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BOLETIN No. 150
Empresas de servicios públicos se unen contra el fraude
En Caldas, Risaralda y Quindío
En los últimos años han aumentado los hechos delictivos que afectan la prestación de los servicios públicos y las telecomunicaciones. Estas acciones fraudulentas afectan a los usuarios, impactando los criterios de eficiencia y calidad y a las empresas prestadoras, atentando contra la sostenibilidad.
En el 2011 las pérdidas por hurto de infraestructura para las empresas prestadoras de servicios públicos superaron los $171 millones de pesos y por defraudación de fluidos (conexiones ilegales de energía, agua, gas) ascendieron a $462 mil millones de pesos aproximadamente, lo que para los usuarios representa costos mayores a los 900 millones de pesos.
Con esta alianza se propone la implementación de un nuevo modelo de seguridad y cooperación. En Caldas UNE, Aguas de Manizales, EFIGAS, CHEC e INVAMA, con el acompañamiento de la SIJIN, C.T.I, la Policía Nacional y la Fiscalía, firmaron este compromiso el 3 de mayo de 2011 y hasta la fecha han logrado importantes resultados como: 17 capturas efectivas por robo de infraestructura y defraudación de fluidos, incautación de 6549 kg de cable y cobre, tres transformadores y aproximadamente 11 medidores, 25 denuncias por defraudación de fluidos y robo de infraestructura, recuperación para algunas empresas de valores hasta de 59 millones, disminución del índice de robo de infraestructura hasta en un 72% y diversas acciones educativas, comunicativas y sociales.
Ante el éxito de esta estrategia las empresas EDEQ, Movistar y Empresas Publicas de Armenia entraron a formar parte de la alianza por el departamento del Quindío y la Empresa de Energía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira y Telefonía de Pereira por Risaralda, conformándose así una alianza regional contra el fraude, primera en su tipo en el país.
El pasado 21 de junio se reunieron representantes de las empresas de los tres departamentos en las instalaciones de CHEC, para evaluar resultados y planear acciones conjuntas. Se definió que para continuar obteniendo logros se continuará con la implementación y gestión de estrategias comunes, que permitan intercambiar información, articular recursos y emprender acciones conjuntas en los diversos campos (jurídico, social, comunicativo, entre otros) contra los actos delictivos que afectan la prestación de los diferentes servicios, mejorando con ello el beneficio y protección de los derechos y condiciones de calidad de vida de los usuarios de la región.
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