CRISIS JUDICIAL EN GUATEMALA - comision de Derechos Humanos de Guatemala en EE.UU Caso de Peten

Enlace Programado por Gabriel Alberto Restrepo Sotelo es LINTERNA ROJA EN GOOGLE .-.

Comentario del Director:
En la mayoría de las veces cuestionamos nuestro país, expresamos afirmaciones de espanto y de amargura, por los sucesos del diario devenir en nuestra querida Colombia, pero la realidad es que siempre miramos para adelante y nunca queridos Colombianos, lanzamos una mirada hacia atrás, es decir no analizamos ni meditamos en otros contextos extranjeros, dicen los Abuelos, QUE EL QUE SIEMPRE MIRA HACIA ADELANTE, VIVIRÁ AMARGADO, YA QUE SIEMPRE ESTARÁ DE ULTIMO Y SU ESFUERZO NO SE VERA, PERO EL QUE SIEMPRE OBSERVA EL PASADO Y DETRÁS DE EL, SE CONVENCERÁ QUE ESTA MUY BIEN, YA QUE PUEDE APRECIAR LOS PESARES DE OTROS. Y DE ACUERDO A SU REALIDAD PRESENTE, SIEMPRE ESTARÁ BIEN.
Por ello con respeto Enlace lo que sucede en Guatemala y lo pueden apreciar en el documento siguiente.

http://www.ghrc-usa.org/Publications/El_Quetzal/Numero7.pdf

4:01Violencia en Peténpor MiguelsamT

2:45El Petén; paraíso de los narcos en Guatemalapor MYUH10

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, EE.UU.
Mientras la ciudad de Guatemala
estuvo cubierta de cenizas arrojadas
por el Volcán Pacaya, vecinos del
departamento de Sololá sufrían
efectos graves que la tormenta
tropical Agatha produjo  a sus casas
y cosechas. Al mismo tiempo el
sistema judicial se encontraba en un
grave conflicto político.
El 26 de mayo de 2010, después de
un proceso de deliberación largo y
defectuoso, Conrado Reyes fue
nombrado Fiscal General de la
República y Jefe del Ministerio
Público (MP). Su nombramiento
causó una protesta nacional e
internacional y una disrupción masiva
dentro del MP.
Inmediatamente después de asumir su
puesto, Reyes despidió a más de 20
fiscales quienes trabajaban casos
importantes de derechos humanos. Así
mismo contrató a un antiguo capitán del
ejército con vínculos al tráfico de drogas
como jefe de seguridad y empezó a
desarticular la fiscalía especial designada y
a reemplazar a la Comisión Internacional
contra Impunidad en Guatemala (CICIG)
poco tiempo antes de terminar su
mandato. Además, exigió supervisar todas
escuchas telefónicas y cerró el caso de un
ex fiscal acusado de abuso de autoridad.
Hubo infiltración de información clave y
se teme que evidencia importante haya
desaparecido durante el periodo breve de
su estadía en el Ministerio Público.
“El choque de frente entre la
campaña contra la impunidad y el
liderazgo militar responsable por el
genocidio en Guatemala ha
empezado”, comentó Jennifer
Harbury desde Guatemala, quien ha
monitoreado de cerca el proceso.
Harbury es la esposa de Everardo
Bámaca, un líder indígena del
movimiento de resistencia.
El 7 de junio de 2010, Carlos
Castresana, director de la CICIG,
renunció de su cargo
argumentando  que el trabajo de la
CICIG no era compatible con el
trabajo del Fiscal General Conrado
Reyes . Durante los últimos tres años, la
CICIG ha trabajado eficazmente y
juntamente con el Ministerio Público, la
Policía Nacional Civil y otras instituciones
estatales, para investigar un número
limitado de casos complejos, buscando
desarticular organizaciones clandestinas
ilegales.
Posteriormente, el 10 de junio, la
Continúa en la página 2
Carlos Castresana (izquierda)  resignó como
Secretario General de la CICIG el 7 de junio;
Conrado Reyes (derecha), fue despedido de su puesto
de Fiscal General el 12 de junio.
EN ESTE NÚMERO
Guatemaltecos piden TPS después de Agatha.......3
Política de control de la frontera……........4  
Voiceless Speak: El sueño guatemalteco…….....5
Colom manda suspensión de la mina Marlin.......….6
Cementera instiga repetidos ataques….…...……...7
Situación de defensores……...........….….……..8
Sobreviviente de masacre busca justicia…….……10
Actualización de los derechos humanos...….…….12
Eventos y anuncios………....………………….13
Agradecimiento a donantes…………………….15
Página 1Crisis judicial
De la página 1
Convergencia de los Derechos Humanos
(integrado por 20 organizaciones) exigió que se
despidiera a Reyes. “Si no se va, las redes
criminales se empoderarán del sistema de
justicia”, comentaron en un comunicado de
prensa.
Investigaciones realizadas por la
CICIG descubrieron que Reyes
era vinculado a actos ilícitos de
abogados involucrados en la trata
de niños, redes ilegales de
adopciones y el narcotráfico.
La diputada y activista de derechos humanos
Nineth Montenegro también presentó una
petición aparte cuestionando el proceso de
selección que resultó en el nombramiento de
Conrado Reyes.
El 12 de junio, la Corte de Constitucionalidad
emitió un fallo unánime a su favor. “Lo que
hace la Corte es reconocer que hay una
verdadera crisis institucional y que para
fortalecer y rescatar la institucionalidad del
Ministerio Público debe darse este cambio”,
dijo Roberto Molina Barreto, presidente de la
Corte.
Después del fallo de la Corte, el Presidente
Colom despidió al Fiscal General Conrado
Reyes de su posición. Esa tarde la Policía
Nacional Civil se apoderó de la oficina del
Fiscal General, supuestamente con la intensión
de proteger documentos que habían estado bajo
el control de Reyes y sus asociados durante las
últimas tres semanas.
La siguiente mañana, la ciudad de Guatemala
estuvo de nuevo en un estado de shock cuando
descubrieron cuatro cabezas decapitadas
colocadas en sitios de mucho tránsito,
incluyendo la entrada al Congreso de la
República.  Los cuerpos también fueron tirados
en lugares públicos.
Este acto macabro de terror es típico del
crimen organizado en Guatemala. El vocero de
la policía explicó que miembros del crimen
organizado, quienes se han apoderado de las
prisiones, buscan una serie de demandas
relacionadas a las condiciones en las prisiones.
Sin embargo, la sociedad guatemalteca, y el
Presidente Colom, han interpretado este acción
como un acto de intimidación por el crimen

Elementos del crimen organizado se han
infiltrado en el sistema de justicia, el poder
legislativo y agencias del poder ejecutivo
y gobiernos municipales. Intentan
asegurar que actividades ilícitas, de
matanzas masivas brutales a la trata
ilegal y la corrupción, puedan llevarse a
cabo sin impunidad. También, impiden
que haya procesos legales contra los
victimarios masacres, desaparición forzada,
asesinato y tortura de cientos de miles de
guatemaltecos.
Fue por esa razón que se creó la CICIG con el
apoyo de  las Naciones Unidas en diciembre de
2006. La CICIG funciona con atributos de un
fiscal y tiene un equipo dentro de la oficina del
Fiscal General.
La CICIG ha logrado algunos arrestos de alto
perfil, incluyendo oficiales de alto rango en el
Ministerio de Defensa, el director interino de la
PNC, y arrestos claves en casos de adopciones
ilegales y redes de narcotráfico, así mismo ha
progresado también en la investigación del caso
contra el ex presidente Portillo.
El trabajo de la CICIG tuvo un mayor impacto
en el año 2009 cuando la Comisión se encargó
de la investigación del asesinato del Abogado
Rosenberg, un caso que amenazó la estabilidad
de la administración de Colom.  En este caso se
descubrió evidencias de vínculos entre Conrado
The Guatmala Human Rights Commission/USA
La misión de GHRC
Fundada en 1982, la
Comisión de Derechos
Humanos de Guatemala en
Washington es una organización independiente y humanitaria sin fines de lucro.
GHRC hace monitoreo, documenta y reporta sobre la
situación de derechos humanos en Guatemala, apoya
a los sobrevivientes de abusos de derechos humanos en
Guatemala, y trabaja para un
cambio positivo y sistémico.
Junta Directiva
Kathy Ogle
Presidenta
Christina del Castillo
Vice Presidenta
Joan Dawson
Secretaria
Jack McHale
Tesorero
Yolanda Alcorta
América Calderón
Renata Eustis
Gloria Jean Garland
Amy Kunz
John Leary
Karl Wolf
Junta Consultiva
Kit Gage
Jennifer Harbury
Sr. Dianna Ortiz
Sr. Alice Zachmann
Raul Molina
Personal
Amanda Martin
Directora
Kelsey Alford-Jones
Program Associate
Practicantes
Megan Hughes
Heidi Rosales
Continúa en la página 11
Ver la página 11
para una
cronología del
proceso de
elección de
Reyes.
Página 2
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, EE.UU.
Elementos del crimen
organizado se han infiltrado
en el sistema de justicia, el
poder legislativo y agencias
del poder ejecutivo y
gobiernos municipales.
Intentan asegurar que
actividades ilícitas, de
matanzas masivas brutales a
la trata ilegal y la corrupción,
puedan llevarse a cabo sin
impunidad. El 30 de mayo de 2010, la tormenta tropical
Agatha afectó intensamente el país de
Guatemala, destruyendo vidas, casas,
carreteras e infraestructura. Ha sido una de las
peores tormentas en los últimos 60 años de la
historia del país, la tormenta Agatha dejó a
172 personas sin vida, más de 100 personas
desaparecidas, aproximandamente150
personas heridas y 79,000 personas afectadas
por inundaciones. Las áreas más afectadas
fueron Zacapa, Sololá, Chimaltenango,
Quetzaltenango e Izabal.
Se estima que 22.000 casas fueron destruidas,
causando la evacuación de 155,000 personas
quienes fueron enviadas a 171 albergues
temporales en diferentes partes del país.
También así más de 100 puentes fueron
destruidos y como resultado, muchas
comunidades quedaron aisladas y sin
posibilidades  transportarse de un lugar a otro,
y sin acceso a obtener, bienes o servicios. La
tormenta tropical ha perjudicado en un gran
porcentaje  las siembras y cultivos.
La economía será gravemente afectada  y
sufrirá  un recorte severo este año debido a
grandes pérdidas en las cosechas. Unas 100
millones de libras de maíz valoradas en  $10,3
millones fueron destruidas, cuyo resultado
podría afectar a aproximadamente a 44,000
familias campesinas.
Habiendo pocas  posibilidades de financiar la
reconstrucción, la infraestructura, la
alimentación y los albergues para los
desplazados, el gobierno de Guatemala solicitó
ayuda a la comunidad internacional.
El gobierno de  Estados Unidos ha prometido
la donación de $150.000.00 para fondos de
emergencia en  compra y distribución de
alimentos básicos. Por medio de 63 viajes de
helicóptero fueron distribuidos 215.000 libras
de alimentos provenientes de diferentes  
donantes.
Por otro lado, la Unión Europea prometió
$3.6 millones para  ayuda humanitaria. El
Banco Mundial prestó un monto adicional de
$85 millones en respuesta al desastre ocurrido
por la tormenta.
Sin embargo, se estima que  la inversión total
para reparar las grandes pérdidas, será de
aproximadamente $474 millones para la
reconstrucción, según la Procuraduría de
Derechos Humanos.  Solamente el costo de
operar los albergues temporales durante los
próximos seis meses será $45 millones.
El 4 de junio de 2010, el Presidente Colom
solicitó al gobierno de Estados Unidos la
aprobación del Estatus de Protección
Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para
guatemaltecos actualmente en EE.UU. con el
fin de  de suspender las deportaciones por un
periodo de 18 meses, mientras el país se
recupera de la devastación causada por  la
tormenta Agatha. TPS es un estatus legal
otorgado a inmigrantes que no pueden
regresar a su país natal debido a una guerra o
desastre natural.
El TPS permitiría que miles de guatemaltecos
permanezcan  en los Estados Unidos para
trabajar. Aproximadamente 1.2 millones de
guatemaltecos viven en EE.UU., un 60 por
ciento de los cuales sin un estatus legal. Desde
el 2006, se ha deportado a más de 106.000
guatemaltecos. En solamente el primer
trimestre de 2010, 5.665 han sido deportados.
Varios países de Latinoamérica, incluyendo
Nicaragua, Honduras y el Salvador, aun
mantienen el estatus de protección por
catástrofes en el pasado. Inmigrantes quienes
vivían en EE.UU. antes del desastre natural
que impulsó el TPS pueden permanecer en
este país hasta que se deja sin efecto  el
estatus, proceso que podría tardar años.
Aunque el otorgamiento del TPS no corrige
las injusticias subyacentes de las políticas
económicas y de inmigración, sigue siendo un
paso positivo. El viceministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala comentó que unos
800.000 guatemaltecos podrían verse
beneficiados por el TPS. El gobierno de
Guatemala  solicitó el TPS en 2005 después de
los impactos destructivos del Huracán Stan,
pero no se aprobó la solicitud. (EE.UU. habría
estado en la disposición de  aprobar el TPS
para Guatemala en 1997 después del Huracán
Mitch, pero el presidente en ese entonces,
Álvaro Arzú, negó aceptar el ofrecimiento.)
Después de la tormenta  Agatha, el embajador
estadounidense Stephen McFarland dijo que la
respuesta de EE.UU. sería “bien pensada y
rápida. El gobierno guatemalteco anunció que
el Presidente Obama decidiría la respuesta en
un periodo de 30 a 45 días.
En apoyo al país de Guatemala , la GHRC
firmó una carta a Janet Napolitano, la cual fue
escrita por organizaciones de inmigrantes
guatemaltecos. Además, a mediados de junio,
Yolanda Alcorta,  miembro de la junta
directiva de GHRC, acompañó a un grupo de
guatemaltecos durante las visitas realizadas a
oficinas de congresistas, el Departamento de
Estado y de Seguridad Nacional, con el objeto
de concientizarles sobre los efectos
devastadores de la tormenta Agatha y la
necesidad de aprobar el TPS para los
guatemaltecos que se encuentran en Estados
Unidos.
Pese a las solicitudes con carácter de urgencia,
después de casi dos meses el Presidente
Obama ha aprobado solamente unas medidas
temporales de alivio sin mencionar el TPS.
El 15 de julio de 2010, el Senador Kerry
(demócrata de Massachusetts) se unió al
creciendo apoyo del TPS con una carta al
Presidente Obama en la que escribió: “Como
suele pasar con estos desastres, son los más
pobres y necesitados quienes más sufren. […]
Mientras Guatemala empieza a buscar
albergues para las personas cuyas casas  fueron
destruidas, reparar la infraestructura y
reconstruir, seria innecesariamente difícil para
el gobierno de Guatemala repatriarles a
nacionales en este momento. Además, muchos
guatemaltecos quienes viven actualmente en
EE.UU. proveen un apoyo económico
importante a sus familias, un apoyo que podría
ser suspendido sin el TPS.  La asistencia
provisional dada con el TPS puede hacer
Guatemaltecos piden protección temporal después de Agatha
Pida que el gobierno estadounidense
apruebe el TPS para guatemaltecos en
EE.UU. Llame la línea de comentarios de DHS al
202-456-1111.
Amatitlán, Guatemala: El rio Mixco se desbordó sus
riberas y enterró la puerta principal de esta casa.
N°7 / julio del 2010
Página 3El enfoque del Presidente Obama en
asegurar la frontera, sin promulgar una
reforma comprensiva a la ley de
inmigración, ha resultado en muertes
innecesarias y el gasto poco económico de
$800 millones de dólares recaudados de
impuestos en el 2009.
La construcción de la pared virtual y la
militarización intensificada de la frontera
con 17.400 agentes de patrulla fronteriza
no ha resultado en más seguridad para
ciudadanos estadounidenses, mientras que
a la vez viola los derechos básicos del agua,
la comida, el albergue y al derecho a acudir
en ayuda de alguien que la necesite¹.
Se estima que 417 inmigrantes  murieron
mientras intentaban cruzar el desierto en el
año 2009. El número de muertes ha
aumentado cada año, la mayoría de
hipertermia, deshidratación e insolación.
Un movimiento amplio de organizaciones,
coaliciones, comunidades y sindicatos está
trabajando arduamente  para asegurar que
los migrantes que van a EE.UU. con el fin
de buscar  salarios aceptables para apoyar  a
sus familias, o para reunirse con ellas, y
puedan hacerlo de manera segura en lugar
de sufrir bajo males condiciones laborales
con temor  de ser deportado.
Aunque el Presidente Obama ha
modificado algunas políticas, prioriza el
acercamiento a inmigración basado en la
seguridad y no una reforma comprensiva.
Sigue apoyando mecanismos represivos
tales como la promoción del “sistema de Everificación”, el cual monitorea a
trabajadores migrantes y da entrenamiento
a policías locales  sobre cómo aplicar la ley
de inmigración. Durante el primer año de
la administración del Presidente Obama,
hubo más deportaciones que durante el
último año de la administración de
Presidente George Bush.
En su discurso reciente en la American
University el 1 de julio de 2010, el
Presidente reconoció que “personas en
todas partes [están] frustradas con el
sistema de inmigración, que parece roto de
manera fundamental”. Ensalzó como señal
positiva el aumento de personal
estadounidense en la frontera. “Tenemos
más botas en la tierra en la frontera
suroeste que en cualquier otro momento
en nuestra historia. Duplicamos los agentes
asignados a las Fuerzas de Tarea de la
Seguridad Fronteriza. Triplicamos el
número de analistas de inteligencia en la
frontera”.
Sin embargo, gastando más en la
militarización de la frontera, construyendo
muros más grandes y aumentando el
número de agentes de patrulla armados, no
va a mejorar la seguridad de los Estados
Unidos. Simplemente hace inevitable que
las personas con situaciones económicas
desesperadas buscan áreas aisladas de la
región fronteriza, el cual resulta en más
riesgo y más muertes.
Durante los 15 años desde que el gobierno
de los Estados Unidos empezó a aumentar
las patrullas en las 2.000 millas de frontera
con México, un promedio de un migrante
cada día ha muerto intentando cruzar. Por
lo menos 4.375 personas murieron en el
camino entre 1998 y 2009². La Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza
documentó 417 muertes en 2009, en
comparación con 390 en 2008, 398 en el
2007, 454 en el 2006 y 492 en el 2005.
La Unión Americana de Libertades Civiles
y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de México afirman el que
porcentaje  muertes es alto - entre 350 a
500 cada año, dependiendo  del gobierno
que pública las estadísticas – son un
resultado de las políticas fronterizas
previsibles pero poco reconocidas.
Resultados de una encuesta del Programa
Mexicana de Investigación de Campo de
más de 3.000 migrantes mexicanos en el
año 2008 mostraron que los riesgos
actuales no son elementos disuasorios para
la mayoría de migrantes. El 91% creyó que
era “muy peligroso” cruzar la frontera y el
24% conoció a alguien quien había muerto
en el intento. A pesar de eso, siguen
llegando a EE.UU., el 72% de los
entrevistados por razones económicas³.
El muro fronterizo
En el 2005, el Presidente Bush lanzó un
esfuerzo de varios años y mil millones de
dólares conocido como la Iniciativa
Frontera Segura. El muro fronterizo
virtual es parte de ese plan. En el 2007, el
gobierno federal apartó $833 millones para
una cerca de 655 millas (incluyendo
cámaras y sensores) a lo largo de secciones
de la frontera con México. Hasta la fecha,
$800 millones han sido gastados para
construir 53 millas de la cerca a un costo
excesivo de $15,2 millones por milla, doce
veces de la valoración original .
El muro fronterizo fue planificado para
Nuevo México, Arizona y Texas, pero
actualmente solamente existe en Arizona.
El proyecto fue suspendido en marzo por
el Departamento de Seguridad Nacional
por un plazo indefinido.
Randolph Hite,  oficial de la Oficina de
Responsabilidad Gubernamental comentó:
“Es difícil desviar un iceberg una vez que
empieza a moverse en una dirección, y eso
Política de control de la frontera para detener la migración resulta en
muertes y gastos innecesarios
¹Border Patrol Director of Media Relations Lloyd Easterling, September 2009
²National Foundation for American Policy, Policy Brief May 2010, Death at the Border, Stuart Anderson
³Wayne Cornelius, Controlling Unauthorized Immigration from Mexico: The Failure of Prevention through Deterrence and the Need
for Comprehensive Reform, Mexican Field Research Program, Center for Comparative Immigration Studies, UC-San Diego, 2008
Patrullas en la frontera entre EE.UU. y México
Página 4
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, EE.UU.Por Willy Barreno, junio de 2010.
Nací en la ciudad de Quetzaltenango a
principios de los años setentas en medio
del conflicto armado interno que vivía mi
país. Pues, como muchas de las familias
guatemaltecas sufrimos la perdida de
familiares durante estos duros momentos
de nuestra historia. También heredamos
los traumas, los miedos de pensar y hablar
desde que éramos niños. Formé parte de
esa generación de niños y jóvenes que
fuimos golpeados y humillados en las
escuelas. Fuimos entrenados a callar y a
negar nuestra descendencia indígena en
una ciudad tan segregada en ese entonces.
Durante los años ochenta como cualquier
chico en la ciudad me sentía atraído por la
cultura de los Estados Unidos, su música
especialmente, por la comida y ropa que
veíamos en la televisión nacional.
Pero a la vez nuestras comunidades
estaban siendo masacrados o desaparecidos
por un ejercito financiado y entrenado por
los Estados Unidos. Recuerdo que
escuchar la canción “Las casas de cartón”
nos podría causar problemas porque se le
consideraba anti gobierno. El hecho de
escuchar una simple canción había hecho
que mucha gente desapareciera.
Teníamos a la vez coraje y dudas sobre por
qué nuestro país se desarrollaba de esta
manera. Al finalizar mi escuela secundaria
ya tenía una inquietud por descubrir las
causas de tanta discriminación, racismo,
clasismo y violencia.
Ingresé a la Universidad San Carlos de
Guatemala a estudiar Trabajo Social Rural
la cual me dio una perspectiva más amplia
y clara de mi realidad y la situación de mi
gente en Guatemala. Es así como empiezo
mi participación en el movimiento
estudiantil y revolucionario.
Siempre he dicho y seguiré diciendo que el
conflicto armado interno dejo grandes
heridas y rompió nuestra fibra social en
Guatemala que hasta hoy no ha sido
sanada. Pero lo que venía después de la
firma de la paz era mas devastador que la
misma guerra. Eran los tratados de libre
comercio y la globalización que venían a
desplazar a más gente que durante los
mismos años del conflicto.
Después de pelear por 36 años se pretendía
alcanzar lo que se había vivido de 1944-
1954  “los diez años de primavera” y por
fin distribuir la riqueza, darle salud y
educación gratuita a la mayoría de la
población.  En el año 1996 se escuchaba
que la paz bendita vendría  y yo me daba
cuenta que era el final del exilio político en
mi país y el principio del exilio económico
porque sacaría a más de un millón de
guatemaltecos hacía los Estados Unidos.
Fue entonces que, meses antes de la firma
de la paz en Guatemala, decidí irme hacia
el norte en medio de la frustración con los
Acuerdos de Paz. Como muchos otros me
fui en busca del sueño americano, ya que el
sueño guatemalteco nunca llegó.
Una de las experiencias más duras de mi
vida fue dejar mi tierra e iniciar otra vida
en los Estados Unidos. Nunca me di cuenta
que no hablar un idioma y ser de otro
color sería tan difícil. Empecé a sentir en la
espalda la carga de ser un inmigrante y el
miedo que muchos de mis paisanos vivían
por el hecho de no tener papeles. Me di
cuenta que los tratados de libre comercio
no sólo estaban importando productos
baratos hacia los Estados Unidos sino
también mano de obra barata.
En el año 1997 me uní a la lucha por los
inmigrantes en Santa Fe, NM. “Somos Un
Pueblo Unido”  fue la inspiración para
muchos de los años siguientes, y allí
velábamos  por los mismos derechos que se
peleaban en Guatemala: los famosos
“Derechos Humanos”.
Fuimos los propulsores de que los
inmigrantes indocumentados en Nuevo
México pudieran obtener sus licencias de
conducir. También convertimos a Santa Fe
en una ciudad santuario para los mismos y
logramos subir el salario mínimo para que
fuera el más alto en toda la nación.
Pasaron muchos años de vivir en diferentes
partes de EE.UU. siempre trabajando para
la comida y para enviar dinero a mi familia
y dedicando la mayor parte de mi vida a la
lucha de los inmigrantes. Por el transcurso
de los años comencé a sentir que el sueño
americano solamente era una ilusión. Eso
lo confirmé después de los ataques del 11
de septiembre del 2001 cuando la
discriminación y  la criminalización de los
inmigrantes se volvió cotidiana. Ese año
fueron deportados mil guatemaltecos. En
los últimos tres años se han deportado
aproximadamente 27,000 guatemaltecos
por año.
Después de permanecer en los Estados
Unidos por 12 años decidí regresar
voluntariamente a Guatemala en busca de
mis raíces, mi historia y mi pasado.
En el año 2007 y 2008 me emprendí en un
proyecto de documentar a través de video
testimonios de inmigrantes y
guatemaltecos que habían vivido o que
habían sido deportados de los EE.UU.,
elemento que me abrió muchas puertas y
me dio a conocer a muchísima gente que
esta tratando de transformar a Guatemala
de una nueva forma. Es así que con un
grupo de jóvenes Guatemaltecos en los
Estados Unidos y en Guatemala fundamos
nuestra red DESGUA.
DESGUA pretende hoy por hoy  empezar
a trabajar con los jóvenes en ambos países
programas educativos sobre la memoria
histórica,  la globalización y las causas
estructurales  de la migración. A la misma
vez ahora estamos en el principio de crear
un programa autónomo   llamado “Una
Vida Digna” el cual trabajará en la
reintegración de guatemaltecos que han
sido deportados o que han vuelto
voluntariamente a su tierra después de
muchos años de destierro.
Recipiente del fondo Voiceless Speak: En busca del “sueño guatemalteco”
Página 5
N°7 / julio del 2010Page 6
Colom manda suspensión de las operaciones de GoldCorp en la Mina Marlin
Durante los últimos cinco años, las
comunidades de Sipakapa y San Miguel
Ixtahuacán, San Marcos, han estado
luchando contra la mina Marlin, una mina
de oro al cielo abierto que filtra cianuro y
afecta la salud y el ambiente de 18
comunidades mayas en el departamento
de San Marcos. Sus esfuerzos continuos, a
pesar de represión de la empresa gigante
canadiense Goldcorp, han llamado la
atención y el apoyo de muchos en la
comunidad internacional.
Este año, una serie de evaluaciones de
impacto encontraron contaminación del
agua y violaciones a los derechos
humanos, el cual abrió la posibilidad de un
cambio. El 21 de mayo, la Comisión Inter
-Americana de Derechos Humanos
(CIDH) recomendó por  medio de
medidas cautelares,  al Estado de
Guatemala que suspendiera la
operaciones de la mina. La decisión sin
precedente alimentó el movimiento de
resistencia con nueva energía. Aun más
sorprendente y alentadora fue la
declaración del Presidente Colom  al decir
que cumpliría con el fallo.
“Tenemos que aplaudir al gobierno de
Guatemala por haber tomado este primer
paso; estamos en el camino correcto”, dijo
Javier de Leon, líder comunitario de
Maquivil,  San Miguel Ixtahuacán. Desde
el 2004, Javier ha educado y organizado
comunidades maya mam y ha trabajado
para resistir y exigir justicia para  evitar el
daño al medio ambiente y condiciones de
salud causado por la mina, tanto como las
violaciones a los derechos humanos.
“Estamos satisfechos con la decisión del
presidente, pero falta mucho que hacer.
La Comisión visitara a Guatemala a
mediados de julio. Queremos asegurar
que se cierre la mina para siempre, no
solo temporalmente”, dijo Javier a GHRC
en una entrevista el 25 de enero.
La decisión del Presidente Colom de
cumplir con las recomendaciones de la
CIDH, entregado el 23 de junio, llegó
después de casi un mes de deliberaciones
en medio de un aluvión de peticiones de
organizaciones locales e internacionales,
una reflexión de la concientización
creciente del público de los impactos viles
de las minas de oro.
Por otro lado algunos manifestantes en
Guatemala, Canadá y los Estados Unidos
pidieron que Colom apoyara la salud y
bienestar de las comunidades sobre las
ganancias.
El 3 de junio de 2010, GHRC, Rights
Action y el Centro para Derecho
Ambiental Internacional se unieron frente
a la embajada de Guatemala en
Washington, DC para pedir que Colom
suspendiera las operaciones de la mina
Marlin. Un grupo de 25 personas
utilizaron pancartas, marcharon en la
acera y manifestaron con gritos de
solidaridad hacia las 300 personas quienes
marchaban simultáneamente en la ciudad
de Guatemala afuera del Palacio Nacional.
El 10 de junio, la Premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchu, y el obispo de San
Marcos, Alvaro Ramazzini, publicaron
una carta en un diario guatemalteco
insistiendo en que Colom cumpliera con
la decisión de la CIDH.
También así, la visita de James Anaya, el
Relator Especial sobre los derechos
humanos y libertades fundamentales de
los indígenas, presionó fuertemente a la
administración de Colom a prestar
atención a las peticiones de las
comunidades. Anaya viajó a la mina
Marlin a mediados de junio para evaluar el
trabajo del gobierno de Guatemala en
cuanto a su    cumplimiento con el
derecho internacional que exige que las
comunidades indígenas sean consultadas
sobre la extracción de recursos naturales
en sus tierras.
El Relator concluyó que “hay un riesgo
significativo a la salud y
bienestar físico de las personas
a causa de la mina. El
Ministerio de Energía y Minas
deben de continuar con la
suspensión de las operaciones
de la mina hasta que se pueda
remediar los    impactos
negativos”.
Aunque las comunidades
afectadas por la mina han sido
animadas por la decisión de
Colom de suspender
operaciones de la mina, también
temen represalias y represión.
“Las comunidades afectadas por la mina se
reúnen hoy para discutir medidas
cautelares. Pedimos la presencia de la
policía, seguridad en el perímetro y
seguridad durante tránsito entre
comunidades.  Nos enfrentamos con un
riesgo de ataques más alto y queremos
evitar las represalias”, explicó de León dos
días después de la decisión de Colom.
Sin embargo, activistas comunitarios
siguen siendo vulnerables. El 7 de julio,
Diodora Hernández recibió un balazo en
la cabeza; sobrevivió, pero ha perdido su
ojo. Otros han sido víctimas de
intimidación física por los trabajadores de
la mina y han sido amenazados.
A Goldcorp y su subsidiario local Montana
Exploradora le fueron otorgados una
licencia de 20 años en el año 2003 y ha
estado extrayendo oro desde 2005.
Goldcorp puede vender su producto en el
Continúa en la página 10
Residentes de San Miguel expresan su oposición a la mina
a oficiales locales. Foto: www.theesperanzaproject.org.
Página 6
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, EE.UU.Cementera instiga repetidos ataques contra la comunidad
Las comunidades maya kakchiqueles de
San Juan Sacatepéquez dependen de
cosechas de flores y vegetales. Se han
organizado en contra de la construcción
de una cementera en sus comunidades, la
cual contaminará el suelo, agua y aire, y
esto podría afectar su salud y tener un
impacto negativo en la calidad de sus
productos.
La comunidad hizo una consulta
comunitaria en el año  2007 en la cual la
mayoría votó en contra del proyecto de
Cementos Progreso (una compañía
guatemalteca), en defensa de su tierra y
medio ambiente. Desde la consulta, los
líderes de la comunidad han sido acusados
de actos criminales y terrorismo, pese a su
derecho constitucional a protestar.
Acciones violentas contra los miembros
de la comunidad forman parte de una
campaña de difamación continua contra
los líderes locales.
Por otro lado la tormenta tropical Agatha
afectó Guatemala con fuerza durante la
última semana de mayo, causando
destrucción de vidas, casas, calles e
infraestructura, destruyendo la carretera
de esta comunidad. El pueblo de San
Antonio Los Trojes se organizó el 2 de
junio para arreglar la carretera que llega a
su comunidad. La meta habría sido
arreglar la carretera antes del 13 de junio,
el día del patrón, cuando todo el pueblo
sale a festejar. Sin embargo, los camiones
de la empresa cementera bloquearon la
carretera y empezaron a hacer sus propios
arreglos. Representantes de la iglesia
Católica y de la Comisión Presidencial de
Derechos Humanos llegaron para mediar,
pero los trabajadores de la empresa los
detuvieron brevemente.
El 5 de junio, durante una reunión
comunitaria para discutir los eventos y las
actividades del festival del día del patrón,
unos 100 trabajadores armados de la
cementera llegaron en la tarde e
insultaron verbalmente a los miembros de
la comunidad. La violencia se intensificó
cuando los de la cementera tiraron piedras
a personas y a las casas, coincidentemente
se cortó la energía eléctrica provocando
que la agresión aumentara.  Los
empleados de la mina
atacaron la sala
comunal de
reuniones con
tiroteos, piedras,
palos, piezas de
madera, botellas de
vidrio; derribaron
algunas carretas de
vendedores
ambulantes, tiraron
la puerta de la iglesia
con patadas,
rompieron ventanas
y amenazaron a las
autoridades locales.
Además, sacaron a un
hombre de debajo de
un camión, le amarraron las manos, lo
arrastraron 200 pies y lo  golpearon. Una
mujer con ocho meses de embarazo fue
golpeada en el estomago con una piedra.
Otros recibieron machetazos en el cuerpo
y la cabeza. A las 11pm regresó la energía
eléctrica y los bomberos llegaron para
llevar a los heridos al hospital. Varios
miembros de la comunidad resultaron
heridos, incluyendo dos mujeres.
Al siguiente día, llegaron agentes de
policía con
antimotines.
Miembros de
comunidades
cercanas,
intentaron
apoyarles en San
Juan, pero las
carreteras fueron
bloqueadas por
trabajadores de la
cementera con
perros y armas.
Líderes
comunitarios sospechan que la estrategia
de la empresa era provocar una reacción
violenta de los opositores a la cementera
para luego justificar otro estado de
emergencia en la región. Algunos piensan
que también intentaban prevenir la visita
del Relator especial de los Derechos de
los Pueblos Indígenas: James Anaya, quien
tenía programado escuchar el testimonio
de líderes mayas locales quienes habían
sido criminalizados por su protesta de la
cementera.
Pese a estos actos violentos se recibió la
visita del Relator de las NU, James Anaya,
en San Juan Sacatepéquez a mediados del
mes de junio En su informe de nueve
páginas con observaciones de los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas,
Anaya comentó que “durante la asamblea
comunitaria asistido por una multitud de
personas, leyó muchas pancartas en las
que decía una de ellas: „No a la minería,
queremos paz‟. Otro decía „Soy mam y
cuido mi tierra; toda minería contamina”.
James Anaya, el
Relator especial de la
ONU sobre derechos
humanos y libertades
fundamentales de
pueblos indígenas.
Febrero de 2010: miembros de la comunidades alrededor de San Juan  
Sacatépequez protestan el asesinato del líder quien se oponía a la
cementera.
“Si yo enfrentara un proyecto
de la industria extractiva que
solamente conlleva impactos
negativos, que afectaría la
tierra donde siempre he vivido
que provocaría conflicto en mi
comunidad y que no va a
mejorar mis condiciones de
vida, yo también diría no a la
minería”.
-James Anaya
N°7 / julio del 2010
Página 7Defensores de derechos humanos...  ...continúan los ataques e intimidaciones
Entre los meses de enero y junio de 2010,
hubieron 189 ataques contra defensores de
derechos humanos en Guatemala –
aproximadamente equivalente al número
total de ataques en el año 2007; una tasa de
ataque contra un defensor por cada día¹.
El informe del primer semestre de 2010 de
UDEFEGUA (la Unidad de Protección a
Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala) documenta 100
ataques contra mujeres y defensores/as de
los derechos de las mujeres, un aumento
marcado y la categoría con el mayor
número de ataques. También así el mes de
junio fue un mes especialmente violento y la
ciudad de Guatemala fue el sitio con la
inmensa mayoría de ataques. La GHRC ha
tomado acción de apoyo de parte de
múltiples defensores/as y organizaciones.
Periodista amenazado;
casa saqueada y robada
Marvin David del Cid
Acevedo, un periodista de
35 años de edad y miembro
del equipo investigador de
“El Periódico” , fue víctima
de  robo el 24 de junio de 2010. Su casa,
ubicada en la zona 1 de la ciudad de
Guatemala, fue saqueada y artículos
relacionados a su trabajo (dos portátiles y un
sobre con $290) fueron robados por un
equipo de dos personas quienes le dejaron
un mensaje en el espejo: “Te vas a
morir…”.
Dos semanas previas al robo, Del Cid
recibió una serie de llamadas anónimas
amenazadoras, en la cual le exigían que
informara quién le pagaba por el  trabajo de
investigación.
Del Cid fue testigo de los disturbios
ocasionados en el caso de “Jueves Negro”,
un día oscuro en la historia de Guatemala.
El 24 de julio de 2003, miles de
manifestantes  (partidarios del partido
político FRG) se apoderaron de las calles
capitalinas  provocando disturbios, la quema
de edificios,  quebraron ventanas con
disparos de arma de fuego  con el fin de
lograr  la suspensión de la campaña
presidencial del General Ríos Montt la cual
había sido negada por orden Constitucional,
por la Corte Suprema de Justicia. Como
resultado, la Corte de Constitucionalidad
revocó el fallo emitido en 1985 que
regulaba la prohibición constitucional de la
inscripción de líderes golpistas como
candidatos presidenciales, la cual no podía
aplicarse de manera retroactiva.
En apoyo a  Del Cid y el derecho
constitucional de ejercer la libertad de la
prensa en Guatemala, el GHRC envió  un
mensaje a la Fiscal General Interina,
pidiendo una investigación inmediata,
profunda y transparente del robo y las
llamadas amenazadoras.
Claudia Samayoa, coordinadora de
UDEFEGUA comentó: “este tipo de robo es
típico; es más que buscar información, su
propósito es causar miedo y el sentimiento
de persecución en la persona”. UDEFEGUA
documentó 43 actos de agresión contra
periodistas en el 2009.
Tres mujeres valientes trabajando por
los derechos humanos son
víctimas de robo, sabotaje y
amenazas de muerte
Una de las organizaciones afines a la  GHRC
es UDEFEGUA, la cual fue establecida en el
2004 con el fin de avanzar el trabajo y la
seguridad de defensores de derechos
humanos (HRDs) en Guatemala y
Centroamérica.
La Unidad apoya a HRDs en alto riesgo y
sus organizaciones para prevenir y
responder a amenazas de seguridad a través
de educación, monitoreo y apoyo
psicosocial. Incide para la protección por
parte de instituciones gubernamentales y la
comunidad internacional.
Recientemente, tres miembros del personal
de UDEFEGUA fueron víctimas de una
serie de ataques, intimidaciones y amenazas.
El 5 de marzo de 2010, dos hombres no
identificados forzaron la entrada a la casa de
Erenia Vanegas de UDEFEGUA. Por
suerte, no había nadie en la casa. Un vecino
reportó que había visto un vehículo negro
con vidrios polarizados estacionado frente a
la casa y vio a dos hombres bajarse del carro
quienes entraron a la casa. Cuando la familia
regresó, las habitaciones y una caja de
documentos habían sido violentadas. Las
cerraduras y una ventana habían sido rotas,
sin embargo, nada, ni siquiera efectivo a
plena vista, fue robado. Vanegas denunció el
incidente a la policía.
Este hecho ha sido uno de
los  más recientes tras una
serie de incidentes que
parecen ser dirigidos a
propósito en contra de
miembros del personal de
UDEFEGUA. Sumando a estos  hechos
violentos, el 2 de febrero de 2010, la
coordinadora de UDEFEGUA, Claudia
Samayoa, descubrió  que el cofre del carro
había estado abierto y que la batería había
sido manipulada. Cuando empezó a
manejar, se dio cuenta que los pedales del
carro estaban  cubiertos en aceite, el cual
causó que su pie se resbalara y brevemente
perdió el control del vehículo. Una
investigación mostró que el aceite en los
pedales es poco común y no fue resultado
de un escape de aceite. Claudia cree que su
carro fue saboteado con la intención de
causar un accidente. Denunció el incidente
ante las autoridades correspondientes.
Además, entre el 30 de abril y 3 de mayo de
2010, Claudia Samayoa, Erenia Vanegas y
un tercer miembro del personal, Luisa
Pineda, recibieron más de 30 amenazas por
mensaje de texto en sus celulares. Han
reportado las amenazas a la policía, pero no
se sabe quién está detrás de las amenazas o
los otros incidentes recientes.
Miembros del personal de UDEFEGUA
creen que los incidentes recientes son actos
intimidatorios   con el fin de lograr  que no
continúen con su trabajo vital de proteger a
los defensores de derechos humanos.
El gobierno de Guatemala aun no ha
implementado  programas de protección
eficaz para defensores de derechos humanos
en situación de riesgo.
A principios del 2008, organizaciones de la
sociedad civil y agencias estatales
presentaron al Ministro de Gobernación la
Página 8
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, EE.UU.Defensores de derechos humanos...  ...continúan los ataques e intimidaciones
iniciativa  de un decreto de ley que aun no
ha sido aprobado.
El gobierno de los Estados Unidos proveyó
$2 millones a la policía guatemalteca y el
Ministerio de Gobernación para financiar
programas especiales de protección para
defensores de derechos humanos, asignados
en la propuesta de ley de asignaciones de
2010. En el futuro serán observados los
resultados de lo invertido    y la efectividad
en cuanto a la protección  a los defensores
de los derechos humanos
La GHRC hace un llamado al gobierno de
Guatemala para que realice  una
investigación efectiva e independiente,
rigurosa e imparcial, con el fin de evitar las
posibles  amenazas y actos de intimidación
contra miembros de UDEFEGUA, y el
acceso público eficaz a los resultados de la
investigación y justicia bajo el amparo de la
ley para los responsables.
Las autoridades guatemaltecas tienen que
brindar amplia protección a los miembros
de UDEFEGUA. La GHRC ha contactado a
la Comisión Inter-Americana de Derechos
Humanos con el objeto de que sean
otorgadas  medidas cautelares para reforzar
la protección  de los miembros de
UDEFEGUA.
Ataques contra sindicalistas
El Movimiento sindical,
indígena y campesino de
Guatemala (MSICG)
denunció el asesinato de
dos líderes sindicales este
año; ambos fueron
miembros de esa
organización.
En el 2009, 101 sindicalistas fueron
asesinados al nivel mundial. Guatemala  
estuvo en el segundo lugar (después de
Colombia) con 16 sindicalistas asesinados y
unos 76  adicionales amenazados o
atacados².  Del 2005 al 2010, 40
sindicalistas fueron ultimados en
Guatemala³. Estos asesinatos parecen ser
operaciones planificadas que tienen  como
blanco a sindicalistas específicos   quienes
están profundamente  involucrados en
campañas actuales de derechos laborales.
Desde que se implementó el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la República Dominicana
(DR-CAFTA) en 2006, hay más sindicalistas
muertos en Guatemala que en cualquier
otro momento desde la firma de los
Acuerdos de Paz.
El 6 de marzo de 2010, el cuerpo de Luis
Felipe Cho, miembro del Consejo
Consultivo del Sindicato de Trabajadores de
la municipalidad de Santa Cruz del
departamento de Alta Verapaz, fue
encontrado con señales de tortura,
incluyendo por lo menos diez balazos en la
cabeza. Sus orejas, ojos y lengua habían sido
amputados y se le había quitado la piel del
rostro.
El señor Cho se había retirado del comité
consultivo de su sindicato en enero del 2010
debido a amenazas instigadas por su
actividad sindical. Sin embargo, continuó su
trabajo como miembro del sindicato y
miembro de UNISITRAGUA y la MSICG.
Estuvo a cargo del proceso de quejas para
violaciones laborales y sindicales.
El 26 de marzo de 2010 otro miembro del
MSICG fue asesinado,  Samuel Ramírez
Paredes, Secretario General de distrito
Panchoy de SITRABI, del sindicato
bananero, fue asesinado  al mismo tiempo
que  miembros del MSICG celebraban
reuniones con el gobierno estadounidense
para poner denuncias contra el gobierno de
Guatemala por serias violaciones de
derechos laborales y sindicales en el sector
bananero.
La continua matanza de sindicalistas
guatemaltecos  es un ejemplo claro de cómo
las organizaciones ilegales y clandestinas
operan con impunidad, utilizando tácticas
de terror parecidas a las de los años 80s. El
mensaje implícito en la tortura de Cho fue
claro a compañeros sindicalistas, sirvió para
silenciar a aquellos quienes pensaban
denunciar el crimen y para sembrar miedo
en aquellos quienes siguen son su trabajo
sindical.
Según la encuesta de la
Confederación Sindical
Internacional de 2010:
El 93% de trabajadores asesinados
estuvieron en el proceso de
negociar derechos laborales o
acceso a recursos naturales.
El 90% de los asesinados fueron
miembros del MSICG*.
El 98% de los asesinatos fueron
cometidos varias semanas después
de que las víctimas o sus colegas
tomaran acción a favor de los
derechos laborales.
El 75% de las víctimas habían
recibido amenazas de muerte por su
trabajo sindical.
Más de 200 sindicalistas
guatemaltecos viven actualmente en
el exilio debido al peligro que
enfrentan en Guatemala.
*Movimiento sindical, indígena y campesino de
Guatemala
ACCIONES URGENTES RECIENTES
Miembro comunitario baleado:
Diodora Hernández pierde un ojo
después de un ataque a causa de su
resistencia a la actividad minera. La
GHRC envió una petición con 687 de sus
firmas a la Fiscal General Interina, pidiendo
apoyo para Diodora y una investigación
rigurosa. Seguimos haciendo monitoreo de
los actos de intimidación y violencia en las
comunidades alrededor de la mina Marlin.
Petición y campaña de llamadas
apoyándole a Jennifer Harbury.
Después de una semana intensa de llamadas
diarias a Guatemala y una petición con 840
firmas apoyando su caso, Jennifer agradeció
la comunidad internacional y afirmó el éxito
de la campaña en concientizar al Ministerio
Público.
¹ Criminalizar, una forma de paralizar y debilitar la respuesta social, Informe Primer Semestre 2010,  
UDEFEGUA.
² International Trade Union Confederation, Annual Survey 2010
³ “Violence and Aggression Let Loose on Unionists,” El Periódico, April 26, 2010.
Página 9
N°7 / julio del 2010Jesús Tecú Osorio, recipiente de la
Medalla de Libertad Roger Baldwin de
Human Rights First, habló a una
muchedumbre de 50 personas en la
Stewart Mott House el 17 de mayo.
GHRC ayudó a coordinar el evento para
honrar a Tecú, un sobreviviente de la
masacre de 1982 en Río Negro, en la cual
177 mujeres y niños fueron torturados
brutalmente y y asesinados por las patrullas
de autodefensa civil (PAC) bajo mando del
ejército. A los diez años, Tecú quedó
huérfano cuando miembros de las PAC
mataron a sus padres (75 adultos de su
aldea fueron asesinados ese día). Un mes
después, fue testigo al asesinado de sus tres
hermanos, incluyendo su hermano de dos
años. Posteriormente fue esclavizado en la
casa del asesino de su hermanito durante
dos años. El y su hermana embarazada
fueron los únicos sobrevivientes de una
familia de siete.
Hoy en día, Tecú es un activista destacado
quien busca justicia por el genocidio en
Guatemala y vela por los derechos de los
mayas. Es el autor del libro Memorias de la
masacre de Rio Negro. Tecú es uno de los
fundadores del Bufete Jurídico Popular en
Rabinal, Baja Verapaz.
Tecú ha recibido numerosos premios y
reconocimientos por su trabajo. Sigue su
lucha por la justica a pesar de repetidas
amenazas de muerte dirigidas hacia él y su
familia.
Lo siguiente es un extracto de una entrevista de
Tecú con Danilo Valladares del Inter Press
Service y los comentarios de Tecú durante el
evento en Washington, DC el 17 de mayo.
“Todo empezó con el anuncio de la
construcción de la hidroeléctrica. Nos
dijeron que fuéramos y si no que
estaríamos ahogados por la inundación de
nuestras casas y terrenos. Nuestra
comunidad fue acusada de ser de la
guerrilla y esto fue una estrategia para
expulsarnos de allí.
“La lucha por la justicia empezó en mayo
de 1993 cuando presentamos la denuncia
de la masacre en el juzgado. En el 1994
logramos la orden de captura contra los ex
comandantes militares y las amenazas
llegaron al máximo.
“Pensé en renunciar al proceso, pero en
1996 recibí 25.000 dólares como parte del
premio de la fundación Reebok de
Derechos Humanos. Consideré que un
premio que salió de tanto dolor, lágrimas y
mucha sangre debería invertirlo en obras
sociales. Así se formó la Fundación Nueva
Esperanza y se empezó a proporcionar
becas a jóvenes para estudiar. A finales de
2004 creamos el Instituto Bilingüe
Comunitario Nueva Esperanza Río Negro,
que tiene 150 estudiantes jóvenes
indígenas y no indígenas. También
compramos un terreno donde se instaló la
Asociación para el Desarrollo Integral de
las Víctimas de la Violencia.
“A los ex patrulleros los condenaron a pena
de muerte, mientras que a los militares
llevamos casi nueve años persiguiéndolos.
Lo que dan a entender es que el Estado los
está protegiendo. Si son patrulleros o
indígenas les aplican la pena de muerte
porque sólo así se puede cambiar la imagen
del país a nivel internacional y decir que en
Guatemala hay justicia. Nos dimos cuenta
que la justicia aquí tiene un rostro racista y
discriminador.
“En nuestro país muchas veces la justicia
camina por los empujones de organismos
internacionales. Prueba de ello es que ha
tenido que venir la Cicig (Comisión
Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala). La democracia y el estado de
derecho se han deteriorado
completamente. Después de la firma de la
paz han ocurrido muchos asesinatos y los
jueces han perdido credibilidad. Ahora la
violencia está llegando a todo el país.
Muchos de los criminales hoy fueron
activos durante el conflicto. Los Acuerdos
de Paz no impulsaron las reformas
necesarias y no fortalecieron el sistema de
justicia.
“Tantos niños inocentes fueron matados sin
saber por qué. Tenemos que exigir la
justicia. No puedo permitir que el
asesinato de mis padres y hermanos quede
en la impunidad”, dijo Tecú.
Sobreviviente de masacre busca justicia por víctimas de genocidio
mercado mundial por US$ 1,250 por
onza, y paga solamente 1% de regalías al
gobierno de Guatemala. Mientras tanto,
las comunidades alrededor de la mina
siguen viviendo en pobreza absoluta con
agua contaminada con cobre, hierro,
aluminio, arsénico y manganeso.
Empresas y legisladores canadienses han
sido apáticos al impacto de la mina de
Goldcorp, igual como inversionistas.  No
hay leyes en Canadá que puedan
responsabilizar a compañías canadienses
por violaciones de derechos humanos
cometidos fuera del país.
A pesar de la resistencia comunitaria, el
fallo de la CIDH y la decisión de Colom,
Goldcorp ha dicho que no suspenderá las
operaciones de la mina. GHRC ha
mandado una acción urgente apoyando a    
Diodora y las comunidades afectadas y se
reunirá con la CIDH para discutir las
necesidades de las comunidades.
Las acciones del gobierno guatemalteco en
este caso tendrán implicaciones muchas
más amplias que las de San Marcos, ya que
Suspensión de la Mina Marlin
De la página  6
GHRC y aliados manifiestan frente a la embajada
de Guatemala para apoyar la suspensión de
actividades mineras en San Marcos.
Página 10
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, EE.UU.La elección del Fiscal General de Guatemala:
Un proceso plagiado de problemas
El 20 de abril: El comité de postulación selecciona un listado de seis
candidatos después de solo 15 minutos de deliberación. Dos de los
candidatos habían sido vetados por la CICIG y cuatro de los seis fueron
nombrados de manera no oficial antes de la reunión del comité,
provocando acusaciones de negociaciones CLANDESTINAS y el riesgo
de una falta de transparencia judicial si uno de esos candidatos fuera
nombrado. El antiguo Fiscal General, Amílcar Velásquez Zárate, quien
ha trabajado bien con la sociedad civil y estaba abierto a abrir procesos
judiciales en casos de abusos de los derechos humanos, no fue incluido en
la lista de seis, tampoco los otro candidatos favorecidos por la sociedad
civil.
Aquellos nombrados: Arnulfo Conrado Reyes, Julio César Rivera
Clavería, María Eugenia Morales de Sierra, Leopoldo Liú, Renato Durán
y Edgar Enrique Lemus Orellana.
El 20 de abril: La sociedad civil denuncia los seleccionados por su falta
de experiencia e independencia judicial, y por el proceso defectuoso.
El 22 de abril: El senador estadounidense Leahy hace una declaración
ante el congreso de EE.UU. sobre la importancia de la selección del
nuevo Fiscal; dice que es “una de las decisiones más importantes que
[Colom] hará este año”.
El 29 de abril: Organizaciones de la sociedad civil anuncian su apoyo de
una revisión del proceso de selección para asegurar la independencia
judicial.
El 11 de mayo:  El G13 hace una declaración pública sobre la
importancia de un proceso tranparente para seleccionar a los mejores
candidatos. (El grupo incluye embajadores de EE.UU., Alemania,
Holanda, Italia y España, quienes se reunieron con la Corte de
Constitucionalidad.)
El 12 de mayo: Después de 12 horas de deliberaciones, el comité
entrega la segunda lista de candidatos – los mismos seis (de 29)
seleccionados el 19 de abril.
El 16 de mayo:  La fiscal general interina, María Encarnación Mejía
García de Contreras, es nombrada por el comité por unanimidad.
El 25 de mayo: El Presidente Colom le tomó juramento al nuevo fiscal
general y jefe del Ministerio Público, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume.
El 7 de junio: Carlos Castresana, el Comisionado de la CICIG,
renuncia para protestar contra el nombramiento.
Reyes y el crimen organizado.
El 23 de junio del 2010, el Senador Leahy, presidente del
subcomité de Distribución de Fondos para operaciones
estatales e internacionales, dijo en el congreso que “será
difícil justificar la inversión de más  recursos en el sistema
judicial en Guatemala, a menos que su gobierno
demuestre un compromiso fuerte de poner fin a la
impunidad y combatir las redes del crimen organizado y
la corrupción, los cuales deben de ser extraídos de sus
posiciones arraigadas dentro de las instituciones estatales
guatemaltecas”.
Aunque el fallo de la Corte de Constitucionalidad
recomendó que el comité de postulación presentara una
nueva lista de candidatos, el proceso de selección sin
duda sigue siendo muy complejo y será necesario
monitorearlo de cerca.
“Hemos estado en un caos total”, comentó Harbury.
“Varios de los miembros del comité de postulación se han
retirado y no puedo culparlos. Están atrapados en medio
del ejército y la comunidad de derechos humanos. Otros
oficiales gubernamentales se están retirando también. Ha
empezado una purga de policías corruptos. Enfrentados
con la elección entre un polígrafo o resignación, hubo
una ola de renuncias oficiales”.
Mientras la nación espera un nuevo fiscal general, el
Ministerio Público bajo la fiscal interina María Mejía está
avanzando en algunos casos de derechos humanos
importantes, incluyendo la masacre de las Dos Erres y la
desaparición forzada de Fernando Garcia. Muchos de los
fiscales despedidos bajo Reyes han vuelto, aunque no sin
miedo.
Annie Bird de Derechos en Acción contribuyó a este artículo.
Crisis judicial
De la página 2
ssue #7 / Jul 2010
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N°7 / julio del 2010Derechos humanos al día
El 22 de abril: El gobierno de Guatemala entrega documentos
militares claves con evidencia de que soldados masacraron a civiles
durante el conflicto armado, el cual podría apoyar casos contra
oficiales del alto mando como ex Presidente Ríos Montt.
El 7 de junio: La corte da una sentencia de 820 años a Juan Carlos
Policarpio, declarado culpable de la masacre de 15 nicaragüenses y
un holandés en noviembre del 2008.
El 14 de junio: Guatemala permanece en la lista gris de Estados
Unidos por la trata de personas para el cuarto año seguido. La lista
gris incluye países que no conformen al Acta de Protección de
Víctimas de Trata Ilegal, pero que han hecho algunos esfuerzos
para mejor.
El 15 de junio: El Procurador de Derechos Humanos Sergio
Morales se encuentra a cargo de la investigación de la desaparición
de Miguel Angel Reyes González y Gustavo Adolfo Castañón
Fuentes en 1984.
El 25 de junio: Colom nombra el nuevo director de la Policía
Nacional Civil (PNC), Jaime Leonel Otzín. Despide a ocho de sus
11 jefes de policía, incluyendo el es director de la PNC, Baltazar
Gómez, quien actualmente está en prisión con diez cargas en su
contra. La policía ha empezado a utilizar la prueba de polígrafo
como método principal para examinar candidatos potenciales de
oficiales de la policía.
El mismo día, la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos
condena el gobierno de Guatemala por la desaparición forzada de
Florencio Chitay Nech, un líder indígena, en 1981. Exigió que
compensara a la familia por su pérdida.
El 27 de junio: Guatemala será el tercer país más vulnerable al
cambio climático en 2015 como resultado de las tormentas
tropicales recientes y la falta de leyes ambientales, según el
Ministrio del Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté.
El 30 de junio: El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban
Ki Moon, nombra un nuevo comisionado a la CICIG. El
comisionado nuevo es la actual Fiscal General en Costa Rica,
Francisco Dall‟Anese Ruis. Es conocido por su procesamiento de
dos ex presidentes costarricenses.
El 7 de julio: El antiguo secretario del Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP), Sergio Enrique Véliz Rizzo, admita que
alteró el plan maestro para el Parque Nacional Laguna del Tigre
para mostrar que el petróleo no fuera una amenaza al área que está
en medio de la Reserva del Biosfera Maya. Colom ha recibido
fuertes críticas por su decisión de extender una concesión para la
exporación de petróleo en el Petén a la empresa francesa Perenco.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Mujeres siguen siendo víctimas de violencia en Guatemala. La
incidencia de femicidio fue 30 veces mayor en el 2009 que en el
año anterior, según la CICIG; de las aproximadamente 700
mujeres asesinadas solamente 53 tuvieron audiencias que
resultaron en sentencias condenatorias. Para el 2010, la Policía
Nacional Civil ha documentado las muertes violentas de 532
mujeres. La violencia ha sido vinculada a los altos niveles del
crimen organizado, delincuencia y narcotráfico, como también la
violencia intrafamiliar.
El Ministro de Gobernación y la Coordinadora Nacional para la
Prevención de la Violencia intrafamiliar y contra las Mujeres
firmaron un acuerdo para reducir la violencia domestica, crear
mejores métodos para registrar estadísticas y mejorar la atención a
la víctima. En una presentación durante la Campaña para poner fin
a la violencia contra la mujer de la Secretaría General de las
Naciones Unidas en Costa Rica, el antiguo Comisionado de la
CICIG, Carlos Castresana, sugirió que se creara una convención
para definir los crímenes que ocurren contra las mujeres para
tener mayor uniformidad.
INMIGRACIÓN
El 12 de julio de 2010: El Noveno Tribunal de Circuito de
Apelaciones de los EE.UU. sugirió que el Directivo de
Apelaciones de Inmigración considerara el otorgamiento de asilo a
mujeres guatemaltecas como miembros de un “grupo social
particular” que está amenazado por altos niveles de violencia en su
país.
El 16 de julio de 2010: El Senador John Kerry pidió que Obama
otorgara TPS a guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos.
AVANCES EN CASOS
Rosenberg: Dos de los autores intelectuales del asesinato de
Rodrigo Rosenberg se entregaron a la CICIG el 3 de julio de
2010. Nueve personas más recibieron sentencias relacionadas al
crimen de entre 8 a 48 años por asesinato, asociación ilegal y
posesión ilegal de armas de fuego.
Dos Erres: Ex kaibil guatemalteco Gilberto Jordan admitió que
mintió en su papelería de ciudadanía estadounidense sobre su
involucramiento en la masacre en las Dos Erres. En su testimonio,
describió su rol: lanzó a personas al pozo y admite que mató a un
bebé. El juez dijo que se le va a quitar su ciudadanía y podría
recibir una sentencia de hasta diez años en la cárcel y una multa de
$250.000.
Portillo: El 24 de junio, la Corte de Constitucionalidad aprobó la
continuación del proceso de extradición de Portillo a EE.UU.,
donde está acusado del lavado de $70 millones