domingo, 28 de agosto de 2011

DEVOLVER LAS TIERRAS DE LOS CAMPESINOS DIFICIL AFIRMA MINISTRO

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“No va a ser fácil devolver la tierra a sus dueños”, Ministro de Agricultura

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dice que el Estado tiene una deuda inmensa con los despojados de la tierra. Cree que la Ley de Víctimas es un reto para devolver estos bienes a los afectados por la violencia.
Por: Por: Fenner Ortiz R. | Reportero de El País, BogotáSábado, Mayo 28, 2011

Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, es un hombre de Estado, de lo público. Sosegado y de paso cansino, pero con la personalidad para afrontar el reto de la restitución de, por lo menos, 6 millones de hectáreas de tierras que los violentos les ‘raparon’ a los campesinos y que el Estado deberá devolver a sus legítimos dueños, según el mandato aprobado por el Congreso en la Ley de Víctimas.
Restrepo Salazar tiene claro que la aprobación que le dio el Legislativo a la Ley de Víctimas es sólo el punto de partida para que el Estado comience a cumplir con una deuda social que, según el titular de la cartera agrícola, estaba “impagada y olvidada, como era la suerte de la tierra”.
Reconoce la dificultad que se le avecina, debido a que “el desarrollo de la ley aprobada no es fácil, es un reto muy grande, porque llevarla la práctica implica el montaje de una serie de aparatajes jurídicos y administrativos inmensos” y advierte que la norma sólo es uno de los tres elementos clave para una reforma agraria integral.
En paralelo, habla de la dificultad, en materia de orden público que se avecina, porque sabe a ciencia cierta que así como los violentos despojaron de las tierras a los campesinos a sangre y fuego, ahora “querrían defenderlas a sangre y fuego las tierras que no les son propias”.

¿Cómo quedó la Ley de Víctimas en materia de restitución de tierras, está bien concebida o le faltó algo?

Creo que quedó bastante bien concebida, más aún, creo que la versión final que sale del Congreso es mejor que la que entró originalmente a discusión, fue enriquecida en el curso de los debates y creo que es una buena ley para hacer la política que se quiere: audaz y con sentido social.

La Ley y sus problemas

¿Cuál será la mayor dificultad que tienen que enfrentar para hacer realidad esta ley?

Dificultades hay muchas, porque el tema es muy difícil de por sí. Pero más importante que las dificultades es la decisión inquebrantable, ahora refrendada por la ley, de hacer una política de restitución de tierras como no se había hecho en
Colombia y cancelar una deuda inmensa que había con los despojados de la tierra que no se había pagado con la sociedad colombiana.
Las dificultades, pues, son de diversa índole. Las hay de tipo jurídico, todos estos casos de tierras a restituir ya cuando se les mira individualmente son problemas muy complejos, tienen fenómenos de títulos, de testaferratos, de enredos jurídicos.
Una de las tareas de la ley es, precisamente, facilitar y trabajar en pos de la resolución de todos estos conflictos jurídicos.
Otra dificultad es que, obviamente, esto pisa callos, por lo tanto puede haber casos, aunque aislados, de gente violenta que así como se apoderó a sangre y fuego de las tierras hace un tiempo, ahora quiera defenderla a sangre y fuego las tierras que no les son propias.
Pero más allá de esas dificultades está la decisión política refrendada en esta ley que aprobó el Congreso.

Usted siempre aseguró en el Congreso que Colombia adolece de un censo de tierras, ese aspecto ¿se podría convertir en una dificultad para la aplicación de la ley?

Existen unos cálculos bastante afinados que puede que no estén al centavo o al centímetro cuadrado, pero que dan un orden de magnitud del problema.
El problema de tierras puede sintetizarse así: 400 mil familias fueron desposeídas de sus tierras; 4 millones de hectáreas debieron ser abandonadas y 2 millones de hectáreas fueron usurpadas por los violentos que en el último cuarto de siglo amedrentaron y sacaron de sus comarcas a los campesinos que se convirtieron en ese momento en desplazados, despojados de sus tierras.

Pero, ¿Colombia requiere de un levantamiento catastral nuevo?

En cada caso concreto que se va presentando, en cada solicitud de restitución se hará un estudio catastral retrospectivo para que el Estado se cerciore que el predio tal sí fue despojado, porque no basta, por supuesto, que alguien diga que ‘a mí me quitaron mi finca’ eso es apenas el inicio, no el final de un proceso.
Cuando alguien lo diga se inscribe en una entidad que la ley está creando que es la Unidad de Restitución de Tierras que funcionará en el Ministerio de Agricultura y ante esas solicitudes, más la información que ya existe acumulada en estos años, se inician unos procesos, se junta catastralmente con unos estudios técnicos retrospectivos y de pesquisa social de si sí fue ese predio despojado y si el Estado se convence que lo fue, le ayuda a la víctima a presentarse ante un juez agrario para que le devuelva la tierra.

¿Qué van a hacer ustedes para evitar que algunos violentos o avivatos pongan testaferros para adueñarse de la tierra haciendo uso de la ley?

La ley es extremadamente cuidadosa para que los derechos adquiridos de buena fe y las empresas agrarias que son la inmensa mayoría en Colombia, manejadas por empresarios agrícolas grandes, medianos o pequeños estén al resguardo de que no haya inseguridad jurídica y por lo tanto la ley prevé que todo aquel que se haga falsamente presentar como víctima despojada de la tierra o se preste como testaferro puede ser sancionado con pena privativa de la libertad que llega hasta 10 años.
Esto quiere decir que el que se ponga de avivato a reclamar tierras que nunca le quitaron o que ponga a testaferros a hacer eso se arriesgan, uno y otros, a penas severísimas privativas de la libertad.
La ley prevé que quien no quiera recibir o retornar a su tierra será indemnizado, ¿esto no podría generar que muchas víctimas prefieran la plata y no la tierra y que esto redunde en que se dispare el costo de la ley?
Es posible que algunos de los desplazados, hace 10 ó 15 años, no quieran volver a sus tierras y no lo quieren hacer porque ya hicieron sus vidas en las ciudades, ya sus hijos están estudiando y ellos ya se han rebuscado la manera de vivir en el contorno urbano.
Pero que algunos no quieran volver no quiere decir que desde el punto de vista ético y político, el Estado quede dispensado de hacer todo lo posible para restituirles la titularidad sobre sus patrimonios y si restituida la tierra aún si no quieren volver, pues esa tierra que les va a ser restituida ellos pueden disponer de ella, porque siempre fue de ellos, la podrán vender, la podrán arrendar, aportarlas a empresas comunitarias.
Pero el argumento de algunos de que esta ley no se justifica porque algunos no quieren volver, es un argumento antiético, esta es una ley para restituir patrimonios.
Sin embargo, habrá una parte que sí quiere volver, que lo está haciendo como lo testimonia el programa de las 3.000 familias desplazadas hacia Medellín, hace algunos años, que ahora con el apoyo de la Alcaldía están retornando a sus lugares de orígenes donde fueron desplazados.

¿Esta ley es el primer paso o la cuota inicial de la gran reforma agraria que se quiere hacer en el país?

Es una parte, no el todo. El todo lo conforman tres ejes centrales. Uno es la restitución, de la que se ocupa esta ley; otro eje es la titularización o formalización de la propiedad agraria, que es supremamente infernal en el país, se calcula que el 40% de los predios que se trabajan en Colombia no tienen títulos plenos de propiedad o los tienen precarios.
Uno de los propósitos del Gobierno es avanzar hacia la titulación de la propiedad agraria, porque hoy el que no tenga títulos en debida forma es alguien que está aislado del crédito, de la hipoteca, del subsidio, muchas veces de la educación, está atrapado en un círculo de pobreza y ese círculo se rompe formalizando la propiedad, por eso estamos también paralelamente con la restitución en un programa de titulación de la propiedad agraria muy audaz.
Y, el tercer eje de las políticas agrarias es avanzar, profundizar y extender los programas de desarrollo rural, para que estas tierras que se restituyen unas y se titulan otras no sean tierras peladas, sino que sean tierras que sean acompañadas de proyectos productivos que hagan sostenible la actividad de los campesinos que recuperen sus tierras o que se formalicen dentro de los procesos de titulación.

La ley y el invierno

A la Ley de Víctimas se le suma el problema invernal del país, muchos damnificados perdieron sus tierras porque éstas sólo serán productivas hasta dentro de muchos años. ¿Cómo van a manejar esto?

El tema de la ola invernal es conexo pero no es idéntico con el de la restitución.
En la una, la restitución, lo que se quiere es deshacer un agravio que se le causó a muchos colombianos, como le decía, a 400 mil familias por lo menos, a las que los violentos en el último cuarto de siglo les arrebataron violentamente no menos de 2 millones de hectáreas.
El otro tema son los efectos de la ola invernal. Aquí no estamos hablando de un infortunio causado por manos criminales sino por la naturaleza y allí hay una serie de medidas, de apoyos y de políticas que el Gobierno está poniendo en marcha para ayudar a que los agricultores y ganaderos que han sido afectados recuperen su capacidad empresarial y rehagan sus empresas productivas una vez que salgamos de esta emergencia.

¿Cómo ve usted los tres años largos que le quedan en el Ministerio con todos estos retos al frente?

Pues los veo con entusiasmo y con decisión de trabajar con mucha firmeza, el desarrollo de la ley aprobada no es fácil, es un reto muy grande, porque llevarla de la ley a la práctica implica el montaje de una serie de aparatajes jurídicos y administrativos inmensos. Adicionalmente tenemos que enfrentar la ola invernal y por último trabajar para que la agricultura salga adelante.
Pero todos esos tres propósitos los estamos asumiendo en la actual administración del doctor Juan Manuel Santos con supremo optimismo y coraje, creemos que vamos a salir adelante.
En esto de la Ley de Víctimas en su capítulo de restitución de tierras nos anima otra reflexión final y es que se ha dicho que la resolución de los conflictos agrarios en Colombia es una de las bases para encontrar la paz y la estabilidad, al avanzar en el cumplimiento de una deuda que estaba impagada y olvidada, como era la suerte de la tierra.
Sabemos que estamos haciendo una contribución, no solo para resarcirlos a ellos como víctimas ayudándoles a recuperar la tierra, sino también estamos haciendo una contribución sólida y profunda para que Colombia encuentre caminos de paz duraderos.

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