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EDITORIAL DIARIO DEL OTUN
Un mal sin remedio
Las cifras del informe que acaba de entregar la Auditoría General de la Nación sobre la contratación pública en el país, dejan una cosa en claro y es que los procesos establecidos por la ley son el hazmerreír de los gobernantes y que los concursos de méritos y las convocatorias para llenar ciertos cargos de dirección que se hacen para cumplir con las normas, son una burla a la legislación y por supuesto a los colombianos.
Según este documento, más del 75% de los contratos que se realizaron en todo el país en los primeros cuatro meses del presente año, se hicieron a dedo, es decir, los beneficiarios fueron contratados sin mediar un proceso público de selección y más bien tratándosele de arrimar a cualquier norma de excepción que les permitiera obviar la ley y contratar sin ninguna restricción.
Y en esto lastimosamente Risaralda no es la excepción. Por el contrario, nuestro departamento se ubica con el 83,92% de tercero en la lista de las regiones con más alto porcentaje de contratación directa que han preparado la Auditoría General y los entes de control nacional. Esto le ha significado al Departamento una calificación de entidad que no cumple con los parámetros de contratación establecidos por la legislación para salvaguardar la objetividad, la imparcialidad y la calidad en el servicio.
Hoy es común que los gobernantes se la pasan todo el tiempo rezándole a la Virgen para que llueva mucho u ocurra un hecho grave inesperado que les permita invocarlo para decretar la “emergencia manifiesta” o cualquier otra figura similar que contemple la ley, y con base en ella contratar todo lo que se les antoje desde porteros hasta expertos en desarrollo sostenible y en crecimiento armónico.
Pero poco les importa que de verdad se requieran destinar recursos importantes para atender las emergencias o que las personas que se van a vincular sean idóneas y con experiencia en estos temas; lo único que verdaderamente les interesa es que el mecanismo sea expedito y fácil para poder contratar, sin requisitos ni convocatorias de ninguna clase, al que ellos quieren, y poder así cumplir con sus compromisos políticos y de campaña.
Lo grave de todo esto es que la legislación actual no solo lo permite, sino que lo ampara. Por eso, mientras no se cambie la ley y no se le pongan verdaderas cortapisas al sistema de contratación actual y se llenen los vacíos que tienen las normas vigentes este mal no tendrá solución aquí ni en ninguna región del país y mucho menos en la órbita nacional, y estos porcentajes que denuncian los entes de control cada vez van a estar más cerca del 100%.
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