A sus 73 años el exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol Antonio José Urdinola libra la batalla más difícil de su vida. Desde hace tres meses está en prisión domiciliaria, procesado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y estafa, por cuenta de los enredos suscitados en la repartición de la herencia de una de las familias vallecaucanas más prestantes: la Garcés Arellano, dueños de 1.500 hectáreas en el corazón estratégico de los ingenios azucareros de esa región. Un pleito que lo tiene enfrentado a las tías y a la abuela de su exesposa Alexandra Garcés —presidenta de Invercauca, también en detención domiciliaria— por una reclamación de $3.400 millones que le “compró” a su suegro, fallecido en 2009.
En diálogo con El Espectador, Urdinola sostuvo que existen accionistas de ingenios que “le están metiendo combustible a este proceso” para quedarse con estas tierras; que toda su vida de servicio público y de negocios quedó manchada por estas acusaciones de sus exparientes y que la Fiscalía ha sido inducida a error en este proceso. Además se quejó del cartel de los falsos testigos. Así se despachó con este diario. (Ver video)
Hace poco salió en el diario ‘El País’ un aviso firmado por Mariana Arellano de Garcés, abuela de su exesposa Alexandra Garcés, en donde lo acusa de ser un ladrón. ¿Qué le contesta?
A lo largo de mi vida manejé el Incomex, Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda sin que jamás pudieran acusarme de haber robado. Haberme vuelto ladrón a estas alturas del juego, por unos montos que no se comparan frente a los volúmenes de dinero que manejé para la Nación, sería muy triste. Las reservas de petróleo del Estado o el presupuesto de la Nación valen billones de pesos. Así que las proporciones son bastante descompensadas frente a lo que me están acusando aquí.
En dicho aviso se asegura que el pleito por las cañas de azúcar de la sucesión de Jorge Garcés ya quedó resuelto por orden de la fiscal 4 de Cali y que su contraparte puede disponer de tales cañas. ¿Eso es así?
El anuncio busca tres objetivos: el primero es hacer creer que yo estoy peleando con una señora de 94 años, abuela de Alexandra; el segundo, que doña Mariana tiene el control de las cañas en disputa y la administración de los predios que se conocen como Papayal, lo cual es falso, porque mi pleito está vigente. El auto que se cita como dando apariencia de que se cerró el pleito ejecutivo puesto por mí en 2004 es una medida cautelar. Están diciéndole engañosamente al sector azucarero y panelero que las cañas de Papayal no están sometidas al embargo mío, sino que son de libre disposición y que cualquiera las puede comprar. A Alexandra le informan que esas cañas las ha venido moliendo el Ingenio Castilla.
¿Quién quiere comprar esas tierras en disputa?
Las tierras son estratégicas por su localización y su monto. Lo que ha impedido su venta desde hace muchos años es el contrato de administración entre la sucesión e Invercauca, que le entregaba a esta última el manejo de las cañas hasta el día en que finalmente se zanjara la sucesión de esas tierras, es decir, el contrato va hasta la entrega de las hijuelas.
¿Hay gente poderosa que se quiere adueñar de esas tierras?
Estoy absolutamente seguro. La razón por la cual este proceso lo voltearon a un problema penal era básicamente para destruir el contrato con Invercauca y lograr por las rutas penales lo que no lograron por las rutas civiles y comerciales en vida de mi suegro Jorge Garcés. Estoy convencido de que este pleito hace mucho rato trascendió la frontera familiar.
¿Y quiénes son estos terceros interesados en azuzar en su proceso para quedarse con esas tierras estratégicas?
Sabemos que son abogados trabajando para Rafael González, accionista de Riopaila-Castilla.
¿Cómo son esas tierras que hoy tienen a la familia Garcés en un pleito con acusaciones de estafas millonarias?
Este no es simplemente un problema de dinero, sino que tiene otras implicaciones. Esa es una zona de tránsito de guerrilla, paramilitares, drogas y armas.
Si este era un problema familiar de una sucesión que arranca en 1988, ¿por qué termina metido en este lío si usted llegó a la familia en 1997?
Porque en 2003, estando casado con Alexandra Garcés, mi suegro Jorge Garcés me dice que está siendo afectado en sus derechos y que ha decidido cobrar una deuda del contrato de administración de Invercauca firmado en 1996. Como estaba de por medio mi señora y mis hijas pequeñas, consideré que tenía la obligación de trabajar conjuntamente con él, y me hice cargo del cobro de esa obligación.
¿A qué horas se complicó tanto una herencia?
Los Garcés tienen una larga historia empresarial y de servicio público en el Valle. El patriarca de la familia era Jorge Garcés Borrero, quien en su momento fue quizás el hombre más rico del país: inversionista y banquero, fundador de la organización JGB. Su hijo Jorge Garcés Giraldo siguió sus pasos y montó su propio ingenio, Papayal. La administración la lidera su hijo mayor, Jorge Adolfo Garcés, mi suegro. En 1995 se contrata un estudio para salvar la empresa con el grupo Pacífico (conformado por Corfipacífico y Fidupacífico, de Álvaro José Lloreda, quien había estado casado con una de las hermanas de mi suegro). Jorge Alberto Lloreda era entonces gerente de Fidupacífico. El estudio recomienda que había que crear unas fiducias para manejar las rentas de las cañas a través de una fiducia de administración en Fidupacífico.
Que cuando se va a montar la fiducia de administración en Fidupacífico, gerenciada por Jorge Alberto Lloreda, sobrino de mi suegro, se dan cuenta de que ese contrato requiere a un operador de las tierras. Decidieron utilizar como operador a Invercauca (cuyo dueño era mi suegro), para lo cual se firma un contrato de administración en 1996 entre la empresa y la familia Garcés, con una comisión del 17% por administrar las cañas. El contrato comienza a ejecutarse y en virtud de éste las señoras de la familia de mi suegro, es decir, sus hermanas y su madre, recibían una renta mensual a través de Invercauca.
Pero en 1999 el Gobierno intervino al grupo Pacífico por malos manejos de los Lloreda. De hecho, Álvaro José Lloreda y su hijo Jorge Alberto Lloreda hoy son prófugos de la justicia y están condenados a nueve años de prisión. ¿Qué pasó con la sucesión en ese momento?
Los problemas de una sucesión de 25 años se manejaban por un lado, y el contrato de administración con Invercauca se siguió cumpliendo, pese a estar Fidupacífico en liquidación.
¿A qué horas entonces usted entra a comprar esa pelea?
En 2004 le compro a Invercauca los derechos sobre la deuda de la familia Garcés a mi suegro, es decir, ese 17% de comisión de administración.
¿Qué pasa cuando demanda a la familia de su suegro?
La primera reacción de la fam
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