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Discurso de Javier Sicilia, 8 de mayo, DF y pacto nacional propuesto
Nuevo pacto o fractura nacionalJavier Sicilia
En su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, al culminar la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que se inició el jueves 5 en Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia plantea un desafío: o el país todo –sus ciudadanos, sus estructuras políticas, gubernamentales y sociales– se compromete en un nuevo pacto social –paz, justicia y dignidad como premisas– o se hundirá en una fractura de consecuencias impredecibles. Advierte también que el movimiento que él impulsa tiene entre sus objetivos colocar a la clase política y a los poderes ante una disyuntiva: o hay cambios radicales en México o “no aceptaremos más una elección” o, en todo caso, “las elecciones del 2012 serán las de la ignominia”. Transcribimos aquí el discurso completo del poeta, colaborador de Proceso.
Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria. Pero tal vez no, todavía no, aún no, aun a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión.
Heidegger
(Nuestro) peso es (nuestro) amor; a donde quiera que se (nos) lleve, es él quien nos lleva. (Ese) don que proviene de (nosotros) nos inflama y nos eleva: (nosotros) ardemos y vamos.
San Agustín
Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan –a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan–; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino.
Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.
Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen.
Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur –de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación– y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación.
Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos –a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro–; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder.
Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?
Estos casos –hay cientos de la misma o de mayor gravedad– ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran?
Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante.
Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio.
Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos.
A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista –más letal, por contundente y expansiva, que las drogas–, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.
¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia.
Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país.
Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país.
Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez –el rostro más visible de la destrucción nacional– de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa.
Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México.
PACTO NACIONAL
Esta es la propuesta hecha por el movimiento encabezado por Javier Sicilia. El documento se hizo público en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo de 2011, en la reunión de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad; misma que convocó a miles de personas y representó el primer paso de la organización civil que necesita nuestro país frente a la emergencia nacional.
Son seis los puntos cardinales que se propone acordar y firmar el 10 de junio en Ciudad Juárez, el epicentro del dolor:
1. Exigimos verdad y justicia.
2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.
4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.
5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.
Unidos podemos lograr que nuestras exigencias sean escuchadas y satisfechas. Construyamos juntos el camino de la paz.
A continuación se puede leer la propuesta completa:
Por un México en paz con justicia y dignidad
I. Razones y urgencia
Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.
Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas, y por la destrucción del ambiente. Se trata de una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos, marginados y vulnerabilizados de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños, migrantes, pueblos indígenas.
Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico en nuestro país a través de sus interconexiones transnacionales de territorios e imponiendo sus reglas de acción al Estado-Nación, lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos, creando, a la vez, "territorios-sin-gobierno", en donde las bandas se disputan el dominio del trasiego de la droga desde Sudamérica y Centroamérica hasta aquí para enviarlas a Estados Unidos.
Así, la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.
Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles: actualmente 500 miembros del Ejército –desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país. Avanza la preeminencia de la lógica militar sobre la lógica civil en múltiples ámbitos de la vida nacional.
Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 000 ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron 1 427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 000 huérfanos; (la Redim calcula 30 000, aunque no es una cifra oficial); 10 000 secuestros de migrantes; más de 30 alcaldes asesinados.
Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos violentos.
Preocupa especialmente que el sector de la juventud más vulnerable ha sido estigmatizado y criminalizado bajo la categoría de "ninis", 7 millones de jóvenes en el país, sin el reconocimiento de que tal condición es producto de las acciones y omisiones del gobierno mexicano al negarles condiciones de acceso a la educación y al trabajo digno. Es central la responsabilidad del gobierno, en las políticas económicas, sociales, educativas y urbanas que generan exclusión, rompimiento de los lazos familiares, desgarre del tejido social, estas políticas son las responsables de la generación de "ninis". Se trata de miles de jóvenes y menores de edad sin educación ni empleo que para sobrevivir no tienen otra opción que engrosar las filas del ejército a través del servicio militar o cooperar con el narcotráfico, para así morir o ser encarcelados; se trata de miles de adolescentes en el ejército, miles en las cárceles, y miles en las tumbas.
Los intentos del gobierno por atacar de otras formas el problema de la inseguridad, como el programa Todos Somos Juárez implementado desde hace quince meses, han fracasado a ojos de la ciudadanía. Se ha buscado sustituir con dinero a la exigencia de justicia. Ha sido un intento de contener con obra pública la indignación y el dolor de una comunidad vulnerada y agraviada. Ha beneficiado a un puñado de constructoras y no ha atacado las raíces sociales de las violencias. Ha generado además efectos perversos porque obstaculiza la organización autónoma de la sociedad y donde se implanta se hace sin tomar en cuenta la dinámica de los actores, las iniciativas y los conflictos locales.
Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles: federal, estatal y municipal. Según datos que se han hecho públicos por expertos, más del 70% de los gobiernos municipales se encuentran bajo presión del crimen organizado, por amenaza, o por corrupción de los funcionarios.
La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: el 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.
El deterioro de las instituciones democráticas en México se refleja en la situación de los derechos humanos en el país: se han sextuplicado las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden; entre éstas, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias. De manera simultánea se ha dado un proceso de regresión en materia de derechos humanos tanto para el ejercicio de libertades, como en los derechos sociales, particularmente los laborales; de los derechos colectivos de comunidades sobre sus territorios y bienes naturales, así como la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a los defensores de derechos.
Los efectos en la vida cotidiana de las personas y las colectividades producen un profundo proceso de fragmentación del tejido social; sentimientos de impotencia e indefensión frente a la imposibilidad de obtener justicia y protección; miedo, culpa, ira e incertidumbre frente a la realidad; desesperanza y trastocamiento de las visiones de futuro.
II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos
En esta hora de emergencia nacional, la Nación se debe articular de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y que posibilita la convivencia social.
Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad:
1. Exigimos verdad y justicia
A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de persona, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.
B. Exigimos a las autoridades estatales y federal, como señal de la capacidad de funcionamiento del Estado, la resolución pública que presente, en un máximo de 3 meses, a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, como son:
la familia Reyes: Josefina Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto (esposa de Elías), Julio César Reyes Reyes, Rubén Reyes Salazar (hermano)
Marisela Escobedo y su hija Rubí,
Susana Chávez,
Bety Cariño y Jiri Jaakola
las niñas y niños de la guardería ABC:
María Magdalena Millán García
Andrea Nicole Figueroa
Emilia Fraijo Navarro
Valeria Muñoz Ramos
Sofía Martínez Robles
Fátima Sofía Moreno Escalante
Dafne Yesenia Blanco Losoya
Ruth Nahomi Madrid Pacheco
Denisse Alejandra Figueroa Ortiz
Lucía Guadalupe Carrillo Campos
Jazmín Pamela Tapia Ruiz
Camila Fuentes Cervera
Ana Paula Acosta Jiménez
Monserrat Granados Pérez
Pauleth Daniela Coronado Padilla
Ariadna Aragón Valenzuela
María Fernanda Miranda Hugues
Yoselín Valentina Tamayo Trujillo
Marian Ximena Hugues Mendoza
Nayeli Estefania González Daniel
Ximena Yanes Madrid
Yeseli Nahomi Baceli Meza
Ian Isaac Martínez Valle
Santiago Corona Carranza
Axel Abraham Angulo Cázares
Javier Ángel Merancio Valdez
Andrés Alonso García Duarte
Carlos Alán Santos Martínez
Martín Raymundo de la Cruz Armenta
Julio César Márquez Báez
Jesús Julián Valdez Rivera
Santiago de Jesús Zavala Lemas
Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas
Xiunelth Emmanuel Rodríguez García
Aquiles Dreneth Hernández Márquez
Daniel Rafael Navarro Valenzuela
Juan Carlos Rodríguez Othón
Germán Paúl León Vázquez
Bryan Alexander Méndez García
Jesús Antonio Chambert López
Luis Denzel Durazo López
Daré Omar Valenzuela Contreras
Jonathan Jesús de los Reyes Luna
Emily Guadalupe Cevallos Badilla
Juan Israel Fernández Lara
Jorge Sebastián Carrillo González
Ximena Álvarez Cota
Daniela Guadalupe Reyes Carretas
Juan Carlos Rascón Holguín
la familia Le Barón: Erick Le Barón, Benjamín Le Barón, Luis Widmar Stubbs
los jóvenes de Villas de Salvarcar:
Marcos Piña Dávila
José Luis Piña Dávila
Rodrigo Cadena Dávila
Juan Carlos Medrano
Horacio Alberto Soto Camargo
José Luis Aguilar Camargo
Yomira Aurora Delgado
Brenda Ivonne Escamilla José Adrian Encino Hernández
Edgar Martínez Díaz
Jesús Enríquez
Jesús Armando Segovia Ortiz
Carlos Lucio Moreno
Eduardo Becerra
Jaime Rosales
los jóvenes de Morelos: Juan Francisco Sicilia, Luis Romero, Julio Romero, Gabriel Alejos, Álvaro Jaime y Socorro Estrada.
C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.
2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana
A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del ejército en tareas policiales; que avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.
B.I Exigimos que, antes de dos meses, los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
B.II Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos.
C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un "Encuentro Nacional" de las experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana autogestiva y comunitaria, que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto, y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar la forma que toma la delincuencia en cada región y saber cómo frenarla.
3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad
A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.
B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.
4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen
A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de "protección" y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.
B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.
C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.
5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública
B- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.
6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación
La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.
Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.
Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.
B..I. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y que retome los asuntos pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y legisladores de varios partidos.
III. Para iniciar el camino
Estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin.
Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.
Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación. Tenemos que dejar la apatía, la queja, el paternalismo, las visiones sectarias, para sumarnos activamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos públicos.
Esta es una invitación, por un lado, a la sociedad civil para organizarnos y unirnos en torno a demandas y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro lado, con esta unidad podremos realizar un emplazamiento a las más altas autoridades y responsables frente a la nación para exigirles que se comprometan públicamente a construir unas acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con justicia y dignidad en México ¡ya! No se trata de sentarse con las autoridades y responsables de esta emergencia nacional en un mismo estrado y sacar fotos.
El 10 de junio nos reuniremos en Cd. Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada unos de los 6 puntos.
La sociedad civil va a monitorear con mucho cuidado el cumplimiento de sus exigencias y a establecer las consecuencias de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas seremos testigos del compromiso real de estos actores, y verificaremos que cumplan cada punto.
Se crearán estas Comisiones Civiles de Verificación y Sanción para cada punto, las cuales evaluarán el compromiso y cumplimiento muy concreto, y, en caso que no se acepten las exigencias o se hagan discursos y no se cumplan, se establecerán, junto a la sociedad civil, las acciones de resistencia civil y pacífica correspondientes para lograr el cumplimiento de este "suelo" mínimo que consideramos para la reconstrucción de la nación.
Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir "espacios de reflexión y acción colectiva nacional" permanentes. Necesitamos fortalecer y visibilizar problemáticas regionales, articularnos en reflexión y acciones locales y nacionales, promover en todo momento una memoria activa y la participación central de todas las víctimas de este proceso de guerra hecha en nuestro nombre y sin nuestro consenso.
Con el Pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa a los titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; a los presidentes nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso de la Unión; a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial y financiero; a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales.
Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. Unamos nuestras voces de ambos lados de la frontera para exigir paz y detener el negocio de las drogas y el delito que destruyen vidas a ambos lados de la frontera.
Sigamos caminando juntos y juntas para construir ¡YA! un México en paz con justicia y dignidad.
En el Zócalo de la Cd. de México, al finalizar la Marcha
¡Estamos hasta la madre! ¡Alto a la guerra! ¡Por un México justo y en paz!
En su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, al culminar la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que se inició el jueves 5 en Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia plantea un desafío: o el país todo –sus ciudadanos, sus estructuras políticas, gubernamentales y sociales– se compromete en un nuevo pacto social –paz, justicia y dignidad como premisas– o se hundirá en una fractura de consecuencias impredecibles. Advierte también que el movimiento que él impulsa tiene entre sus objetivos colocar a la clase política y a los poderes ante una disyuntiva: o hay cambios radicales en México o “no aceptaremos más una elección” o, en todo caso, “las elecciones del 2012 serán las de la ignominia”. Transcribimos aquí el discurso completo del poeta, colaborador de Proceso.
Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria. Pero tal vez no, todavía no, aún no, aun a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión.
Heidegger
(Nuestro) peso es (nuestro) amor; a donde quiera que se (nos) lleve, es él quien nos lleva. (Ese) don que proviene de (nosotros) nos inflama y nos eleva: (nosotros) ardemos y vamos.
San Agustín
Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan –a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan–; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino.
Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.
Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen.
Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur –de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación– y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación.
Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos –a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro–; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder.
Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?
Estos casos –hay cientos de la misma o de mayor gravedad– ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran?
Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante.
Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio.
Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos.
A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista –más letal, por contundente y expansiva, que las drogas–, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.
¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia.
Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país.
Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país.
Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez –el rostro más visible de la destrucción nacional– de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa.
Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México.
PACTO NACIONAL
Esta es la propuesta hecha por el movimiento encabezado por Javier Sicilia. El documento se hizo público en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo de 2011, en la reunión de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad; misma que convocó a miles de personas y representó el primer paso de la organización civil que necesita nuestro país frente a la emergencia nacional.
Son seis los puntos cardinales que se propone acordar y firmar el 10 de junio en Ciudad Juárez, el epicentro del dolor:
1. Exigimos verdad y justicia.
2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.
4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.
5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.
Unidos podemos lograr que nuestras exigencias sean escuchadas y satisfechas. Construyamos juntos el camino de la paz.
A continuación se puede leer la propuesta completa:
Por un México en paz con justicia y dignidad
I. Razones y urgencia
Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.
Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas, y por la destrucción del ambiente. Se trata de una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos, marginados y vulnerabilizados de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños, migrantes, pueblos indígenas.
Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico en nuestro país a través de sus interconexiones transnacionales de territorios e imponiendo sus reglas de acción al Estado-Nación, lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos, creando, a la vez, "territorios-sin-gobierno", en donde las bandas se disputan el dominio del trasiego de la droga desde Sudamérica y Centroamérica hasta aquí para enviarlas a Estados Unidos.
Así, la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.
Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles: actualmente 500 miembros del Ejército –desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país. Avanza la preeminencia de la lógica militar sobre la lógica civil en múltiples ámbitos de la vida nacional.
Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 000 ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron 1 427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 000 huérfanos; (la Redim calcula 30 000, aunque no es una cifra oficial); 10 000 secuestros de migrantes; más de 30 alcaldes asesinados.
Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos violentos.
Preocupa especialmente que el sector de la juventud más vulnerable ha sido estigmatizado y criminalizado bajo la categoría de "ninis", 7 millones de jóvenes en el país, sin el reconocimiento de que tal condición es producto de las acciones y omisiones del gobierno mexicano al negarles condiciones de acceso a la educación y al trabajo digno. Es central la responsabilidad del gobierno, en las políticas económicas, sociales, educativas y urbanas que generan exclusión, rompimiento de los lazos familiares, desgarre del tejido social, estas políticas son las responsables de la generación de "ninis". Se trata de miles de jóvenes y menores de edad sin educación ni empleo que para sobrevivir no tienen otra opción que engrosar las filas del ejército a través del servicio militar o cooperar con el narcotráfico, para así morir o ser encarcelados; se trata de miles de adolescentes en el ejército, miles en las cárceles, y miles en las tumbas.
Los intentos del gobierno por atacar de otras formas el problema de la inseguridad, como el programa Todos Somos Juárez implementado desde hace quince meses, han fracasado a ojos de la ciudadanía. Se ha buscado sustituir con dinero a la exigencia de justicia. Ha sido un intento de contener con obra pública la indignación y el dolor de una comunidad vulnerada y agraviada. Ha beneficiado a un puñado de constructoras y no ha atacado las raíces sociales de las violencias. Ha generado además efectos perversos porque obstaculiza la organización autónoma de la sociedad y donde se implanta se hace sin tomar en cuenta la dinámica de los actores, las iniciativas y los conflictos locales.
Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles: federal, estatal y municipal. Según datos que se han hecho públicos por expertos, más del 70% de los gobiernos municipales se encuentran bajo presión del crimen organizado, por amenaza, o por corrupción de los funcionarios.
La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: el 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.
El deterioro de las instituciones democráticas en México se refleja en la situación de los derechos humanos en el país: se han sextuplicado las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden; entre éstas, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias. De manera simultánea se ha dado un proceso de regresión en materia de derechos humanos tanto para el ejercicio de libertades, como en los derechos sociales, particularmente los laborales; de los derechos colectivos de comunidades sobre sus territorios y bienes naturales, así como la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a los defensores de derechos.
Los efectos en la vida cotidiana de las personas y las colectividades producen un profundo proceso de fragmentación del tejido social; sentimientos de impotencia e indefensión frente a la imposibilidad de obtener justicia y protección; miedo, culpa, ira e incertidumbre frente a la realidad; desesperanza y trastocamiento de las visiones de futuro.
II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos
En esta hora de emergencia nacional, la Nación se debe articular de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y que posibilita la convivencia social.
Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad:
1. Exigimos verdad y justicia
A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de persona, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.
B. Exigimos a las autoridades estatales y federal, como señal de la capacidad de funcionamiento del Estado, la resolución pública que presente, en un máximo de 3 meses, a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, como son:
la familia Reyes: Josefina Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto (esposa de Elías), Julio César Reyes Reyes, Rubén Reyes Salazar (hermano)
Marisela Escobedo y su hija Rubí,
Susana Chávez,
Bety Cariño y Jiri Jaakola
las niñas y niños de la guardería ABC:
María Magdalena Millán García
Andrea Nicole Figueroa
Emilia Fraijo Navarro
Valeria Muñoz Ramos
Sofía Martínez Robles
Fátima Sofía Moreno Escalante
Dafne Yesenia Blanco Losoya
Ruth Nahomi Madrid Pacheco
Denisse Alejandra Figueroa Ortiz
Lucía Guadalupe Carrillo Campos
Jazmín Pamela Tapia Ruiz
Camila Fuentes Cervera
Ana Paula Acosta Jiménez
Monserrat Granados Pérez
Pauleth Daniela Coronado Padilla
Ariadna Aragón Valenzuela
María Fernanda Miranda Hugues
Yoselín Valentina Tamayo Trujillo
Marian Ximena Hugues Mendoza
Nayeli Estefania González Daniel
Ximena Yanes Madrid
Yeseli Nahomi Baceli Meza
Ian Isaac Martínez Valle
Santiago Corona Carranza
Axel Abraham Angulo Cázares
Javier Ángel Merancio Valdez
Andrés Alonso García Duarte
Carlos Alán Santos Martínez
Martín Raymundo de la Cruz Armenta
Julio César Márquez Báez
Jesús Julián Valdez Rivera
Santiago de Jesús Zavala Lemas
Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas
Xiunelth Emmanuel Rodríguez García
Aquiles Dreneth Hernández Márquez
Daniel Rafael Navarro Valenzuela
Juan Carlos Rodríguez Othón
Germán Paúl León Vázquez
Bryan Alexander Méndez García
Jesús Antonio Chambert López
Luis Denzel Durazo López
Daré Omar Valenzuela Contreras
Jonathan Jesús de los Reyes Luna
Emily Guadalupe Cevallos Badilla
Juan Israel Fernández Lara
Jorge Sebastián Carrillo González
Ximena Álvarez Cota
Daniela Guadalupe Reyes Carretas
Juan Carlos Rascón Holguín
la familia Le Barón: Erick Le Barón, Benjamín Le Barón, Luis Widmar Stubbs
los jóvenes de Villas de Salvarcar:
Marcos Piña Dávila
José Luis Piña Dávila
Rodrigo Cadena Dávila
Juan Carlos Medrano
Horacio Alberto Soto Camargo
José Luis Aguilar Camargo
Yomira Aurora Delgado
Brenda Ivonne Escamilla José Adrian Encino Hernández
Edgar Martínez Díaz
Jesús Enríquez
Jesús Armando Segovia Ortiz
Carlos Lucio Moreno
Eduardo Becerra
Jaime Rosales
los jóvenes de Morelos: Juan Francisco Sicilia, Luis Romero, Julio Romero, Gabriel Alejos, Álvaro Jaime y Socorro Estrada.
C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.
2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana
A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del ejército en tareas policiales; que avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.
B.I Exigimos que, antes de dos meses, los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
B.II Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos.
C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un "Encuentro Nacional" de las experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana autogestiva y comunitaria, que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto, y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar la forma que toma la delincuencia en cada región y saber cómo frenarla.
3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad
A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.
B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.
4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen
A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de "protección" y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.
B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.
C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.
5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública
B- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.
6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación
La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.
Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.
Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.
B..I. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y que retome los asuntos pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y legisladores de varios partidos.
III. Para iniciar el camino
Estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin.
Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.
Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación. Tenemos que dejar la apatía, la queja, el paternalismo, las visiones sectarias, para sumarnos activamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos públicos.
Esta es una invitación, por un lado, a la sociedad civil para organizarnos y unirnos en torno a demandas y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro lado, con esta unidad podremos realizar un emplazamiento a las más altas autoridades y responsables frente a la nación para exigirles que se comprometan públicamente a construir unas acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con justicia y dignidad en México ¡ya! No se trata de sentarse con las autoridades y responsables de esta emergencia nacional en un mismo estrado y sacar fotos.
El 10 de junio nos reuniremos en Cd. Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada unos de los 6 puntos.
La sociedad civil va a monitorear con mucho cuidado el cumplimiento de sus exigencias y a establecer las consecuencias de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas seremos testigos del compromiso real de estos actores, y verificaremos que cumplan cada punto.
Se crearán estas Comisiones Civiles de Verificación y Sanción para cada punto, las cuales evaluarán el compromiso y cumplimiento muy concreto, y, en caso que no se acepten las exigencias o se hagan discursos y no se cumplan, se establecerán, junto a la sociedad civil, las acciones de resistencia civil y pacífica correspondientes para lograr el cumplimiento de este "suelo" mínimo que consideramos para la reconstrucción de la nación.
Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir "espacios de reflexión y acción colectiva nacional" permanentes. Necesitamos fortalecer y visibilizar problemáticas regionales, articularnos en reflexión y acciones locales y nacionales, promover en todo momento una memoria activa y la participación central de todas las víctimas de este proceso de guerra hecha en nuestro nombre y sin nuestro consenso.
Con el Pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa a los titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; a los presidentes nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso de la Unión; a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial y financiero; a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales.
Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. Unamos nuestras voces de ambos lados de la frontera para exigir paz y detener el negocio de las drogas y el delito que destruyen vidas a ambos lados de la frontera.
Sigamos caminando juntos y juntas para construir ¡YA! un México en paz con justicia y dignidad.
En el Zócalo de la Cd. de México, al finalizar la Marcha
¡Estamos hasta la madre! ¡Alto a la guerra! ¡Por un México justo y en paz!
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