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Actualizado 08:15 p.m. - domingo 3 de julio de 2011
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Colombia05:45 p.m.
Las razones del fallo para inhabilitar a ex funcionarios del IDU
Inocencio Meléndez, ex jefe jurídico del IDU, fue inhabilitado por 17 años; Liliana Pardo, por 18.
Foto: Archivo / EL TIEMPODestituidos ex directora y 4 ex subdirectores por fallas en contratos de fase III de TransMilenio.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos a la ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo, por no vigilar ni ejercer el control debido en el manejo de 10 contratos que suscribió para la construcción de las troncales de la calle 26 y la carrera 10a. y que sobrepasan los 1,15 billones de pesos.
El fallo, de única instancia, incluye a ocho funcionarios más, entre ellos, los ex subdirectores Inocencio Meléndez, Luis Eduardo Montenegro, Luis Esteban Prada y Aldemar Cortés Salinas.
Las irregularidades, según el Ministerio Público, causaron un grave detrimento patrimonial al Distrito, no sólo por el atraso de las obras, sino por la modificación del reglamento del IDU para entregar al consorcio Transvial -en el que participaba el Grupo Nule- más de 81.000 millones de pesos como anticipos.
El cambio en las reglas de los convenios, dice el fallo, fue ordenado por la ex directora Pardo. De esta forma, permitió el desembolso de los anticipos sin los controles de un interventor. Transvial no pudo justificar la inversión de esos recursos, "poniendo en peligro los recursos públicos".
El fallo cuestiona a Pardo por el proceso de expropiación de predios para la calle 26 y la carrera 10a. y por haber suscrito contratos adicionales para adelantar obras en los proyectos de valorización del acuerdo 180 de 2005, eludiendo la selección objetiva.
Inocencio Meléndez, ex subdirector jurídico, fue inhabilitado por 17 años por haber permitido la firma de estos contratos y no haber advertido de las irregularidades.
Meléndez también permitió que se firmaran contratos en los que se ordenaban diseños de las obras por la calle 26 y la carrera 10a. que ya habían sido contratados en el 2005, camuflados con la figura de "faltantes". Además, no puso en marcha la imposición de multas a los contratistas por los retrasos en las obras.
Meléndez -a quien este jueves un juez le dictó medidas especiales de seguridad después de conocerse denuncias sobre posibles atentados contra su vida y la de su familia- rompió su silencio y, ante la Fiscalía y la Procuraduría, dijo que el alcalde Samuel Moreno sí estaba enterado de estas irregularidades, e incluso, personalmente había ordenado la ejecución de algunas de ellas.
El fallo, de única instancia, incluye a ocho funcionarios más, entre ellos, los ex subdirectores Inocencio Meléndez, Luis Eduardo Montenegro, Luis Esteban Prada y Aldemar Cortés Salinas.
Las irregularidades, según el Ministerio Público, causaron un grave detrimento patrimonial al Distrito, no sólo por el atraso de las obras, sino por la modificación del reglamento del IDU para entregar al consorcio Transvial -en el que participaba el Grupo Nule- más de 81.000 millones de pesos como anticipos.
El cambio en las reglas de los convenios, dice el fallo, fue ordenado por la ex directora Pardo. De esta forma, permitió el desembolso de los anticipos sin los controles de un interventor. Transvial no pudo justificar la inversión de esos recursos, "poniendo en peligro los recursos públicos".
El fallo cuestiona a Pardo por el proceso de expropiación de predios para la calle 26 y la carrera 10a. y por haber suscrito contratos adicionales para adelantar obras en los proyectos de valorización del acuerdo 180 de 2005, eludiendo la selección objetiva.
Inocencio Meléndez, ex subdirector jurídico, fue inhabilitado por 17 años por haber permitido la firma de estos contratos y no haber advertido de las irregularidades.
Meléndez también permitió que se firmaran contratos en los que se ordenaban diseños de las obras por la calle 26 y la carrera 10a. que ya habían sido contratados en el 2005, camuflados con la figura de "faltantes". Además, no puso en marcha la imposición de multas a los contratistas por los retrasos en las obras.
Meléndez -a quien este jueves un juez le dictó medidas especiales de seguridad después de conocerse denuncias sobre posibles atentados contra su vida y la de su familia- rompió su silencio y, ante la Fiscalía y la Procuraduría, dijo que el alcalde Samuel Moreno sí estaba enterado de estas irregularidades, e incluso, personalmente había ordenado la ejecución de algunas de ellas.
Las medidas contra otros ex directivos
Aldemar Cortés Salinas, ex subdirector técnico de Ejecución de Obras, y Luis Esteban Prada, ex subdirector general, fueron inhabilitados por 16 años, cada uno, por haber participado en los estudios y diseños y en la suscripción de contratos adicionales de valorización.
Rafael Daza Castañeda, ex director técnico de Planeación, recibió una inhabilidad de 14 años.
Las otras funcionarias sancionadas son Carmen Elena Lopera Fiesco, directora técnica de Construcciones (inhabilitada por 16 años), y María Clemencia Cantini Ardila, subdirectora técnica de Gestión Contractual de la Subdirección General Jurídica (inhabilitada por 14 años). Ambas fueron responsables por no imponer a tiempo multas a los contratistas y haber participado en la suscripción de los contratos adicionales.
Marta Mercedes Castrillón Simonds, directora técnica de Predios, fue suspendida por 11 meses por las fallas en el procedimiento legal para la adquisición de predios en las troncales de la calle 26 y la carrera 10a.
REDACCIÓN JUSTICIA
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