Ines Sanmiguel*
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RESUMEN
A través del uso de fuentes
primarias, el artículo profundiza en el tema de la inmigración japonesa a
Colombia durante el siglo XX. Retoma los proyectos de inmigración al
Cauca, Corinto y la Costa Atlantica, así como el momento de crisis que
supuso el inicio de la segunda guerra mundial. El análisis se extiende
hasta nuestros días e incorpora una reflexión en torno al tema de las
remesas.
PALABRAS CLAVE
Inmigración, Japón, Colombia, raza, remesas.
ABSTRACT
Based on the use of primary sources, the article studies Japanese
immigration towards Colombia during the XX Century. It takes into
consideration the immigration projects at Cauca and the Atlantic Coast,
as well as the crisis triggered by the beginning of the Second World
War. The analysis extends until nowadays, and includes a thought on the
remittances issue.
KEYWORDS
Immigration, Japan, Colombia, Race, Remittances.
A partir de la década de 1980, el crecimiento de inmigrantes
trabajadores en busca de mejorar su calidad de vida ha aumentado cuatro
veces más rápido que el de la población mundial. El proceso migratorio,
que durante los siglos XIX y XX se concentró en las Américas, ha
cambiado el destino de la ruta -casi que podríamos decir- a la inversa.
En el caso de los inmigrantes procedentes de Latinoamérica, el lugar de
destino se ha concentrado con preferencia en los Estados Unidos, España y
algunos otros países de Europa y Japón. Muchos de estos trabajadores
son los descendientes de anteriores emigrantes europeos y japoneses a
quienes algunos gobiernos les han ofrecido un visado especial,
permitiéndoseles trabajar en oficios no especializados. Las remesas de
dinero que los inmigrantes envían a sus familias regularmente se han
vuelto hoy día indispensables para la supervivencia de millones de
familias y el bienestar de muchas economías nacionales en Latinoamérica y
el Caribe (Inter-American Development Bank, 2005).
La
experiencia histórica de Colombia sobre migración caracteriza al país
como nación típicamente receptora. Este es un común denominador que
comparte con el resto de los países latinoamericanos desde su
consolidación como países americanos independientes. Sin embargo, a
diferencia de otros lugares como Argentina, Brasil y Uruguay, que
recibieron la mayor parte de los once millones de inmigrantes entre 1850
y 1930, Colombia no atrajo un mayor número de inmigrantes. Los intentos
hechos por el Gobierno no fueron suficientes para atraer al inmigrante
con proyectos de inversión empresarial grande como tampoco al inmigrante
aventurero y pobre. Según cálculos hechos por Fernando Bastos de Ávila,
el número de personas nacidas en el exterior hasta 1939 no llegaba a
exceder el 0.35% del total de la población colombiana. Esto nos muestra
que en términos demográficos el flujo migratorio fue bastante bajo
(Mörner, 1985, p. 47; Deas, 1985, p.216; Bastos de Ávila, 1964, p.15).
Inmigración japonesa
A partir de 1868, cuando el Gobierno de Japón permitó la salida libre
al exterior de sus ciudadanos, la migración se dirigió mayormente a los
países de habla inglesa. Los Estados Unidos, Canadá y Australia
atrajeron desde un comienzo el mayor número de inmigrantes japoneses.
Sin embargo, a partir de 1908, cuando Japón respondió a las demandas de
los Estados Unidos y aceptó restringir el número de pasaportes a través
de la negociación del llamado Gentlemen’s Agreement (Tratado de
Caballeros); luego en 1921, cuando prohibió a través del Ladies’
Agreement (Acuerdo de Damas) la emigración de las prometidas por foto en
matrimonio; y finalmente, con la ratificación por ley en los Estados
Unidos del Acta de la Cuota de Inmigración en 1924 que prohibió la
inmigración de japoneses, ésta llegó a su fin. Igualmente sucedió en
otros países como Canadá y Australia, que dieron preferencia a la
migración blanca proveniente de Europa. La restricción impuesta en los
países de habla inglesa hizo que el rumbo de la emigración japonesa
cambiara hacia los de habla española y portuguesa. Los emigrantes
viajaron bajo contrato para trabajar en las haciendas, como fue el caso
de los que iban hacia Brasil y Perú, o en las empresas de minas y
ferrocarriles en México. De la emigración estaban encargadas las
compañías que se hacían cargo de llevar a cabo todos los trámites
legales que permitiera la salida de los trabajadores de Japón, y a su
vez, realizar los contratos en los países receptores.
A partir
de 1924 hubo un gran cambio en la orientación que le dio el Gobierno
japonés a la emigración a los países extranjeros. En este año el
Gobierno envió a Suramérica una misión comercial con el fin de que se
investigaran las posibilidades de comercio e inmigración. Esta misión
había sido encargada por el Consejo de Emigración que estaba presidido
por Kijûrô Shidehara, entonces Ministro de Relaciones Exteriores. Las
recomendaciones de la misión comercial dieron preferencia a Brasil, lo
cual produjo que a partir de la fecha el Gobierno concentrara sus
esfuerzos en promover la emigración hacia Brasil a gran escala (Normano y
Antonello, 1943, p. 27).
El Ministro Shidehara consideraba la
emigración al exterior como una inversión para Japón, a la vez que una
ayuda al país receptor. En un comunicado expresó las siguientes
palabras:
“Nuestro deseo constante es suministrar capital o trabajo a las
regiones en desarrollo del mundo, y promover el bienestar y prosperidad
no sólo de los emigrantes mismos y de su país de origen, sino también de
aquellos países en los que vayan a establecerse. Para lograrlo estamos
dispuestos a extender nuestros infatigables esfuerzos”( The
Trans-Pacific, 1930, p. 11-12).
Las palabras de Shidehara nos muestran con claridad la actitud del
Gobierno japonés con respecto a la emigración: la intención tanto de
extender protección a sus ciudadanos como la de lograr sus metas de
desarrollo político y económico. De esta manera, Japón comenzó a
aparecer en la escena internacional como promotor de prosperidad para
las naciones en desarrollo a través de su política de emigración. Las
compañías de emigración en Japón, de cuya organización dependía la
migración al exterior, fueron desapareciendo al tiempo que ésta empezaba
a prosperar en los países latinoamericanos. En 1908, 18 companías
habían cerrado sus actividades comerciales y sólo quedaban 5 en
operación. En 1917, por iniciativa del Gobierno, se creó la Compañía de
Fomento de Ultramar (Kaigai Kôgyô Kabushiki Kaisha). Ésta
integró todas las antiguas compañías de emigración, con excepción de la
Morioka que finalmente se unió a la de Ultramar en 1920. La
semiprivatización de las compañías y su fusión posterior en una sola, le
dio al Gobierno una mayor facilidad de intervención en los programas de
emigración. Una de las estrategias de los proyectos, a partir de las
recomendaciones hechas por el Consejo de Emigración, consistió en la
creación de colonias agrícolas. Una vez que el Gobierno cambió la
orientación de la emigración de peones rurales asalariados a
agricultores con tierras propias, los candidatos ya no fueron
individuos, sino familias. La emigración al exterior llegó a formar
parte de la política gubernamentral (kokusaku imin), dependiendo
fundamentalmente de la organización e intereses de las compañías de
emigración. Los emigrantes viajaban contratados y se esperaba que se
establecieran de forma definitiva. Sólo tres países en Latinoamérica
fueron escogidos por Japón para el establecimiento de colonias agrícolas
permanentes: Brasil, Colombia y Paraguay. La política de subsidio del
Gobierno japonés se mantuvo hasta 1984, fecha en la que el Gobierno
anuncia el año de liquidación de la historia de la emigración japonesa
al extranjero (Yanaguida y Rodríguez del Alisal, 1992, p. 330).
Los
asentamientos agrícolas siguieron una pauta común de organización que
consistía en que la compañía porporcionaba el dinero para la compra de
la tierra. Ella tenía bajo control la administración y manejo de los
productos agrícolas hasta que los emigrantes hubieran cancelado la deuda
del pago de la tierra, el cual había sido negociado por la compañía de
emigración. Desde luego que hubo variaciones en cada programa, en donde
muchas veces se construyeron hospitales y escuelas para que los niños
tuvieran educación en el idioma japonés, y también se crearon
cooperativas para el manejo y venta de los productos. Sin embargo, la
meta anticipada para el inmigrante era hacer de él y su familia personas
independientes de la compañía y del subsidio otorgado por el Gobierno
japonés. Los emigrantes que se acogieron a los programas de colonias
agrícolas ya no siguieron emigrando al exterior como trabajadores
asalariados, sino como participantes directos en programas de desarrollo
agrícola.
La emigración a otros países continuó por cuenta
propia sin intervención de las compañías de emigración. Los países que
atrajeron un mayor número de inmigrantes hasta el comienzo de la Segunda
Guerra Mundial fueron Perú, Argentina y México, aún cuando este último
también fue una vía para entrar ilegalmente a los Estados Unidos
(Yanaguida y Rodríguez del Alisal, 1992, pP. 149, 152-6, 162, 167-8;
Mishima, 1985, pp. 63-4). En el caso de Perú, en noviembre de 1923 las
compañías acordaron finalizar el transporte de trabajadores para las
haciendas. Según lo ha hecho ver Isabelle Lausent-Herrera en su trabajo
sobre Perú, las condiciones internas en este país, caracterizado por
reacciones de intolerancia y violencia en contra de la inmigración
japonesa, no permitieron la introducción de programas de colonización
similares a los de Brasil. Tales programas hubieran ido en contra de los
intereses de los terratenientes y, por tanto, serios conflictos podrían
haber ocurrido (Lausent-Herrera, 1991, pp. 19-20, 22).
El
emigrante japonés en Perú, aun cuando sí trabajó en la agricultura, se
dedicó preferentemente al comercio en las ciudades populosas, y lo mismo
sucedió en Argentina (Higa, 1995, p. 485).
Planes de inmigración japonesa a Colombia
Iniciativas de planes de inmigración sí las hubo, tanto en Colombia
como en Japón. Ninguna llegó a realizarse, con excepción de tres grupos
de familias en 1929, 1930 y 1935, que contaron con la subvención y apoyo
de la Compañía de Emigración de Ultramar y de la Prefectura de Fukuoka,
y de otro grupo de hombres, contratados en 1960 por una firma privada
para trabajar en una plantación bananera. Los tres primeros los formaron
20 familias con un total de 159 individuos, mientras que el proyecto
bananero consistió en una pareja encargada de la administración, un
asistente y 17 jóvenes solteros. A continuación daré una breve
descripción de algunos proyectos migratorios, lo cual nos lleva a
entender mejor por qué la emigración japonesa a Colombia no tuvo éxito
en términos numéricos [1].
Toraji Irie, en su voluminosa obra sobre la inmigración japonesa a
ultramar, menciona que después de 1903, año en el que Colombia perdió el
Istmo de Panamá, ésta se sintió amenzada y con la necesidad de
protegerse de una posterior intervención de los Estados Unidos. Por lo
cual, en el viaje que en 1908 hizo Antonio Izquierdo a Japón, parece ser
que tenía -según palabras de Irie- el encargo de solicitar a Japón
100.000 trabajadores. La intención era colocarlos en la frontera con el
istmo (1938, vol. 1, pp. 351-2). Irie no menciona la fuente de
información de donde tomó éste y otros datos relacionados con la visita
de Izquierdo a Japón y su posterior regreso a Colombia.
La
mencionada visita por Irie que hizo Izquierdo de la Torre en 1908, la
cual incluyó a Japón y otros países del Asia, la presentó Izquierdo al
Congreso de la República en 1909 (Izquierdo, 1909). Según sus palabras:
“Estoy tratando el asunto de la inmigración de japoneses para
Colombia, y especialmente para la costa del Pacífico… Los trabajadores
irán destinados para trabajos agrícolas y para los ferrocarriles… Dos de
las compañías de emigración con quienes estoy celebrando contratos
tienen vapores que me prometen hacer tocar en nuestros puertos del
Pacífico” (Izquierdo, 1910, p. 73-4).
Durante su visita a Japón, Izquierdo menciona que se firmaron contratos ad referendum, y que esperan solamente a “que
se firme el tratado comercial entre Colombia y el Japón para mandar dos
comisionados a estudiar a Colombia con el objeto de ver si alientan la
inmigración” (Izquierdo, 1910, p. 73).
Izquierdo no menciona ningún número posible de emigrantes, sólo dice que:
“En estos momentos sería fácil llevar cualquier número de
inmigrantes … De acuerdo con mi compromiso llevo un jardinero que me
cedió el Conde Okuma: trabajó ocho años en los jardines imperiales y
cuatro en los del Conde” (Izquierdo, 1910, p. 75; Izquierdo, 1909,
p.38).
El jardinero de quien hace mención Izquierdo le había sido encargado
por el presidente de la República, Rafael Reyes. Daniel Ortega Ricaurte
hace mención de la finca que el General Reyes tenía en Chapinero y del
jardinero japonés:
“Aquella magnífica casa tenía fama por sus bellos jardines
cuidados y arreglados esmeradamente por un jardinero japonés, que el
Presidente había mandado traer en especial para el arreglo de su finca”
(Ortega, 1967, p.49).
Este jardinero, Tomohiro Kawaguchi, es el primer emigrante japonés a
Colombia de quien se conoce su nombre y oficio. De él también se sabe
que trabajó en el embellecimiento del Bosque de San Diego, terreno de
propiedad de Antonio Izquierdo, en donde tuvo lugar la Exposición
Industrial de 1910. Al finalizar la exposición, el terreno se convirtió
en el Parque de la Independencia. Niño Murcia reconoce que el trabajo de
Kawaguchi fue “muy importante para la vegetación y ambiente del predio”
(Niño Murcia, 1991, p. 55).
Kawaguchi continuó trabajando como
jardinero en Bogotá y posteriormente en las casas veraniegas del Ocaso,
Cundinamarca, en donde vivió los últimos años de su vida (Aniversario de 30 Años de Colonización. Historia de la Emigración Japonesa a Colombia, 1964, pp. 9-10).
Allí
murió y su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo
(Conversación con Alberto Escovar Wilson-White, 2004). Irie menciona que
Izquierdo regresó junto con dos jardineros y un carpintero (Hôjin Kaigan Hatten-shi,p.
352); pero Izquierdo sólo menciona a Kawaguchi. No hay información
sobre los nombres y detalles de la vida en Colombia de las otras dos
personas, aun cuando sí es muy probable que hubieran ido junto con
Kawaguchi.
Una vez ratificado el Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación entre las dos naciones, el 10 de diciembre de 1908, el
Gobierno japonés cumplió con lo prometido a Izquierdo de enviar un
representante para investigar las condiciones del país con miras a una
futura emigración. Un periódico en Tokio había publicado una nota en la
que menciona que, a pesar de haber transcurrido un año desde la firma
del tratado y de no haberse aún iniciado las relaciones comerciales y
diplomáticas, se esperaba el futuro desarrollo de ellas y la emigración a
ese “gran territorio”[2].
A
Ryôji Noda, que era secretario de los consulados en Perú y Brasil y un
experto consejero del Gobierno en asuntos de inmigración a Suramérica,
le encomendaron la misión en esta ocasión. A su regreso a Japón presentó
un informe de su recorrido por Colombia al Ministerio de Relaciones
Exteriores de su Gobierno. En éste, Noda se abstuvo de recomendar la
emigración a Colombia por varias razones, entre otras: la falta de una
ruta directa de navegación, lo que haría el viaje muy largo y costoso;
las deficientes condiciones internas de comunicación en Colombia, lo que
haría difícil entrar y salir del país; la enorme extensión ocupada por
escarpadas montañas; la falta de variedad de productos agrícolas y las
periódicas inundaciones en las zonas fértiles de los ríos Magdalena y
Cauca. Noda predijo, sin embargo, que de lograrse en un futuro la
emigración a Colombia, él veía el sur del Valle del Cauca, en especial
la parte comprendida entre Santander de Quilichao al sur y Cartago al
norte, como una región prometedora (Noda, Vol 2, 1986, pp. 94-109). Ésta
fue precisamente el área que veinte años más tarde comenzaron a ocupar
los inmigrantes japoneses agricultores. El informe negativo de Noda se
unió casualmente a la crisis política que estaba sufriendo el país, y
como parte de ella el abandono del poder del General Reyes, bajo cuya
presidencia se había firmado el tratado entre los dos países, y época en
la que había nacido el interés por parte de Colombia en la inmigración
de trabajadores japoneses.
El asunto de buscar trabajadores en
Japón volvió a presentarse en 1920, cuando el General Reyes se ofreció a
viajar y a hacer él mismo los contratos. Esta iniciativa se debió a la
propuesta que la Sociedad de Agricultores de Colombia enviara a los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Comercio,
llamando la atención del Gobierno sobre la falta de trabajadores
agrícolas a causa del incremento de trabajadores en las ferrovías. La
Sociedad proponía al Gobierno enviar una misión a Japón para negociar
este asunto, dado que “la inmigración japonesa parece ser la más
apropiada para Colombia”. La misión nunca partió y el asunto se archivó
(Ver Revista de la Sociedad Nacional de Agricultura,1920, p. 250; El Tiempo,
febrero 25 de 1920; Galvis y Donadio, 1986, p. 258). El siguiente plan
para reclutar trabajadores japoneses, fue un proyecto conjunto entre el
empresario colombiano Álvaro Uribe y la compañía japonesa de emigración a
ultramar. Las dos partes estaban interesadas por la explotación de la
selva del bajo río Atrato y requerían de 10.000 a 15.000 trabajadores.
El Ministro de Relaciones Exteriores en Colombia, al recibir el
comunicado al respecto del Cónsul en Kobe, ordenó que se transmitiera la
información al Ministerio de Industrias “a fin de obtener un fundamento
para contestar” (Comunicado interno del Ministro de Relaciones
Exteriores, julio 16 de 1924). Al parecer el Ministerio de Industrias,
para emitir un concepto sobre la propuesta, necesitaba información
concreta sobre las condiciones de los contratos y para ello era
necesario que el Cónsul le diera una respuesta por escrito a Álvaro
Uribe. Pasaron los meses y el Cónsul en Kobe no respondía a la solicitud
de Uribe. El Ministerio de Industrias envió entonces un comunicado al
Ministro de Relaciones Exteriores para rogarle
“Se sirva impartir las órdenes del caso a nuestro Cónsul en Kobe,
Japón, para que suministre a dicho señor los informes pedidos por él,
relativos a las condiciones en que podrían contratarse trabajadores
japoneses para la explotación de bosques en las regiones del bajo
Atrato” (Ministro de Industrias al Ministro de Relaciones Exteriores,
septiembre 8 de 1924).
El Cónsul fue amonestado por el Ministro de Relaciones Exteriores por
su negligencia. Pasados varios meses de recibida la solicitud, el
Cónsul finalmente respondió por escrito a Uribe quejándose de parecerle
“prohibitivas algunas de las condiciones” de la compañía de emigración.
Macías aprovechó la oportunidad para enviarle al Ministro de Relaciones
Exteriores una copia de su respuesta a Uribe y expresarle que:
“A pesar de que no me precio de conocer bien este impenetrable
país, ni la índole de sus habitantes…, considero que la inmigración
japonesa no es deseable para Colombia” (Cónsul en Kobe al Ministro de
Relaciones Exteriores, diciembre 2 de 1924).
En el caso anteriormente expuesto, según puede verificarse en los
oficios enviados entre los Ministerios de Industrias y el de Relaciones
Exteriores, ambas secciones del Gobierno estaban dispuestas a que se le
dieran posibilidades al proyecto. Sin embargo, el cónsul en Kobe, que
sólo llevaba un par de meses en su cargo cuando le fue presentado el
proyecto, fue quien tomó la iniciativa de descartarlo. En la
correspondencia enviada al Ministerio no explicó claramente el por qué
de su negativa pero, una vez terminado su cargo y vuelto a Colombia dio
una entrevista a la prensa, en la cual dejó ver por qué estaba opuesto a
la inmigración japonesa y que, según él, tenía el respaldo del entonces
Ministro de Relaciones Exteriores. En la entrevista, en donde
irónicamente aparece su fotografía vestido en kimono, manifestó su
argumento:
“Tienen una mentalidad absolutamente diversa y hasta contraria a
la nuestra por su religión, por su raza, por su idioma, por sus
costumbres… Mezclar nuestros indios o nuestros mulatos con japoneses
sería fabricar un producto híbrido de consecuencias vitales desastrosas
para todos y para todo” (El Relator,diciembre 8 de 1928; El Espectador,
enero 21 de 1929).
Si su oposición a la inmigración japonesa era una creencia personal o
no, un despacho del FBI que incluye un recorte de la entrevista dice
que los comentarios del Cónsul, “con respecto a lo indeseable de la
inmigración japonesa a Colombia, reflejan la mayor parte de la opinion
pública colombiana” (Microfilm rollo 63, National Archives of the United
Status). En 1925 parece haber existido un serio movimiento para
trasladar a la Costa Atlántica a unos 25.000 japoneses, que residían
entonces en los Estados Unidos. Para esta fecha, la emigración de
japoneses a este país había prácticamente llegado a su fin debido a la
ratificación por ley en 1924 del Acta de la Cuota de Inmigración. Es
posible que la hostilidad de los Estados Unidos hacia los residentes
japoneses pudiera haber sido el motivo de tal plan reinmigratorio.
Las negociaciones del proyecto se llevaron a cabo entre un representante norteamericano y otro colombiano.
Inicialmente elaboraron un proyecto en las cercanías de la Bahía de
Cispatá, a unos 120 kilómetros al suroeste de Cartagena. La propuesta
fue abandonada debido a la cercanía de aquel sitio al Canal de Panamá.
Se buscó otro lugar con 10.000 hectáreas de extensión, situado al
noreste de Cartagena. Esta área estaba deshabitada y se esperaba que la
llegada de varios miles de inmigrantes al departamento de Bolívar,
ayudara a mejorar las condiciones económicas en la Costa Atlántica. El
Cónsul norteamericano que informó a Washington del proyecto no dejó de
reconocer las ventajas que éste traería a Colombia, un país despoblado y
con mucha necesidad de implementer la agricultura. Sin embargo, no dejó
de advertir que aunque la inmigración organizada de japoneses traería
beneficios a Colombia,
“la existencia de una colonia japonesa a lo largo de la costa
podría amenazar, en tiempo de guerra, la seguridad del Canal de Panamá”
(Schnare al Secretario de Estado, mayo 7 de 1925).
De los documentos existentes sobre éste y otros proyectos que se
consideraron antes de la Segunda Guerra Mundial, bien se puede deducir
que los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos, en
especial en lo concerniente a la protección y la seguridad del Canal,
tuvieron prioridad sobre cualquier otro programa que trajera inversión
social y prosperidad para Colombia. No se puede negar que Colombia no
atrajo inmigrantes por razones tales como la inestabilidad política y
las continuas guerras civiles después de la independencia de España, el
enorme tamaño del país poco poblado y mal comunicado, la tenencia de la
tierra en manos de unas pocas familias privilegiadas, la falta de una
agricultura diversificada con predominio del monocultivo del café, y la
vigencia de una legislación que daba la apariencia de favorecer la
inmigración internacional, pero que no iba más allá de ideas con buenas
intenciones puestas sobre el papel, y sin ponerse en práctica por falta
de recursos económicos. Pero tampoco se puede descartar la interferencia
de los Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Después del
incidente de 1903, Colombia no sólo perdió control sobre el Istmo de
Panamá y el eventual beneficio resultante de la construcción de un canal
transoceánico, sino que también vio vulnerada su independencia política
a favor de la seguridad del Canal. El temor a la presencia de los
japoneses cerca del Canal lo dejó señalado el agregado militar
estadounidense en Costa Rica en un comunicado que decía:
“Es bueno tener presente, sin embargo, que los puertos de
colonización japonesa son cuidadosamente estudiados y seleccionados no
sólo desde el punto de vista económico, sino desde los puntos
estratégicos de valor militar… Es claro que cuando los japoneses
colonizadores se hayan establecido constituirán una base y amenaza para
la seguridad del Canal” (Campanole, agregado militar de Costa Rica, 5 de
octubre de 1935).
El anterior comunicado, enviado en 1935, muestra que no es una
coincidencia el hecho de que no hubieran existido colonias de japoneses
en los países centroamericanos, cercanos al Canal de Panamá. Sin
embargo, no sobra añadir que el oficial militar, tan preocupado por la
protección del Canal, ignoraba que aquellos inmigrantes japoneses, en la
mayoría campesinos pobres, eran gente que dejaban su país en busca de
mejores oportunidades para llevar una vida decente tanto ellos como sus
familias.
El proyecto de inmigración más ambicioso fue
presentado al Gobierno colombiano por un empresario japonés, Ken’ichi
Tomita. El 2 de octubre de 1928, Tomita y José A. Montalvo, ministro de
Industrias, firmaron un contrato en el cual se concedían, libres de
costo, 100.000 hectáreas de tierras baldías para un proyecto de
colonización en los Llanos Orientales. El proyecto estaba concebido para
2.000 colonos que se dedicarían al cultivo intensivo del arroz y
parcialmente a la ganadería. Tomita se comprometía a lograr apoyo por
parte de Japón para facilitar a la región asistencia técnica, un sistema
de cooperativa, puestos de salud, caminos y carreteras, servicios de
teléfono y telégrafo, encomiendas y correo postal para conectar los
aislados Llanos Orientales con la capital del país.
En el
contrato se estipulaba que para que éste se hiciera efectivo, necesitaba
el beneplácito de la Academia Nacional de Medicina de Bogotá, antes de
ser presentado al Consejo de Ministros, al Consejo de Estado, y
finalmente al Presidente de la República para su aprobación. Así que
cinco semanas después de ser firmado el contrato por las dos partes, se
envió una copia a la Academia para que sus miembros emitieran un
dictamen sobre el proyecto. Pasados siete meses los académicos
remitieron al Ministro la proposición aprobada por unanimidad en la
sesión del 18 de junio de 1929. En ella reconocieron “las altas
condiciones del pueblo japonés, que son un ejemplo y un motivo de
admiración para el mundo civilizado”, pero no dejaron de expresar su
gran preocupación por las consecuencias biológicas que podrían resultar
de su mezcla con el pueblo colombiano:
“Hasta donde es posible inferirlo de la observación común, una
mestización de sangre japonesa en su variedad Mongólico-Malaya con los
diversos elementos étnicos de nuestro país no daría resultados
ventajosos ni por el aspecto morfológico, ni por el aspecto funcional ni
desde el punto de vista de la resistencia a las diversas influencias
morbosas de nuestra zona… Resuelve manifestar al señor Ministro de
Industrias… que una inmigración en masa de colonos japoneses, desde el
punto de vista étnico no es aconsejable para Colombia” (Evaluación sobre
la inmigración japonesa a Colombia por la Academia Nacional de Medicina
y dirigida al Ministro de Industrias, junio 25 de 1929).
La cláusula trigésimo primera establecía de manera expresa, que este
contrato para su completa validez requería de la aprobación del
Presidente de la República, “el previo concepto favorable de la Academia
Nacional de Medicina en cuanto a que los inmigrantes que van a traerse,
al tenor de este contrato, no son inconvenientes por sus condiciones
étnicas, para el mejor desarrollo de la raza” (Montalvo y Tomita,
octubre 2 de 1928).
Por tanto, al recibir el concepto negativo
de la Academia de Medicina, el contrato no podría perfeccionarse ni
tener existencia jurídica. “Seguramente el Ministerio, en vista de que
tal concepto fue adverso, no volvió a ocuparse en el asunto”, explicó
dos años más tarde el Ministro de Industrias en cargo al de Relaciones
Exteriores (Chaux, 5 de junio de 1931).
La evaluación de los
miembros de la Academia Nacional de Medicina no es de extrañar. En 1920
los médicos habían tomado parte en el III Congreso Médico Colombiano,
celebrado en Cartagena, en el cual discutieron sobre los problemas de la
raza en Colombia para concluir que “el más deseable para regenerar
nuestra población es un producto de raza blanca”. En este congreso los
asistententes trataron de probar la inferioridad de las razas negra y
amarilla con base en razones patológicas (Memorias presentadas al 3er. Congreso Médico Colombiano,1920, p. 38).
Los resultados de este congreso debieron haber influido en la promulgación de la ley 114 de 1922 que dice en su artículo 1:
“Con el fin de propender al desarrollo económico e intelectual
del país y al mejoramiento de sus condiciones étnicas, tanto físicas
como morales, el Poder Ejecutivo fomentará la inmigración de individuos y
de familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o
no deban ser motivo de precauciones respecto del orden social”.
Este tipo de pensamiento que veía a los que no fueran blancos como
seres inferiores no era nada nuevo en los países latinoamericanos.
Éstos, influenciados por el positivismo europeo del siglo XIX, vieron
que la única vía al progreso era recurrir a la inmigración masiva
proveniente de los países europeos como sustituto de la fuerza local
laboral. Estos inmigrantes ‘blanquearían’ la población mestiza, y se
esperaba que este nuevo proceso de mestizaje pudiera decolorar las
deficiencias raciales (Woodward, 1971; Jaramillo Uribe, 1964; Stein y
Stein, 1970).
Proyecto de inmigración al Cauca
En la misma época en que el proyecto presentado por Tomita fuera
rechazado por motivos étnicos y raciales, la compañía de emigración de
ultamar estaba alistando los preparativos para la emigración de 20
familias japoneses al sur de Colombia, provenientes de la prefectura de
Fukuoka. En 1926, la Companía de Emigración de Ultramar había
comisionado a dos de sus empleados, Yûzô Takeshima y Tokuhisa Makijima
para que hiceran un viaje exploratorio por Colombia en busca de un lugar
apropiado para establecer una colonia agrícola. Takahiko Wakabayashi,
el cónsul japonés en Panamá, los acompañó en el recorrido que hiceron
entre otros lugares por Bogotá, Medellín y Barranquilla, la sabana de
Bogotá, los valles del Cauca y del Magdalena. Su visita por Colombia la
hicieron en privado, sin tener ningún contacto con el Ministerio de
Industrias que tenía la facultad de aprobar los proyectos para futuros
inmigrantes, como tampoco solicitaron terrenos baldíos para los futuros
inmigrantes como sí lo había hecho Tomita. A su regreso a Tokio, la
compañía de emigración presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores
los informes del primero y un segundo viaje a Colombia para obtener la
aprobación del proyecto de emigración (Informe sobre las Condiciones de Emigración y Colonización en Colombia,
vol. 14, 1927 y vol. 20, 1929). Una vez obtenida ésta, la compañía, con
la asesoría que recibió de los emigrantes japoneses radicados en Cali y
Palmira, compró un terreno en el departamento del Cauca para establecer
el programa agrícola con las primeras diez familias de emigrantes.
No
fue fácil para la compañía de emigración encontrar familias dispuestas a
emigrar. Ello es comprensible ya que Colombia era un país totalmente
desconocido en Fukuoka y hasta la fecha no había habido nadie que
hubiera regresado para contar sus experiencias, ni tampoco había cartas
de emigrantes anteriores. “Inmigrantes que habían tenido éxito por lo
general animaban a sus parientes, vecinos y amigos a compartir su buena
suerte”, dice con mucha razón Staniford en su estudio sobre una colonia
japonesa en Brasil (Staniford, 1973). Brasil y Perú eran los dos países
más conocidos en Japón para emigrar. Por ejemplo, dos de las familias
que emigraron a Colombia habían vivido anteriormente en Perú, y dos de
los emigrantes dijeron que originariamente habían deseado ir a Brasil.
Uno cambió de opinión después de haberse informado sobre Colombia en la
revista de emigración Kaigai, y el otro después de haber visto la
propaganda ‘Kono yo no tengoku ga arutosureba, Koronbia ijûchi wo sasu’ (Si en este mundo existe el paraíso, éste es Colombia) (Los Pasos de 50 Años: Historia de la Inmigración Japonesa a Colombia,
1986, pp. 33-7). Una vez las primeras cinco familias estuvieron listas
para emigrar, la compañía de emigración se acercó al consulado
colombiano en Yokohama a solicitar la visa de los emigrantes. El Cónsul
pidió la autorización al Ministerio de Industrias de Bogotá, que negó su
expedición. La compañía se alarmó y buscó la ayuda del antiguo
secretario de la Legación en Perú, Jôji Amari, que se encontraba de
vuelta en Japón. Amari, que había comenzado su carrera de negociador y
diplomático en Suramérica, cuando viajó a Perú por primera vez en 1898
para negociar el primer grupo de trabajadores japoneses a ese país,
había pasado hacía poco por Bogotá y saludado al ministro de Relaciones
Exteriores, Carlos Uribe Cordovez (1927-29). Amari aprovechó este
contacto personal con el Ministro y le envió un telegrama para explicar
lo grave que se volvería la situación, si no se les concedía la visa, ya
que las cinco familias estaban listas para partir.
El Ministro
de Relaciones Exteriores, a quien competía aprobar la entrada de los
pasajeros en tránsito, envió inmediatamente un cablegrama a Amari en el
cual expresaba lo siguiente:
“Cordialmente retorno sus expresiones y correspondo sentimientos
su Gobierno. Hoy ordénase consulado vise pasaportes haciendo constar no
son inmigrantes ni se acogen ley colombiana inmigración (marconigramas
de Uribe a Amari y de Uribe a Cuervo Borda, 28 de septiembre de 1929).
Un cablegrama similar fue enviado al consulado en Yokohama, y unos
días más tarde, el ministro Uribe, al recibir un comunicado de la
Secretaría del Gobierno de Cali, en donde le pedían instrucciones sobre
qué hacer con “la llegada al puerto de Buenaventura de 50 o 60
inmigrantes”, dirigió un telegrama a Buenaventura ordenando que los
“Japoneses que vengan con sus pasaportes debidamente arreglados pueden
entrar al país” (Ministro de Relaciones Exteriores al jefe encargado del
Puerto de Buenaventura, Noviembre 5 de 1929). Gracias a la buena
voluntad del ministro de Relaciones Exteriores, Uribe Cordovez, quien
permitió su entrada bajo la categoría de pasajeros visitantes, la
colonia de agricultores japoneses pudo establecerse en el Cauca.
Los
datos aquí presentados dan la impresión de que los emigrantes japoneses
hubieran entrado a Colombia sin obedecer la ley de emigración. Sin
embargo, tanto el Ministerio de Industrias como la Academia Nacional de
Medicina habían sido informados a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores del plan de emigración al Cauca. En junio de 1929, el cónsul
en Japón, Carlos Cuervo Borda (1927-35) había enviado al Ministerio de
Relaciones Exteriores una copia de la guía de emigración a Colombia.
Ésta había sido preparada para los futuros emigrantes y contenía
información general sobre el clima y la geografía, y algunas
recomendaciones sobre el viaje por barco y comportamiento para seguir en
Colombia. La guía fue enviada en su original en japonés, junto con la
traducción al castellano. Iba acompañada por una carta del Cónsul al
Ministro en la cual decía:
“Este proyecto ha sido aprobado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón y recibe el apoyo
pecuniario del Gobierno Imperial… He prestado mi colaboración para que
se efectúe el viaje de estos inmigrantes porque estimo conveniente que
se observe y estudie personalmente al trabajador japonés para que, en
caso de que sea hábil y adaptable al medio colombiano, se le dejen las
puertas abiertas… Estando vigente el Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación con el Japón… he considerado que es mi obligación como
funcionario del Gobierno colombiano no poner obstáculos a este proyecto
(Cónsul en Yokohama al Ministro de Relaciones Exteriores en Bogotá, 19
de junio de 1929).
En el original enviado a Bogotá hay una nota
puesta al margen de la primera página con letra manuscrita,
probablemente del ministro Uribe, que dice: “Avisar recibo en nota y
comunicárselo M. Industrias y Ac. de Medicina”. Todo parece indicar que
ni el Ministerio de Industrias ni la Academia de Medicina prestaron
atención al comunicado de Relaciones Exteriores. De haberlo hecho, con
seguridad el proyecto hubiera fracasado como sucedió con el de Tomita.
La
falta de atención de la entidad gubernamental, bajo cuya
responsabilidad caían los inmigrantes internacionales, resultó en que el
Ministro de Relaciones Exteriores, cuando su colega de Industrias quizo
impedir la emigración de los japoneses que ya tenían todo preparado y
se encontraban en vísperas de dejar Japón, les ayudara haciendo uso del
recurso legal que le permitió autorizar el visado en calidad de
pasajeros. Los otros dos grupos que se unieron a la colonia en el Cauca
en 1930 y 1935 también entraron al país con visa de visitantes. A partir
de 1933 los que viajaron en el tercer grupo, igual que las mujeres que
fueron comprometidas para casarse y los inmigrantes llamados por sus
parientes y amigos para trabajar en la colonia del Cauca, todos tuvieron
que pagar el impuesto que se cobraba a los visitantes temporales. El
impuesto de cien pesos por persona, que había sido expedido por Decreto
1066 de 1933 con el fin de impedir que inmigrantes con pocos recursos
económicos desembarcaran en Colombia, les fue devuelto después de pasado
un año de residencia. La emigración de los tres grupos coincidió con el
tiempo de Cuervo Borda en el consulado, quien no les puso obstáculos a
los emigrantes y continuó otorgándoles la visa de visitantes, a pesar de
que Carlos Uribe ya se había retirado del Ministerio de Relaciones
Exteriores y no podían contar con su apoyo. A estos dos funcionarios del
estado colombiano, Uribe Cordovez y Cuervo Borda, se les debe un justo
reconocimiento al haber hecho posible la inmigración de los agricultores
japoneses al sur de Colombia. El Gobierno colombiano no reconoció la
inmigración japonesa, mientras que el japonés sí lo hizo. Esto lo
acreditan los documentos que quedan en los archivos. En 1938, siendo
Gabriel Turbay ministro de Relaciones Exteriores, recibió una nota de la
Legación en Tokio en la que el Secretario Comercial le informaba que
Japón tenía resuelto el problema de la emigración con la colonización en
Manchuria y que por el momento no pensaba buscar otros países de
emigración. Adjunto al informe iban algunos recortes de la prensa
relacionados con la emigración a Suramérica. El ministro Turbay le
recalcó que “Colombia no tiene interés en la inmigración japonesa”. En
su respuesta al secretario en Japón, Turbay puso en claro que la
inmigración japonesa no estaba acreditada en Colombia, ya que “en el
pasado los asuntos de inmigración nunca se trataron a nivel de
negociación entre los dos gobiernos” (Comunicado de Borda Roldán, marzo
14 de 1938; Ministro al Encargado de Negocios, abril 20 de 1938).
Lo
anterior explica una conversación ocurrida en Tokio en 1934, entre el
embajador británico y el Ministro de la Legación de Colombia. En ella,
el ministro Esguerra expresó que las familias japonesas que se habían
establecido en el Cauca,
“no estaban consideradas conforme a la legislación colombiana
como inmigrantes, ya que habían cubierto todos sus gastos y adquirido la
tierra con sus propios recursos” (memorandum de conversación, Ch. Dodd a
Sir John Simon, 9 de julio de 1934).
Estos documentos son de interés porque contienen la razón oficial
para argumentar que, confundiendo los hechos con la distorsión de la
categoría ‘inmigrante internacional’, no hubo en Colombia inmigración
japonesa que la acreditase como tal.
Los primeros inmigrantes
Llámense pasajeros o inmigrantes y estén oficialmente reconocidos o
no, lo cierto es que la inmigración japonesa a Colombia a lo largo del
siglo XX es un hecho, y que se caracteriza por tres tipos de
inmigrantes: los pioneros que viajaron por cuenta propia y que en su
mayoría no llegaron directamente desde Japón, los que viajaron por
contrato con la compañía de emigración como parte de un programa
agrícola y los que fueron llamados por parientes y amigos.
El
primer tipo de inmigrante llegó a Colombia en las tres primeras décadas
del siglo XX y se estableció con preferencia en la Costa Atlántica norte
o en el Valle del Cauca en el sur del país, según el puerto por donde
había entrado. Sus actividades de trabajo se centraron en la jardinería,
el comercio y la barbería. El total de ellos no pasa de unas 30
personas. La mayor parte fueron hombres solteros, con excepción de una
familia que había emigrado inicialmente a Cuba, y de una joven pareja
que viajó junto con una novia prometida en matrimonio con uno de los
emigrantes de Barranquilla. A pesar de que algunos viajaron directamente
desde Japón con la intención de establecerse en Colombia, la mayor
parte de ellos habían probado suerte anteriormente en otros países de
habla hispana. Algunos pasaron en barco desde Perú, entrando por
Buenaventura, y los que estaban en las Islas del Caribe y Panamá.
desembarcaban en Puerto Colombia. La apertura del Canal de Panamá en
1914, facilitó bastante la comunicación marítima entre el Japón, la
América del Sur y las Islas del Caribe.
El segundo tipo de
inmigrantes fue el que llegó a través del contrato establecido con la
Compañía de Emigración de Ultramar para radicarse en la colonia agrícola
del departamento del Cauca. El tercer tipo de inmigrantes lo formaron
los parientes y amigos que viajaron de Japón a Colombia en calidad de
trabajadores de los inmigrantes agricultores, y de algunas pocas mujeres
que llegaron comprometidas en matrimonio. Aquellos que se dirigieron a
la región del Valle del Cauca hicieron contratos de trabajo con los que
les habían precedido, sin interferencia alguna de la compañía. La
actividad de ésta terminó en 1935 al finalizar el compromiso del
establecimiento de la colonia agrícola con veinte familias.
En
1960, un grupo de 17 hombres fue contratado para la zona bananera de
Tumaco, pero el proyecto no tuvo el éxito que esperaban. Al fracasar el
proyecto, 14 de ellos se quedaron en Colombia.
Ellos
establecieron lazos de trabajo y de unión familiar con los anteriores
agricultores de Corinto, que para entonces se habían dispersado por
algunas zonas del Valle del Cauca, ampliando de esta manera el número de
los agricultores japoneses en el sur de Colombia. La barbería fue el
oficio más popular entre los japoneses que vivían en la Costa Atlántica.
Otras actividades tales como el cultivo de hortalizas, venta callejera
de raspados de hielo, administración de tiendas de abarrotes y bares de
su propiedad con juegos de billar, completaron las actividades que les
aseguró un ingreso económico. Ejercer el oficio de barbero, el cual fue
bastante popular entre los japoneses que vivían en Panamá, tenía la
ventaja de poder aprenderlo y trabajar de ayudante con otro japonés para
ganar experiencia. No requería de mucho capital inicial y se podía
trabajar en compañía o independientemente. Bastaba con un equipo y
muebles sencillos. Lo que sí exigía el oficio era limpieza y destreza
manual. Los barberos japoneses en Barranquilla adquirieron la reputación
de ser limpios, cuidadosos y suaves. Su fama les ganó el apelativo de
manitos de seda.
Mientras que los inmigrantes en la Costa norte
sobresalieron en el oficio de la barbería, los que migraron al interior
destacaron en la jardinería y la agricultura. Los jardineros japoneses
gozaron de una posición superior a la del jardinero local. La gente no
los vio como simples cortadores del césped, sino dotados de la capacidad
de crear algo original. Sin duda que el trabajo de Tomohiro Kawaguchi
en los jardines de la Exposición Industrial de Bogotá, el esmerado
cuidado del jardín en la casa del General Reyes y su posterior trabajo
en las fincas veraniegas del Ocaso, fueron buen motivo para asociar a
los japoneses con la jardinería, y ello ayudó a los que siguieron en
este oficio, como fue el caso de Jorge Ryôjo Hoshino. Este llegó a
Bogotá en 1921 y abrió una tienda de productos importados de Japón, pero
el Gran Terremoto de Kanto de 1923 lo forzó a cerrar el negocio. Sin
saber qué hacer, empezó a probar suerte como jardinero, en lo cual
alcanzó éxito y fama.
En 1923 un grupo de cuatro jóvenes amigos,
Matsuo, Nakamura, Nishikuni y Shima, cruzaron el Pacífico entusiasmados
con las descripciones del Valle del Cauca hechas en la Maríade Jorge
Isaacs, que les había dado a conocer Yûzô Takeshima. En Cali encontraron
a Koichi Tamura, dueño de un hotel y restaurante, quien les dio una
carta de presentación para conseguir trabajo en el ingenio azucarero La Manuelita,
en las cercacías de Palmira. También gracias al apoyo que recibieron
del entonces director de la Secretaría de Agricultura e Industria del
departamento del Valle del Cauca, Ciro Molina Garcés, consiguieron
colocarse en otras haciendas como mecánicos y tractoristas y en la
Estación Agrícola y Experimental de Palmira. Ellos cumplieron con éxito
su trabajo, con lo que desde entonces la mente de los colombianos unió a
los japoneses con la agricultura y se creó una imagen positiva que
ayudaría a la introducción de inmigrantes japoneses en esta área.
Asentamiento en Jagual
Entre los años de 1929 a 1935 llegaron a la denominada ‘Colonia El
Jagual’ en Corinto, las 20 familias, cuyo número había sido aprobado por
el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Japón, y que hacían parte del proyecto presentado al
Ministerio por la Compañía de Emigración de Ultramar. Entre los
requisitos del programa figuraba uno que exigía que el cabeza de familia
fuera agricultor, y que hubiese un número mínimo de tres adultos por
familia. Las familias del primer grupo tuvieron un promedio de cinco
personas, mientras que las del segundo y tercero, formado este último en
realidad por 14 familias en vez de 10, tuvieron un promedio de siete
personas. El 17% del total de las familias abandonó el programa y
regresó a Japón. El área total de la colonia medía 198 hectáreas,
incluyendo tierras comunales y las de administración. Cada familia
recibió un promedio aproximado de siete hectáreas. El responsable era el
cabeza de familia, persona que había firmado el contrato con la
compañía de emigración. Los del tercer grupo firmaron con la prefectura
de Fukuoka que les facilitó el dinero para ampliar el terreno anexo a la
colonia. Parte muy importante de la fuerza laboral la constituyeron los
hombres y mujeres allegados por parentesco o amistad. Ellos podían ser
cuñados, sobrinos, primos o conocidos del cabeza de familia o de su
esposa. En el primer grupo sumaron el 32%, mientras que el 26% en el
segundo y el 28% en el tercero.
Los inmigrantes que tuvieron
posibilidades económicas llamaron posteriormente a parientes y amigos
que deseaban emigrar en calidad de trabajadores (yobiyose imin).
Por medio de un contrato verbal se acordaba que el cabeza de familia
cubriría los gastos de viaje y una vez en Colombia los de comida y ropa,
a cambio de seis a diez años de trabajo sin remuneración alguna. Hubo
casos en que estos trabajadores se casaron con las hijas del jefe de
familia, pero este matrimonio no los liberaba de la deuda. Sólo
cumplidos los años de compromiso, podían independizarse e irse a vivir
aparte.
En la colonia El Jagual cada unidad familiar, a
cuya cabeza estaba el jefe y dueño único de la parcela, estaba guiada
por su liderazgo y autoridad, firmemente establecida dentro de la
jerarquía familiar. Fundamental era la unidad familiar, cuyos miembros
dormían bajo el mismo techo y trabajaban en conjunto para lograr la
prosperidad económica. Desde luego que hay ejemplos que muestran que
cuando hubo la necesidad, cooperaron y se ayudaron mutuamente. Cuando
Eduardo Masao Tanaka, por ejemplo, inventó una máquina que podía
arrastrar hasta cinco surcadoras de madera, con lo cual redujo
drásticamente el tiempo de siembra del frijol, o cuando inventó la
desgranadora-aventadora, todo ello lo enseñó a sus compañeros de la
colonia (Los Pasos de 50 Años: Historia de la Inmigración Japonesa a Colombia,
1986, p. 73; Ramos, 1974, pp. 67-8). Sin embargo, la necesidad de ayuda
mutua y la existencia de relaciones sociales no implicaron la
solidaridad étnica, ni el hecho de vivir en la misma área alentó el
trabajo comunal. Por el contrario, la competición por cultivar el mismo
tipo de productos y la búsqueda constante de tierras para alquilar
crearon discordias, descontentos y conflictos.
Los inmigrantes
de la colonia agrícola contaron con dos tipos de ayuda: la unidad
familiar y cierta cantidad de dinero que les recomendó llevar consigo la
compañía de emigración para gastos iniciales y futura inversión, ayuda
con la que no contaron los inmigrantes independientes a las ciudades.
Takeshima, en el segundo informe presentado al Ministerio de Relaciones
Exteriores de Japón, enfatizó la importancia para los emigrantes de
llevar dinero para invertir, porque de no hacerlo “irían a terminar
trabajando de peones para los colombianos” (Gaimushó, vol. 20, abril
1929, p. 126). La familia que se inscribía al programa de emigración
tenía que demostrar que disponía de una suma minima de 1.690 yenes ($800
dólares americanos).
Restando los gastos ocasionados para la
expedición del pasaporte y otros certificados en Japón, de la comida
durante los 35 días que duraba el viaje por mar, y los gastos de la vida
en Colombia durante los primeros meses hasta que comenzaran a rendir
las cosechas, se esperaba que a cada unidad familiar le quedara un
capital libre equivalente a mil yenes para invertir en la parcela
agrícola.
El Gobierno japonés subsidiaba el equivalente a la
mitad de los gastos de transporte nacional desde Fukuoka hasta el puerto
de embarque, el billete por barco hasta Colombia y una suma para cada
individuo para transportarse desde Buenaventura hasta la colonia de
Corinto. Del Gobierno en Colombia no se esperaba ninguna ayuda. Al
recibir la visa en Yokohama, cada uno de ellos firmó un documento en el
cual constaba que no tenían derecho a solicitar exenciones ni los
favores que la legislación colombiana ofrecía a los inmigrantes que
establecieran su residencia en el país (Cuervo Borda a Carlos Uribe, 9
de octubre de 1929). Por esta razón en 1935, a los del tercer grupo que
también entraron como pasajeros, les cobraron el impuesto de entrada
portuaria en Buenaventura.
Asentamiento en la Costa Atlántica
La sobrevivencia económica es una constante preocupación del
inmigrante en el nuevo ambiente. Adaptarse con éxito depende de varios
factores. Ante todo, de la habilidad social y de la destreza
profesional, seguidas por las ambiciones, deseos y valores de cada uno.
También depende de las oportunidades que el emigrante encuentre.
Barranquilla era una ciudad con atractivos para inmigrantes por dos
factores importantes: “oportunidad económica y movilidad social”
(Fawcett y Posada-Carbó, 1997, p. 59). Sin embargo, todo dependía de lo
bien o lo mal que estuvieran preparados los inmigrantes japoneses para
moverse en una ciudad que les ofrecía oportunidades sin límites. Al
estudiar la experiencia de este grupo que no se diluyó, sino que llegó a
formar una pequeña comunidad, vale la pena explorar los cimientos sobre
los que se establecieron. Es de gran interés observar la forma en que
los barberos de Barranquilla lograron sobrevivir económica y
socialmente. Ellos no crearon una comunidad en el sentido de haber
residido en el mismo barrio. Vivieron por separado, en calles
diferentes, y por lo general cerca del centro de la ciudad. Para el
inmigrante, asegurarse de la comida y el alojamiento son dos desafíos
por vencer de inmediato. En la ciudad, a diferencia del campo, es más
difícil conseguir el alojamiento que la comida. Muchas veces los dueños
de barbería facilitaron a sus ayudantes el alojamiento. Este tipo de
relación, con carácter de familia, tiene las ventajas y desventajas
inherentes en una familia. En su estudio sobre inmigrantes japoneses,
Kitano dice lo siguiente:
“Esto podría significar una explotación económica con largas
jornadas de trabajo, aunque sí fomentara un sentido de identidad,
pertenencia, seguridad y confort”. (Kitano, 1969, p 20).
A pesar del descontento y problemas inevitables, esta forma de empleo
paternalista era quizá una solución más acertada para el inmigrante
urbano, que el vivir solo o con una familia local en condiciones de
tensión.
Los inmigrantes de Barranquilla pusieron en práctica un sistema de crédito rotativo llamado tanomoshiko.
Este no requiere la firma de documentos ni el respaldo del fiador,
ambos comunes en la compleja organización bancaria, sino que está basado
en la confianza mutua. No hay interés y si lo hay es muy bajo, lo que
hace el crédito accesible a todos los socios de la organización (Drake,
1994, vol. 3, pp. 349-50). Gracias a este fondo común, los participantes
no tienen la necesidad de acudir a los bancos locales con riesgo de
recibir una negativa. El dinero prestado ayudaba unas veces a quien
estaba en necesidad urgente y otras a mejorar las instalaciones de la
barbería.
Un aspecto muy importante de este sistema de ayuda
económica fue su función social. Los hombres se reunían una vez por mes
para comer, beber y jugar a las cartas. En la reunión cada uno
contribuía con una cantidad fija de dinero con lo que pagaban lo que
consumían, y el resto iba al fondo de ahorro común del grupo. Parte del
dinero, bien fuera por rifa o por solicitud, se prestaba a uno de los
asistentes, libre de interés. En las reuniones mensuales los socios se
divertían, preparaban comida japonesa, se comunicaban en su idioma
nativo y se olvidaban de las tensiones de la vida cotidiana. Los
inmigrantes tenían que adaptarse a la comida local y a la comunicación
en castellano con sus familias, vecinos y clientes. Así que estos
encuentros periódicos, en los que compartían la comida y la lengua
nativas, eran buenas ocasiones para confirmar la identidad étnica y
recuperar el ánimo para seguir adelante en un país ajeno.
La Guerra del Pacífico
Sobrevino el ataque aéreo a Pearl Harbor y luego la Guerra del
Pacífico, lo que afectó a los japoneses que estaban viviendo en los
países extranjeros. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Japón un
día después de lo ocurrido en Hawai. Las reuniones de los de
Barraquilla se terminaron, puesto que quedó prohibido que se reunieran
más de tres japoneses. Los habitantes del Valle del Cauca perdieron la
libertad de movimiento sin el salvoconducto expedido por la Policía.
Colombia permitió la repatriación de todos los funcionarios de la
Legación japonesa y de otros residentes a través de los Estados Unidos.
Trece países latinoamericanos, entre ellos Colombia, cooperaron con los
Estados Unidos en la captura y deportación de los ciudadanos de los
países del Eje (Gardiner, 1981, p. viii). Algunos de los inmigrantes de
la colonia El Jagual y otros pocos de Barranquilla fueron detenidos y
trasladados al Hotel Sabaneta en Fusagasugá.
El hotel fue
convertido en un campo de internamiento para los ciudadanos alemanes,
japoneses e italianos hasta que terminó la guerra en Europa y Asia. Los
últimos en abandonar el lugar de detención, de la cual tuvieron que
pagar los gastos de hospedaje y alojamiento, fueron los japoneses. El 6
de septiembre de 1945, cuatro días después de que el General MacArthur
aceptara la declaración formal de la derrota de Japón, los dejaron en
libertad.
En suma, para los japoneses residentes en Colombia, la
guerra no significó otras cosa que sufrimientos, separación de las
familias y dificultades económicas. El cierre del crédito y las
transacciones bancarias, la congelación de sus bienes y la inclusión de
sus nombres en la llamada lista negra, significó pérdidas de lo que con
tanto esfuerzo y sacrificio habían alcanzado con su trabajo. En algunas
partes les negaron hacer las compras y en las calles les profirieron
palabras ofensivas. En fin, fue un tiempo muy duro que les hizo caer en
la cuenta de que eran una minoría étnica vulnerable, que eran vistos
como extraños e indeseables, y que estaban expuestos a recibir en
cualquier momento malos tratos del Gobierno y de la gente colombiana. Su
reacción, especialmente en la region del Valle del Cauca, fue de unión y
ayuda mutua. Comenzaron a crear asociaciones en las que se sentían
cómodos, seguros y unidos, y recordaron sus propias raíces culturales
dignas de orgullo.
El período de la post guerra
Finalizada la guerra, la colonia El Jagual terminó por
abandonarse. Por razones prácticas, el terreno fue vendido en su
totalidad a un solo comprador. De la antigua colonia ha quedado una
plantación de caña de azúcar con una fábrica de panela. Las familias de
los dos primeros grupos, una vez libres de obligaciones con la compañía
de emigración, habían comenzado a trasladarse a las poblaciones urbanas o
a las cercanías de Santander de Quilichao, Cartago, Palmira, Florida y
Miranda por dos razones obvias: los colegios para educar a los hijos, y
las fértiles tierras que se encuentran en los alrededores de estas
poblaciones.
Con la llegada del tercer grupo a El Jagual,
el número de niños aumentó, por lo que decidieron construir su propia
escuela y traer un maestro que proveyera la educación en japonés y un
colombiano para la clase de español. La escuela la inauguraron en 1936,
gracias a la ayuda que recibieron del Gobierno japonés y al trabajo
voluntario de Tulio Tsuneyoshi Tokunaga y Emilio Tokuji Kuboyama en la
construcción de las sillas, pupitres, ventanas y puertas de la escuela (Los Pasos de 50 Años: Historia de la Inmigración Japonesa a Colombia,1986,
pp. 55, 70). En el estudio hecho por los antropólogos Reichel Dolmatoff
en una población de la Sierra Nevada de Santa Marta, encontramos una
descripción detallada de la disciplina de la época, dada con golpes y
castigos, así como de la instrucción escolar en escuelas primarias
públicas. El material de enseñanza se copiaba y se heredaba, recopiado,
de maestro a maestro. Los niños tenían que repetir en clase de ciencias
absurdos como estos: ¿Cómo duerme la abeja? Respuesta: De pie. O en la
clase de Historia Patria: ¿Cómo murió Bolívar? Respuesta: Desnudo, como
nació. O en la de cívica: “La monarquía es una forma de gobierno que no
existe en los países civilizados”. Pero cuando los Reichel preguntaron a
los chicos del cuarto grado: ¿Cuál es la capital de Colombia? ninguno
supo la respuesta (G. y A. Reichel-Dolmatoff, 1961, pp. 115-25). Una de
las personas que llegó al Jagual en 1929 siendo una pequeña niña,
escribió en las memorias publicadas por los inmigrantes que en la
escuela del poblado más cercano a la colonia “más que clases nos ponían a
trabajar construyendo caminos y derribando montes” (Los Pasos de 50 Años: Historia de la Inmigración Japonesa a Colombia,
1986, pp. 90-1). No es de extrañar que los inmigrantes hubiesen
abandonado la colonia para establecerse en las poblaciones en donde
había colegios privados a los que podían enviar a sus hijos.
A
la vez que los inmigrantes de la colonia El Jagual comenzaron su
expansión territorial por el Valle del Cauca, el país comenzó a
modificar la ley de la tenencia de la tierra bajo el primer gobierno de
Alfonso López. Con la ley 200 de 1936, que confería el derecho a la
propiedad a los invasores de tierras sin labrar, y la posterior Ley 135
de 1961 que señalaba la división de los latifundios, se tuvo la
esperanza de que se iba a modificar el sistema de tenencia de la tierra y
los medios de explotación. Ello traería cambios radicales al país, en
donde los terratenientes y el campesinado pagaban poco o nada de
impuesto por el goce o usufructo de propiedad. El vallecaucano de
entonces ha sido tradicionalmente descrito como el caballero dueño de
extensas y fértiles tierras, para quien la vida ideal estaba
representada en recorrer a caballo la hacienda de numeroso ganado
(Blasier, 1966, p. 396). La situación de inseguridad y miedo que
provocaron en el terrateniente la invasión permitida por el Gobierno de
terrenos sin cultivar y la expropiación de los grandes latifundios,
ambos favorecieron a los cultivadores japoneses, ávidos de conseguir
tierras de labranza. Si los dueños de los terrenos los tenían
alquilados, podían evitar el riesgo de los invasores y también el de la
expropiación.
A los japoneses no les interesaba tanto comprar
tierras como arrendarlas por un tiempo corto, ya que después de tres
años de explotación consecutiva, había que dejarlas descansar porque se
hacía estéril y era más productivo sembrar en otra nueva, a pesar de
todo el trabajo que implicaba la preparación de un terrreno abandonado.
El arrendamiento de tierra no podía pasar desapercibido entre los
políticos. Cuando se discutió en el Senado la Ley 135 de la Reforma
Agraria, el Senador por el departamento del Valle del Cauca propuso al
Gobierno acabar con los contratos de arrendamiento de tierra, señalando a
los cultivadores japoneses en su departamento “que han hecho grandes
fortunas como arrendatarios, y que yo sepa, nunca han querido comprar
una pulgada de tierra” (Citado en Gardiner, 1972, p. 229).
Estas
palabras son una exageración ya que muchos de los japoneses sí eran
propietarios, aunque ciertamente la mayor parte de sus tierras sembradas
lo eran en arrendamiento. Ya en 1955, el área cultivada por ellos
alcanzó a las 13.000 hectáreas (Los Pasos de 50 Años: Historia de la
Inmigración Japonesa a Colombia,1986, p. 285). Si comparamos esta cifra
con el total de 198 hectáreas recibida inicialmente por las veinte
familias, podemos ver el esfuerzo extraordinario que habían puesto los
inmigrantes en sólo algo más de dos décadas. Cuando el precio del fríjol
se fue abajo a fines de 1951, ellos se unieron y fundaron la Sociedad
de Agricultores Japoneses SAJA. Gracias al buen manejo de la cooperativa
lograron mantener a salvo el cultivo del frijol y diversificar los
productos de cultivo. A través de la cooperativa compraron tractores,
trilladoras, camiones y fertilizantes, lo cual suplantó las prácticas
existentes hasta entonces en la región en donde, a pesar de tener
tierras tan fértiles, sus dueños las dejaban para apacentar libremente
el ganado. Los cultivadores japoneses, además de abastecer el mercado
nacional, también produjeron para el mercado en Japón. En 1967, por
ejemplo, importaron de Japón tres toneladas de semillas de frijol azuki,
lo cual produjo 81 toneladas para exportar. Los pronósticos indicaban
la exportación de 280 y 1.000 toneladas en los años siguientes y la de
3.000 a 5.000 toneladas de frijol anualmente a Japón (González, 1969, p.
8).
La contribución de los inmigrantes japoneses al sur de
Colombia no sólo estuvo en la producción de maíz y frijol, “enormes para
la época”, lo atestiguó Guillermo Barney Materón, hijo de un
terrateniente (Barney Materón, 1989, p.38). Su gran contribución fue
también la de haber mecanizado la faena con la introducción de tractores
y de haber convertido grandes extensiones de pastizales en tierras de
labranza. Dicho en palabras de Guillermo Ramos Núñez:
“Es de justicia aceptar que el progreso rural del valle
geográfico del Río Cauca está vinculado a los colonos japoneses, y que
desde su expansión como arrendatarios, se dividió en dos épocas el
desarrollo agrícola del área plana aprovechable del país” (Ramos Núñez,
1974, p. 78).
La Gobernación del departamento del Valle del Cauca en varias
ocasiones ha hecho público reconocimiento de su contribución al
desarrollo de la región con el otorgamiento de menciones a los
inmigrantes destacados.
La prosperidad económica les permitió una
rápida movilidad social. Su honestidad en el cumplimiento de los
negocios les abrió las puertas del éxito.
La economía holgada les facilitó formar sus propias asociaciones, que
en un comienzo fueron como una puerta de entrada para acercarse a la
sociedad colombiana. También les hizo posible tener su propio club
social viajar a Japón, rodearse de objetos decorativos japoneses en sus
casas, sembrar las huertas caseras con semillas importadas de Japón y
tener en sus casas jardines de estilo japonés. Todos estos elementos,
que actualmente rodean la vida en Colombia de los inmigrantes y sus
descendientes, han contribuido a reforzar el sentido de pertenencia al
grupo étnico y cultural del cual hacen parte. Instituciones tales como
las asociaciones Colombo-Japonesas en Barranquilla, Bogotá y Cali, y en
esta última la presencia de Tenri-kyoy en Palmira de Seicho no ie,
también han contribuido a mantener vivas las relaciones y el contacto
permanente de los familiares y amigos que comparten la ascendencia
japonesa.
Reforma a la ley de inmigración
Desde los comienzos de los años 1980, un enorme incremento en el
número de trabajadores ilegales, la mayoría provenientes de los países
asiáticos y del Medio Oriente, llevó al Gobierno japonés a revisar la
ley de inmigración en 1989, la cual se hizo efectiva en junio de 1990.
Una segunda revisión tuvo lugar en octubre de 1999. Con la revisión de
la ley se aprobó el código penal contra los agentes que encontraran
trabajos para los ilegales y para las compañías que los contratasen. La
pena incluyó encarcelamiento hasta por tres años y multa hasta por dos
millones de yenes -aproximadamente 40 millones de pesos- (Hirai et al.,
2001, p. 1688). Ello no ha detenido, sin embargo, a los trabajadores
ilegales de permanecer en Japón debido a la demanda continua que hay de
trabajo de mano de obra. El Acta de Control de Inmigración, puesta en
práctica en 1952, estipula que el Gobierno japonés sólo admite
trabajadores extranjeros con entrenamiento o conocimientos de los que
los nacionales carecen. Esto hacía legalmente imposible para un
extranjero no calificado trabajar en Japón. La reforma de 1989 no
significó que ese país cambiase su política con respecto a los
trabajadores extranjeros. Lo que sí cambió fue el haber ampliado de 18 a
28 las categorías en las que se acepta a los extranjeros calificados
con visa de trabajo hasta de tres años y, por otro lado, permitir la
entrada al país de la segunda y tercera generación de los descendientes
de japoneses y sus cónyuges por un período indefinido. A pesar de que la
categoría de la visa concedida a los descendientes de japoneses no es,
estrictamente hablando, una visa de trabajo, implícitamente sí les
concede el derecho a trabajar en cualquier oficio sin las restricciones a
las que se ven obligados el resto de extranjeros en Japón.
La reforma de la ley de inmigración creó incentivos para los trabajadores nikkeio nikkeijin
(hijos de japoneses nacidos fuera de Japón), especialmente de aquellos
que viven en países acosados por problemas políticos y sociales. Una vez
expedida la reforma a la ley de inmigración, vino un gran aumento en la
demanda de trabajadores procedentes de los países latinoamericanos
(Sanmiguel, 2005, Fig. 4.1 y Apéndice IV, pp. 166, 183). Impulsados por
los problemas sufridos en sus propios países, los descendientes de
japoneses han podido aprovechar la ocasión ofrecida por el Gobierno
japonés para mejorar su calidad de vida y la de las familias dejadas en
el lugar de origen. Desafortunadamente el estar en Japón ha causado una
fuerte disminución de la población en las comunidades nikkeijin.
Un ejemplo lo presenta la asociación de Barranquilla que prácticamente
desapareció después de que muchos de ellos se trasladaron a Japón.
El Gobierno japonés no ha dejado de recibir críticas por no permitir
el acceso de trabajadores extranjeros no calificados, excepto a quienes
tienen ascendencia japonesa. Desde luego que sí hay programas en donde
gente no calificada recibe entrenamiento y remuneración por un período
de tiempo limitado. Japón no se encuentra aislado en su política. Al
igual que otros países europeos, ha permitido en las décadas más
recientes el derecho a trabajar y obtener la nacionalidad a los
descendientes de antiguos inmigrantes. Este acto del Gobierno puede
verse como una manera de saldar una deuda con los antepasados de los
nikkeique antes se vieron obligados a abandonar su país, y quienes
contribuyeron enormemente al desarrollo de la economía del Japón con el
envío de remesas para sus familias. Pero también es el resultado de la
importancia que le dan a los lazos familiares sanguíneos. El Gobierno de
Japón otorga la ciudadanía de acuerdo con el principio de ‘jus sanguinis’ (ley sanguínea), no del principio de ‘jus soli’
(ley territorial). Por ello, los hijos de extranjeros nacidos en suelo
japonés no tienen derecho a la ciudadanía del país. Mientras que los
descendientes de japoneses nacidos en el extranjero sí tienen derecho a
ella una vez queden incluidos en el registro familiar. La causa del
origen de la reforma de la ley de inmigración no fue necesariamente
dictaminada por la necesidad de ayudar a los descendientes de japoneses
que estaban sufriendo dificultades en sus países o que quisieran mejorar
sus ingresos. La preferencia dada a los nikkei traería como
consecuencia inmediata que estos pudieran reemplazar a los trabajadores
ilegales. Ésta parece haber sido la razón primordial que llevó a la
reforma de la ley con el propósito de controlar el exceso de
trabajadores chinos y de otros países asiáticos (Mori, 1997, p. 111; de
Carvalho, 2003, p. 80).
Colombianos nikkei en Japón
A partir de la promulgación de la revisión de la ley de inmigración
en 1989, el flujo de personas procedentes de los países latinoamericanos
aumentó muy rápido en corto tiempo. Mientras que en 1984 la población
de latinoamericanos residentes en Japón sólo llegaba a 4.260 personas,
en 1990 aumentó a 72.673 y en 1995 se había triplicado a 223.812. Los
colombianos, que en 1984 eran 232, en 1990 sumaron 425 y en 1995 el
número alcanzaba 1.367 personas (Sanmiguel, 2005, p. 183). Estas cifras
no discriminan la población nikkeijin de quienes no tienen ascendencia japonesa. Se estima que la población nikkei
se ha estabilizado actualmente en 240.000 personas. Para el caso de
Colombia, su número es de aproximadamente 300 personas, lo cual
representa el 12% de la población nikkei de Colombia, cuyo número se estima en 2.500 personas.
En
un comienzo, los descendientes de japoneses que fueron a su país en
busca de trabajo, lo hicieron a través de los intermediarios. En el caso
de Colombia, un subcontratista que en el año 1991 estaba haciendo un
recorrido por otros países de Sur América en busca de trabajadores de
origen japonés, hizo el contacto inicial a través de las asociaciones
colombo-japonesas en Cali y Barranquilla. En este primer año, 40
personas se inscribieron para trabajar en Japón, siendo un poco mayor el
número de hombres que de mujeres. Al comienzo viajaron solos y después
de pasado un tiempo, comenzaron a llevar sus familias que se habían
quedado en Colombia.
Para los emigrantes que desconocían Japón,
el idioma y las costumbres, fue ventajoso el contacto con las firmas
contratistas. A través suyo consiguieron préstamos para financiar el
viaje, recibieron ayuda en el trámite de los papeles oficiales con la
sección de inmigración, encontraron empleo fácilmente y alojamiento
cerca del trabajo. Pasados los años iniciales de ajuste al trabajo, y
gracias a tener ya establecido sus propios contactos y ampliado sus
relaciones personales y de trabajo, los nikkei se han vuelto más
independientes. No les es necesario recurrir a las firmas contratistas
para conseguir un nuevo empleo, sino que pueden hacerlo directamente o a
través de familiares y amigos.
Los trabajadores nikkei continúan
desempeñando un papel importante en la sociedad japonesa por cuanto
ayudan a cubrir áreas de trabajo en donde escasea la mano de obra. El
privilegio que se les ha otorgado les permite emplearse en cualquier
tipo de trabajo y ello es una ventaja que tienen sobre todos los demás
extranjeros en Japón. La mayoría de los descendientes de japoneses se
encuentran trabajando en la industria manufacturera y de construcción o
en el procesamiento de pescado. Por lo general laboran por contrato de
tiempo limitado y reciben el salario de acuerdo con las horas
trabajadas. Algunos de los nikkei colombianos, que comenzaron
como el resto de sus compañeros realizando los trabajos duros y pesados
de las fábricas, gozan de posiciones que son acordes con su
entrenamiento profesional.
A pesar de haber transcurrido más de una década desde que se aprobó
la reforma a la ley de inmigración y del consiguiente flujo de
trabajadores nikkeijin, las preocupaciones básicas de los
inmigrantes no han cambiado. Ellas continúan siendo la educación de los
hijos, la falta de un seguro social que los cubra en caso de enfermedad o
accidente y la falta de una pensión en el futuro cuando cesen de
trabajar. En cuanto a la educación, quizá el problema más serio se
presenta cuando los niños no tienen suficiente conocimiento del idioma
japonés y sus padres tampoco pueden ayudarles con las tareas escolares.
El resultado es el abandono de la escuela durante los años de educación
obligatoria. Muchos hijos de inmigrantes no reciben la educación
adecuada en Japón ni en el país de origen, siendo pocos los que
completan la educación superior y universitaria. La falta del seguro
social y de jubilación que angustia al inmigrante que se está haciendo
mayor en Japón, se debe en parte a que las compañías tratan de evitar el
pago obligatorio para sus empleados, ofreciéndoles contratos a corto
plazo o por horas. Además de que los inmigrantes mismos, que se sienten
inciertos cuando van a regresar a su país, tampoco quieren aportar con
la cuota del seguro social. Hasta la fecha, no han formado una
asociación como sí las tienen los nikkei de Brasil y Perú. Los nikkei colombianos,
que son relativamente pocos, viven en zonas bastante separadas unas de
otras, lo cual hace muy difícil reunirse. Todos viven muy ocupados en
sus trabajos y socializar con extraños, aun cuando provengan del mismo
país, es un lujo que no pueden permitirse. La vida social fuera del
círculo familiar la comparten con otros inmigrantes de origen japonés
que viven cerca o que trabajan en el mismo lugar. En varios sitios se
encuentran tiendas y restaurantes de comidas de Brasil y Perú. Aquí se
reúnen los inmigrantes para hacer las compras, socializar y conseguir
nuevas amistades. Debido a que la gran mayoría de los inmigrantes nikkei
proviene de Brasil, el portugués es el segundo idioma después del
japonés en el lugar de trabajo, en las agencias de viaje y en los
restaurantes y tiendas de comida atendidas por brasileños. Para los
hablantes de español entender y aprender portugués es fácil y viceversa.
Esto ha facilitado la comunicación entre los nikkei y en los lugares de trabajo o de residencia.
Los inmigrantes ayer y hoy
La historia de los inmigrantes japoneses al contiente suramericano la
han continuado sus descendientes al dirigirse al país de origen de sus
padres y abuelos. El sufrimiento de abandonar su tierra natal, dejando a
sus familias y amigos, la dificultad de adaptarse y aprender otro
idioma, luchar contra las costumbres, comida y clima diferentes,
igualmente que la satisfacción y el éxito logrados, todo ello lo están
viviendo los nikkei que hoy se encuentran en Japón. Repitiendo la
historia de sus antepasados, ellos están contribuyendo enormemente al
bienestar de las familias y a la economía de su país con el envío
periódico de remesas, a la vez que están sirviendo de puente para un
mejor entendimiento entre naciones y pueblos diferentes.
En el
caso de Japón, el aumento de población a partir de la restauración Meiji
(1868), acompañado del rápido desarrollo industrial y del abandono de
los campos a la ciudad, dejó a muchas familias sin recursos suficientes
para vivir. El Gobierno permitió entonces la migración de sus ciudadanos
al exterior, lo cual llegó a formar parte importante de su política de
expansión al exterior y de la modernización del país. La política de
emigración impulsada por el Gobierno trajo consigo estrechar lazos
diplomáticos y comerciales y el estímulo del comercio y turismo y del
intercambio cultural. El conocimiento adquirido por los inmigrantes que
regresaban a Japón también fue útil para el país.
Durante el
período de 80 años en que la emigración formó parte de la política del
Gobierno japonés, aproximadamente un millón de trabajadores salieron a
trabajar en los países extranjeros. Esta cifra que apenas alcanza el
2.5% del crecimiento de la población durante este período, es
insignificante si se compara con datos de inmigrantes del Reino Unido
(74.2%), Italia (46.8%) y Alemania (14.6%). Por lo tanto, el interés por
persuadir y subsidiar programas de emigración no se debió tanto a la
necesidad de reducir el exceso de población, sino más bien fue el medio
para obtener beneficio económico al incrementarse el capital del país
con las remesas que los inmigrantes enviaban a sus familias. En 1933,
por ejemplo, las remesas enviadas a Japón por 98.6 millones de yenes,
alcanzaron al equivalente del 10% del total del superávit de comercio
exterior, y los inmigrantes que regresaron de Brasil en este año
trajeron consigo $3.8 millones de dólares americanos (Takenaka, 2004,
pp. 78-9). El compromiso con los valores familiares ha dado origen a lo
que se conoce como familias transnacionales, que son aquellos que viven
en dos países y contribuyen al desarrollo de dos economías, y son un
puente cultural al mismo tiempo. Los países desarrollados necesitan de
la mano de obra del emigrante para realizar los trabajos que sus
nacionales no quieren comprometerse a hacer, y las familias en casa
necesitan las remesas que envían sus familiares. Millones de
trabajadores emigrantes han estado enviando billones de dólares a sus
países para mantener a sus familias. Sin embargo, estos movimientos de
dinero han pasado desapercibidos porque el dinero es enviado en pequeños
montos y al margen del sistema financiero formal.
Según un
informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que 25
millones de adultos nacidos en Latinoamérica y el Caribe viven fuera de
su país de origen. Cerca del 65% envía dinero de forma regular, entre
$100 y $300 dólares americanos por mes. En 2004 las remesas de dinero
alcanzaron más de $45.000 millones de dólares, lo que convirtió la
región de Latinoamérica y el Caribe en el mercado de remesas más grande
del mundo. El mayor receptor de remesas fue México, con más de $16.000
millones, seguido de Brasil con $5.6 millones y Colombia con $3.8
millones. Cerca de un 75% de las remesas son enviadas desde Estados
Unidos y otros flujos importantes provienen de Japón, en donde la mayor
parte de los trabajadores inmigrantes procedentes de Latinoamérica son
descendientes de japoneses (Inter-American Development Bank, 2005;
Semana, edición 1195, 2005). Debido a que los salarios que los
trabajadores reciben en Japón son relativamente altos, las remesas
enviadas a Latinoamérica constituyen probablemente las más altas remesas
individuales del mundo. Con un promedio anual de entradas de $50.000
dólares, lo cual es aproximadamente el doble del promedio calculado para
los Estados Unidos, los trabajadores latinoamericanos en Japón pueden
enviar remesas de cantidades superiores y con mayor frecuencia. Según
los resultados dados a conocer en el año 2005 por un estudio comisionado
por el Banco Interamericano de Desarrollo, en la actualidad hay más de
435.000 adultos de Latinoamérica que viven en Japón. De esta cifra,
cerca de 305.000 individuos, o sea el 70% de la población adulta de los
inmigrantes, envía dinero regularmente a sus familias, figurativamente
14.5 veces por año, con un promedio de $600 dólares cada vez. Según
estos datos, el trabajador está aportando con remesas el equivalente a
un promedio del 20% de sus ganancias para el sostenimiento de sus
familias. Adicionalmente, al 85% de los remitentes le queda una suma que
puede ahorrar (Inter-American Development Bank, 2005).
Los
flujos de remesas son hoy tema de debate público y de reflexión sobre
políticas por formular. Para los gobiernos, las remesas son un alivio
por cuanto ayudan con los problemas crecientes de desempleo y pobreza en
Latinoamérica. Pero a su vez representan un peligro porque el dinero
que llega de afuera puede producir resultados similares a los del
narcotráfico al encarecer el valor de la tierra y de las necesidades
básicas. La preocupación está en cómo ayudar a canalizar esas remesas y
ahorros para que el inmigrante invierta en la industria o en negocios
productivos para el país. El alto envío de remesas internacionales es
una prueba del enorme esfuerzo y compromiso de los trabajadores
emigrantes con sus familias y este esfuerzo merece el aprecio y ayuda
del Gobierno receptor. Es innegable que el inmigrante trabajador está
cambiando la economía y la cultura de sus regiones de origen en el
actual proceso irreversible de la globalización.
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Archivos consultados
Archivo Nacional de Colombia, Bogotá.
National Archives of the United States, Washington.
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Proteins is actually a phrase to get a mix of amino acids.
ResponderEliminarProtein supplements come from four primary options:
whey, casein, soy, and egg, whilst just about any food has protein.
They change in terms of resource, price, formula, and most of all, digestion charge.
Whey is really a fast-acting protein and around the other end-of the selection, casein
is the slowest in absorption. Glutamine supplements
are frequently overkill as glutamine precursor
proteins are abundant in whey smoothies.
muscle supplement
That's why when you supplement with protein, you're supplementing amino-acids.
Amino-Acids would be the blocks of muscles.
Without adequate protein, the human body can't mature and muscle atrophy can occur.
You will find essential and non-essential proteins.
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very few trainers converse about (or learn about.) You won't even
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