora del Rosario y Católica. - Decisiones judiciales: relacionados con seguros de vida y similares. EN PELIGRO PROCESOS DE AGRO INGRESO SEGURO Y CARRUSEL DE PENSIONES El fuero que se le dio al contralor general de la República podría tumbar el proceso contra el excontralor Turbay Quintero. De grosero calificó Sandra Morelli, contralora General de la República, los 'micos' que fueron introducidos en la reforma a la justicia, pues gracias a la conciliación a puerta cerrada de 12 congresistas, procesos fiscales a cargo del organismo de control pueden caerse. la contralora indicó que pueden caerse las investigaciones que cursan contra exministros (casos como la salud y agro ingreso seguro) y de los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el sonado caso del carrusel de pensiones. Morelli explicó que con la reforma “hay un cambio de competencia para juzgar a funcionarios aforados constitucionales y legales, por lo cual lo actuado deberá ser remitido a las nuevas instancias especiales que se crean con todas las consecuencias como la excarcelación, eventuales prescripciones y caducidades. El control fiscal también se afecta, concretamente en las investigaciones que se están surtiendo contra los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (el carrusel de pensiones) y se tendría que remitir nuevamente a la Comisión de Acusaciones. Tendríamos que examinar si esto también afectaría investigaciones respecto de exministros que se estén adelantando”. La contralora general dijo que la reforma a la justicia introduce una maniobra que se presenta por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano y que es atípico en cualquier lugar del mundo. “Se introdujo un fuero en materia fiscal de tal manera que habrían funcionarios públicos, incluyendo por ejemplo los secretarios de la Cámara y del Senado, que podrían administrar los bienes de todos los colombianos sin que tuvieran ninguna responsabilidad fiscal, es decir, sin incurrir en detrimento patrimonial. Es grosero, por utilizar cualquier expresión coloquial. Llama la atención que después del debate que resultó cuidando la Contraloría asumió el conocimiento respecto de los magistrados de la sala jurisdiccional disciplinaria por el eventual detrimento patrimonial por unos nombramientos y que hubo intervención ya del Consejo de Estado definiendo que sí somos competentes. También llama la atención que realmente no hubo una conciliación, se está presenciando la existencia de una novena vuelta en un debate constitucional. A parte de los ocho debates, tenemos un noveno que produce un texto nuevo, distinto y prácticamente inconsulto con el resto de los colegas reglamentarios”, dijo. Morelli aseguró que el fuero que la reforma le dio al contralor General de la República no fue solicitado por el órgano de control. “El contralor también quedó con un fuero que hasta el momento no tiene y, quiero subrayar que esto no fue solicitado por nosotros”. Posiblemente las investigaciones fiscales que cursan en contra de Julio César Turbay Quintero, excontralor de la República, por la compra de una camioneta por 295 .000 millones de pesos. Pide suspensión del administrador judicial Diógenes Villa, El administrador de la rama judicial está en la mira del control fiscal por presunta irregularidades en la contabilidad y estados financiero de la rama. De acuerdo con Sandra Morelli “hay una solicitud de suspensión y las investigaciones tienen que ver por temas de contratación, palacios de justicia, con procesos licitatorios. Pero lo más importante es que la Contraloría identificó inconsistencias contables y estados financieros que superan los $2 billones (que no están relevados adecuadamente en la contabilidad), esta cifra es realmente muy importante en cuanto al impacto que tiene al presupuesto general de la nación y de la opinión que tendría que dar la Contraloría al Congreso de la República sobre el fenecimiento o no de la cuenta de la Nación. Por esta razón se hicieron las advertencias oportunas, sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida, tampoco lo hizo el contralor, ni el auditor de la rama. A esto debemos sumarle el in cremento inusitado de los gastos en este periodo, particularmente en los últimos meses, que asciende a $13.000 millones para descongestión judicial y para la implementación del Código Contencioso Administrativo, sin que hoy contemos con las salas de descongestión, cuando éste empieza a regir el 2 de julio de este año. Hay una actitud de gastar desmedidamente”. Carta de la contralora Bogotá, Junio 25 de 2012 Doctor RICARDO MONROY CHURCH Presidente Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura Ciudad. Respetado Señor Presidente: Los resultados de los procesos auditores adelantados al Consejo Superior de la Judicatura dentro de los años 2011 y 2012 a las cuatro últimas vigencias (2008-2011), arrojaron evaluaciones DESFAVORABLES de la gestión y resultados, con una calificación ubicada en el rango de DEFICIENCIA en el sistema de control interno, así como hallazgos con connotaciones disciplinarias, penales y fiscales, circunstancias que no han permitido el fenecimiento de la cuenta fiscal. De otro lado, los resultados de la auditoría para la vigencia 2011 antes de evidenciar mejoramiento en la gestión y adecuado uso de los recursos asignados a la Rama Judicial destinados para medidas transitorias aumentaron sin que se evidencie cumplimiento de los objetivos. Se observa que del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2011 se ejecutaron por este concepto $13 mil millones y entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2012, se han comprometido y se están ejecutando $473 mil millones, es decir $486 mil millones en nueve meses, sin que se evidencie avance en los porcentajes de descongestión judicial. Ahora bien, al revisar el “ Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional”, presupuestado en $1.3 billones para ser ejecutados entre el 2009 y el 2015, se pudo verificar que dentro de las vigencias 2010 y 2011 se han invertido $49 mil millones, sin que los productos contratados aún se encuentren implementados, si se tiene en cuenta que la logística para la entrada en funcionamiento del sistema de oralidad presenta debilidades tales como disposición de Salas de Audiencias especialmente para las Altas Cortes, mobiliario, tecnología, comunicaciones y adecuaciones en general, lo que permite prever que en las actuales condiciones no se podrá responder a los requerimientos exigidos por la Ley al momento de la entrada en vigencia del Nuevo Código Contencioso Administrativo, es decir 2 de julio de los corrientes. En este mismo sentido, llaman la atención a este ente de control las irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto mencionado, que han permitido determinar un presunto detrimento patrimonial que asciende a $10 mil millones, representado en contratos de suministro de bienes y servicios tecnológicos cuyo cumplimiento no se pudo verificar. Ante las circunstancias expuestas no se explica por qué, la función que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial refleja ausencia de medidas gerenciales que conjuren una gestión antieconómica, y en consecuencia un detrimento patrimonial, situación que imposibilitó un pronunciamiento definitivo sobre los estados financieros con una ABSTENCION en la opinión contable, la cual se soportó en inconsistencias, falta de información, carencia de registros que superó los $1.5 billones, respecto de unos activos $1.1 billones. Esta situación impacta no solo en la gestión institucional, sino en el reporte de información de esta Contraloría para la consolidación del Balance general de la Nación. Es claro entonces que las medidas que se esperan del Director Ejecutivo de Administración Judicial en su rol de ordenador del gasto y Representante Legal de la Rama Judicial no han sido adoptadas y que además las alertas que debe generar la Auditoría interna frente a estos hechos, también han estado ausentes, razones entre otras que impiden que hoy se cuente con una información oportuna y confiable en materia financiera y de gestión. Con todo, en ejercicio de las atribuciones conferidas a la contraloría General de la República en el artículo 268 numeral 8º de la Constitución Política, es imperioso promover ante la Sala que usted preside el inicio de acciones disciplinarias en contra de los siguientes funcionarios: Directores Ejecutivos de Administración Judicial que ejercieron el cargo durante las vigencias 2008 hasta la fecha, Directores Administrativos, Directores Financieros y contables, así como los profesionales y demás funcionarios del área administrativa y contable responsables de los registros y procedimientos establecidos para el manejo de los estados financieros. Bajo el mismo precepto constitucional se exige la suspensión inmediata del actual Director Ejecutivo de Administración Judicial Doctor Diógenes Villa Delgado, el Auditor de la Rama Judicial Dr. Julián Mahecha y del Director Administrativo de la División de Contabilidad Dr. Benjamín Enrique Polo García. Respetuosamente, SANDRA MORELLI RICO Contralora General de la República GOLPE TRAS GOLPE Por: Ramiro Bejarano Guzmán La solución que el presidente Santos adoptó para enmendar la ligereza de su Gobierno al permitir la aprobación de la inmoral reforma a la justicia, aunque resuelve un gravísimo problema, es el acto más grotesco que se haya perpetrado contra el Estado de derecho. Imprimir  Enviar  Opiniones 161  Lo que hizo Santos fue un golpe de mano al Congreso, pues ni la Constitución ni ninguna ley prevén que los actos legislativos estén sujetos a sanción presidencial, y, por tanto, a objeción por inconstitucionalidad e inconveniencia. ¿Por qué lo hizo? No creo que haya sido para defender la legalidad, porque nadie sensato se protege de una arbitrariedad con un procedimiento ilegal y de tono totalitario. Lo hizo porque calculó que la convocatoria del referendo para anular la desgraciada reforma iba a convertirse en un plebiscito en contra suya y de su reelección presidencial. Lo importante, pues, es salvarse a sí mismo, lo de la justicia es lo de menos, siempre da espera. Es una lástima que haya caído Juan Carlos Esguerra, un hombre bien intencionado y honorable, cuyo error consistió en haber tenido que recoger el trámite de una reforma con la que no estaba de acuerdo. Era obvio que su permanencia en el Ministerio de Justicia se hacía insostenible. Mientras Esguerra actuó con el decoro que le conocemos, los demás responsables de este escándalo se han lavado las manos, entre otros Simón Gaviria, quien como jefe del Partido Liberal, otra vez quedó en deuda con el país y con sus copartidarios. En efecto, no sólo se negó a verificar el quórum, lo que de haberse hecho habría hundido el proyecto, sino que, olímpicamente, reconoció no haber leído el texto conciliado que aprobó con sus colegas a pupitrazo rabioso. El retiro de Esguerra no absuelve al Gobierno de la imborrable equivocación de no haber parado ese proyecto de reforma, ni el incalificable abuso de haber objetado el acto legislativo, gesto para no recordar, porque acabó con la poca autonomía de un Congreso que cada vez más se hace odiar de los ciudadanos. No valieron las voces de muchas organizaciones, inclusive de respetados jueces, que alertaron sobre lo que iba a pasar. Difícil justificar que el Gobierno hubiere estado dispuesto a retirar el proyecto si no se abolía el Consejo de la Judicatura, pero cuando se aprobaron otras normas con las que dijo no estar de acuerdo, no asumió idéntica postura. Por el contrario, el presidente Santos nos vino a revelar que la indecente ampliación del período de los magistrados de 8 a 12 años, si bien no era compartida por su gobierno, la considera un punto “superable”. De manera, pues, que no nos vengan a decir ahora que los responsables de todo este descalabro constitucional son únicamente la comisión de conciliación del Congreso y el caído ministro Esguerra. No señor, todos tienen las manos sucias y las conciencias enlodadas. El Gobierno fue quien propició esta grosera reforma a la justicia, que terminó abortando con una leguleyada propia de una dictadura. A su turno las altas cortes supieron deslizar en el Congreso y en opíparos almuerzos y entretenidas cenas a varios de sus magistrados, para que amangualados con unos congresistas investigados por ellos mismos, abogaran por sus voraces privilegios. Seguirán orondos los congresistas, funcionarios y magistrados lobistas, sin que, salvo Esguerra, nadie asuma la responsabilidad. Los reales y finales damnificados serán la justicia y los ciudadanos de a pie, a quienes por ahora nos han privado del derecho de convocar el referendo para tumbar esta vulgar reforma contra la justicia. JUSTICIA APROPIADA Por: Mauricio García Villegas La reforma a la justicia que acaba de ser aprobada por el Congreso se parece al referendo reeleccionista del presidente Uribe en el 2009. Ambas buscaron modificar la Constitución para beneficiar a sus promotores: a Uribe, para que se mantuviera en el poder, y a los congresistas, para tener una justicia que fuera más benevolente con ellos mismos. Imprimir  Enviar  Opiniones 62  Para lograr este propósito, los congresistas, o, más precisamente, las mayorías en el Congreso, lideradas por el Gobierno, distribuyeron beneficios (sobre todo fueros) a diestra y siniestra entre los funcionarios de las altas cumbres del Estado. Así, por ejemplo, ahora el procurador y el contralor sólo podrán ser juzgados a través de un juicio político en el Congreso y ello incluso cuando cometan delitos comunes no relacionados con el ejercicio de sus funciones. Los magistrados obtuvieron la ampliación de su período de 8 a 12 años (el parágrafo transitorio habría podido decir que esa norma se aplicaba sólo para los nuevos magistrados, pero no lo dijo así). Además, la Corte Suprema y el Consejo de Estado obtuvieron la cooptación plena, es decir, la posibilidad de nombrar a sus propias vacantes (lo cual agravará los ya serios problemas de transparencia que existen al interior del poder judicial). Y claro, los que más recibieron fueron los congresistas. Estos son algunos de los regalos que ellos mismos se hicieron: 1) eliminaron la detención preventiva, lo cual significa que, por ejemplo, si un congresista (o cualquiera de los aforados) viola a dos mujeres y se teme que reincida, no se le puede detener durante la etapa de investigación, como ocurre con los demás ciudadanos; 2) crearon una sala especial para que los investigue, la mitad de cuyos miembros tiene origen en el presidente, es decir, muy probablemente, en la coalición de gobierno a la cual ellos pertenecen; 3) le otorgaron fuero especial ante la Corte Suprema a los secretarios generales del Senado y la Cámara, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, al registrador nacional del Estado Civil y al auditor general de la Nación; todos ellos, funcionarios muy cercanos al Congreso; y 4) hicieron más flexible la pérdida de la investidura gracias a un procedimiento más engorroso y con menos causales. Es cierto que la reforma tiene cosas positivas (como la supresión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pero lo esencial de su contenido está destinado a crear fueros judiciales para los altos funcionarios del Estado. Nada, o casi nada, se hace para remediar los grandes problemas de la justicia que le interesan al ciudadano del común: la falta de acceso, la impunidad, el clientelismo y la falta de transparencia de los jueces, etc. Esta reforma fue hecha, repito, por los congresistas y para los congresistas, no, como debería ser, por los representantes del pueblo y para el pueblo. Por eso, por tener beneficiario propio y por modificar (con tales beneficios) el alma de la Constitución, que es el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes, la reforma debería ser declarada inconstitucional, de la misma manera que lo fue el referendo reeleccionista del presidente Uribe. Cuando termino de escribir esto, el presidente sale por la televisión a decir que no está de acuerdo con la reforma y que la devuelve al Congreso. Lo menos que uno puede decir es que Santos se dio cuenta demasiado tarde de algo que era evidente hace rato. Ahora nadie sabe cómo resolver este asunto. Lo mejor, creo yo, es buscar algún mecanismo para derogar esta reforma y empezar de nuevo. Tal como lo hemos venido diciendo muchos desde hace por lo menos un año. UN CONGRESO SIN VERGÜENZA Por: Aura Lucía Mera La reforma a la justicia aprobada por el Congreso es una vergüenza nacional. Imprimir  Enviar  Opiniones 25  Una reforma hecha a la medida de los HH.PP. para, de nuevo, volverse intocables. Es el semáforo en verde para la impunidad rampante de los legisladores y funcionarios de este país, tocado como nunca antes por la corrupción, las componendas, las dádivas. No me explico cómo el ministro Esguerra siguió este juego. No me explico cómo se prestó para la manipulación grosera de que fue objeto. El hombre, el abogado que conocí hace muchos años y de quien siempre admiré su inteligencia y verticalidad, se dejó, de repente, manosear y permitir que se burlaran en su cara, hasta el punto de que no lo dejaron ingresar al último debate, donde, a puerta cerrada, los HH.PP. hicieron lo que les dio la real gana. La única esperanza para detener este atropello a la verdadera Justicia es que el presidente Santos no la sancione. No sé si tendrá el valor de hacerlo. Pero es bueno que recuerde de dónde venimos. Y para dónde iríamos, de ser sancionada. No entiendo cómo este gobierno se ha dejado meter semejante autogol. O que nos hablen claro y de frente y nos cuenten realmente qué propósito tiene el actual gobierno al haberse prestado a este juego, que nos retrocede a las peores épocas de impunidad, cuando los congresistas hacían y deshacían a su antojo. Ya podrán los honorables legislar, repartir, cohonestar, encubrir, sin que jamás exista el temor de la pérdida de investidura. Se blindarán ante cualquier investigación. No habrá poder humano que los enjuicie ni juzgue. Es una vergüenza nacional. La Justicia, con mayúscula, está de duelo. Basta ver, con terror retrospectivo, que si este monstruo de mil cabezas y ‘micos’ se hubiera aprobado unos años antes, el exsenador Martínez del Valle del Cauca jamás habría sido sancionado. Y sigamos contando ejemplos. Los HH.PP. implicados en el paramilitarismo. Los que están próximos a ser desenmascarados por sus vínculos con la Farc, con los narcos... Y el rosario de letanías sería infinito. Si ya tenemos a la espalda una historia larga y tenebrosa de impunidad, leamos, Gaitán, Mamatoco, Galán, Álvaro Gómez, Garzón, los genocidios y las masacres de los ‘paras’, los falsos positivos... Lo que nos espera es aun más tenebroso. Me uno, como ciudadana del común, al clamor de protesta por esta reforma, que nos manda de nuevo a las épocas de la caverna. Presidente Santos, recuerde que usted es el jefe de Estado de más de 40 millones de habitantes. Usted tiene la última palabra. P.D. Cada vez me convenzo más de que a las Fuerzas Militares, o a algunos de sus altos mandos, retirados y activos, no les interesa la paz. La solución no es seguir matándonos. Es concertar, perdonar y aprender que la vida es sagrada. No existen ejes del bien y el mal. Todos somos responsables de esta sangría, en la que los muertos los siguen poniendo los campesinos. Campesinos soldados. Campesinos guerrilleros. Campesinos civiles. Felices los traficantes y negociadores de armas. Ellos son los únicos que ganan. La paz en Colombia podría desbalancear importantes rubros del presupuesto internacional. RAZONES A FAVOR DEL REFERENDO Por: César Rodríguez Garavito Para atajar la grotesca reforma a la justicia, tanto el derecho como la política apuntan a una misma solución: firmar el referendo ciudadano que busca derogarla. Comencemos por las razones jurídicas. En términos constitucionales, probablemente es tarde para que el Gobierno se arrepienta de la reforma que ayudó a impulsar y que aprobó su coalición en el Congreso. Contrario a lo anunciado por Santos ante la rebelión ciudadana, no es claro que el presidente pueda objetar reformas constitucionales. En varias sentencias (como la C-543/98 y la C-178/07), la Corte Constitucional distingue el trámite de proyectos de ley (en el que sí caben las objeciones) y el de reformas constitucionales como la aprobada la semana pasada (en el que no existiría esa posibilidad), como lo documentaron Miguel La Rota y José Espinosa en el blog de Dejusticia en La Silla Vacía. De ahí que el Gobierno y los parlamentarios de la Unidad Nacional se estén inclinando por no publicar el texto del acto legislativo, para que no entre en vigencia. El lío es que la reforma ya fue aprobada y no desaparece como por arte de magia. Además, su sola existencia crea un limbo interpretativo en los procesos por parapolítica, yidispolítica, AIS, chuzadas y pérdida de investidura, que ya están aprovechando antiguos funcionarios uribistas como Bernardo Moreno para pedir su libertad o absolución. Algunos dirán que la solución es que la Corte Constitucional declare inexequible la reforma por las mismas razones que tumbaron la que permitía la segunda reelección de Uribe, es decir, por tener vicios de trámite y por sustituir la Constitución. Pero la maraña jurídica que se está armando al detener la publicación del acto legislativo y coquetear con reabrir el debate en el Congreso crea un escenario constitucional de resultados inciertos. A lo cual se suma el hecho sin precedentes de que los magistrados de la Corte tendrían que declararse impedidos porque la reforma los favorece, al extender su período de ocho a doce años. Por eso, el antídoto legal es un referendo ciudadano que derogue inequívocamente la reforma. Si las razones jurídicas aconsejan el referendo, las políticas lo hacen necesario. Porque lo que está en juego es el pacto político de 1991, surgido de una movilización ciudadana contra la corrupción, la violencia y la clase política tradicional. La misma clase política que el miércoles quiso darle el puntillazo a la Constitución, deshaciendo los mecanismos que la controlan. Con ello concluía el desvalijamiento de la carta constitucional comenzado por Uribe, quien logró cambiarla para reelegirse, pero no tuvo éxito en su intento por recompensar a los congresistas con una reforma similar a la reciente. Gracias a las cortes, la Constitución sobrevivió parcialmente la embestida de Uribe. Pero en este segundo ataque, el poder judicial ha tenido un rol ambiguo. Basta recordar la penosa entrevista del presidente del Consejo de Estado en este diario, donde excusaba el apoyo de algunos colegas a la reforma a cambio de cuatro años más en el cargo, porque “salen sin pensión” y “tienen que vivir de la nada”. De modo que sólo una movilización ciudadana, que retome el espíritu del 91, puede detener el desmonte de la Constitución. Por ello, el movimiento por el referendo no debe concentrarse apenas en derogar la reforma, sino en consolidar un frente ciudadano de largo plazo en defensa de la Constitución. Y debe cuidarse del oportunismo del uribismo, que tratará de pescar en río revuelto para sacarse la espina con Santos y convocar una asamblea constituyente que permita la reelección de Uribe. Veinte años después, la gran promesa incumplida de la Constitución es la democracia participativa que la inspiró. Puede ser que el movimiento por el referendo, con el combustible de la indignación y el lubricante de las redes sociales, finalmente la haga realidad. MACROLINGOTES Por: Óscar Alarcón Hay un antecedente de objeción presidencial a una reforma constitucional. Sucedió con el acto legislativo número 3 de 1910, cuando el presidente Carlos E. Restrepo lo devolvió por vicios de trámite. La Asamblea Nacional (Congreso de la época) no los aceptó, pero hubo quienes conceptuaron que sí era factible considerarlos. Imprimir  Enviar  Opiniones 3  Ahora la situación es bien difícil. El presidente la objeta y, por consiguiente, debe ir al Congreso para que decida si es viable la objeción y en este caso entre a considerarla. Pero sucede que las reformas constitucionales sólo se pueden tramitar en dos períodos ordinarios sucesivos que ya vencieron el 20 de junio. En sesiones extraordinarias no se puede, y en la nueva legislatura y nuevo período que comienza el 20 de julio, tampoco se puede porque ya pasaron los dos períodos ordinarios sucesivos. En tales circunstancias no puede ir a la Corte Constitucional porque se necesita que pase por el Congreso, y la posibilidad de que vaya a esa alta corporación es que el presidente de la República o del Congreso la mande a publicar para que se promulgue y entre a regir, caso en el cual cualquier ciudadano la podría demandar o cabría un referendo derogatorio. Pero en esa eventualidad cumpliría sus efectos y vendrá el sinnúmero de beneficios que ni el Gobierno... ni el país desean. (Advierto, parte del trámite de la reforma constitucional de 1968 se hizo en sesiones no ordinarias). ¿Entonces? Lo mejor es dejarla como está, sin promulgación, y que quede en artículo mortis. Pero se corre el riesgo de que en uno, dos, diez o 20 años, cualquier presidente de la República o del Congreso la podría mandar a publicar, quedaría promulgada, y cumpliría sus efectos. Definitivamente estamos en el limbo. Recuerdo que hace 21 años, cuando los constituyentes firmaban la actual Constitución, uno de sus miembros, el hoy ministro de Justicia y quien acaba de renunciar, Juan Carlos Esguerra, antes de poner su rúbrica se echó la bendición. ¿Sería por eso que lo crucificaron? Pero hay otros culpables, porque la verdad es que la reforma se hundió... en el Pantano de Vargas. RECOBRAR LA OPINIÓN; CUESTE LO QUE CUESTE Por: Paloma Valencia Laserna La salida de las objeciones propuestas por Santos no es constitucional y aunque fueran aprobadas por el Congreso, gran parte de los oprobios acometidos con la Reforma a la Justicia quedarían vigentes.  El Presidente Santos pretende liberarse del peso político que implica el haber presentado y apoyado una Reforma a la Justicia que es una afrenta contra las instituciones del Estado de Derecho y que muestra la corrupción moral de nuestros dirigentes. Para hacerlo parece estar dispuesto a pasar por encima de la Constitución, de sus aliados y de sus propias alabanzas sobre la reforma. Muchas voces señalaron que la reforma era inconveniente. Hay problemas estructurales en el diseño de los frenos y contrapesos de la Constitución del 91; dejó una rama jurisdiccional sin control y un parlamento sometido, cuyos efectos el país ya conoce. Además la justicia es prácticamente inoperante; no falla, los índices de impunidad son elevadísimos y su desprestigio es creciente, los ciudadanos se sienten amenazados más que respaldados por sus decisiones… Sin embargo, son problemas muy delicados cuya solución requiere estudios y propuestas serias de los cuales carecía la reforma. Era una ventana de oportunidad que no iba a desaprovechar el Congreso; y ante la falta de decisiones consistentes por parte del Gobierno, el parlamento tomó medidas apresuradas para solventar su apretada situación. El Gobierno sabía que eso sucedería. Así lo denunció el Senador Juan Carlos Vélez cuando habló del “acuerdo de poderes” al que se llegó en el desayuno en Palacio durante el mes de mayo donde los ponentes, miembros del gobierno y muchos de los “aforados” convinieron ciertos asuntos, todos ellos sobre la interacción de las Ramas y no sobre el pobre funcionamiento de la Justicia. El Ministro Esguerra renunció y está bien que lo haya hecho. Sostuvo que había sido engañado en la conciliación; sin embargo si se hace un cuidadoso análisis de los textos aprobados por la comisión se evidencia que no hay toda la creatividad anunciada; la mayoría de lo que aparece es una selección de lo aprobado en las plenarias. El tema de las inhabilidades, por ejemplo, fue una modificación que se realizó el último debate en la Cámara de Representantes; la comisión se limitó a escoger entre el artículo del Senado y el de la Cámara, eligiendo este último. Ahora el Presidente optó por objetar cuatro aspectos la reforma constitucional. La Constitución no permite hacerlo, se acogió la Ley 5 y una sentencia de la Corte Constitucional que posibilita utilizar normas que regulan el trámite de las leyes ordinarias cuando hay vacíos en el trámite de los actos legislativos. En este caso no hay vacíos, ni espacio para estas objeciones, menos aún cuando el proyecto fue presentado y acompañado por el Ejecutivo. Pase pues este primer desafuero, pero hay más. Si se aplica esta teoría tendrían que aplicar el artículo 166 de la Carta que establece el procedimiento para las objeciones de las leyes ordinarias, dice: "Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos". Sin embargo, el Gobierno ha citado a sesiones extraordinarias para discutir las objeciones; desconoce así el artículo 375 de la Constitución donde se limita el trámite de proyecto de acto legislativo a dos periodos ordinarios y consecutivos. Ya terminó la oportunidad establecida por la Constitución para este asunto persistir el debate puede dar lugar a la inconstitucionalidad de lo decidido en las sesiones extras; más aún el artículo 149 de la Carta establece: “Toda reunión de miembros del Congreso que… se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes” es decir que los congresistas que asistan y voten estas objeciones podrán enfrentar procesos disciplinarios y también penales. Si se aprueben después de tantas nuevas afrentas las objeciones del Presidente estas tendrán que ser declaradas inconstitucionales, y aunque no lo fueran, la Reforma a la Justicia seguirá siendo un esperpento. El cuerpo de la Reforma está conformado por normas poco pensadas, que resuelven los asuntos de manera ramplona y sin la sofisticación que supone el desarrollo de los principios de frenos y contrapesos. Si la Reforma era una atentado contra la Constitución; la manera de solucionarlo no se aleja de ese camino. REFORMA PECAMINOSA Por: Reinaldo Spitaletta Como el campesino del perturbador cuento de Kafka, Ante la ley, el pueblo colombiano podría morir sin conocer ninguna ley a su favor, si, por ejemplo, no apela ahora mismo a la desobediencia civil frente a la monstruosa aprobación del acto legislativo de reforma a la Justicia. Lo que ha sido calificado por muchos sectores como un atropello precisamente a la justicia, es la muestra vergonzosa de las aspiraciones autocráticas de Santos, principal impulsor junto con su ahora ex ministro de Justicia, del mencionado adefesio. El santismo montó un Congreso de bolsillo con el propósito de someter a la justicia y a las cortes a sus ambiciones. Además, se trata de una especie de “contrarreforma” a la Constitución del 91 y del triunfo maquiavélico de aspiraciones retardatarias y de claudicación ante la impunidad. Lo que acaba de expresarse en la aprobación de la reforma judicial, aparte de los denominados “micos”, es una manguala descomunal entre congresistas y magistrados. Unos y otros, blindados; arropados entre sí. Intocables. ¡Qué justicia, arrodillada a los bancos y privatizada! El renunciado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ha dicho que fue engañado y que le “anotaron goles” en el texto de la reforma judicial. Y quiere hacerse aparecer como víctima de una suerte de complot, que lo aisló de los momentos cumbre de la conciliación de la reforma. ¿Y por qué no dice quiénes fueron sus victimarios y cuáles sus verdaderos objetivos? Bueno, pero por lo menos tuvo la gallardía de renunciar y de asumir la responsabilidad política, cuando lo que aquí se estila es exactamente lo contrario. En el pasado gobierno, el del señor del Ubérrimo, se presentó un choque entre el Ejecutivo y las Cortes, que enfermó la institucionalidad. Ahora se hace el tránsito a la confabulación entre los órganos judicial y legislativo. Qué país este en el que siempre se está amparando la defensa de los intereses de minorías, las mismas que mantienen, desde tiempos viejos, el poder y el actual estado de cosas. Antes fue el uso de conspiraciones y complots para derribar a la Corte Suprema de Justicia y nombrar una que consintiera y avalara los caprichos autoritaristas del mandatario; ahora, es la cooptación de aquélla para unos y otros cuidarse la espalda. Es posible, como advierten los trabajadores de la rama judicial, que se necesite una reforma a la justicia, pero no el atentado contra la Constitución que montaron los congresistas, algunos de ellos con urgencias de impunidad, y en la que hubo por debajo de la mesa intercambios de favores con magistrados. No fue una reforma para promover la rapidez en la solución, por ejemplo, de cerca de dos millones seiscientos mil procesos judiciales estancados a diciembre de 2011, en la que se constituye en la séptima administración de justicia más lenta del mundo. Ni tampoco para evitar las congestiones y la ineficiencia. Se trató de una maniobra de infamia contra el pueblo. Un caso llamativo, y muy discutido estos días, es el del freno a la Corte Suprema. En la vigencia de la Constitución del 91, este organismo investigó y condenó a decenas de congresistas por escándalos y delitos relacionados con la parapolítica. La reforma le quitó a la Sala Penal los casos contra los senadores y representantes y se los entregó a dos salas que todavía no existen. De tal modo que si ahora hay impunidad a granel, no nos extrañemos con que ésta aumente. Dentro de poco, los parapolíticos estarán de patitas en la calle, muertos de la risa y planeando nuevas picardías. Antes de que, como en el cuento del gran escritor de Praga, el guardián cierre las puertas de la Ley, el pueblo colombiano debe soliviantarse contra el engendro e ir hasta las últimas consecuencias hasta pulverizarlo. Al principio, Santos pareció no hacer caso a la indignación ciudadana. Ahora, que la misma crece por doquier, tendrá que disimular su esencia autoritaria y someterse a la voluntad popular, que, como se ha dicho, quiere justicia pero no una reforma esperpéntica como la aprobada por unos patanes. EL NUEVO SIGLO ESTRATEGIAS PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Existe en el Plan Nacional de Desarrollo un compromiso para hacer un Conpes orientado a los derechos de las personas con discapacidad, recordó  la jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de la Protección, Susana Helfer Vogel. Explicó también que otra de las iniciativas en favor de esta población tiene que ver con el Registro de la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, en donde anteriormente se estaba realizando de manera manual mediante la aplicación de encuestas pero que ahora, gracias al aplicativo en línea, se espera que sea más ágil y se pueda tener no solamente la historia de una persona con discapacidad, sino que desde el nivel municipal se pueda conocer cuántas están con discapacidad, cuántas estudian o trabajan , si están afiliadas a la seguridad social en salud  y de esta manera saber cuántas personas con discapacidad hay en el país. “En el momento ni siquiera tenemos un millón de personas registradas  y ese es un reto al que quisiera que nos comprometiéramos ustedes y nosotros, a que cada persona con discapacidad esté en este registro. Una vez sepamos cuántas están en el registro y sus necesidades, podremos planificar a nivel territorial como nacional las acciones, hacer seguimiento  y evaluación”, agregó. Así mismo mencionó que se cuenta con el observatorio de discapacidad  en el que se ha estado trabajando desde los años anteriores y que pronto estará en la página web del Ministerio con insumos de cada uno de los municipios y departamentos y así poder tener una línea de base que permita  mirar los avances. La funcionaria dijo también que se seguirán desarrollando encuentros periódicamente a nivel nacional con el objetivo principal de fortalecer el desarrollo del Sistema Nacional de Discapacidad y de la Política Pública de Discapacidad en función de la promoción del goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. JUSTICIA MILITAR NO PROCESARÁ DELITOS DE LESA HUMANIDAD Las ternas de las cuales saldrán los integrantes del Tribunal de Garantías para los procesos militares serán conformadas por el presidente Juan Manuel Santos, según se establece en la conciliación de la Reforma a la Justicia Penal Militar, que tendrá segunda vuelta legislativa a partir del 20 de julio. Al concluir los cuatro debates reglamentarios  en Senado y Cámara,  el mes entrante comienza la segunda  vuelta,  es decir regresa a la Comisión Primera de  Cámara.  Para surtir la segunda etapa  ya se desarrolló la conciliación pertinente entre las dos corporaciones legislativas. Según el texto aprobado en el Congreso, se contempla dentro del artículo uno, que a los integrantes de la Fuerza Pública se les debe garantizar un juicio oral y que sean investigados por la Justicia Penal Militar en caso de que los delitos de los que se les acuse sean cometidos  en el fragor  de las operaciones militares.  En la conciliación se mantiene el tribunal integrado por  8 magistrados, cuatro de los cuales deben ser integrantes de la Fuerza Pública. Igualmente,  estos magistrados serían nombrados por las salas de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, de  ternas enviadas  por el Jefe del Estado.   Se deja en claro que una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales. En el artículo dos, se puntualiza que en  ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento o uso de menores, cometidos  por uniformados. Para tal caso lo que se prevé es que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales. También se especifica que los delitos de los integrantes de la Fuerza Pública en relación con el conflicto armado serán investigados bajo el precepto del Derecho Internacional Humanitario.  Pero si existe alguna duda sobre la competencia de la Justicia Penal Militar  podrá intervenir una comisión técnica de coordinación,  integrada por representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial. Cabe recordar que una  ley estatutaria regulará la composición y funcionamiento de esta comisión y la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir. En dicho proyecto de ley serán creados los  tribunales y juzgados  penales. También se pretende crear un fondo de financiamiento de la Comisión técnica Centro de reclusión   La iniciativa contempla que los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos, y a falta de éstos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. La norma insiste en que cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública. Igualmente se especifica que los procesos que en la actualidad se encuentran en la justicia ordinaria seguirán en esta hasta que entre a regir la Reforma a la Justicia Penal Militar. En un último punto del texto de la conciliación  se faculta  por tres meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica.  Se espera que antes de terminar el año 2012 este acto legislativo entre a regir, es decir, que se convierta en  reforma constitucional vigente. EL NUEVO SIGLO PULSO CONSTITUCIONAL (I) Pulso constitucional (I) Una alta fuente judicial indicó que la semana pasada en el pleno de la Corte Constitucional hubo una propuesta para que los ocho magistrados emitieran un comunicado advirtiendo que no estaban de acuerdo con la ampliación del período así como de la edad de retiro forzoso. Sin embargo, no hubo acuerdo, y al final sólo dos de los magistrados dejaron constancia de que habían sido elegidos por el Congreso para un período de ocho años y una vez cumplidos éstos, se retirarían de la Corte. Pulso constitucional (II) La misma fuente indicó que el hecho de que sólo dos de los seis magistrados se manifestaran en contra del polémico artículo de la aún más controvertida reforma a la Justicia, no implica que la mayoría esté de acuerdo con esa propuesta. La razón es más de fondo: algunos magistrados considerarían que emitir una postura a favor o en contra de algún elemento de la cuestionada Reforma, de inmediato implicaría un prejuicio de los juristas y si el acto legislativo llegara a entrar en vigencia y fuera demandado ante el alto tribunal, sería necesario que todos los integrantes que se manifestaron sobre el período y la edad de retiro forzoso se declararan impedidos (so pena de ser recusados) y tendrían que ser reemplazados por una sala de conjueces. Se le medirá Ese mismo enfoque, de acuerdo con la alta fuente judicial, daría a entender que en el interior de la Corte Constitucional hay certeza de que los ocho magistrados pueden participar del examen de exequibilidad de la Reforma (si llega a entrar en vigencia o el Congreso niega las objeciones presidenciales). Como se sabe, hay juristas que vienen considerando que los ocho magistrados de la Corte no podrían participar del examen de la Reforma, puesto que medidas como la ampliación de períodos y el aumento de la edad de retiro forzoso los benefician directamente, y por lo tanto debería nombrarse a conjueces para definir el asunto. Plaza clave Y hablando de un posible examen de la Corte a la cuestionada Reforma (se reitera, en caso de que entrara en vigencia), es claro que la escogencia del nuevo magistrado de ese alto tribunal cobraría una importancia suprema. Como se sabe, meses atrás renunció a su magistratura Juan Carlos Henao, que pasó a ser el nuevo rector de la Universidad Externado. La confección de la terna recayó en el Consejo de Estado (que había postulado a Henao), pero hasta el momento ha sido imposible presentar al Congreso -que escoge al nuevo magistrado- la respectiva terna. De aquello, nada… La preocupación al respecto es alta, puesto que la renuncia de Henao se anunció a finales de marzo y aunque se pensaba que el Consejo de Estado aceleraría la integración de la terna, pasaron las semanas y de aquello nada… De los 70 candidatos inscritos inicialmente ante el alto tribunal, se hizo una preselección en la que quedaron alrededor de 20 nombres. Sin embargo, se trabó allí el proceso puesto que un bloque de magistrados del máximo tribunal del contencioso-administrativo considera que la terna debería ser integrada por juristas de origen liberal, pero otro se inclina por incluir un aspirante (a) conservadora. Por eso la terna no llegó al Congreso y ahora habrá que esperar hasta el 20 de julio. Lío político  Aunque en el Consejo de Estado se indica que la demora en la confección de la terna se debe más a temas como la dificultad para completar el quórum de magistrados, pues algunos han viajado al exterior y hay plazas vacantes que no han sido llenadas en más de un año, en el fondo todos saben que el problema es político. ORANGUTÁN SIN SACOLEVA  Por: Hugo Quintero Bernate Desde cuando el maestro Echandía, del Chaparral de los Grandes, señaló que la democracia colombiana era: “Un orangután con sacoleva”, éste ha crecido tanto y a veces se siente tan poderoso que ni siquiera se toma el trabajo de ponerse el sacoleva. La reforma a la justicia es la más reciente, pero a buen seguro no ha de ser la última, exhibición del primate sin el sacoleva que en ocasiones disimula sus intenciones. De un solo plumazo, sin objeción alguna del Gobierno nacional, y más bien con la celebración alborozada del ahora exministro de Justicia, se sustituyó la Constitución de 1991 al suprimirle todos los elementos que generaron el consenso que permitió su aprobación en coro por Gómez, Serpa y Navarro. La mayoría del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los parlamentarios y el de sanciones por su infracción fueron reducidas a extremos que hacen casi inexistentes las primeras, e inaplicables las últimas. La independencia de la Rama Judicial quedó al garete con la supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que no sólo tenía un valor real, sino simbólico, por expresar la superación de viejas y dolorosos épocas mendicantes de los jueces tras el Ejecutivo. Ni siquiera la adopción de un sistema de investigación y juzgamiento que iguala a los congresistas con todos los demás ciudadanos del país al distinguir las funciones de acusación de las de juzgamiento y permitirles tener doble instancia o la adición presupuestal de 2 billones de pesos para la Rama Judicial o la garantía de que su presupuesto se mantendrá con el IPC más dos puntos, alcanza para rescatar una reforma que tiene más vicios que virtudes. Pero lo más malo de todo no es que el Congreso y el Ejecutivo se hayan amangualado para producir una reforma tan mala que no sólo acaba con la independencia de la justicia y con el sistema acusatorio, sino que el Gobierno le haya quitado a última hora su respaldo, mediante un procedimiento absolutamente espurio que crea un peligroso precedente para la democracia nacional. En un país donde el presidencialismo hace extremadamente poderoso al primer mandatario, aceptar que el Presidente de la República pueda además objetar a discreción suya una reforma constitucional tramitada por el Congreso, es un grave precedente que puede conducirnos a una verdadera dictadura. Y no se justifica reconocerle semejantes facultades al Presidente, porque se trate de un hombre decente como Santos, o porque la medida sea actualmente popular, pues la democracia no puede terminar dependiendo del talante de los mandatarios o del estado de la opinión, sino de la rigurosidad de las reglas. No hay duda de que el Gobierno quedó en el peor de los mundos, pues quedó patrocinando una reforma constitucional, indefendible, pero inobjetable. Pero no puede quejarse de no tener medios constitucionales para revocarla porque ninguno responda a sus urgencias, pues tanto el referendo como la acción constitucional son caminos válidos, aunque menos veloces. Esa es justamente la diferencia entre las vías de hecho y las del derecho. Siempre es más fácil patear que litigar, pero no es correcto. CMI DIRECTOR EJECUTIVO DE RAMA JUDICIAL RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA Villa señala que pone a disposición de la contralora general y de los organismos de control, sus actuaciones para que sean investigadas. El director ejecutivo de Administración Judicial, Diógenes Villa, aseguró que todas sus actuaciones han sido transparentes y autorizadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera, Diógenes Villa respondió a los cuestionamientos hechos por la contralora general, Sandra Morelli, quien señaló que durante su gestión al parecer se habrían presentado irregularidades en la gestión de los recursos de la Rama, en temas de descongestión. El funcionario aclaró que lleva apenas nueve meses en el cargo y que la implementación de la descongestión y la oralidad dependen de decisiones adoptadas por la Sala Administrativa. “El director ejecutivo no autoriza ni diseña los gastos. Los contratos son debidamente autorizados por la Sala Administrativa, que es la junta directiva, y el presupuesto se ejecuta conforme a dichas autorizaciones y contrataciones que cumplieron los requisitos de ley”, indica la misiva. En el comunicado expedido por Villa, también se asegura que la inclusión en la Reforma Judicial del cargo de Director Ejecutivo fue presentada por el Gobierno desde el primer proyecto y que nada tuvo que ver él con ese trámite. “Desde el inicio de mi gestión, a partir del 8 de septiembre de 2012, he solicitado el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría en todas las acciones administrativas”. Frente a las críticas que se le hacen al funcionario porque supuestamente no cumple con los requisitos para desempeñarse en el cargo, Diógenes Villa sostiene que es abogado especializado con más de 33 años de experiencia en la Rama Judicial, desempeñándose en diferentes cargos como juez y director seccional de Fiscalías. “Aunque mi elección fue transparente, desde el inicio he sido objeto de ataques personales, sin fundamento, y en el fondo hay un interés en eliminarme del cargo. Con el debate de la Reforma a la Justicia me he convertido en un 'chivo expiatorio'”, puntualiza el comunicado. El director ejecutivo de la Rama agrega que pone a disposición de la Contralora General y de los demás organismos de control y de justicia sus actuaciones, para que se investigue cualquier supuesta irregularidad. REVISTA SEMANA REFORMA CONSTITUYENTE, ¿PARA QUÉ Y PARA QUIÉN? Una Asamblea Constituyente es invocada por muchos sectores como la mejor herramienta para realizar la Reforma a la Justicia. Sin embargo, analistas explican que esto se podría convertir en una caja de Pandora que permitiría reescribir las reglas del juego a favor de unos pocos. Cuenta la mitología griega que Pandora era una mujer con sugerentes curvas capaces de enloquecer a cualquier hombre. Pero la hermosa dama iba acompañada de una pequeña caja en la que Zeus había escondido todos los males del universo. La idea del Dios griego era la de configurar un "bello mal", de tal magnitud que los hombres se alegraran al recibirlo al mismo tiempo que aceptaban un sinnúmero de desgracias. Un día, presa de la intriga, la bellísima Pandora abrió la caja. Al igual que Pandora, la idea de una Asamblea Constituyente resulta muy atractiva para muchos sectores de la ciudadanía que sienten una necesidad de revolución en las instituciones, debido a los malabares en los que se encuentran tanto el Ejecutivo como el Legislativo para cerrar cuanto antes el bochornoso capítulo del fracaso de la reforma a la Justicia. Sin embargo, esta iniciativa, impulsada principalmente por dirigentes de la derecha, que invoca el espíritu de la Constituyente de hace 21 años, cuando en el país comenzaba la convulsa década de los 90, tiene hoy peligrosos colmillos. La propuesta uribista Lo que empezó como un reclamo de un sector del uribismo tomó forma con el anuncio del representante a la Cámara por el partido de la ‘U’ Miguel Gómez Martínez, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. El pasado viernes Gómez anunció que el próximo 20 de julio, cuando los congresistas regresen de sus vacaciones, presentará un proyecto de ley ordinaria en el que se establezca el objeto, el tiempo y cómo se elige las personas para una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, definir la carpintería de una constituyente. “Hay mucho poder en la Presidencia, el Congreso es demasiado débil y el Poder Judicial está engatillado entre conflictos internos sobre competencias. El Estado está en crisis y tenemos que volver a ordenar todo”, explicó el sobrino de Álvaro Gómez, para defender su postura. Con los ánimos convulsos por la incertidumbre generada por la reforma, el senador Juan Carlos Vélez citó para este miércoles una reunión con personas allegadas al expresidente Uribe para analizar la propuesta de la Constituyente, pues lo ven como el único camino para hacer la reforma a la Justicia. La puerta de los sustos “El único argumento para sostener una Constituyente es que se haga la reforma a la Justicia, porque las iniciativas anteriores han fracasado bien sea porque no se le da la importancia que merece o porque, como sucedió esta vez, los congresistas no supieron aprovechar la oportunidad”, explica Jorge Iván Cuervo, profesor de derecho de la Universidad del Externado y columnista de Razón Pública. Sin embargo, y a pesar de que varios analistas coinciden en que una Asamblea Constituyente parece ser la única vía para realizar una reforma a la Justicia, también advierten de los peligros que vienen con esta posibilidad. Cuervo señala que realizar una Asamblea Constituyente en un país tan polarizado sería muy costoso y sería abrir la puerta de los sustos. “Para ir a una Constituyente se necesitan votos, y entonces el sector de la ciudadanía que impulsa una Asamblea se vería sustituido por los políticos. Los líderes de la derecha, del centro y los de izquierda terminarían haciendo una Constitución a su medida”, puntualiza. Otro de los aspectos importantes por el que los analistas rechazan esta posibilidad es que las circunstancias del país no son las mismas que hace dos décadas, cuando la crisis institucional había tocado fondo, el narcoterrorismo desbordaba a legalidad hasta el punto de asesinar a tres candidatos presidenciales en cuestión de meses y había una sociedad unida que al unísono clamaba por los mismos intereses. “Hoy la sociedad está más polarizada que nunca y de una constituyente sólo se beneficiarían los políticos, específicamente los uribistas más duros, que sacarían provecho de esta oportunidad”, le dijo un reconocido experto a Semana.com Constituyente a la medida del Congreso El especialista en derecho constitucional y director de la Fundación Derecho Justo, Juan Carlos Lancheros, explica que es el Congreso el encargado de moldear la convocatoria de una Asamblea Constituyente. “El Congreso establece el tiempo que duraría la Asamblea, los temas que allí se van a tratar y quiénes la compondrían. Por eso la gente que piensa que se podría revocar al Congreso está equivocada porque ellos mismos no van a aprobar su propia muerte”, concluye. Expertos también señalan que Colombia debe aprender a administrar sus crisis políticas y que una Asamblea Constituyente no se limitaría a reformar a la Justicia, sino que terminaría estableciendo unas nuevas normas del juego que beneficiarían ya no a los ciudadanos sino principalmente a los líderes políticos que la están impulsando.