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Colombia tendrá un comando especial para luchar contra la corrupción
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Las inteligencias financiera, judicial y policial se articularán para ir tras los peces gordos.
La estrategia de las Fuerzas de Tarea Conjunta, clave en los grandes golpes contra la guerrilla en los últimos años, será ‘clonada’ para el combate de otro poderoso enemigo público: la corrupción.
A comienzos del 2014, según una propuesta que debe ser aprobada por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) en las próximas semanas, Colombia tendrá un cuerpo de élite para perseguir a los corruptos y sus fortunas. (Lea también: 'Hay que dejar de votar por corruptos': Transparencia por Colombia).
El organismo, conocido como C-4 y al que solo le falta la bendición final de la Casa de Nariño, será coordinado por la Oficina de Transparencia de Presidencia y juntará recursos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Dirección Nacional de Inteligencia (que maneja temas de seguridad estratégica) y la Dirección de Inteligencia de la Policía. La cuota de la Fiscalía en el C-4 la pondrán las unidades de Lavado de Activos y de Delitos contra la Administración Pública.
Se trata de un poderoso cuerpo de investigación que fijará, como ha sucedido en la lucha contra los grupos armados ilegales, objetivos prioritarios. El modelo supone que antes de que un caso llegue a la justicia, el C-4 recabe toda la información que, convertida en pruebas judiciales por los fiscales, prácticamente asegure la condena y, sobre todo, la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos con plata robada al Estado.
La efectividad del modelo se probó en el caso del desfalco a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, Dian, en el que –tras la detección de cuentas bancarias y propiedades que no cuadraban con los ingresos de sus titulares– se logró la incautación de bienes por 40.000 millones de pesos y sentencias anticipadas de las principales fichas del escándalo.
Aunque ya hay pistas claras sobre la ubicación y la ruta de 193.000 millones de pesos blanqueados por protagonistas de otros escándalos, la corrupción sigue siendo una zona negra en el mapa de las autoridades que combaten el lavado de activos en el país.
Así, mientras se calcula que la plata lavada por los narcos alcanza los 18 billones de pesos cada año, ninguna autoridad le apuesta a dar una cifra concreta sobre el monto de los recursos que mueven la corrupción en el país. En 11 años, señala un informe de la Oficina de Transparencia, menos del 5 por ciento de los 594 procesos de extinción de dominio por corrupción llegaron a una sentencia.
Vía a la Ocde
El C-4, precisamente, le apunta a reproducir, contra los que desfalcan al Estado, la estrategia que en los últimos tres años vienen trabajando la Uiaf y la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, especialmente en las operaciones contra la plata de los narcos: apostarles a los casos emblemáticos.
Hasta el 2010, la Unidad enviaba a la Fiscalía cada año hasta 800 ‘reportes de operaciones sospechosas’ (ROS), alertas sobre posibles operaciones de lavado detectadas sobre todo en el sistema financiero. La mayoría de esos reportes, sin embargo, no avanzaron en los estrados judiciales.
La administración Santos cambió la estrategia: en estos tres años, menos de 100 casos han ido a la justicia; once de ellos que ya fueron cerrados y en los que la inteligencia financiera se aplicó a fondo coadyuvaron operaciones antilavado que permitieron ocupar propiedades por 1,97 billones de pesos.La mitad de esa plata estaba en manos del famoso clan Meyendorf, los hasta hace poco desconocidos testaferros del capo Daniel el ‘Loco’ Barrera. “Ahora vamos por los delincuentes de cuello blanco”, dice Rafael Merchán, el ‘zar’ anticorrupción.
Otra ‘pata’ de la estrategia contra los corruptos, y en general contra todos los lavadores, ya está avanzando con la reforma de la Ley de Extinción de Dominio, que agiliza la aplicación de esa figura clave en la lucha contra todas las mafias. El proyecto ya fue aprobado en Cámara y va a tercer debate, en la Comisión Primera del Senado.
Todos esos pasos están enmarcados en uno de los objetivos de Colombia en los últimos años: entrar por la puerta grande a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el ‘club’ de las grandes economías del mundo.
Un delito que le cuesta caro al país
Redacción Económica. Aunque no existe una fórmula exacta para cuantificar el costo de la corrupción, ni un consenso sobre el verdadero impacto económico de este flagelo, varias entidades se han lanzado a hacer sus cálculos.
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) estima que la corrupción le cuesta al Estado nueve billones de pesos anuales, mientras que durante el 2012 la Fiscalía hizo el mismo cálculo y señaló que la cifra era de 4,2 billones de pesos por año.
La Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) estimó en el 2011 que la corrupción le costó al país –entre 1991 y 2010– alrededor de 189 billones de pesos, es decir, 9,95 billones anuales.
Más allá del dato cuantificable, el Banco Mundial señala que “la corrupción afecta la estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera directa, el desarrollo de la pequeña empresa y la superación de la pobreza”.
En Colombia, el despilfarro de los recursos públicos ha sido el principal freno para el desarrollo. Para el CPC, “aproximadamente 70 por ciento del presupuesto se ejecuta a través de contratos, por lo cual la existencia de corrupción en esos negocios menoscaba recursos que deberían ser destinados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos”.
Muestra de ello es lo ocurrido entre el 2005 y el 2010 con lo que recibió el país por regalías: la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación reportó a los órganos de control la existencia de 21.681 irregularidades en la ejecución de estos recursos.
Por estas condiciones, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global del WEF (World Economic Forum), el país ocupa el puesto 130 entre 144 países en el indicador que mide la desviación de recursos públicos y está en la casilla 96 en el indicador que mide los pagos irregulares o sobornos.
Investigación
Fiscalía, tras fortunas de cerebros de escándalos
Fiscalía, tras fortunas de cerebros de escándalos
La Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de activos de la Fiscalía priorizó las investigaciones por el ‘carrusel’ de contratos de Bogotá, la DNE y la Dian.
Fuentes del ente acusador señalaron que así los protagonistas de esos escándalos no devuelvan en sus procesos judiciales la plata conseguida ilegalmente, hay ya una estrategia para seguir el rastro de sus bienes y los de sus familias en Colombia y el exterior.
De hecho ya se han ocupado 17 bienes de los Nule por más de seis mil millones de pesos y se embargaron las acciones de la sociedad Kapital Energy S. A., avaluadas en 400.000 millones.
La Fiscalía dice que la reforma de la Ley de Extinción de Dominio amplía las causales para ocupar bienes bajo sospecha. Esos procesos se pueden extender a las familias y testaferros de los corruptos. En la parte penal solo se puede perseguir los bienes a nombre de los investigados. Esa reforma, que se estrenaría con los protagonistas de los recientes escándalos de corrupción, permitirá bajar los tiempos de los procesos de extinción, de siete años a siete meses.
REDACCIÓN JUSTICIA y ECONÓMICA
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