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Thursday, 01 March 2012
Corte colombiana ratifica condena contra periodista por injuria
IPI califica la decisión como “duro golpe a la libertad de expresión” en Colombia
By: Scott Griffen y Mariela Hoyer Guerrero
Ciudadanos
enfilados para emitir su voto en un colegio electoral en Cajicá,
departamento de Cundinamarca, Colombia, el 30 de mayo de 2010. FOTO AFP /
Eitan Abramovich.
VIENA, Mar. 1, 2012 – Una corte provincial de
Colombia confirmó esta semana la condena de un periodista que fue
sentenciado en Octubre a más de un año y medio de prisión.
Luis Agustín González, editor de Cundinamarca
Democrática, había sido encontrado culpable de cometer los delitos de
injuria y calumnia luego de publicar un artículo que criticaba a una ex
gobernadora y ex senadora colombiana. Un juez municipal lo había
condenado a 20 meses de cárcel y a pagar una multa equivalente a 20
salarios mínimos, aproximadamente 5.500 dólares.
El martes, el Tribunal Superior de Cundinamarca
absolvió al periodista por el delito de calumnia, pero ratificó la
condena por injuria. La corte también modificó levemente la sentencia,
reduciendo el tiempo de prisión a 18 meses y 18 días y la multa a 17
salarios mínimos, reportaron los medios colombianos.
Según la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP)
de Colombia, el tribunal determinó que aunque González no había acusado
de un crimen específico a Leonor Serrano de Camargo, el periodista
“lesionó su integridad moral”.
Nora Sanín, presidente de la Asociación Colombiana de
Editores de Diarios y Medios Informativos, dijo que la decisión del
miércoles implica “casi configurar el delito de opinión”.
“Mientras todo el continente habla del juicio contra
los periodistas de El Universo de Ecuador, acá nos pasan cosas peores y
ni nos damos cuenta. Están pisoteando los derechos de un ciudadano
humilde como soy yo”, dijo el periodista a medios locales después del
veredicto.
El presidente Ecuatoriano Rafael Correa indultó el lunes a los sentenciados en dos casos de injuria de alto perfil, como reportó el Instituto Internacional de la Prensa
(IPI, por sus siglas en inglés). En uno de ellos, el periódico El
Universo había sido multado con 40 millones de dólares, así como sus
tres directores y un columnista fueron condenados a tres años de cárcel
por una columna que criticaba al mandatario izquierdista.
El gerente de Libertad de Prensa del IPI, Anthony
Mills, aseveró que la sentencia en contra de González “es otro ejemplo
de cómo los políticos en América Latina están abusando de las leyes que
penalizan la difamación, en función de silenciar a los medios críticos”.
Mills agregó: “Aunque acogemos con satisfacción la
decisión del tribunal de absolver a González por los cargos de
calumnia, su negativa a anular la condena por difamación constituye un
duro golpe a la libertad de expresión en Colombia. Los periodistas
deberían tener el derecho a supervisar y criticar a las figuras
públicas”.
El caso en contra de González se inició con la
publicación del editorial ¡No Más!, en 2008. En ella, el periodista
había degradado la candidatura al Senado de Camargo, una ex gobernadora
que ya había sido senadora previamente entre 2002 y 2006.
En su artículo, Rodríguez calificó a Camargo como una
politiquera que había gobernado la provincia con “arrogancia” y
“despotismo”. Acusó a la ex gobernadora de mal manejo de los fondos
públicos (en un caso, provocado por lo que él llamó “un arranque demente
e irresponsable” sobre sus oponentes políticos) y, más gravemente,
llamó la atención sobre una serie de desapariciones que ocurrieron en el
pueblo de Fusagasugá en 1989 mientras Camargo fue la alcaldesa.
“Ya es hora de que hagamos un alto en el camino y, por
fin, pongamos fin a esta clase de gamonales que creen que Fusagasugá es
un hato privado y que como tal pueden manejarlo a su antojo,
apartándose de los intereses colectivos de la comunidad”, escribió
González.
En respuesta a la columna, Camargo, quien perdió en
2010 las elecciones para el Senado, demandó a González, con el argumento
de que el periodista había ofendido su honor y reputación.
Luego del fallo del Tribunal Superior, González dijo
que no sería capaz de pagar la multa y que apelaría el caso ante la
Corte Suprema de Justicia de Colombia.
En un reporte reciente, la FLIP expresó su
preocupación por el estado de la libertad de prensa en Colombia,
destacando que “la sensación de miedo entre los medios locales es
evidente”. La investigación encontró que los periodistas que trabajan en
medios locales continúan negándose a cubrir la minería ilegal, el
narcotráfico y la corrupción política por miedo la retaliación violenta.
Una investigación especial que publicó el mes pasado el IPI encontró
que los periodistas regionales se llevan la peor parte en medio de la
creciente crisis de la libertad de prensa en América Latina.
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