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PERIODISTA LINTERNA ROJA
Las elecciones en Colombia están marcadas por la violencia
Por CAMILO HERNANDEZ | AP – Hace 2 horas 49 minutosCONTENIDO RELACIONADO
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BOGOTA (AP) — Hermes Sánchez dudó, pero al final dijo que las amenazas pudieron más.
Sánchez, de 48 años, buscaba ser alcalde de Leiva, un poblado al suroeste del país, pero tras recibir un panfleto de la guerrilla de las FARC y los ruegos de sus tres hijos de 18, 22 y 24 años, renunció a su candidatura por el Partido Liberal.
"Uno no se va a dejar manejar de nadie", dijo Sánchez a The Associated Press en entrevista telefónica, quien se dedica a la compraventa de ganado y quien ya fue alcalde de Leiva en el período 2004-2006. "Ellos (las FARC) quieren muchachos inexpertos (para) poderlos manipular... y uno no es una persona que la puedan manipular".
Un termómetro fiable de los problemas en el país siempre ha sido lo que sucede en sus zonas rurales. El problema es que la violencia ha resurgido en contra de los candidatos en las elecciones regionales de 30 de octubre.
Por estos días, los grupos armados ilegales están buscando decidir quién resulta elegido gobernador de 32 departamentos (provincias), así como alcaldes y concejales de más de mil municipios rurales.
Al menos 41 candidatos han sido asesinados desde febrero, una cifra que casi duplica a la reportada en el mismo periodo de 2007, cuando se realizó la última jornada electoral regional.
"Estas son las elecciones en Colombia de confrontación más dura, porque el poder local es el poder real", dijo Alejandra Barrios, directora de un organismo de control electoral independiente llamado Misión de Observación Electoral, que compiló las cifras.
El ministro del Interior, Germán Vargas, ha dicho que hasta el 1 de octubre su oficina había recibido 72 denuncias de candidatos que dijeron haber recibido amenazas. A ninguno le ha sucedido nada por las medidas de protección tomadas por el gobierno, como la asignación de escoltas.
Admitió, no obstante, que era "un gran desafío" proteger a más de 100.000 candidatos que hay a alcaldías y concejos municipales en todo el país, porque el gobierno no puede "colocarle un esquema de seguridad a 100.000 colombianos" que son candidatos.
Nadie lleva las cuentas de cuántos candidatos, como Sánchez, han renunciado a sus aspiraciones políticas por temor.
Otros aspirantes a diferentes partidos y grupos a lo largo del territorio colombiano han sido amenazados o asesinados, no sólo por grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino también por paramilitares reagrupados, bandas de narcotraficantes y redes políticas mafiosas.
El mismo panfleto plagado de amenazas que recibió Sánchez fue enviado a los candidatos de los partidos Conservador, Verde y la Asociación Social Indígena.
A los cuatro se les tildaba de colaboradores de grupos "narco-paramilitares", enemigos acérrimos de la esa guerrilla, que es la más antigua y poderosa de Colombia.
Sánchez descartó de plano tal acusación y aseguró que los rebeldes sólo buscan garantizar el control de las rutas de tráfico de cocaína en la región.
El candidato conservador continúa en la contienda electoral en Leiva, municipio del departamento de Nariño, a unos 463 kilómetros al suroeste de Bogotá. Dos candidatos más se han inscrito.
Años atrás, la principal actividad económica de Leiva fue el cultivo de coca. Buena parte de sus 13.000 habitantes ahora se dedica a sembrar café y cacao, pero la región es cada vez más peligrosa.
En los últimos meses, las FARC han intensificado los ataques contra las patrullas de Policía. Los rebeldes y las bandas de delincuentes secuestran civiles por los que exigen altas sumas de dinero a cambio de su liberación.
En dos distintos ataques atribuidos a los rebeldes la semana pasada murieron 20 militares.
El aumento de la violencia no ha logrado empañar los importantes avances en seguridad durante el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), pero sí ha revivido los temores de un retorno, en las regiones más inestables, a la anarquía de hace una década, cuando enjambres de guerrilleros se apostaban a las orillas de las carreteras para detener y secuestrar a los conductores.
El aumento en la violencia rural llevó al presidente Juan Manuel Santos a reemplazar, en septiembre, a todo su alto mando militar, así como a su ministro de Defensa.
Hace una década, casi la mitad del territorio colombiano estaba en manos de grupos al margen de la ley. Ahora, estas organizaciones, encabezadas por las FARC, operan en una cuarta parte de la nación andina, según el organismo no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.
De acuerdo con los Ministerios de Interior y Defensa, el 15% de los 1.102 municipios de Colombia están en alto riesgo a causa de posibles hechos violentos, incidencia de grupos al margen de la ley o corrupción administrativa.
En 2003, un 25% de los municipios se consideraban de alto riesgo.
Los avances en seguridad durante el gobierno Uribe fueron costosos. Se financiaron con un impuesto especial que casi duplicó las filas de la fuerza pública, y con dinero estadounidense que desde entonces ha mermado.
"Hay un baja en la operatividad de la fuerza pública y un rebrote de acciones de la guerrilla que arrancó desde los últimos meses del gobierno de (Alvaro) Uribe", dijo el experto en seguridad nacional Alfredo Rangel
Esto se ha hecho manifiesto "en un incremento del 30% en el secuestro; en los ataques contra las fuerzas armadas del 22%, y en un aumento del 24% en los atentados contra la infraestructura económica del país", agregó Rangel con base en investigaciones propias.
El grupo independiente Corporación Nuevo Arco Iris registró 1.115 acciones como ataques y hostigamientos de las FARC en el primer semestre del año, un 10% por encima del mismo período de 2010.
En delitos como el secuestro, los casos reportados en el primer semestre de 2011 fueron 177 ó 35% por encima de los primeros seis meses del año pasado, de acuerdo con la Fundación País Libre, no gubernamental.
Pero no todos los secuestros son reportados, porque tradicionalmente se desconfía de las autoridades o se temen represalias de los plagiarios.
Mucha de la violencia preelectoral se debe a un aumento en las transferencia de dinero a las provincias, unos 15.000 millones de dólares, para obras públicas, así como millones en regalías por explotación de minas de oro y pozos petroleros y que llegan a manos de las gobernaciones y las alcaldías.
Otros factores que agravan la situación es la entrega de unos 2.300 millones e dólares en fondos de emergencias para obras y reconstrucción por los daños dejados de la severa temporada invernal, así como los planes oficiales de devolución de por lo menos dos millones de hectáreas robadas a lo largo de décadas a sus legítimos propietarios.
Las autoridades dicen que están impulsando los planes de protección para los candidatos, pero eso no está ocurriendo en municipios como Leiva.
"La Policía nos asignó un patrullero de escolta", dijo Sánchez. "Pero por parte del alcalde y los secretarios municipales no ha habido ninguna colaboración. Nos han dejado totalmente abandonados".
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