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Según el ente acusador, el concejal Orlando Parada recibió
coimas de un millonario contrato de malla vial. Dinero que habría
invertido para hacer campaña política. El cabildante reiteró su
inocencia.
Por: María Camila Rincón Ortega
El concejal Orlando Parada durante la audiencia de ayer, en la que no aceptó los cargos. / Gustavo Torrijos
Como “escalofriante” catalogó el fiscal Juan
Vicente Valbuena la conducta del concejal del Partido de la U Orlando
Parada Díaz, investigado como un enlace más del llamado carrusel de la
contratación en Bogotá. La Fiscalía tiene evidencias de que recibió
comisiones de millonarios contratos en la Unidad de Mantenimiento Vial y
que fue clave para ser nombrado como jefe de esa entidad Iván
Hernández. Durante la audiencia de imputación de cargos en los juzgados
de Paloquemao, en Bogotá, el fiscal Valbuena aseguró que Parada incurrió
en los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
El
representante del ente investigador sostuvo que Parada usó su cargo como
funcionario de elección popular para ejercer influencia en la
contratación pública, lesionando “el bien jurídico de la Nación”. Una
acusación que se fundó en las declaraciones ofrecidas por los
exconcejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado, el exdirector de
la Unidad de Mantenimiento Vial Iván Hernández Daza —todos ya aceptaron
su responsabilidad en la mano larga del cartel y esperan su condena— y
el abogado Manuel Sánchez.
Precisamente las declaraciones de
Sánchez han sido fundamentales para determinar la presunta
responsabilidad de Parada como beneficiario de coimas que el propio
Sánchez reclamaba en nombre suyo. Su testimonio constituye la piedra
angular de la investigación contra el jefe de la oposición en el Concejo
del alcalde Gustavo Petro. De acuerdo con Valbuena, Parada, Camacho
Casado e Hipólito Moreno se aliaron para imponer e Iván Hernández en la
Unidad de Mantenimiento Vial con el compromiso de entregar un porcentaje
de los contratos a los tres concejales del Partido de la U.
Las
confesiones de estos cuatro implicados en el saqueo al Distrito en
tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno, además de otras pruebas
documentales, fueron el soporte de las acusaciones de la Fiscalía
durante la audiencia. El ente acusador está convencido de que Parada
incurrió en tráfico de influencias en calidad de autor, pues la
designación de Iván Hernández Daza en la Unidad de Mantenimiento Vial
“es mucho más que recomendar a una persona para un empleo, como lo
quiere hacer ver el defensor; es asignar un cargo para beneficios
personales en detrimento de la administración pública”.
La
Fiscalía resaltó que Manuel Sánchez —abogado e íntimo amigo de Parada
por casi 20 años— también confesó que durante la alcaldía de Samuel
Moreno representó al concejal en los procesos licitatorios de malla
vial. De ahí que fuera quien recibiera los dineros que la unión temporal
Vías Patria Ingeniería le dio a Orlando Parada como comisión por un
contrato de más de $43 mil millones en 2010. Recursos que fueron
utilizados para financiar avisos de prensa, pautas publicitarias en
radio y televisión, compra de camisetas y gorras, refrigerios, alquiler
de equipos de sonido para eventos políticos y hasta vallas.
Para
la Fiscalía es “reprochable penalmente la influencia de Parada como
concejal de Bogotá porque defraudó a la administración pública. Todo con
el fin de obtener beneficio propio”. En criterio del ente investigador,
Orlando Parada al recibir dinero del millonario contrato es culpable
del delito de cohecho impropio, pues existió una “cooparticipación
criminal con Sánchez que no es ajena y lo confesó”, dijo Valbuena en su
intervención. Tal como lo reveló este diario en septiembre pasado, el
contrato que suscribieron el 8 de abril de 2010 la Unión Temporal Vías
Patria Ingeniería y la Unidad de Mantenimiento Vial, por un valor de
$43.515 millones, es el que enreda a Parada.
Según el fiscal
Valbuena, la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace
necesaria porque Parada aún tiene influencia en la ciudad de Bogotá,
pues es un concejal en ejercicio. Además, el ente investigador argumentó
que Parada constituye un peligro para la comunidad por la gravedad de
sus delitos, ya que “no es lo mismo un delito contra un patrimonio
individual que contra uno público”. El fiscal argumentó ante el juez la
necesidad de reclusión de Parada así: “Hay un sacrificio a la libertad
porque se van a proteger derechos colectivos superiores”.
Y pidió
“acudir al sentido común y evaluar qué pasaría si (Parada) sale en
libertad y el día de mañana continúa siendo concejal de Bogotá; qué
pasaría si sigue con su tráfico de influencia, con sus intereses en las
entidades públicas para su propio beneficio”. Según trascendió en la
audiencia, Parada podría pagar una pena de prisión que oscilaría entre
64 meses y 12 años.
Por su parte, la defensa de Orlando Parada, en
cabeza del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez,
controvirtió algunas de las versiones de otros implicados en este
carrusel y que fueron citadas por la Fiscalía como parte de su
argumentación. Dijo Ibáñez que los pagos al concejal fueron en 2007,
fecha para la cual el contrato por la malla vial no había arrancado e
Iván Hernández aún no estaba en dicha unidad. Nombramiento en el cual,
según el defensor, Parada sólo sugirió su nombre, pero no le asignó el
cargo. El concejal ha insistido en su inocencia.
mrincon@elespectador.com
@MaCamilaRincon
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