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Comentario del Director:
Parece ser y de acuerdo a comentarios callejeros, que algunas Asambleas del país están en la mira del huracán, para determinar cual fue el Control Administrativo y Político que hicieron los Honorables Diputados, cuando autorizaron a los Gobernadores comprometer las VIGENCIAS FUTURAS y de igual manera intervendrán algunos Concejos Municipales del País respecto de la misma temática. Para la muestra un botón, comenzaron por el Valle y otros....
Contraloría cuestionó las vigencias futuras del Valle
Por Zulma Lucía Cuervo Plazas, reportera de El País
Adjudicación. El Gobierno departamental adjudicó las licitaciones a tres concesionarios privados el 18 de diciembre de 2009. Los contratos se firmaron en enero pasado.
Archivo / El País
Proyectos no tenían estudios y los ingresos están ‘inflados’. Gobierno se defiende.
Graves fallas en la estructuración legal, financiera y de planeación evidenció la Contraloría del Valle del Cauca en el proceso que adelantó el Departamento para autorizar y contratar las vigencias futuras excepcionales.
De acuerdo con el órgano de control, la Gobernación presentó a estudio de la Asamblea del Valle un proyecto de ordenanza que le dio facultades al Ejecutivo para realizar obras bajo la modalidad de vigencias futuras excepcionales sin tener información detallada de los trabajos que terceros realizarían en el Departamento y sin analizar su verdadero costo.
Asimismo, el Gobierno regional no tuvo en cuenta el déficit fiscal que arrastran las finanzas del Valle ni contempló el declive de las rentas regionales cuando estructuró el escenario financiero del ente territorial a un horizonte de once años durante los cuales se pagarán las vigencias, señaló la Contraloría.
“Esas fallas en planeación y en el financiamiento de las vigencias futuras pueden generar dos problemas: uno, el sobrecosto en las obras que van a realizar los concesionarios, puesto que como no existen estudios ni diseños detallados, la Gobernación no pudo valorar con exactitud el costo de las obras”, indicó Luis Orlando Mina, secretario general de la Contraloría y hasta hoy Contralor (e) del Departamento.
“La otra falla es que la Gobernación sobreestimó los ingresos del Departamento con los que dijo que existen suficientes recursos para que los próximos gobiernos paguen los compromisos, incluidas las vigencias futuras, y que además sobra para inversión. Los estimativos de la Contraloría son muy inferiores a los planteados por el Gobierno”, señaló el Contralor (e).
Es por ello que el organismo de control advirtió sobre las consecuencias de una posible declaratoria de nulidad de la ordenanza que le dio facultades al gobernador Juan Carlos Abadía para comprometer indebidamente importantes recursos para inversión social en vigencias futuras, lo que puede acarrear la nulidad absoluta de los contratos celebrados con los concesionarios. (Ver gráfico de ejecutores).
12 fallas, de las cuales una es de tipo administrativo, fueron encontradas por la Contraloría del Valle en la auditoría realizada al proceso de las vigencias futuras.
Las fallas
En la línea de planeación, la Contraloría encontró en la auditoría que los proyectos de las obras están diligenciados con información desactualizada e incompleta (estudios del Departamento y municipios) mediante los cuales se establecieron precios globales de los proyectos, evidenciando improvisación.
En la línea financiera, la Contraloría encontró que las proyecciones de ingresos corrientes del Departamento prevén crecimientos en promedio por año entre 7% y 8%, tasa mayor a los supuestos macroeconómicos nacionales, que, por ejemplo, este año estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%, según cálculos del Banco de la República.
Asimismo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo no consultó los déficits fiscales del 2007, 2008 y 2009, que sin sumar los pasivos laborales y pensionales cerraron en $11.553 millones, $30.633 millones y $54.640 millones, respectivamente.
Adicionalmente, las obras de las vigencias futuras se ejecutarán en el 2010 y 2011 y los pagos correspondientes se realizarán desde el 2010 y hasta el 2020. Ese pago, que incluye intereses de financiamiento es, a juicio de la Contraloría, una operación de crédito público, lo que desborda claramente la capacidad de endeudamiento del Valle.
En la línea legal, la Contraloría asegura que la Ley 819 de 2003 no autoriza expresamente a los entes territoriales a comprometer recursos en vigencias futuras excepcionales. “Las facultades concedidas al Gobierno Departamental para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales no tienen disposición legal que las ampare y fueron otorgadas con fundamentos conceptuales, de índole subjetivo”, concluyó Mina.
Glosario
Vigencia futura excepcional: Es un mecanismo por medio del cual se comprometen anticipadamente recursos de los presupuestos de varios años para realizar un determinado gasto o inversión.
Marco fiscal de mediano plazo: Es una herramienta que usan los entes territoriales para planear los ingresos y los gastos en un escenario de tiempo.
Auditoría: Examen que realiza la Contraloría a las operaciones fiscales que ejecutan las dependencias y entidades del Gobierno, en este caso departamental.
“Cumplimos con los procedimientos legales”
El Gobierno departamental aseguró ayer a El País que la aprobación de las vigencias futuras excepcionales y su posterior licitación y contratación, cumplieron con todos los procedimientos legales y no causarán ningún detrimento patrimonial a las arcas regionales.
Según el secretario de Hacienda, Ezequiel Lenis, el Departamento contrató las obras con los concesionarios por un valor global y no por precios unitarios. “Los privados no podrán reclamar sobrecostos porque así quedó fijado en los contratos que se suscribieron con ellos en enero”, aseguró.
De acuerdo con el funcionario, las obras no tenían estudios de detalle y diseños porque de acuerdo con la modalidad de contratación denominada de objeto integral o múltiple, son los particulares lo que deben hacerlos, tal como lo estipula el Decreto 3629.
Respecto de la sobreestimación de recursos, Lenis dice que para las proyecciones de ingresos departamentales se tuvieron en cuenta los estimativos macroeconómicos del Emisor, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
“A finales de año estas entidades estimaron una inflación del 3% para los próximos años y un crecimiento de la economía en el 2010 de 2%. Sobre esa base, que es muy austera, calculamos los ingresos de los impuestos que recauda el Departamento”, dijo el funcionario.
En cuanto a la legalidad, Lenis dice que la Procuraduría General de la Nación dijo que las vigencias futuras excepcionales del Valle son legales en un fallo fechado el 28 de abril de este año. “La Contraloría tiene que revaluar esos conceptos porque su auditoría es del 15 de abril y para mí tiene más peso la decisión de la Procuraduría Nacional que la Contraloría Departamental”, resaltó.
| Adjudicación. El Gobierno departamental adjudicó las licitaciones a tres concesionarios privados el 18 de diciembre de 2009. Los contratos se firmaron en enero pasado. Archivo / El País |
| 12 fallas, de las cuales una es de tipo administrativo, fueron encontradas por la Contraloría del Valle en la auditoría realizada al proceso de las vigencias futuras. |
“Cumplimos con los procedimientos legales”
El Gobierno departamental aseguró ayer a El País que la aprobación de las vigencias futuras excepcionales y su posterior licitación y contratación, cumplieron con todos los procedimientos legales y no causarán ningún detrimento patrimonial a las arcas regionales.
Según el secretario de Hacienda, Ezequiel Lenis, el Departamento contrató las obras con los concesionarios por un valor global y no por precios unitarios. “Los privados no podrán reclamar sobrecostos porque así quedó fijado en los contratos que se suscribieron con ellos en enero”, aseguró.
De acuerdo con el funcionario, las obras no tenían estudios de detalle y diseños porque de acuerdo con la modalidad de contratación denominada de objeto integral o múltiple, son los particulares lo que deben hacerlos, tal como lo estipula el Decreto 3629.
Respecto de la sobreestimación de recursos, Lenis dice que para las proyecciones de ingresos departamentales se tuvieron en cuenta los estimativos macroeconómicos del Emisor, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
“A finales de año estas entidades estimaron una inflación del 3% para los próximos años y un crecimiento de la economía en el 2010 de 2%. Sobre esa base, que es muy austera, calculamos los ingresos de los impuestos que recauda el Departamento”, dijo el funcionario.
En cuanto a la legalidad, Lenis dice que la Procuraduría General de la Nación dijo que las vigencias futuras excepcionales del Valle son legales en un fallo fechado el 28 de abril de este año. “La Contraloría tiene que revaluar esos conceptos porque su auditoría es del 15 de abril y para mí tiene más peso la decisión de la Procuraduría Nacional que la Contraloría Departamental”, resaltó.
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