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Violentos imponen ley del miedo en Córdoba
Por: REDACCIÓN JUSTICIA |
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Pobladores no pueden hablar con extraños. Defensoría advierte sobre 'leyes' de Farc y bandas.
Una suerte de ‘pico y placa’ para cerdos y burros entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde, y multas de hasta 30.000 para las personas que no participen en jornadas de aseo promovidas por las Farc y las ‘bacrim’, son algunas de las insólitas reglas que vienen imponiendo desde hace más de un año los grupos ilegales en varios municipios de Córdoba.
Investigadores del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo acaban de terminar un recorrido por la zona, que fue uno de los epicentros del poder paramilitar en el país y en donde ahora están las Farc y las bandas. Como lo hicieron las Auc, esos grupos están imponiéndoles sus condiciones a cerca de 15.000 habitantes de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador.
En 2009, la Defensoría lanzó la primera alerta sobre los riesgos que corrían los habitantes de la región, y ya van 13 documentos en los que se evidencia ese imperio criminal. Allí, según el informe, bajaron los índices de violencia por cuenta de los acuerdos de los ilegales, que ya no se disputan el control del territorio sino que se lo repartieron, y cada quien manda en el sector que le correspondió.
“En 2012, uno de los comandantes de las ‘Águilas Negras’ informó sobre el acuerdo de distribución de territorios y anunció que no cometerían más asesinatos, que tendrían un grupo de muchachos que vivirían en el pueblo y que respetarían a las niñas”, dice el informe que está en poder de las autoridades.
Los ‘muchachos’ que llegaron a las veredas implementaron sus ‘leyes’. Está prohibido hablar sin permiso con personas ajenas a la región, es obligatorio alojar a los jefes de esas organizaciones y en caso de sospecha se decomisan celulares, radios y equipos de comunicaciones. Una de las prácticas que llamó la atención de los investigadores es la realización de ‘días cívicos’. Desde mayo del año pasado, en varios corregimientos, los habitantes fueron citados para arreglar caminos, postes de energía, barrer las calles, cortar árboles y recoger maleza. “Se les indican las labores y fechas para llevarlas a cabo. Quienes no asisten son anotados o buscados en sus casas por hombres armados”, señala el informe.
Los ilegales impusieron además a la población horarios para la movilidad. En los corregimientos Pica Pica, y las veredas Las Arañas, El Rosario y La Luca, no se puede atravesar el río después de las cuatro de la tarde, y un planchón ubicado en el Pindo solo puede funcionar hasta las seis. En las noches hay prohibiciones para trabajar en las minas en Tierralta. En algunas veredas, la guerrilla autoriza la salida de los habitantes solo por 15 días, al término de los cuales se deben presentar para notificar que regresaron.
Los campesinos de las montañas del Nudo de Paramillo solo pueden comprar mercados de hasta cien mil pesos, so pena de ser sancionados. Con la medida, los ilegales buscan evitar el suministro de alimentos para los demás bandos.
Todo se paga
La Defensoría detectó que los grupos ilegales establecieron tarifas para el cobro de ‘vacunas’. 30.000 pesos deben pagar los tenderos de algunas veredas; a los ganaderos se les cobran 10.000 mensuales por cada res; a los finqueros, 100.000 pesos por terrenos de más de 10 hectáreas. Las bandas establecieron pagos por cada retroexcavadora que ingrese para la explotación del oro y un porcentaje de la producción. Cada familia debe cumplir con una cuota de cultivo de cuatro hectáreas de coca.
En corregimientos como Puerto Belén, Tierradentro y El Brillante se disparó el consumo de alimentos enlatados: esto, porque ni campesinos ni indígenas se atreven a cultivar o a salir a pescar como antes.
Las restricciones y amenazas han llevado al desplazamiento de los habitantes. En lo corrido del año, de dos veredas de Tierralta salieron 168 familias. Y en Montelíbano y Puerto Libertador están algunas de las concentraciones más grandes de desplazados de la región.
Víctimas no denuncian
Funcionarios del Ministerio de Justicia comprobaron las denuncias de la Defensoría.
Luego de recorrer la región en su Unidad Móvil de Atención a Víctimas detectaron un alto subregistro de víctimas de los antiguos paramilitares.
Por miedo a los grupos actuales, en muchos de los cuales hay antiguos ‘paras’, esas comunidades no se atrevían a inscribirse para pedir reparación.
REDACCIÓN JUSTICIA
saibui@eltiempo.com
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