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Vivir |21 Abr 2012 - 9:00 pm
Debate por casos sicariales
En moto de Dosquebradas a Pereira
Por: Juan Miguel Álvarez/Especial para El Espectador Pereira
Tribunal Administrativo de Risaralda tumbó el uso de estos vehículos con parrillero en una ciudad, mientras en la capital es al revés.
Esta imagen típica de dos personas a bordo de una moto es violación de norma policial y de tránsito en Pereira. / Fotos: Nahún Guerrero
UNO. Si algún vehículo de transporte particular quedó vituperado tras la eclosión de los carteles del narcotráfico en Colombia, es la motocicleta. Y lo fue porque dada su capacidad de zigzaguear velozmente por entre carros y vías prietas, los sicarios las acostumbraron para acechar a su víctima, cometer el crimen y alejarse de la escena. Fugarse, incluso, a pesar de la persecución de la policía. Sin ir muy lejos, dos de los homicidios más dolorosos y vergonzosos de la historia nacional fueron cometidos por asesinos a bordo de motocicletas: el del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, y el del director de este periódico, don Guillermo Cano Isaza, en diciembre de 1986.
Para finales de la década del ochenta y comienzos de la del noventa, en ciudades como Medellín o Cali los homicidios cometidos desde motocicleta podían ser hasta el 40 por ciento de los totales en un año. Desde entonces, esta práctica criminal ha sido tan frecuente que en el dialecto nacional un sinónimo de sicario es “el de la moto”. La portada de uno de los libros clásicos acerca del narcotráfico colombiano, Mercaderes de la muerte (1995), escrito por uno de los mejores reporteros judiciales de este país, Édgar Torres Arias, es la ilustración de dos sicarios en motocicleta esperando que su víctima atraviese una puerta.
Una de las tantas medidas de choque que las alcaldías tomaron para disminuir los asesinatos desde una moto fue la de prohibir el pasajero de género masculino, coloquialmente llamado “parrillero”. En principio, es decir, en los años del apogeo de los carteles, esta medida era de carácter transitorio: se implementaba por unos días, unas semanas o unos meses, y se levantaba luego de lograr el descenso en la tasa de homicidios. Sin embargo, de un tiempo para acá —¿cuándo?— no pocos alcaldes del país se amañaron con la medida y la volvieron de carácter permanente.
Algo así es lo que ha ocurrido en el área metropolitana de Pereira.
DOS. Corría el mes de junio de 2008 y Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal estaban a punto de ser incluidas dentro de las alertas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Esto quería decir que la exacerbación de la criminalidad en estos municipios, tras la desmovilización paramilitar de los frentes regionales del Bloque Central Bolívar, estaba en riesgo de dejar ser hechos de delincuencia organizada para convertirse en una versión urbana del conflicto armado interno. En la calle esto se notaba en la cantidad de asesinatos. En ese primer semestre del año, en sólo Pereira la tasa rondaba los 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. De continuar así, en diciembre la tasa sería de más del doble.
Para menguar esta matanza, el Consejo Departamental de Paz —entidad conformada por miembros de autoridades políticas, policiales y organizaciones sociales— sugirió restringir el parrillero en las motos, por medio de decreto en cada alcaldía. La de Pereira acogió la sugerencia desde el primer día de julio. A su tiempo, las de Santa Rosa de Cabal y La Virginia hicieron lo mismo. Por el contrario, la Alcaldía de Dosquebradas se rehusó. Estando en campaña, la alcaldesa Luz Ensueño Betancur había prometido no tomar esa medida durante su mandato.
Encrespado, el secretario de Gobierno de Risaralda, Germán Darío Saldarriaga, dijo en la Asamblea departamental que la alcaldesa no tenía “voluntad” para tratar asuntos de carácter metropolitano. Y advirtió que si no acogía la medida, la Constitución autorizaba al gobernador a imponerla por encima de la autoridad local.
Reforzando la posición de Saldarriaga, el comandante de policía de Risaralda en esa época, coronel José Antonio Poveda, mostró en la pantalla de la Asamblea un clasificado publicado en El Diario del Otún que solicitaba “motos para cobros especiales”. En tono melodramático, el coronel concluyó: “Señores diputados: si ante esto uno no toma esta medida, ¿qué hace la policía, por favor? Esto tiene que sensibilizar al más insensible, de verdad que sí”.
Llegó el final de 2008 y a pesar de la restricción, Pereira alcanzó una tasa de 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la más alta del país entre las ciudades de más de 400 mil habitantes. La Virginia, una tasa de 85, y Santa Rosa de Cabal, una de 96. Dosquebradas sin la restricción tuvo una tasa de 83.
TRES. Luz Ensueño Betancur se sostuvo en su renuencia durante todo 2009. Y sin la restricción, Dosquebradas alcanzó la tasa de homicidios más baja de los últimos años: 61 por cada 100 mil.
En abril de 2010, el comandante de policía de Risaralda que había sucedido a Poveda, el coronel Hoover Penilla, pidió al Concejo de Dosquebradas concertar de nuevo con la alcaldesa la implementación de la medida debido a varios casos de fleteo —atracos a mano armada de personas recién salidas de un banco— pero, sobre todo, por lo que hizo ver como una amenaza al orden público: el mototaxismo. “Me estoy preparando para ese tema”, dijo Penilla. “No va a faltar el vivo que compre diez o veinte motos y las ponga a trabajar. Lo que termina convirtiéndose en una mafia y en un problema social como ha ocurrido en otras ciudades del país”.
Menos de un mes después de estas palabras, exactamente el 10 de mayo, la Alcaldía de Dosquebradas expidió el Decreto 154, de carácter transitorio, prohibiendo el parrillero. Y el 22 de octubre modificó la medida mediante otro decreto, convirtiéndola en una restricción permanente “hasta que las circunstancias lo ameriten”. Es decir, de manera indefinida.
Fue entonces cuando el señor Álvaro Restrepo, líder comunitario, exconcejal de Dosquebradas desde 2003, entabló una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda pidiendo la nulidad del decreto. “Mi argumento fundamental”, me explicó Restrepo, “fue que el artículo 30 del Código de Policía establece que las medidas utilizadas para recuperar el orden público no pueden utilizarse más allá del tiempo indispensable. Es decir, no pueden ser de carácter permanente, pues terminan siendo violaciones a los derechos ciudadanos y a las libertades fundamentales. En este caso, la restricción permanente del parrillero viola el artículo 24 de la Constitución, que consagra la libertad de circulación por el territorio nacional de todo colombiano”.
A principios de marzo de 2012 el Tribunal falló a favor de Restrepo. El alcalde actual, el señor Diego Ramos, aceptó la decisión y no presentó apelación. “Nunca he estado de acuerdo con esta restricción”, me dijo el alcalde. “No es justo que por unos pocos que cometen delitos, pague toda la ciudadanía. En Dosquebradas hay unas 35 mil motos matriculadas. Es el vehículo familiar por excelencia. Por eso, concerté con las autoridades policiales que probáramos un tiempo. Y en eso estamos”. El alcalde agregó que de los homicidios de los últimos siete meses de 2011, sólo el 2 por ciento había sido cometido por sicarios parrilleros. Y que de los veinte homicidios ocurridos hasta sus primeros cien días de gobierno, sólo uno. “Y ese ocurrió antes del fallo del Tribunal”.
Aun con la estadística a su favor, el alcalde Ramos ha sido cuestionado. Una semana después de la nulidad del decreto, Enrique Vásquez, alcalde de Pereira, declaró en medios locales que le preocupaba porque desarticulaba “procesos de seguridad ciudadana”. Y advirtió que si no daba resultado, los alcaldes de Dosquebradas, La Virginia, Cartago y “toda esta región” debían “articular la medida”. A los días, tras el asesinato de José Argemiro Cárdenas, exalcalde de Dosquebradas, cundió la versión de que el sicario había huido como parrillero en una motocicleta. Tras su captura, se supo que había llegado en taxi y había escapado corriendo.
“¿Cuántos homicidios o fleteos deberán ocurrir para volver a decretar la restricción?”, le pregunté al alcalde Ramos. “No he calculado —me dijo—. Pero si el índice de homicidios, atracos y fleteos se llega a subir, tomaré nuevamente la medida”.
Entre tanto, el exconcejal Álvaro Restrepo dice que en pocos días radicará en el Contencioso Administrativo de Risaralda la misma demanda de nulidad contra el decreto que prohíbe el parrillero en Pereira. Seguramente el alcalde Vásquez Zuleta, como heredero político de la administración anterior, gestora de la restricción que rige desde aquel julio de 2008, defenderá la conservación de la medida. Mientras llega el desenlace, a cada ciudadano de Dosquebradas que vaya de parrillero en una moto y quiera entrar a Pereira le toca bajarse en la mitad del Viaducto y continuar a pie.
Twitter: @cronista77
Los parrilleros en Santa Rosa de Cabal
Por medio del decreto 083 de julio de 2011, la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal no sólo prohibió el parrillero, también la circulación de motos entre las diez de la noche y las cinco de la mañana. A quien “demostrara la necesidad”, la Alcaldía le expedía un permiso de circulación.
Estas restricciones, más que para impedir los homicidios por sicarios parrilleros —cuyo porcentaje del total de los cometidos en el año en ese municipio no fue de dos dígitos—, fue impulsada por la misma “amenaza” que el coronel Hoover Penilla había expuesto en el Concejo de Dosquebradas: el mototaxismo.
Ante la carencia del consenso en planes de movilidad y nuevas fuentes de trabajo, la prohibición se impuso como única medida posible. Lo estimable era que quienes se vienen dedicando a este oficio se hicieran escuchar. Y esto sucedió el pasado 11 de abril: más de cincuenta mototaxistas se agolparon en la Plaza de las Araucarias. Indignados y a punto de la furia con ganas de tomarse la Alcaldía, terminaron siendo dispersados por el escuadrón antimotines de la policía.
Juan Miguel Álvarez/Especial para El Espectador Pereira | Elespectador.com
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